La futura Ley de Organizaciones Políticas (LOP) al parecer no se aprobará ni el próximo año, según se desprende de la reflexión que hizo con Animal Político el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce. Una vez que se decidió que en 2013 no se tratará ningún proyecto en el tema, lo único que restaba era 2014, pero… ya es año electoral. ¿La ley hay que aprobarla antes de las elecciones de 2014?
No necesariamente. El sistema está funcionando; hay una lógica de implementación de la Constitución que va a llevar seguramente más de un periodo constitucional; es mejor si se lo hace antes, pero no es indispensable ni necesario. 2014 es año electoral también…
En un año electoral siempre es mucho más complicado aprobar las leyes que son más bien inherentes a los intereses de quienes las van a aprobar (los partidos con presencia en el Legislativo).
Por su parte, la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, informó que el Órgano Electoral ya asumió la elaboración del proyecto de la norma por que se ve la necesidad de ordenar, bajo un solo paraguas legal, toda la normativa referida a los partidos, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas, “siempre velando por los derechos que tienen las organizaciones políticas, el hecho de que exista una pluralidad”. En cuanto a la incorporación de los usos y costumbres indígenas a la futura ley, Arce no deja de mostrar su desencanto con lo hecho hasta ahora.
“La experiencia no ha sido buena, es nefasta. Se abrió la posibilidad de que en las Asambleas departamentales se use el mecanismo de los usos y costumbres para la elección de autoridades, y el resultado es funesto; se ha cambiado (autoridades) una y otra vez, ha habido prebenda, han llegado a los golpes, se sacan unos a otros; habrá que ver con calma si nuestros pueblos indígenas tienen la suficiente madurez para utilizar este mecanismo o los de la democracia representativa”.
A la fecha, aunque sin plazo, el Órgano Electoral ya encargó la redacción del proyecto de ley de organizaciones políticas. Una vez concluido el trabajo, se lo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional; como en el tema de la redistribución de escaños, el ente electoral insistirá en el criterio técnico de su propuesta.
“Mucho depende de la voluntad que tengan los partidos políticos de consensuar, de llegar a un acuerdo que es de mucha importancia”, indicó al respecto el diputado Arce. A la fecha, son dos leyes las que norman la labor de los partidos: la Ley de Partidos de 1999 y la Ley de Agrupaciones Ciudadanas.
“Tenemos una ley de 1999, que está en vigencia, si bien no está ajustada a la Constitución, permite que se lleven adelante todos los procesos electorales que se han venido dando; hemos tenido una elección general en 2009 y una regional en abril de 2010”, recordó el legislador.
Respecto a los principios que debe contener la nueva LOP, Arce afirmó que lo básico es “la nueva visión que se tiene de la función pública y política; (ésta) siempre ha sido vista como una actividad para servir a quienes integraban esta actividad (los funcionarios y partidos); ahora, en la visión del presidente Evo Morales, la política y la función pública tienen la visión de servicio a los demás, al interés general, a la sociedad en su conjunto”.
Otro tema de cuidado es el tratamiento de las democracias representativa y participativa. “En la nueva Constitución hemos pasado de la democracia representativa a la participativa con un sinnúmero de instrumentos de participación directa del ciudadano, como el cabildo, la asamblea, la consulta previa, libre e informada”.
Un tema en que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no cederá un milímetro es el no financiamiento estatal a los partidos. Arce razona con base en la experiencia del MAS cuando estaba en la oposición: “Fue el presidente (Morales) cuando era diputado quien devolvió una gran cantidad de recursos económicos, demostrando que para hacer una política sana y transparente no se necesitan recursos”.
En contraposición, el dirigente de Unidad Nacional, Carlos Hugo Laruta, afirmó que la supresión de los recursos es un “atentado contra la democracia” porque promueve la desigualdad, sobre todo ahora, entre un partido en el poder y los otros fuera.
Arce, con todo, admitió la posibilidad de que el apoyo del Estado a los partidos sea en especie. “¿Recursos como recursos? En ningún sentido. ¿Que el Estado debe generar políticas para la difusión de sus ideas por cualquier mecanismo? Sí. ¿Políticas de capacitación para la formación de líderes políticos? Sí”.
En relación a la democracia interna, Arce enfatiza en que debe promoverse la participación democrática al interior de los partidos, “que eviten la concentración de la toma de decisiones en muy pocas personas; ahí está el ejemplo del MAS, (que es un) instrumento político de las organizaciones sociales, (donde) hay una dinámica democrática impresionante en las organizaciones sociales”.
Otro elemento es el referido a los programas de gobierno. Aquí, según Arce, se trata de hacer cumplir lo que se promete. “La ley debe asegurar algunos mecanismos y salvedades para que haya seguimiento a los programas. En cualquier nivel (nacional, departamental o municipal) debe verificarse dicho cumplimiento”. El legislador masista insiste en que también haya “mecanismos que obliguen a los partidos a tener políticas de transparencia”.