Dibujo Libre

Los censos permiten a los gobiernos monitorear y evaluar el impacto y calidad de las políticas implementadas y de los recursos destinados a lo largo del tiempo. Ello en teoría debería ayudar a reconocer los errores, el sobredimensionamiento cuando se destina más recursos para iniciativas improductivas o, al contrario, la subestimación cuando las necesidades superaron a las expectativas o supuestos iniciales; promoviendo de manera imperiosa, ajustar las estrategias según sea necesario y garantizar que se logren los objetivos planteados.

Sin embargo, si el levantamiento de información realizada por un censo no es el fiel reflejo de realidad y la misma, es intencionalmente alterada para que el operativo censal registre información equivocada del territorio, sin duda, estamos en presencia de un fraude y resulta al menos cuestionable y merece condena para quienes lo impulsan, financiando el desplazamiento masivo de población hacia otro territorio, que no es precisamente a donde habita en los días previos a la realización del operativo censal.

Por su parte, en los municipios rurales las organizaciones comunitarias hacen los suyo, amenazando con el despojo de tierras o la expulsión de la comunidad, obligando a familias urbanas al retorno temporal a tierras que abandonaron, para registrarse censalmente en el lugar donde no viven ni tampoco, con certeza, volverán a hacerlo.

Esta deformación de los datos que ocurren generalmente en capitales, grandes ciudades y también intermedias, receptoras de asentamientos descontrolados de migrantes que consumen y demandan servicios en la ciudad y no en el campo, distorsionan totalmente los presupuestos y las prioridades de los gobiernos municipales de ciudades quienes, presionados por brindar más y mejores servicios conflictúan al limitado presupuesto comprometido anualmente para una población no prevista.

El efecto es doblemente perverso para las capitales, ciudades grandes e intermedias: por un lado, pierden recursos al registrarse menos población a la que efectivamente atienden y por otra, cuando los presupuestos escasean y (también las capacidades) la respuesta se debilita, convirtiéndose en la semilla para generar una diáspora de virulencia y deslegitimación política como amenaza permanente sobre la autoridad en ejercicio. No solo se “pierde” presupuesto, sino que también, se exige mayor asignación y capacidad de respuesta en servicios públicos para un volumen no contemplado de ciudadanos- demandantes.

Por ello, esta acción premeditada provoca una asignación de recursos equivocada en capitales y ciudades, reduciendo no solo presupuestos, que son insuficientes para la población atendida, sino que, ante la sobredemanda, saturan los servicios y por tanto, también los deterioran para la población residente. Naturalmente los servicios pierden calidad, por ejemplo, en salud aumentan los periodos de espera al igual que los de resolución y comienzan a ser insuficientes los recursos humanos, físicos e insumos médicos para la atención de servicios sobresaturados y en educación existe “hacinamiento” y precariedad en la infraestructura, insuficiente mobiliario y la permanente falta de ítems.

También puede leer: Releyendo al ingeniero ‘héroe’ Villegas

A lo largo del tiempo, este fraude censal profundizará la inequidad y exclusión con servicios de peor calidad o los mismos serán interrumpidos, provocando reclamos en la unidad territorial a donde vive y no donde fue censada , con mayor fuerza si las organizaciones sociales de representación tiene importante arraigo ; generando que deriven, generalmente, en conflicto movilizado como bloqueos , secuestros de funcionarios o tomas de oficinas públicas, disminuyendo su capacidad contención y exponiendo al gobierno de capital, ciudad o ciudad intermedia, a enfrentar serios problemas de gobernanza y lo más inquietante, degradando la confianza en su capacidad continuar con la administración del territorio.

El tema no es menor, presupuestos reducidos, imposibilidad material de cubrir la demanda ciudadana, sumada a servicios públicos que se deterioran sistemáticamente por la saturación, resultan una permanente amenaza de silenciosa gestación para la gobernanza del territorio urbano.

La insatisfacción y la pérdida de credibilidad pueden ser factores que detonen una espiral de conflictividad inmanejable en las ciudades más importantes, quienes finalmente son el barómetro de la política nacional y también, quienes sostienen y financian la única red de servicios públicos que opera en el territorio sin interrupciones a través de las defensorías municipales, servicios legales integrales, bono de discapacidad, desayuno escolar, sistema único de salud, centros de desarrollo primera infancia, entre otros.

