La negativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a que las agrupaciones ciudadanas Libertad y Democracia Renovadora (Lider), de Sucre; Verdad y Democracia Social (Verdes), de Santa Cruz, y Consenso Popular, también de Santa Cruz, se fusionen para formar el Movimiento Demócrata Social (MDS) no los arredra y ya barajan varias alternativas para lograr la unión.
Ha sido un intento fallido por consagrarse en un escenario político complicado, con fuerzas ya consolidadas, como el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Movimiento Sin Miedo (MSM) o Unidad Nacional (UN), con suertes distintas por conquistar el voto.
Los demócratas (así se autodenominan) “estaremos en las elecciones de 2014 y las que siguen”, dice Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz y uno de los altos dirigentes de Verdes y de la iniciativa de asociación.
Algo similar dice el jefe de la agrupación Primero el Beni, Ernesto Suárez, quien es parte del MDS. “Hay que dejar la certidumbre a todos los que son demócratas de que vamos a estar como movimiento el próximo año en las elecciones generales y en las siguientes”, asegura en conversación con Animal Político, Entonces, ¿cuál será la próxima jugada ante el rechazo a la fusión por parte de la Sala Plena del TSE?
Según Peña, hay tres opciones más para propiciar una alianza, aunque prefiere no detallarlas. En cambio, Suárez cuenta uno de los caminos a seguir. “Hay organizaciones dentro de nuestro movimiento con personería jurídica nacional y vamos a optar porque se haga un trámite administrativo ante el Tribunal y se realice un cambio de nombre, y todos vamos a terminar firmando el acuerdo para que se dé el puntapié inicial, es decir, el cimiento del Movimiento Demócrata Social”.
Suárez, exgobernador beniano, no es específico, pero intenta explicarse. “Todos vamos a converger. Las agrupaciones que tienen presencia nacional, una de ellas Consenso Popular, van a hacer su trámite administrativo para convertirse en Movimiento Demócrata Social y todos vamos a entrar dentro de ese proceso haciendo las firmas”. El TSE no podría negar esto porque “ahí se vería un bloqueo político, pues estoy seguro de que esto es perfectamente viable y legal”.
El jefe de Consenso Popular, Óscar Ortiz, dice que sea cual sea el camino que se tome, “lo importante” es que existe la decisión “fundamental” de integrarse “en un solo proyecto político”. Afirma que para ello se insistirá “con todas las vías legales” para participar, “desde esta nueva alternativa”, en las elecciones que vengan los próximos años, así como en las gestiones de los gobiernos a los que accedan.
La vocal del TSE Dina Chuquimia recuerda que Consenso Popular se fundó en 2006 bajo el nombre de Concertación Nacional (CN) y realizó el cambio de nombre en 2009, por lo que “seguramente” sus estatutos permiten la mudanza. Considera que lo que tendría que hacer es el cambio de nombre en un congreso (se sabe que sería Movimiento Demócrata Social) y realizar los trámites administrativos ante el Órgano Electoral. Luego “pueden abrir sus libros de registro” y los militantes de las otras agrupaciones que quisieran adherirse tendrían que firmar para ser miembros de la agrupación con el nuevo nombre.
Persistencia. Peña, por su parte, señala que la propuesta de Suárez puede ser una alternativa, pero hay otras tres. La primera ya fue realizada al presentar formalmente al TSE un recurso de revisión contemplada en el nuevo Régimen Electoral para que se revierta la situación. “Esperamos que haya una respuesta en 15 días, como dice la ley, y no esperemos seis meses como en la resolución del trámite de fusión que fue negado”.
La negativa de unión es “en cumplimiento de la Ley 2771, de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, que indica que no se pueden realizar fusiones, sino tan sólo alianzas entre agrupaciones ciudadanas para poder participar en procesos electorales”, explica la autoridad.
Las agrupaciones ciudadanas, según la norma, sólo pueden formar alianzas y no fusiones, razón técnica por la que el TSE negó la petición. “La Ley de Partidos Políticos, en su artículo 30, dice que pueden hacer fusiones, mientras que la Ley 2770 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, en su artículo 33, específicamente habla de que pueden hacer sólo alianzas”.
