El 2 de julio de 2013, cuando ocurrió el atentado contra la inmunidad diplomática del avión en que viajaba el presidente Evo Morales, recordé lo ocurrido hace 11 años, cuando un embajador estadounidense en Bolivia, Manuel Rocha, se atrevió a lanzar una monserga a los bolivianos exigiéndoles no votar por Evo en las elecciones nacionales a riesgo de perder la ayuda norteamericana. La insolencia terminó de catapultar al Movimiento Al Socialismo (MAS), que estuvo a punto de ganar las elecciones de 2002, antesala del triunfo de diciembre de 2005, que finalmente convirtió a Morales en presidente de Bolivia. Sobre Rocha, removido de su cargo se retiró a la actividad privada en un país caribeño.

Volviendo al atentado, poco a poco se fue develando que Washington presionó a gobiernos europeos signatarios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para que impidan el tránsito del avión presidencial, difundiendo a través de un embajador la información falsa y tendenciosa de que Edward Snowden —ex contratista de sus servicios de Inteligencia— estaba viajando en el aparato.

Aunque Barack Obama pretendió desentenderse del asunto, dejando que sus “aliados” asuman todo el costo político, la autoría norteamericana quedó al descubierto cuando su secretario de Estado, John Kerry, ante el anuncio de que Venezuela otorgaría asilo político al disidente, declaró: “Ningún avión venezolano que transporte a Snowden podrá pasar por espacio aéreo de Estados Unidos ni de ningún país miembro de la OTAN”.

Pero los genios del norte —que también se equivocan y esta vez, superando a Rocha, en escala internacional— nunca imaginaron que la reacción en Latinoamérica llegaría a tan altos niveles de solidaridad regional, de apoyo incondicional a Bolivia y de condena a la violación de convenios de las Naciones Unidas sobre convivencia pacífica entre países. Tampoco esperaban que a la postura de los gobiernos (especialmente de Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Nicaragua y Cuba) se sumaría luego la movilización de organizaciones sindicales, campesinas y populares, así como partidos políticos de izquierda, que protagonizaron acciones de masas en varias ciudades latinoamericanas.

Luego de casi una década vuelve a darse en la región una efervescencia antiestadounidense que no se veía desde aquella oleada de movilizaciones que hizo fracasar el año 2005 el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Hoy son multitudinarias concentraciones realizadas en La Habana, Managua, Guayaquil y, la más reciente, en Cochabamba, a la que podríamos sumar la reunión de partidos de izquierda del Foro de Sao Paulo.

La Cumbre Antiimperialista y Anticolonialista que se realizó en Bolivia tuvo una respuesta que rebasó las expectativas de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) que la convocó. Más de 1.500 delegados de los nueve departamentos en el ámbito nacional y casi 400 representantes de una veintena de países, la mayoría latinoamericanos, pero también de Europa y Asia, configuraron un resonante éxito internacional cuyo cierre congregó a casi 200.000 personas en la avenida Blanco Galindo.

La cumbre ha fijado estrategias para contener y revertir la ofensiva imperialista estadounidense en el continente. Esa ofensiva comenzó con el golpe de Estado contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en junio de 2009, asonada muy bien caracterizada por Hugo Chávez: “Éste es un golpe contra la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América”.
El golpe hondureño retrasó la expansión del Alba, pero no logró destruir esa alianza entre los gobiernos antiimperialistas de Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Ecuador.

Posteriormente, en abril de 2011, los gobiernos de Sebastián Piñera, en Chile; Alan García, en Perú; Juan Manuel Santos, en Colombia, y Felipe Calderón, en México, conformaron la Alianza del Pacífico, un bloque único comercial que funciona bajo los principios neoliberales de apertura irrestricta a las inversiones externas, flexibilización laboral y libre circulación de capitales. El Gobierno de Estados Unidos promueve desde entonces la ampliación a otros gobiernos de este bloque que reaviva su viejo proyecto del ALCA.