El origen perverso del problema es haber sobrevalorado el factor poblacional establecido hace treinta años para la distribución del poder político y financiero, que entre sus efectos colaterales viene desde hace dos censos induciendo a población “fantasma” a registrarse fraudulentamente en el área rural, cuando debería hacerlo en las ciudades de su residencia; además, alimentando más de medio centenar de disputas de límites municipales, provocando muchos territorios sin gobierno o en otros casos, favoreciendo a un mercado ansioso de ampliar el tráfico del suelo y la apropiación de su plusvalía.

(*)Vladimir Ameller es economista

• Según expertos y autoridades las temáticas de mayor conflictividad en Bolivia se hallan en la explotación de recursos naturales, la construcción de carreteras, el crecimiento poblacional, la ampliación de las manchas urbanas, el asentamiento y la creación o modificación de nuevas unidades territoriales son algunos de los factores que avivan los conflictos por límites en el país.
• Fundación UNIR (2023) Los sectores involucrados con mayor frecuencia en conflictos violentos son el de pobladores organizados o no (26%), gremiales (20%), campesinos (14%) y educación (12%).
• Idem. Op.Cit. La Fundación UNIR señala que la mitad de los conflictos no encontró solución, quedando vigentes o en latencia, que podrían reactivarse en el futuro; solamente en 9% de los casos se llegó a acuerdos parciales o totales.
• https://www.la-razon.com/voces/2014/02/13/conflictos-vecinales-2/
• Nótese que además de tener un alto nivel de conflictividad registrado y alta movilización casi permanente en las principales ciudades, existen cientos de micro-conflictos muchas veces no son registradas por los medios de prensa.

Dibujo Libre

Con el objetivo de fortalecer los pilares que sustentan la construcción del Estado Plurinacional para forjar una sociedad más incluyente, más participativa y más democrática; el 13 de abril de 2013, mediante Ley N° 357, se estableció el 12 de abril como el Día de la Niña y del Niño en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esta norma establece la responsabilidad del Estado en garantizar y velar por la igualdad y cumplimiento de los derechos fundamentales de las niñas y los niños conforme establece la CPE, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, que:

• Reconoce que los niños y niñas son titulares de sus propios derechos y actores en su propio desarrollo, no recipientes pasivos de caridad.

• Define a la niñez como un espacio distinto de la edad adulta, y establece sus derechos que deben hacerse realidad para que desarrollen su potencial, libre de hambre y necesidades.

• Compromete a los Estados a cumplir con sus obligaciones reformando sus leyes y políticas para cumplir plenamente con sus disposiciones.

En el transcurso del tiempo, se lograron conquistas importantes en relación a los derechos de las niñas y los niños, como la promulgación del Código Niña/Niño Adolescente en 2014, por el cual, el Estado establece la garantía de los derechos de las niñas y los niños asumiendo el enfoque de derechos, el paradigma de la protección integral y una perspectiva sistémica con la creación del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPROINA). Sin embargo, aún hay deudas históricas con las niñas y niños.

De esa forma, para el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales, con base en el Plan de Desarrollo Económico y Social y la Agenda Patriótica del Bicentenario, desde Presidencia del Senado hemos consolidado una Agenda Estratégica en función a seis ejes centrales; en la que destaca el Eje Infancia, Niñez y Adolescencia. Así, desde julio de 2022, Presidencia del Senado decidió conformar la Mesa Técnica de Infancia, Niñez y Adolescencia, con la participación de: organizaciones de la sociedad civil, instancias competentes del Órgano Ejecutivo, agencias de cooperación del Sistema de Naciones Unidas, y el Comité Plurinacional Niña, Niño y Adolescente que, siendo la máxima instancia representativa de la niñez y adolescencia a nivel nacional, departamental, municipal, e indígena originario campesino; su participación es fundamental.

En ese marco, y considerando la identificación de necesidades de legislar con relación al cumplimiento y garantías para el ejercicio efectivo de los derechos de niñas y niños, el trabajo de la Mesa Técnica permitió la elaboración de tres propuestas de ley: Proyecto de Ley N° 150 C.S. “Ley Integral por el Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes a Vivir en familia”, con el objeto de regular la implementación de políticas públicas, programas y servicios, para garantizar el derecho de niñas, niños, adolescentes a vivir en familia, a partir de acciones de prevención del abandono, fortalecimiento familiar, cuidado en familias acogedoras, reintegración y preparación y acompañamiento a la vida independiente de jóvenes egresados; Anteproyecto de “Ley de Primera Infancia. Desde el comienzo de la Vida para Vivir Bien”, con el objeto de garantizar el desarrollo integral de las niñas y los niños en su primera infancia y el pleno ejercicio de sus derechos en el marco del Vivir Bien, a través de políticas que promuevan su bienestar y aborden sus necesidades específicas en esta etapa crucial del desarrollo humano; Anteproyecto de “Ley de Crianza Protectora de Niñas, Niños y Adolescentes en la comunidad para Vivir Bien”, con el objeto de garantizar mecanismos comunitarios de protección de la niñez y adolescencia en el marco de la prevención de la violencia para el respeto de la interculturalidad y plurinacionalidad.