No obstante, para Suárez, la explicación no basta y afirma que la decisión del TSE fue política y no técnica. Menciona que el periódico Cambio, en abril, ya había dado a conocer que el TSE rechazaba la otorgación de la personalidad jurídica a su movimiento, sin embargo, la información oficial fue conocida “en mayo”. “En otras palabras, ya había la filtración y hace pensar que ellos conocieron por el instructivo del Gobierno”.
Ortiz lamenta la decisión del Órgano Electoral, pues considera que “no tiene fundamentos y viola la actual Constitución” cuando ésta establece que los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas “competirán en las elecciones en igualdad de condiciones”. “Argumentar que la fusión sólo está permitida para los partidos políticos y no para las agrupaciones es interpretar de manera sesgada el ordenamiento jurídico preconstitucional cuando conviene al oficialismo”, cuestiona.
Chuquimia niega que haya ninguna decisión política, sino una meramente técnica basada en los argumentos jurídicos. También rechaza la acusación en sentido de que hubo injerencia del Gobierno. “Cada uno de los vocales vota independientemente en Sala Plena; a veces hay votos que no concuerdan con los de la mayoría. No existe tal cosa, el Tribunal es totalmente independiente”, aclara.
Plantea un ejemplo. Dice que si se quisiera obstruir la creación de partidos con miras a las elecciones de 2014, no se habría dado luz verde a Nueva Fuerza Republicana Federal, del senador opositor Marcelo Antezana. Si no se pudo permitir la fusión del MDS fue porque no era posible de acuerdo a la ley.
Más de 13 organizaciones con personalidad jurídica de categorías nacional, departamental y municipal presentaron la petición, lo que hace concluir a Suárez que no tienen falta de personalidad jurídica. “Eso hace evidente que el Tribunal tiene un manejo político”, insiste.
Pero Peña lo toma con ironía. “Para nosotros, no es un problema la falta de personalidad jurídica, sino más bien el exceso de personalidad jurídica que tenemos en todos los niveles: nacional, departamental y municipal, y que queremos agrupar a todas en un sólo proyecto político”.
¿Omisión? Chuquimia menciona que en el intento de unión de los demócratas sociales hubo la omisión de un paso, la de las firmas de militantes, pues “apoyar a una agrupación ciudadana siendo parte de ella no significa automáticamente que también se apoye una fusión con otra”.
Por su parte, la analista Helena Argirakis califica el intento como una mala interpretación que tenía por fin una “avivada” que pretendía “evitar” el llenado de firmas. Sin embargo, sostiene que esta “dificultad administrativa y burocrática sólo es la punta del iceberg ”, pues sus verdaderas problemáticas son aún “más serias” y tienen que ver con “la incapacidad” de lectura de la realidad actual. “Siguen pensando” que el mundo está como en 2002, con un eje monopolar conducido por Estados Unidos.
Ortiz insiste en “la injerencia política” y sólo se explica que la negativa haya sido adoptada “en función de las presiones del partido de gobierno”, a quien “no le conviene” que se consolide una organización “con estructura y presencia nacional “que pueda disputarle el poder. Por el contrario, “todo parece indicar que lo que busca el MAS es promover que la oposición continúe fragmentada” en numerosas organizaciones políticas.
El analista Manuel Canelas también cuestiona el procedimiento. Percibe que esa eventual alianza se trataría de una “fusión artificial de militantes, pues uno se inscribe a una agrupación y no a otra”. Interpreta que el Movimiento Demócrata Social “tiene prisa” por la pulseta entre Rubén Costas —líder de los Verdes y muy posiblemente el precandidato presidencial del MDS— y Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional UN), de cara a unas primarias opositoras que no maduran aún.
Al respecto, Suárez dice que existe un acercamiento con Doria Medina. “Compartimos los principios democráticos y seguramente trataremos de replicar lo que hicimos en el Beni dejando los intereses personales, que pueden ser legítimos. La división nos hace débiles, por lo que debe haber renunciamientos”, sugiere.
