A pesar del referendo por el gas en 2004 durante el gobierno de Carlos Mesa, el desarrollo de la Asamblea Constituyente entre 2006 y 2008, y una suerte de nacionalización de los hidrocarburos, todos puntos centrales de la llamada Agenda de Octubre, existe la sensación de que este pliego social todavía es una asignatura pendiente.
Así lo piensan dos de los dirigentes principales de las movilizaciones de septiembre y octubre de 2003, Felipe Quispe y Roberto de la Cruz, como también los analistas Róger Cortez y María Teresa Zegada, aunque éstos lo afirman con matices respecto de aquéllos.
Primero, no se puede eludir la argumentación de Cortez para afirmar que la Agenda de Octubre es una construcción facilista de los medios de comunicación, que en realidad es parte de otra aún mayor que él llama proceso constituyente. “Nombres como el de ‘Agenda de Octubre’ son construcciones mediáticas que simplifican un proceso más complejo”, señala.
En su criterio, esa lista de demandas sólo es un tramo de un desarrollo mayor: del “proceso constituyente iniciado en 1990 con la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad”, en la que se escuchó por primera vez el pedido de Asamblea Constituyente.
El siguiente paso de este desarrollo “fue la ‘guerra del agua’ (2002)” en Cochabamba. En ese segundo momento se añadieron los pedidos de un referendo sobre los recursos naturales y la desmonopolización de la representación política.
Octubre de 2003 —sigue— dio continuidad a las demandas y también especificidad a los reclamos sobre recursos naturales, hablando a partir de ese momento de los hidrocarburos, hasta que después se llega al reclamo por la nacionalización de éstos, sobre todo a propósito del referendo de 2004.
Es ese sentido, este “programa constituyente”, más que la Agenda de Octubre en específico, tiene tres áreas que agrupan a los pedidos de las movilizaciones: “la reforma estatal, la transformación productiva y la reforma moral intelectual”. De todas ellas, hay un “rezago mortal en este momento”, juzga.
La reforma estatal “sólo ha sido enunciada, el Estado Plurinacional está en construcción”. No se va a poder reformarlo si el Estado se muestra “antiautonomista y antiindígena como lo ha hecho hasta ahora”, cuestiona. Sin embargo, en este aspecto el “gran mérito” del Gobierno ha estado en “la enunciación y la aprobación” de la reforma estatal entre 2006 y 2009.
En cuanto al segundo punto, rescata la recuperación de los recursos, aunque la pone literalmente entre comillas, pues ese avance “corre el riesgo de estatalizarse”. Los recursos naturales “no son del Estado, sino de todos los bolivianos y eso se está abandonando, aunque sin duda se ha llegado a una bonanza que en parte se redistribuye”.
Respecto a la reforma intelectual y moral, es decir el tercer punto, “lo más avanzado es haber focalizado la discriminación y el racismo como temas clave de la agenda nacional, no obstante, igual que en los demás temas, sólo se ha llegado a la enunciación”. Sobre el 100%, “estamos en el 25% o el 30% de cumplimiento”.
Zegada apunta hacia lo mismo que Cortez al calificar el avance de la agenda, pues dice que en sus puntos principales ésta se ha cumplido sólo “formalmente”, lo que se asemeja a lo que decía de sólo haberse llegado a la “enunciación”.
La Agenda de Octubre tenía como aspectos estructurales —enumera la politóloga— la demanda de Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos. “Formalmente, se habría cumplido con esos puntos. De alguna manera esos temas fueron parte del discurso de Evo Morales”, rememora. El Presidente “estaba obligado” a cumplir esto y vincularlo a la reconfiguración del sistema político.
La Asamblea Constituyente se ha llevado a cabo, “probablemente no en los términos que planteaban las organizaciones sociales en ese momento, pues habían visiones más radicales”. Al mismo tiempo, a través del decreto de nacionalización del 1 de mayo de 2006, “también se atendió la otra demanda formalmente”.
“Digo formalmente porque los alcances que tienen estas dos medidas todavía no están claros en la historia reciente del país, es decir, que tenemos una nueva Constitución pero no se verifica un cambio sustancial cualitativo de la institucionalidad política del país”, explica Zegada.
“Falta mucho” para que se pueda hablar de la “plurinacionalidad o las autonomías”, lo cual no quiere decir que no se esté “apuntando en ese sentido”, sino que son procesos que “toman tiempo”.
Sobre el otro punto, señala que se trata de una nacionalización planteada en “otros términos, no tuvo la radicalidad que se quería en el momento de las movilizaciones, si bien ha traído mayores recursos para el país”.
Más crítico es Felipe Quispe”, dirigente indígena que participó en la huelga de hambre del 8 de septiembre al 17 de octubre de 2003. “Las agendas por las que tanto hemos gritado para que no se venda el gas, Evo Morales es el mejor vendedor y administrador de las trasnacionales. No hay nacionalización ni tampoco industrialización. El 21060 sigue campeando”.
El líder de la marcha de Caracollo que fue capital para las jornadas de octubre, Roberto de la Cruz, es menos crítico. “Se ha dado uno o dos pasos, pero falta mucho para honrar a nuestros muertos. Por ejemplo, seguimos siendo extractivistas y los masacradores siguen impunes. Pedimos a Evo que pueda reconducir el proceso, tengo esperanza en que pueda ser así”.
De 69 muertos en los meses de conflictos hoy ya son 73. Uno de los puntos de la agenda es la extradición y el juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada, según la acusación judicial autor intelectual de la masacre, lo cual no ha avanzado un ápice en estos diez años.