Como si se tratara de una entrega adelantada de un periodiquito de Alasita, la fiscal Lizet Zarco informa que una pericia de patología determinó que la cadete Cinthia Poma falleció con asma y que aguarda dos informes para cerrar el caso. ¿Y dónde quedan las responsabilidades? ¿Y las funciones del Ministerio Público?
El parágrafo 1 del Artículo 225 de la Constitución señala que “el Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública”. El artículo 2 de la ley orgánica de esa institución define en su naturaleza jurídica: “El Ministerio Público es una institución constitucional, que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales”. Esas instrucciones no son de Alasita y deben ser cumplidas por los fiscales.
Se ha vuelto parte de la agenda noticiosa que la FELCC recoja cuerpos sin vida en los institutos de formación militar y policial o que conscriptos y cadetes pierdan la vida. En el caso de la cadete Poma, ¿no hay gabinetes médicos y los exámenes médicos no son requisitos para la inscripción? ¿No es la Anapol la responsable de los cadetes que ahí se deberían formar, más aún cuando el régimen de estudios es cerrado?
Según la fiscal, la enfermedad de la occisa justifica su muerte, sin embargo, el primo de la cadete Poma, Remberto Gutiérrez, manifestó el 19 de noviembre, tras la autopsia, sus sospechas de que Cinthia fue torturada porque en ese acto legal observó que “el médico verificó que existían moretones en la parte superior del glúteo derecho y que dentro de la garganta se verificó la existencia de sangre coagulada, al igual que en su abdomen”. Basta acudir a internet para enterarse de que el asma es una enfermedad crónica del sistema respiratorio por lo que los efectos sobre el resto del cuerpo son virtualmente inexistentes.
Más que aclarar, la fiscal parece ocultar. O se trata de casos extremos de asma que provocan lesiones físicas hasta la muerte. Es como si a un enfermo de cáncer lo atropelle un conductor irresponsable y se concluya que la muerte se debe al cáncer y no a las lesiones que ocasionaron el accidente. De lo que se trata es de saber quién conducía el vehículo.