Tras infructuosos intentos de diálogo con Chile por una salida soberana al mar, durante 134 años, Bolivia se vio obligada el miércoles 24 a acudir al Tribunal Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para buscar hacer valer su derecho de acceso soberano al océano Pacífico.
Al fin, luego del anuncio de hace dos años, el 23 de marzo de 2011, la acción judicial pudo ser efectiva, después de meses de impaciencia y cuestionamientos de parte de sectores de oposición al gobierno de Evo Morales, que exigían sin conocimiento de causa la premura del trámite.
A través de una misión presidida por el canciller David Choquehuanca y el agente-embajador Eduardo Rodríguez Veltzé, Bolivia pidió en el pliego judicial que la CIJ “falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar, de buena fe con Bolivia, un acuerdo pronto y efectivo, que le otorgue una salida plenamente soberana al océano Pacífico”.
Como era de esperarse, la presentación de la demanda causó molestia en Chile, cuyas autoridades salieron a decir que aquélla no tenía fundamento jurídico, aunque también preocupación, en el entendido de que la interposición de los alegatos puede abrir otros procesos en casos pendientes como el desvío unilateral de las aguas del manantial Silala y el río Lauca, además de la detención ilegal de tres soldados por parte del vecino trasandino, para empezar.
Aunque es prudente evitar exitismos en el país, fuentes jurídicas consultadas por la agencia EFE en La Haya han abierto grandes posibilidades de que el litigio pueda otorgar algunas ventajas para Bolivia, al considerar que la CIJ es la “única” que puede decidir sobre la jurisdicción en un contencioso de un Estado contra otro. En Chile se había anticipado que se analiza la posibilidad de plantear la incompetencia del tribunal respecto de la causa iniciada.
Más allá de esas consideraciones, amerita que el país en pleno se sume a este propósito. Una acción así tiene que tener una militancia unánime.
El editor