La existencia de bases militares que pueden ser utilizadas por tropas estadounidenses en Guantánamo (Cuba), Palmerola (Honduras), Palanquero y otras seis más en Colombia constituyen un factor de riesgo en nuestra región. A ello se suma la manifestación de interés por parte del gobierno colombiano para ingresar a la OTAN, un bloque militar anticomunista surgido en plena guerra fría y que, en los últimos años, ha realizado operaciones bélicas de agresión en la ex Yugoslavia, en Irak, en Afganistán y en Libia. La Cumbre Antiimperialista se pronunció en torno a estos tres temas. Condenó las formas de desestabilización y neogolpismo contra los procesos de transformación en el continente.

Analizó que ya no son esos clásicos golpes de Estado en los que las tropas militares ocupan posiciones y bombardean los palacios de gobierno, como hizo Augusto Pinochet contra Salvador Allende en 1973. Ahora son modalidades conspirativas que operan sistemáticamente desde algunos medios de comunicación y el control de los poderes Judicial y Legislativo contra el Ejecutivo; así fueron los casos de Honduras y el derrocamiento de Fernando Lugo en Paraguay.

La cumbre planteó la necesidad de organizar un proyecto político y un instrumento político antiimperialista en toda Latinoamérica, lo cual pasa por la unidad y la defensa común entre gobiernos progresistas y revolucionarios, así como la acción coordinada de movimientos sociales, sindicales y populares de todos los países. En el tono de los debates prevaleció el postulado de que un antiimperialismo y anticolonialismo consecuentes suponen también un anticapitalismo consecuente, ya que el imperialismo no sólo actúa desde fuera de nuestras fronteras, sino que encuentra sus aliados internos en las oligarquías y en las fracciones más fuertes de las burguesías en cada país.

Pero a su vez este planteamiento anticapitalista conduce a la necesidad de avanzar en la construcción de un nuevo socialismo, que en el caso boliviano es definido como “socialismo comunitario”.

En lo económico, el evento planteó como tarea de primer orden acelerar la integración de nuestras economías bajo enfoques de complementariedad y no de competitividad, como sugieren los neoliberales. También se afirmó que cada país debe lograr su soberanía económica a través del control sobre los recursos naturales estratégicos implementando procesos de nacionalización. En cuanto a los servicios básicos, el acceso a ellos por la población debe ser un derecho humano y no una fuente de negocio privado.

La cumbre se pronunció contra la presencia militarista de la OTAN, postulando una Latinoamérica libre de guerras. Para esto exigió el inmediato cierre de todas las bases militares que sirvan a intereses imperialistas de agresión. Por estas cosas, lo de Cochabamba fue mucho más que una cumbre.

Días atrás, la diputada Norma Piérola sorprendió al ambiente político al anunciar que había presentado en la Corte Penal Internacional de La Haya una demanda contra el presidente Evo Morales. Rápidamente varios medios de comunicación amplificaron la noticia, olvidando las repetidas veces que sobre diversos temas esa legisladora mintió públicamente. Esta vez no fue la excepción, pues afirmó que “la demanda ha sido admitida”. Luego se constató que no hubo tal admisión y que a la señora sólo le dieron una nota de recepción de documentación.

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal que tiene personalidad jurídica internacional y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los términos del Estatuto de Roma, que es su norma fundacional. Tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos (Holanda).  

El origen histórico de la CPI es la creación de los tribunales internacionales de Nuremberg y Tokio, para juzgar a los criminales de guerra de Alemania y Japón por los delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en los albores de la creación de la ONU, el Consejo de Seguridad encomendó a un panel de expertos explorar la posibilidad de establecer una corte permanente de justicia en materia criminal, complementaria a su principal órgano judicial, la Corte Internacional de Justicia. La idea prosperó después de la Guerra de los Balcanes y las denuncias de “limpieza étnica” en Yugoslavia (1991-1995) y del genocidio en Ruanda (1994).

