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Por un trabajo dignificante y sostenible

El trabajo es un derecho humano fundamental que contribuye a que la persona viva dignamente, pero no sólo es importante en la dimensión personal, sino también aporta al bien común. Por eso, resulta oportuno dimensionarlo desde sus aspectos objetivos y subjetivos.

Los aspectos objetivos son el conjunto de actividades, recursos, instrumentos y técnicas que sirven para producir; están sujetos a las condiciones técnicas, sociales, económicas, políticas y culturales. Mientras, las dimensiones subjetivas del trabajo están relacionadas a la dinámica y crecimiento personal, a la búsqueda de una realización que contribuya a la persona y a su entorno, que inclusive le ayude a ser capaz de tomar decisiones orientadas desde valores y principios. Esta dimensión fundamental es la que define cómo dignificar el trabajo.

Bajo una relación armoniosa de estas dos dimensiones deben encararse las políticas, la organización económica, social y política del derecho al trabajo que tiene cada ser humano. Estos principios están expresados como fuente de inspiración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el pensamiento humano y cristiano, en el espíritu de la normatividad laboral internacional y en la legislación nacional.

Por estas razones, el bienestar económico no puede sólo medirse por la cantidad de bienes producidos, sino también por el modo como se los produce y por la justa distribución de los beneficios; que redunde en mejorar la calidad de vida de la población, pero también generando empleo de calidad.

1. Realidad nacional y calidad del empleo. ¿Cómo estamos en la realidad? El país ha atravesado procesos nacionalistas, estatistas y privatizadores-neoliberales, pero ninguno de esos modelos logró generar empleo digno.

Desde el nacimiento de Bolivia persisten problemas estructurales sin resolverse; lo mismo ocurre en otros países del continente. El modelo primario exportador de materias primas sigue siendo factor fundamental en la vida económica, dependiente de la extracción de recursos naturales, con graves consecuencias en el deterioro del medio ambiente y en la salud y vida de nuestros pueblos.

El 64% del empleo en Bolivia está dentro de la economía informal, es precario y vulnera derechos de seguridad social, jubilaciones y otros beneficios. El 30% de los ocupados tiene jornadas de trabajo superiores a las ocho horas establecidas en la normativa laboral; en muchos casos, con bajas remuneraciones, variables, sin promoción ni incentivos y con elevado índice de rotación funcional.

Pese a las normas laborales que el Estado emite en protección al trabajador, mientras no cambie la situación estructural económica y social tendremos leyes muy avanzadas en cuanto a derechos, pero con poca o nula implementación.

Más allá de los discursos revolucionarios y progresistas comunes en cada conmemoración del Día del Trabajador, debe haber un momento para reflexionar sobre la estructura económica del país, sobre cómo modificar la matriz productiva que permita generar crecimiento económico; pero traducido en desarrollo humano integral.

Nos preguntamos cómo los países asiáticos lograron un crecimiento económico sin precedentes, cuando su situación económica hace 30 años era peor que la de nuestro continente. Más allá de factores sociales, políticos, económicos y culturales, han aprendido que la lógica del “borrón y cuenta nueva” es perversa y dañina, y eso nos falta comprender. Hemos pasado de propuestas estatistas-nacionalistas a neoliberales, y cada una de ellas sin recoger las lecciones aprendidas, empezando siempre de nuevo. Esta lógica del péndulo nos está haciendo mucho daño.

2. Retos y desafíos. Hoy, en el marco del Estado Plurinacional, hay que reconocer los avances en la incorporación de amplios sectores sociales antes excluidos de la vida del país, así como la interesante capacidad de negociación con la inversión privada, en especial de hidrocarburos; pero es un momento histórico que deberíamos empeñarnos en profundizarlo.

El país registra un crecimiento económico sin precedentes, pero sin desarrollo. Es decir, hay enormes cantidades de recursos provenientes de la renta petrolera y minera, pero no le llega al ciudadano convertido en fuente de empleo e ingresos.

Con seguridad que no se saldrá de un modelo extractivo de la noche a la mañana, pero es bueno empezar a considerar las opciones viables de transformación de nuestro patrón de desarrollo, de las distintas iniciativas que hoy requieren ser impulsadas, protegidas y darles las mejores condiciones para que aporten a la transformación de la economía del país.

Está demostrado que solo el Estado es insuficiente para generar mejores condiciones económicas y de empleo. Las cifras demuestran eso, hay más de 3.700 millones de dólares que están en cuentas bancarias de municipios, gobernaciones y de instituciones del Gobierno central que bien podrían ser dirigidos a la inversión pública, pero que se enfrentan a múltiples factores desde la incipiente institucionalidad y capacidades técnicas, hasta una enmarañada normativa que hace un verdadero calvario la aprobación de proyectos.

También tendrá que cumplir un rol la inversión privada que apueste por el desarrollo. Su concurso es importante para generar empleo e ingresos en el país, y no sólo el gran empresario, sino el pequeño productor que está demandando respuestas al Gobierno para que le garantice asistencia técnica, crédito y mercado para la venta de sus productos; y así incentivar el desarrollo de sectores estratégicos como la agricultura, la pequeña industria, el turismo o actividades relacionadas con lo extractivo, pero que incorporen valor agregado.

Éstos son algunos retos por encarar, pero será bueno un “sinceramiento” y sentarse a concertar entre todos quienes estén dispuestos a aportar al país, junto al Gobierno, los niveles subnacionales, actores económicos y sociales para dialogar con responsabilidad el futuro del país. Sería imperdonable que acabemos siendo otra triste página de la historia habiendo tenido una bonanza económica que después acabe en crisis y sin respuestas para un futuro sostenible y de vida digna, ahora y para las nuevas generaciones.