También puede leer: 12 de abril, ¿por qué se celebra el Día del Niño en Bolivia?

Por otro lado, recientemente ha sido aprobado el Proyecto de Ley N° 010/2023-2024 “Incorporación del tipo penal de Violación Incestuosa, Eliminación del Estupro y el Reconocimiento de la falta de Consentimiento elemento constitutivo del Delito de Violación para garantizar el acceso a la Justicia”, con el objeto de reformar el Código Penal estableciendo modificaciones al tipo penal de violación sexual incorporando el consentimiento como elemento constitutivo del delito, eliminar el delito de estupro e incorporar el delito de violación incestuosa y establecer la imprescriptibilidad de la acción penal, para garantizar el acceso a la justicia.

Estas acciones están enmarcadas en nuestro compromiso con los derechos de la niñez como principio rector, así como en una profunda convicción ética que orienta nuestras acciones legislativas como una nueva manera de hacer política.

Escuchar a los niños nos permitirá profundizar la convivencia democrática, asimismo, contribuirá a interpelar nuestros privilegios como adultos. Siempre habrá diferencias, por supuesto que sí, pero dejemos atrás la violencia, el odio, los mensajes de división y discriminación para gestar una democracia plena.

¡Es hora de construir los sueños que se gestan en la infancia, niñez y adolescencia!

(*)Andrónico Rodríguez es presidente de la Cámara de Senadores

Dibujo Libre

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado EL Informe País, sobre la visita In Locu, que realizara a Bolivia del 27 al 31 de marzo del año 2023, dicho informe denominado no sin razón “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia”. Dicho informe de 224 páginas, hace un amplio reconocimiento a todo lo que Bolivia ha avanzado en materia de Derechos Humanos, desde la última visita de la comisión que fue en el año 2006, pero también hace observaciones que bien entendidas deben marcar una agenda para la consolidación de una cultura de prevalencia de los Derechos Humanos que debe implementarse inequívocamente y prontamente por el Estado y la sociedad en su conjunto.

La CIDH, advierte un clima de extrema polarización política en el país, la cual es evidente porque aún habiendo transcurrido casi veinte años de vigencia del Proceso de Cambio, que trajo la inclusión y la igualdad, como ellos mismos lo dicen, aun los sectores conservadores destilan odio, resentimiento y encondo contra los Pueblos Indígenas y los sectores más humildes de nuestra nacionalidad. Quizá la muestra más evidente del poder destructivo de esta actitud constante, se dio en el quiebre constitucional del 2019, donde 38 personas perdieron la vida y otras tantas quedaron heridas y afectadas de por vida. En esa lógica sería bueno pensar en que de una vez por todas, algunos sectores retrogradas de nuestra sociedad entiendan que la realidad social de nuestro pueblo ha cambiado definitivamente y también desde todos los frentes se eliminen los mensajes y discursos de odio y resentimiento para construir una cultura de paz, quizá este mensaje es el aporte más importante de este documento internacional.

El segundo tema que vale la pena destacar esta referido a la Administración de Justicia el cual en criterio de la Comisión enfrenta desafíos estructurales históricos que afectan la independencia judicial. La elección popular de los magistrados de las altas cortes fue una de las mayores innovaciones de la nueva constitución y una manera de democratizar la constitución del Órgano Judicial. Sin embargo la CIDH advierte que las elecciones judiciales han generado preocupaciones y rechazo entre diversos sectores de la sociedad, incluso desde el primer proceso electoral, en ese orden de cosas reitera que un proceso adecuado de nombramiento y selección de magistrados, constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las personas operadoras de justicia. Los mecanismos dirigidos a una mayor publicidad, participación, y transparencia, contribuyen a tener mayor certeza sobre la integridad, formación e idoneidad de las y los operadores designados y a brindar confianza a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso. Para ello la CIDH aboga por un proceso de selección exclusivamente en base al mérito y las capacidades profesionales para cumplir así los estándares interamericanos. A más de ello la Comisión consiente de las deficiencias que ha mostrado este sistema de elección en las dos experiencias pasadas llama al Estado a revisar los procesos de nombramiento de altas autoridades de las cortes y el Consejo de la Magistratura, con el fin de determinar, dentro del marco del ordenamiento constitucional, cualquier reforma necesaria para garantizar la elección con base en parámetros objetivos.