Por estos trágicos hechos y por el desarrollo alcanzado por el derecho internacional, se celebró en la ciudad de Roma una Conferencia Diplomática de Estados miembros de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional, en cuya acta final, suscrita el día 17 de julio de 1998, se estableció la CPI.

El órgano entró en vigencia a partir del 1 de julio del 2002. Su competencia y funcionamiento se rigen por las disposiciones del mencionado Estatuto de Roma. El EstadoPlurinacional de Bolivia ha ratificado el Estatuto de Roma mediante Ley 2398, del 24 de mayo de 2002, y ha realizado depósito del instrumento el 27 de junio de 2002.

La CPI es una instancia judicial que complementa y no reemplaza ni sustituye a los órganos judiciales de cada país. Ha sido creada por los Estados con el objetivo de juzgar los crímenes de guerra y de agresión, de genocidio y de lesa humanidad. Se trata de casos realmente particulares, de crímenes gravísimos que pueden ser cometidos en guerras entre países o en sangrientas confrontaciones (guerras civiles) dentro de los países. Como fácilmente se puede colegir, ninguna de ambas situaciones se ha presentado en Bolivia y menos en la última década, por lo que la demanda de marras no tiene fundamento material o jurídico para prosperar.

Pero el costoso viaje a Europa forma parte de una campaña internacional de desprestigio contra el gobierno de Evo Morales. ¿Quiénes patrocinan estas acciones de agravio contra nuestro país?, ¿de dónde sale el dinero para traslados y looby?, ¿hay una estrategia política extranjera de la que la diputada cochabambina es únicamente operadora?

Piérola, lo mismo que su jefe partidario, Manfred Reyes Villa, es activa militante que ha participado de varias reuniones de una organización denominada UnoAmérica, que es una plataforma política de extrema derecha conducida por el venezolano Alejandro Peña Esclusa, personaje que tuvo protagónica participación en su país en el fracasado golpe antichavista del año 2002. Esta plataforma se formó en diciembre del año 2008 en la ciudad de Bogotá (Colombia) con el objetivo de cerrar el paso al “Foro de Sao Paolo” en el que está aglutinada la izquierda latinoamericana.

En uno de los párrafos de la declaración con la que se fundó UnoAmérica puede leerse: “Actualmente hay 14 países latinoamericanos, cuyos gobiernos pertenecen o están vinculados al Foro de Sao Paolo, y aunque llegaron al poder por la vía democrática, muchos de ellos están destruyendo la democracia y coartando las libertades, como es el caso de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Kirchner y Daniel Ortega”. Puede verse que las campañas de ataque a estos presidentes se dan en aplicación de esta línea política.

La investigadora argentina Stella Calloni ha descubierto los lazos financieros que la organización derechista tiene con la National Endowment for Democracy (NED), que según publicó en marzo de 1997 el New York Times: “Se creó para llevar a cabo públicamente lo que ha hecho subrepticiamente la Central Intelligence Agency (CIA) durante decenios. Gasta 30 millones de dólares al año para apoyar a partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios informativos en docenas de países”.
Además, UnoAmérica recibe fondos de la Fundación para el Análisis Económico Social (FAES), que dirige el expresidente español José María Aznar. Sería muy interesante seguir la evolución de las investigaciones que actualmente se efectúan en España, a propósito del escandaloso desvío de “dinero oscuro” proveniente de manejos corruptos en la administración pública a las cuentas del Partido Popular (PP), del cual es uno de sus dirigentes históricos el propio Aznar, cuya Fundación pudiera haberse beneficiado con parte de ese botín.

