Cuando asumimos el Gobierno en 2006, las finanzas públicas de Bolivia padecían una gran enfermedad económica que se traducía en continuos déficits fiscales, niveles de recaudación tributaria e inversión pública bajos, dolarización de la deuda interna, además de una dependencia de recursos externos.
Se heredó un país con una pobreza que afectaba a más del 60% de la población, y una brecha de desigualdad de ingresos de 128 veces, entre los más ricos y los más pobres. De ahí que cuando se presentaban crisis económicas, el peso se descargaba sobre la población trabajadora. Ello llevó a que, prácticamente, se congele el salario mínimo nacional durante tres años consecutivos entre 2003 y 2005, lo que ocasionó un rezago enorme del salario en Bolivia respecto a los países vecinos. De esta manera, entre 2001 y 2005 el incremento de este salario fue de sólo Bs 40.
Ante esta herencia neoliberal, el gobierno del presidente Evo Morales se propuso como principal objetivo asumir firmemente el compromiso de reducir esas asimetrías, a partir de la recuperación de los recursos naturales para la generación de más ingresos y su redistribución entre los bolivianos, por supuesto favoreciendo a los que tienen menos.
A partir de esta premisa y en el marco de la austeridad, la política salarial del Gobierno nacional, en forma decidida, implementó como una de sus primeras medidas la reducción del salario del Presidente del Estado a la mitad —de Bs 29.900 a Bs 15.000—, al igual que la rebaja del sueldo del Vicepresidente, de los ministros y viceministros, además de los gastos de representación que recibían los mandatarios de ese entonces, independientemente de su remuneración. Con estos recursos ahorrados se crearon ítems en los sectores de salud y educación.
Hoy, el sueldo del mandatario Morales equivale a $us 2.155, el más bajo de la región. Comparando con otros jefes de Estado, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, gana $us 33.394, 15 veces más que nuestro Presidente; la gobernante del Brasil, Dilma Rousseff, percibe $us 5.619, siete veces más; el mandatario Sebastián Piñera gana $us 15.042; el de Colombia, Juan Manuel Santos, $us 9.968, cinco veces más; el de Venezuela, Nicolás Maduro, $us 9.175; Rafael Correa de Ecuador, $us 6.194; y el de Perú, Ollanta Humala, 5.973, que triplica el ingreso de Morales.
La política salarial del Gobierno, desde 2006, se dirigió a favorecer a los sectores tradicionalmente excluidos, es decir, a los que menos ganan. Dicha política ha estado y está enfocada en incrementar de forma permanente los salarios de la población trabajadora del país por encima de la tasa de inflación, pero preservando la sostenibilidad de la inversión pública. Estos incrementos salariales estuvieron basados en dos pilares fundamentales: primero, incrementos sostenidos por encima de la tasa de inflación, medida adoptada como una forma que, además de reponer el poder adquisitivo, está enfocada en aumentar en términos reales los ingresos de los trabajadores y generar una demanda interna; segundo, beneficiar principalmente a los sectores de salud y educación con la creación de nuevos ítems, y de esta manera cerrar y eliminar la deuda social histórica en estos sectores.
El incremento del salario mínimo nacional en el periodo de gobierno de Morales (2006-2013) pasó de Bs 440 a Bs 1.200, lo que representa un incremento nominal de 173% y del 65% en términos reales, es decir, que no sólo es reposición del poder adquisitivo, sino un incremento en la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores.
Para 2013, como es de conocimiento público, producto de las largas reuniones con los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana (COB) se logró acordar un incremento al salario básico de 8% y un 20% para el salario mínimo nacional. Esto, pese a que en su momento la COB pedía un salario mínimo de Bs 8.309,5, lo que podía implicar un costo exorbitante para el Tesoro General de la Nación (TGN), que tendría que sacrificar la totalidad de la inversión pública, o alternativamente incrementar la presión tributaria en cerca del 59% e incrementar en cerca del 10% el déficit fiscal.
El aumento salarial en los sectores de salud y educación tuvo la misma tendencia que el salario mínimo nacional, es decir, que en estos años tuvieron un incremento real del salario. Por ejemplo, un maestro urbano normalista de quinta categoría, con una carga de 88 horas, en 2005 ganaba Bs 1.102; con el incremento de la presente gestión, ese mismo maestro ganará Bs 2.131. Un maestro de primera categoría con el mismo nivel de carga horaria ganaba, en 2005, Bs 1.696; con el incremento de esta gestión percibiría Bs 3.279, un incremento del 93%.
De igual manera, un maestro rural normalista de quinta categoría con una carga horaria de 104 horas, con su categoría y bono de zona/frontera, ganaba en 2005 Bs 1.796 y ahora percibirá Bs 3.473; el de primera categoría ganaba Bs 2.634 y ahora, Bs 5.093.
En el área de salud los incrementos salariales tuvieron el siguiente comportamiento: un auxiliar de enfermería con escalafón trabajadores de 2% y bono de antigüedad en 2005 ganaba Bs 1.773, en 2013 percibirá Bs 4.031. Una licenciada en enfermería que ganaba Bs 4.770, hoy percibirá Bs 8.997; de igual manera, un médico especialista con bono de riesgo profesional (Bs 95), categoría profesional (80% del haber básico), escalafón médico del 23% y bono de antigüedad, ganaba en 2005 Bs 6.961; hoy percibirá Bs 12.729.
Junto a lo señalado, el Gobierno ha procurado preservar la inversión pública. En 2005, llegaba a $us 629 millones, mientras que en 2012 alcanzó la suma de $us 2.874 millones. Es decir, casi cinco veces más. Esto se debió a que si bien se procura brindar mejoras continuas al poder adquisitivo del salario, se ha logrado que en el presupuesto la inversión supere al gasto en salarios en 18%.
Estas políticas que forman parte de la implementación del nuevo modelo económico social, comunitario y productivo han permitido que los índices de pobreza extrema disminuyan de 38,2% en 2005 y 20,9% para 2011, lo que significa que cerca de 1.300.000 personas han superado esa condición. Además, que exista mayor igualdad en los ingresos porque la brecha entre los más ricos y los más pobres se ha reducido de 128 veces en 2005 a 60 veces hoy.
La política salarial que lleva adelante el Ejecutivo ha permitido, además de sanear las finanzas públicas, una redistribución de los ingresos con incrementos salariales mayores a los del periodo neoliberal, por encima de la inflación, además de la creación de más ítems, también bajo un principio de austeridad que parte de sus autoridades a la cabeza del Presidente del Estado Plurinacional y sobre todo mantener un ritmo de inversión pública que garantiza un crecimiento y de-sarrollo de la economía nacional que augura mejores días para nuestros hijos, puesto que desde 2010 el monto de la inversión pública ha superado con creces los montos que se destinan al pago de salarios en toda la administración pública.