Un conflicto como el que se suscitó a partir del Jach’a Tantachawi de los suyus del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), encuentro orgánico de discusión en el que, además, se definió la designación de nuevas autoridades del Consejo de Gobierno (máxima instancia de decisión orgánica) con base a sus normas estatutarias propias (de derecho consuetudinario), los principios de su cosmovisión bajo la restitución de sus autoridades originarias y reconstitución territorial, representadas en el mando (poder de decisión) entregado según los mandatos de sus parcialidades orgánicas (16 suyus), no es el principio ni el fin de las causas y razones fundamentales de su crisis.
No es el principio porque existe una serie de antecedentes que marcaron debilidades y contradicciones en momentos de su reivindicación, organización, liderazgo, identidad política y en su percepción de cambios para el Estado.
Como dato, en 2008, cuando se tramitaban algunos ajustes a la Constitución Política del Estado, el Conamaq no insistió lo suficiente para establecer formas técnicas y viables para configurar autonomías territoriales indígenas desde el territorio ancestral (suyu, marca, ayllu) sin romper en el plano administrativo una organización nacional político-territorial, que ya había sido flexibilizada en el proceso con la cualidad legislativa para las autonomías departamentales, municipales e indígenas: vía municipio y de tierras comunitarias de origen (TCO).
Es en 2010 que hicieron acuerdo con el Gobierno para aprobar el proyecto de Ley Marco de Autonomías, que introdujo varios procedimientos que inhabilitan la libre determinación indígena en la consolidación territorial y perfeccionamiento de autogobiernos indígenas. Es así que el Conamaq cuenta en la actualidad con experiencias de acceso a la autonomía vía conversión de municipio.
En el mismo año, parte de sus demandas se concentraban en la Ley de Deslinde Jurisdiccional, por la cual se aplicaría la justicia indígena originaria. De estos procesos derivaron concesiones producto de la democracia pactada (acuerdos) a las que asintió el Conamaq y encaminaron la ley con que se cuenta hoy.
En el transcurso de sus demandas desde 2006, cuando al Conamaq le interesó mucho cambiar las tendencias del extractivismo sobre proyectos concretos (Corocoro, San Cristóbal, la Joya, Inti Raymi, entre otros), por lo cual hizo seguimiento a su gestión ambiental, demandando participación, control social, beneficios y aplicación de la consulta previa, apuntalando al cumplimiento de las salvaguardas establecidas a nivel internacional. Estos procesos no merecieron atención y su incidencia no logró los resultados esperados.
En el ámbito nacional, parte de estas reivindicaciones estuvieron presentes en las marchas que se hicieron a propósito del conflicto del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), siendo más aguada la demanda por el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada y el respeto a sus territorios ancestrales, consolidados éstos como TCO y ocupados de forma tradicional, según establece la Constitución.
La organización acompañó con varios suyus, tanto la marcha de 2011 como la de 2012. Entre ambas definieron una movilización también hacia la ciudad de La Paz por el conflicto de Mallku Quta.
La crisis que atraviesa tampoco puede ser un fin en sí mismo, porque a partir de las demandas llevadas a cabo socialmente, algunos de sus líderes y/o autoridades y/o representantes empezaron a jugar un doble papel, entre lo que es la dirección de la organización y la gestión política, entre los roles políticos y organizativos, descuidando el fin colectivo de toda la organización y los suyus.
Tanto como inicio y como fin, esta crisis contiene complejidades que suman un conflicto estructural del Conamaq, merece el análisis de sus autoridades y pensadores sobre el rumbo a seguir: desde reencontrar sus demandas, hasta cómo lograr la reconstitución de sus territorios y restitución de sus autoridades originarias en un Estado Plurinacional; en cómo gestionar sus conflictos con autodeterminación bajo técnicas de mediación y no sólo por mandatos de lucha; pasando por renovar sus estructuras orgánicas en busca de la hegemonía y el acuerdo que los lleve a ser una institucionalidad orgánica para consolidar proyectos sociales que lideren sus demandas en beneficio del “Estado Plurinacional Comunitario”; establecer liderazgo colectivo con el que afirme su identidad política, para que en ningún caso sea o pase a ser electoralista, remontándonos a los principios de la cosmovisión de Conamaq —el thaqui, el ayni y la qamaña (solo tres elementales por citar) en la relación del hombre/mujer (chacha/warmi) con la tierra y su cosmos (ahí los cuatro sentidos de la Pacha: desde el subsuelo, suelto, aire y universo)— y, para establecer los equilibrios que en política pueden usarse: del sur al norte (como define la achacana: urinsaya-aransaya).
Finalmente, es necesaria una autoevaluación interna para de allí hacer una de lo externo, lo cual es hablar del cambio (Vivir Bien) que la misma organización, desde antes del proceso constituyente, apuntaló con teoremas y discursos. Es vital volver a convencer de su incorporación en el nuevo plan de desarrollo nacional.
Conamaq fue parte del proceso de cambio, fue aliado del Presidente, fue parte y fundador del Pacto de Unidad; pero aún no fue parte de sus crisis, a las cuales, lamentablemente, ni organizaciones no gubernamentales que hasta ahora trabajan con él y detentan proyectos a su nombre, han dado respuesta; como tampoco han respondido por la organización sus líderes e intelectuales.
Al parecer estas obligaciones las tendrán en algún momento las autoridades actuales, como el tata Freddy Bernabé y el tata Cancio Rojas, nuevos jiliri (líder) y arquiri (segundo) del Conamaq, en el marco de las aperturas institucionales que le corresponde también al Gobierno; no obstante, es momento en que los suyus se expresen, todos juntos, y sin obedecer a bloques y otros mandatos que no sean los que sus propios ancestros y cosmovisión les permitan.