No puedo concluir estas líneas sin referirme a un caso similar al exabrupto judicial contra Evo. La misma aberrante forma de acusación la aplicó hace seis años el exfiscal general Mario Uribe contra mí, tratando de inculparme nada menos que de genocidio por los sucesos de noviembre de 2007, en Sucre. En mi defensa, para aclarar lo sucedido y para poner en evidencia las inconstitucionalidades e ilegalidades cometidas por Uribe, escribí junto a la periodista Luisa Limachi un libro titulado Historia de una conjura, cómo intentaron hacer fracasar la Constituyente. Hoy que el proceso de cambio sufre este ataque internacional, deberíamos escribir otro libro en el que pongamos en evidencia que la derecha boliviana, por un cálculo político doméstico, no vacila en traicionar a la patria en los foros internacionales.

Hoy, Latinoamérica parece oscilar entre los diferendos históricos que intentan ser resueltos por la vía del diálogo entre Estados o acudiendo a las instancias judiciales internacionales. Los procesos de integración política y económica siguen avanzando, pese a un contexto de deterioro económico regional por el impacto de la crisis internacional.

Aquellos diferendos se gestaron    a lo largo de dos siglos, luego de los procesos independentistas y la cruenta formación de nuevos Estados en el continente. Son una herencia histórica que sigue generando tensiones en varios lugares del continente, pero cuya resolución es la condición necesaria para profundizar los procesos de integración en curso.

Sobre estos asuntos fueron dos las novedades que se presentaron en las últimas semanas. Por una parte, la sentencia de La Haya sobre el diferendo marítimo entre Colombia y Nicaragua, y, por otra, la invitación de los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) para que Bolivia sea parte de este bloque.

El 19 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Holanda) —que es la máxima instancia judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creada a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial en 1945— delimitó la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en el mar Caribe. La resolución fue muy bien recibida en Managua, pues amplió la soberanía marítima nicaragüense, pero causó malestar en Bogotá, cuyo Gobierno anunció que podría desconocer la jurisdicción de la Corte y desacatar el fallo.

Las repercusiones llegaron hasta Chile y Perú, cuyos gobiernos esperaban con mucho interés la sentencia, por las implicaciones que tiene para su problema de delimitación marítima en la zona en la que ambos países tienen frontera. Hay que recordar que en enero de 2008 el Gobierno peruano presentó ante la Corte Internacional de Justicia el “caso concerniente a la delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile”. Desde entonces, el caso sigue avanzando y ha llegado ya a la fase de alegatos orales, en la que los equipos de juristas internacionales que representan a ambos estados exponen los argumentos legales e históricos para sustentar su demanda e impugnar las razones de la otra parte.

El Gobierno de Bolivia está atento a esta fase de debates, porque pueden aparecer nuevos elementos que enriquezcan nuestra propia demanda marítima, en fase final de elaboración para su posible presentación ante la CIJ. Es pronto todavía para arribar a conclusiones, tomando en cuenta que la sentencia en este caso salga a mediados de 2013. Sin embargo, siendo la resolución del problema abierto con la guerra de 1879 algo irrenunciable para el interés boliviano, nuestro país sigue ratificando su profunda convicción pacifista e integradora.

En orden a esta voluntad integradora, la invitación por el bloque del Mercosur para el ingreso como miembro pleno de Bolivia es una muestra de que naciones vecinas tan importantes tienen confianza en el rol que puede tener nuestro país para la consolidación geopolítica, no tan sólo económico-comercial, del bloque.

Nuestra ubicación en el centro de Sudamérica, como parte de los tres grandes pisos ecológicos de la región: andino, amazónico y platense, constituye un factor ventajoso que fue tomado en cuenta al momento de decidir firmar el “Protocolo de Adhesión” el viernes en Brasilia. Este documento, suscrito por el presidente Evo Morales, fue también rubricado por los mandatarios Dilma Roussef, de Brasil; Cristina Fernández, de Argentina; José Mujica, de Uruguay; y el representante de Venezuela.