El jefe de Consenso Popular considera que la fusión de organizaciones políticas “es una figura prevista por la ley, pero que no ha sido utilizada en el pasado” porque siempre se ha “apostado a alianzas circunstanciales” en las que se reparten espacios en las listas de candidatos. En las actuales circunstancias, “para la oposición democrática, es un suicidio continuar apostando a alianzas de emergencia o de intereses personales”.
Acá, Suárez parece hacer referencia a una dificultad con la que han chocado las oposiciones desde la creación de Poder Democrático y Social (Podemos) o Convergencia Nacional (se presume que el cambio de nombre de Consenso Popular fue para que sus siglas no choquen con las de ese partido que, aunque actualmente tiene representación parlamentaria, se encuentra casi extinto).
Peña, de igual modo, cuestiona la creación de agrupaciones circunstanciales como Podemos y Convergencia Nacional, y señala que el movimiento demócrata quiere ser un frente que participe en la política boliviana al menos por los próximos 50 años.
Eventualmente, el Movimiento Demócrata Social, de una u otra manera, conseguirá finalmente su personalidad jurídica, aunque su desafío será superar varios fantasmas como el de la desunión de la bancada cruceña, los “ajustes de cuentas” en la élite de Santa Cruz, la casi extinción del intento previo llamado Convergencia Nacional y no repetir su historia, y tratar de llegar al occidente del país.
‘Las agrupaciones sólo pueden aliarse’: Dina Chuquimia es vocal del TSE
La Ley de Partidos Políticos señala en su artículo 30 que estas organizaciones puedan hacer fusiones, mientras que la Ley 2770, de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, específicamente señala que las agrupaciones ciudadanas pueden realizar sólo alianzas. En el marco de esto se ha determinado en Sala Plena rechazar la solicitud que hicieron.
‘Hubo presiones del partido de gobierno’: Óscar Ortiz es jefe de Consenso Popular
La única explicación que encontramos es que la negativa de fusión haya sido adoptada por presiones del partido de gobierno, a quien no le conviene que se consolide una organización política con estructura y presencia nacional que le dispute en serio el poder. Por el contrario, lo que busca el MAS es promover que la oposición continúe fragmentada.
‘Estamos formando un movimiento nacional’: Ernesto Suárez es jefe de Primero el Beni
Con la fusión que estamos haciendo entre agrupaciones departamentales estamos formando un movimiento nacional. Cada una de estas organizaciones hizo una resistencia democrática en sus regiones, pero hoy queremos encarar un proceso nacional quienes hemos defendido la democracia. Entonces, nos hemos convertido en el Movimiento Demócrata Nacional.
‘Se volvió político un tema que era técnico’: Vladimir Peña es dirigente de Verdes
La negativa del Tribunal, que debería haber sido netamente técnico y administrativo, responde a una lectura política. Pero eso no va ha detener de ninguna manera el proceso de construcción del Movimiento Demócrata Social, que se viene gestando desde hace dos años por más de diez organizaciones nacionales departamentales y municipales plenamente reconocidas.
‘Han caído en un error por el apuro’: Manuel Canelas es analista
Si varias agrupaciones ciudadanas se fusionan de manera directa, uno podría pensar que se trata de una unión artificial. Pues, si uno se inscribe en Primero el Beni es para apoyar a ese grupo; de ahí a que tu nombre forme parte de otro partido es complicado. Aunque no dudo que de otra forma lo lograrán, si no fuera el apuro, no habrían caído en el error.
‘Era una avivada para evitar llenado de libros’: Helena Argirakis es analista
Querían emular la Mesa de Unidad de Venezuela, en la cual, sin embargo, no hubo fusión. En el caso boliviano han interpretado la experiencia pero haciendo un partido de la unión de agrupaciones ciudadanas, siendo que ambas categorías tienen una función social y alcances muy distintos. Era una suerte de avivada para evitar el llenado de libros y otros requisitos.