Pronto concluirá el ciclo económico alto para Bolivia: los países del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) están llegando a acuerdos con el cuarto productor de hidrocarburos del mundo, Irán, ahora bajo bloqueo económico. De prosperar éstos, dicho país podrá producir más y los precios tenderán a bajar. Adicionalmente, dentro de unos años ya se habrá desarrollado la tecnología adecuada para aprovechar el abundante gas de esquisto descubierto en distintos lugares del planeta, lo que consolidará la tendencia de los precios de los hidrocarburos a la baja.
Tuvimos la suerte de que el ciclo económico alto nos acompañara cuando encaramos la superación definitiva de los dos grandes obstáculos fundamentales para nuestro desarrollo que sobrevivían desde que éramos colonia: el racismo y el regionalismo. Como en los tiempos de la Colonia, hasta hace poco tiempo los bolivianos nos seguíamos diferenciando mentalmente como blancos (minoritarios), cholos (o cambas) e indios (ampliamente mayoritarios en el país). Y sabíamos que los poderes político, ideológico y económico estaban reservados para los primeros, la informalidad para los segundos y la invisibilización de sus asombrosas culturas, “el voto campesino” y la pobreza, para los terceros. En cuanto al regionalismo, en el siglo XIX un diplomático chileno afirmaba: “aquí no hay bolivianos, sólo hay chuquisaqueños, cochabambinos, potosinos, paceños…” Separados por inmensas distancias, hasta hace poco tiempo nos pensábamos así: el otro departamento era otro mundo. Hasta que hoy hacemos hallazgos tales como “Santa Cruz es Bolivia”, entre otras razones porque sus habitantes y sus trabajadores provienen en su gran mayoría de otros lugares del país (27 de noviembre de 2013, en Todo a Pulmón).
Al fin se ha impuesto la evidencia de que todos somos iguales, constituyéndonos en una verdadera democracia y ello se ha plasmado en la primera Constitución endógena de Bolivia.
Se inicia así un proceso de revisión total de las instituciones que nos ha dejado el pasado —entendiendo “instituciones” como normas y mecanismos de cumplimiento— y es urgente aprovechar lo que aún queda de bonanza para sentar las bases de una institucionalidad incluyente que sustituya a la extractiva que aún nos domina.
Lo típico de una institucionalidad extractiva es el privilegio y el freno a la innovación, lo característico de una incluyente es situar a todos en igualdad de oportunidades para progresar sobre la base de su propio esfuerzo. Está demostrado que todos los países cuya gente hoy “vive bien” partieron de adoptar instituciones incluyentes. Pero en Bolivia ciertamente aún impera el extractivismo, no la igualdad: unos luchan por mantener antiguos privilegios y otros por lograr nuevos.
¿Cómo liberarnos del extractivismo y lograr una economía sustentable a fin de que todos podamos vivir bien sin depender de los recursos naturales? Para empezar, en la economía mundial se han dado al menos dos cambios sustantivos: a) lo decisivo para el desarrollo ya no es la industrialización sino la capacidad de innovar (las empresas más innovadoras y productivas han deslocalizado sus actividades industriales al Tercer Mundo), y b) los mayores avances en innovación y productividad se dan en ámbitos locales y solo posteriormente se irradian hacia el respectivo país y al mundo.
Entonces, las claves para lograr el desarrollo económico actualmente serían: a) las instituciones incluyentes, b) el conocimiento, y c) la descentralización hasta lo local. En lo primero y lo tercero hemos avanzado sustantivamente gracias a las innovaciones de la Constitución, pero están pendientes reglas del juego inclusivas en materia de derechos fundamentales y de funcionamiento de la economía, y una efectiva autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales. En cambio en lo que se refiere a conocimiento se requiere una transformación total del sistema educativo que aún no se vislumbra.
En lo referido a instituciones incluyentes es necesario que: a) el Estado en su conjunto garantice a cada boliviano un mínimo similar en seguridad, sanidad y educación, y b) existan reglas generales para el funcionamiento de las actividades económicas, que comprendan tanto a las unidades privadas (incluso las unipersonales) como a las públicas y a las cooperativas. Las normas heredadas del pasado obstaculizan en vez de favorecer el emprendimiento, e incentivan a la mayoría a tratar de mantenerse lo más posible en la informalidad.
En educación, la gran transformación debe darse ante todo en la pública, con un doble objetivo: lograr excelencia en todos sus niveles y reducir las extremas desigualdades sociales que nos ha dejado el ayer. Esta transformación debería consistir primordialmente en: a) ofrecer a quienes decidan ser profesores una formación universitaria de máxima calidad (culminando incluso en los mejores establecimientos del mundo), salarios y estabilidad acordes con la formación lograda, y todo lo necesario para mantenerse actualizados, y b) llevar la descentralización hasta el nivel de establecimiento, a fin de que cada proceso productivo de este servicio estratégico cuente con unidad de mando y de responsabilidad. Los deberes primordiales del Estado deben ser, en lo fundamental, garantizar a todos mínimos iguales de gasto equivalente por estudiante y definir programas oficiales mínimos, dejando el resto de las decisiones a la iniciativa de los profesores y los padres de familia de cada establecimiento.
En cuanto a las universidades públicas, parecen estar lejos del objetivo primordial de generar conocimiento y que lo que prevalece es el reparto de rentas entre quienes lograron ser admitidos en sus círculos de poder. Es indispensable una reforma. En cuanto a las privadas, su objetivo primordial debe ser generar conocimiento, no ganancias. Su funcionamiento debería estar condicionado a que no tengan fines de lucro.
En lo que se refiere a desarrollo local, las autonomías ya cuentan con las competencias necesarias pero aún falta a) que cuenten con financiamiento autónomo, y b) inducir la conformación de mancomunidades públicas en territorios con características similares. Sobre lo primero, el nivel central debe: i) transferir a las autonomías departamentales una base impositiva importante, y ii) garantizar a todas en general igualdad de oportunidades a través de transferencias de libre disponibilidad, tomando en cuenta carencias y diferencias locales en costos, sí, pero directamente proporcionales a cada esfuerzo fiscal (medido éste en relación con el correspondiente nivel de ingreso de sus habitantes).
En síntesis, lograr un desarrollo sustentable y liberarnos de “la maldición de los recursos naturales” depende de que ahora se sienten las bases para poder desplegar al máximo nuestras capacidades humanas. Lo estratégico sería un pacto fiscal por la seguridad y el desarrollo humano (incluido el desarrollo local), transformar la educación pública y reglas claras y estables para que el ahorro privado se multiplique en inversión innovadora.