La presencia en esa reunión del mandatario de Ecuador, Rafael Correa, puso de manifiesto que también ese país tiene interés en seguir los pasos de Bolivia, con lo que el Mercosur pasará a convertirse (por su potencial energético, productivo y de consumo) en el más importante proceso de integración económica al interior de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), al punto de que el nombre con que nació hace dos décadas —“mercado común”— quede chico para sus actuales proyecciones. Esto es algo que debieran tomar en cuenta los que siguen analizando al bloque únicamente en sus aspectos arancelarios, dejando en claro que el tema de aranceles es importante y será discutido en función del interés de nuestro país.

Hay otros aspectos a los que se les tiene que dar la misma o mayor importancia, como son los proyectos de integración energética que a Bolivia le interesa impulsar. Estos proyectos, a tiempo de darle valor agregado a nuestra producción gasífera, podrían también ampliar los actuales mercados argentino y brasileño, o abrir nuevos mercados en la región. En este aspecto energético entra también la industrialización minera bajo condiciones de soberanía económica —por lo que tendrán que estar en manos del Estado y no de privados— de nuestras enormes reservas de minerales estratégicas (como el litio o el indio).

No hay que perder de vista que los estados del Mercosur son los de mayor producción mundial de alimentos básicos, por lo que su importancia en las próximas décadas crecerá en magnitud asombrosa. Bolivia tiene que ser parte de proyectos regionales de industrialización de alimentos, de manera que ya no seamos tan sólo exportadores de commodities.

Bolivia se ubica en esta región donde se encuentran las mayores reservas planetarias de agua dulce (con la excepción de la Antártida), por lo que los proyectos compartidos entre varios países de preservación y uso sustentable de esas reservas tendrán, en el futuro inmediato, carácter estratégico.

Como se puede ver, el proceso de adhesión tiene que darse con una agenda propia, capaz de lograr respaldos entre los gobiernos y los pueblos de las naciones vecinas. Tal vez ahí radica la clave para una inserción positiva de Bolivia en el pacto regional. Pero queda una cuestión abierta que sólo el tiempo podrá responder: ¿en el proceso de integración, terminará prevaleciendo la agenda del Vivir Bien, del respeto a la Madre Tierra, o la integración potenciará las tendencias desarrollistas ya presentes en nuestros respectivos países?

Partamos de  lo que está pasando en Ecuador. El presidente Rafael Correa anunció hace algunas semanas su propuesta de eliminar un beneficio fiscal que permite a los banqueros disminuir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) mediante la reinversión de ganancias que incrementan su cartera de créditos. En otras palabras, en vez de que paguen impuestos por la totalidad de sus ganancias obtenidas en dar créditos, la banca declara la reinversión de esas ganancias para seguir dando más créditos y así obtener mayores utilidades, eludiendo el pago impositivo. Aplicando este procedimiento, los bancos subieron sus ganancias netas de 261 millones de dólares en 2010 a 393 millones de dólares en 2011.

Correa planteó que los empresarios paguen la totalidad del ISR para financiar, con lo recaudado, programas de asistencia social en los sectores más pobres. La idea forma parte del proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social, que la Asamblea Nacional de Ecuador está discutiendo y cuya aprobación permitirá recaudar aproximadamente 200 millones de dólares por año, para beneficiar a dos millones de personas que reciben actualmente un subsidio estatal.

Esto que ocurre en un país cercano tiene que ver con el mayor o menor control del sistema financiero por parte del Estado. Los bancos son una especie de sistema nervioso central de la economía, que coordina la circulación global del capital a través del crédito, y permite cambiar la ubicación y los tiempos de rotación del capital-dinero entre empresas, rubros, sectores, regiones y países.

El Consenso de Washington de 1990 fijó el programa de ajuste económico que los países latinoamericanos debían aplicar para obtener créditos de los organismos financieros internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional). La liberalización financiera, que era parte de ese consenso, significaba que los bancos funcionaban según las leyes de la oferta y la demanda, limitándose los gobiernos únicamente a regular y supervisar para subsanar las denominadas “fallas del mercado financiero”. Por eso es que aplicando este recetario neoliberal en Bolivia fueron cerrados o privatizados los bancos públicos, posteriormente se privatizó también el sistema de pensiones jubilatorias para lograr integrar los aportes laborales de los trabajadores a esta circulación de capital-dinero.