También puede leer: CIDH emitió ocho sentencias contra el país desde que comenzó a ser demandado

Un tercer tema a destacar es el tema carcelario. En criterio de la CIDH durante los últimos tres años, se ha presentado un sostenido incremento en el uso de la prisión. En específico, a abril de 2020, la población penitenciaria era de 18.260 personas; a diciembre de 2021, era de 18.703 personas; y, a diciembre de 2022, era de 24.824 personas. Al 27 de marzo de 2023, había un total de 27.393 personas privadas de libertad. Dichos números indican que, desde abril de 2020 hasta marzo de 2023, la población carcelaria se ha visto incrementada en un 50%, tratándose en su mayoría de personas que se encuentran en detención preventiva. La Comisión observa que a pesar de que la prisión preventiva es regulada en la legislación como una medida excepcional, su aplicación se ha convertido en una práctica recurrente en el país. Se debe en consecuencia retomar el espíritu con la que fue concebida la Ley 1173 y el Censo Carcelario del año 2019 y sobre todo buscar los mecanismos legislativos, ejecutivos y administrativos para reducir la prisión preventiva, que de acuerdo a los datos que maneja la Comisión seria del 64% en la actualidad. La Comisión recuerda que la aplicación de la prisión preventiva debe partir de la consideración del derecho a la presunción de inocencia, tener en cuenta su naturaleza excepcional, y aplicarse de conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Consecuentemente es bueno hacer notar que este informe contiene aportes fundamentales para mejorar nuestra cualidad democrática y la aplicación plena de los Derechos Humanos y no se refiere a políticos ni personas individuales, sino más bien a todo el colectivo de la sociedad boliviana, que en palabras de la CIDH, ha tenido significativos avances en materia de igualdad de género, derechos de los Pueblos Indígenas y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tras la promulgación del nuevo texto constitucional y correspondientes políticas públicas basadas en los ejes de descolonización, despatriarcalización y garantía de los derechos.

 (*)Héctor Arce Zaconeta es embajador de Bolivia en la OEA

Dibujo Libre

El ejercicio de una prerrogativa constitucional presidencial es exclusivo de la voluntad de un dignatario de Estado, por lo que no requiere de permisos individuales de otros funcionarios públicos cuando se trata de nombramientos en ese nivel.

En días pasados; vía Decreto Presidencial 5141 se designó a un nuevo vocal (del presidente) para el Tribunal Supremo Electoral, no es inconstitucional (lamentablemente) porque es el ejercicio de una prerrogativa constitucional presidencial: «(…) La Presidenta o el Presidente del Estado designará a uno de sus miembros». Concordante con la CPE una ley orgánica, la ley del Órgano Electoral N°018, establece un régimen de designación para sus Tribunales; así establece en su: «Art. 13. 1. La Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional designa a una o un (1) vocal (…)»; por lo que ese reciente nombramiento está contemplado en la CPE y la Ley; y no se vulneró ningún derecho de la Vocal destituida (cesante).

Vocal destituida. La vigencia de Decreto Presidencial abroga (deja sin efecto alguno) el anterior instrumento jurídico presidencial que tenía el mismo objeto. Es decir, la designación de un nuevo Vocal (Electoral ante el TSE) deja sin efecto jurídico la anterior designación (Decreto Presidencial 4498 de 29/04/2021) en ese mismo cargo, por lo que es un error interpretar que existirían que hay dos Vocales presidenciales designados. Sólo existe uno y es el designado por el Decreto Presidencial 5141.

Conclusión de funciones. La Ley 018 – Ley del Órgano Electoral – establece en su Art. 20 que las Vocales y los Vocales del Tribunal Supremo Electoral tienen inamovilidad durante todo el período establecido para el desempeño de sus funciones y que sólo concluyen sus funciones por cualquiera de estas causales:

1. Por vencimiento del período de funciones; este numeral aplica a los seis Vocales Electorales elegidos en concurso de méritos y proceso de elección por la ALP (CPE: Art. 206.III. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de votos de los miembros presentes, elegirá a seis de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional). Estas autoridades electorales tienen un periodo constitucional de funciones de seis años, según mandato del Art.206. II. que establece que los Vocales durarán en sus funciones ese tiempo sin posibilidad de reelección, y al menos dos de los cuales serán de origen indígena originario campesino. Es decir que cuando cumplan sus seis años desde su elección se van del cargo y que no pueden autororrogarse ellos mismos (como lamentablemente con otra tanda de inconstitucionales). Ese Artículo 20 de Ley 018 al ser una norma infraconstitucional (por debajo de la CPE) no aplica al Vocal Electoral (delegado presidencial) designado por el primer mandatario, porque es de libre designación efecto de una prerrogativa presidencial. Si pierde la confianza del Jefe de Estado puede ser cambiado, destituido o cesado ipso facto (inmediatamente, en el acto, en el momento) sin necesidad de preguntarle al designado si quiere que se lo cambie de cargo o no. Es una facultad presidencial y no puede sujetarse a la voluntad o agrado del destituido.

2. Por renuncia presentada ante la instancia encargada de su designación; en el caso de los seis vocales del TSE, ellos renuncian ante la presidencia de la ALP porque ese Órgano de poder (el Legislativo) es quién los eligió y ante ellos tienen el deber de renunciar si así tomaran la decisión porque las renuncias son voluntarias. El Vocal Delegado Presidencial así renuncie ante la ALP no tiene efecto ni validez jurídica, lo tendrá que hacer ante el Presidente del Estado que es quien lo designó. Toda renuncia tiene carácter definitivo y sus efectos se producen a partir de su presentación.

3. Por incapacidad absoluta permanente declarada conforme a ley; esto en virtud a regímenes laborales que impidan que el o los Vocales por alguna circunstancia no se encuentren con capacidades legales de ejercicio, entonces concluyen sus funciones.

También puede leer: El MAS ‘en emergencia’: Morales dice que la misión de Ávila es presidir el TSE y proscribir al MAS

La segunda o tercera causal puede aplicarle al vocal delegado presidencial, no así la primera porque es una disposición facultativa del Jefe de Estado. Hay un elemento también importante que aclarar. Si bien tienen inamovilidad en sus funciones, producto de un proceso sumario interno pueden ser sancionados por faltas muy graves con pérdida de su mandato por la propia Sala Plena del TSE; para ello se puso en vigencia un régimen disciplinario en el Órgano Electoral en actual vigencia.

Causales de Inelegibilidad. La Ley 018 establece en su Art. 15.1 que para el acceso al cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral y desempeño del mismo, se establece como una causal de inelegibilidad el «haber convocado, organizado, dirigido, supervisado, administrado o ejecutado algún proceso electoral o referendo de alcance nacional, departamental, regional o municipal, que haya sido realizado al margen de la Ley».

El Vocal presidencial si bien desde el Tribunal Departamental Electoral de Tarija; organizó, administró y ejecutó las «Elecciones Generales el 20 de octubre de 2019» que luego fueron dejadas sin efecto legal (anuladas) por Ley 1266 de 24 de noviembre de 2019, «Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales»; no significa que el hoy miembro del TSE haya sido parte de la convocatoria a un proceso electoral al margen de la ley o sea ilegal. Las elecciones 2019 fueron convocadas legalmente mediante las leyes: Ley 1096 en su Art. 29. I., Ley 026 en su Art. 94 y Ley 1160 del 1 de abril de 2019. Finalmente; al ser designado el nuevo vocal en un cargo no electivo no tenía el deber de renunciar tres meses antes de su designación, por lo que no se aplica la incompatibilidad del Art. 238.3 de la CPE.

Desequilibrio de poderes. Sin embargo, de ello en el caso boliviano es una Contradicción Constitucional que un presidente tenga delegados (vocales) o elija miembros en el Órgano Electoral; porque vulnera un principio básico de democracia y separación de poderes establecido a su vez en nuestra propia CPE en su Art.12.I: «(…) La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos». Es decir, que el Órgano Electoral es o por lo menos debe ser independiente del Órgano Ejecutivo, pero además debe estar separado del gobierno (Ejecutivo), esos principios son pilares democráticos para la vigencia de un filosófico «Estado Ideal» (que por supuesto no es el caso boliviano). Pero además existe una disposición constitucional de indelegabilidad de funciones: «Art.12.III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí»; es decir q la figura de los delegados presidenciales o miembros en los Tribunales en el (poder) Electoral es una contradicción constitucional (sino una inconstitucionalidad). A pesar de estas disposiciones de prohibición dogmático – constitucionales, la segunda parte del texto de la CPE valida jurídicamente las prerrogativas presidenciales de nombramientos de delegados o miembros el OEP.

 (*) es abogado y periodista