Todo lo hecho por los gobiernos neoliberales en los 90 quedó consolidado como norma jurídica en la Ley 1488 de Bancos y Entidades Financieras, promulgada en abril de 2002. Hoy, diez años después, tiempo en que cambió la economía del país, esa ley sigue sobreviviendo en su anacronismo.

De la Ley 1488 llama la atención algunas de sus disposiciones de tono engañoso, como la referida a la relación entre los bancos y el público usuario: “Artículo 42. Las tasas de interés activas y pasivas de las operaciones del sistema de intermediación financiera, así como las comisiones y recargos por otros servicios, serán libremente pactadas entre las entidades de intermediación financiera y los usuarios. Las entidades de intermediación financiera no podrán modificar unilateralmente los términos, tasas de interés y condiciones pactadas en los contratos”.

Sólo la candidez e ingenuidad podría hacernos creer que los ciudadanos, que diariamente acuden a algún banco, “pactan libremente” las condiciones crediticias (plazo, tasa de interés, comisiones y recargos, garantías) o las que ofrece la entidad financiera para captar ahorros. Esas condiciones ya están establecidas, no por un solo banco, sino por acuerdos entre varios bancos que dominan el mercado. Son condiciones fijadas en documentos y formularios impresos en letra menuda y llenos de términos técnicos inentendibles para el potencial cliente, al que sólo le queda firmar si es que quiere acceder al crédito o proteger su dinero al depositarlo.

Para poner fin a este peso aplastante de las instituciones sobre el público, es correcto que la nueva Ley del Sistema Financiero determine que es atribución del Estado fijar las tasas de interés que los bancos cobran a los prestatarios, así como las que pagan a los ahorristas. Pero esta positiva reforma, anunciada recientemente por el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, debe complementarse con otros cambios emergentes de la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

En el régimen económico, el artículo 316 de la CPE ordena que es función del Estado : “participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social, e impulsar el desarrollo, evitando el control oligopólico de la economía”. Esto nos lleva a la necesidad de que la nueva ley garantice el fortalecimiento de la presencia estatal en un sector estratégico de la economía, brindando servicios financieros por medio de un banco de de-  sarrollo productivo de primer piso. Esto pondrá fin a cualquier tipo de prácticas oligopólicas que de manera encubierta vienen aplicando las entidades bancarias.

El artículo 330 de la CPE indica: “El Estado, a través de su política financiera, priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción”. La nueva ley, que es el componente normativo de la política financiera del Estado, deberá garantizar que el sistema financiero bancario y no bancario, estatal y privado, cumplan este mandato constitucional.

El artículo 331 de la CPE define que son de interés público las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro. He aquí una definición que se aleja de las orientaciones liberalizadoras que postulaban como un dogma “cuanto menos intervención estatal, mejor”.

Y aquí volvemos a las ganancias bancarias. Según datos de la Autoridad del Sistema Financiero (Asfi), los bancos han reportado utilidades cada vez más elevadas en 2006-2012, que alcanzan a 900 millones de dólares para todo el periodo. Este año se les fijó una alícuota adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). La nueva ley tiene que incrementar las recaudaciones tributarias por este concepto, pudiendo además —en línea con el ejemplo ecuatoriano— destinar esos recursos al financiamiento de programas sociales, por ejemplo, al Sistema Único de Salud (SUS).

Finalmente, se aplica a la banca el artículo 308 de la CPE: “El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país”. La experiencia histórica de varios países, entre los cuales podemos citar a los denominados “tigres asiáticos”, enseña que allí los estados alinearon el sistema de crédito a sus propios objetivos y prioridades nacionales de desarrollo.