lunes 1 mar 2021 | Actualizado a 03:30

Obama, en busca de la credibilidad perdida

Las palabras de Obama reflejan su comprensible frustración con el comportamiento de la oposición en el Congreso, que ha entorpecido durante estos últimos cinco años muchas de las principales iniciativas de la Casa Blanca.

/ 2 de febrero de 2014 / 04:03

En un momento crítico de su gestión, cuando se juega su relevancia como presidente y su influencia dentro de su partido, Barack Obama ha presentado en el discurso sobre el estado de la Unión nuevas ideas y nuevos métodos con los que tratar de recuperar la credibilidad perdida. Respaldó sus palabras con una gira en la que insistió en que está dispuesto a actuar por decreto para restablecer la igualdad de oportunidades y una mayor justicia distributiva.

Su intervención el martes por la noche ante el pleno de ambas cámaras del Congreso y la representación de todos los poderes de la nación —la tradicional demostración anual de unidad y vigor del sistema político de Estados Unidos— fue convincente y brillante, tal vez el mejor de los cinco discursos sobre el estado de la Unión que ha pronunciado hasta ahora Obama. Pero la firmeza de sus promesas no se corresponde con su capacidad actual para hacerlas cumplir, y el Presidente corre un gran riesgo de que sus palabras, de nuevo, se las lleve el viento.

“Estoy dispuesto a trabajar con todos ustedes”, dijo Obama a los congresistas, “pero Estados Unidos no puede quedarse parado ni yo me quedaré. Así es que, cuando sea y como sea, yo voy a dar los pasos sin legislación para extender las oportunidades a más familias norteamericanas; eso es lo que voy a hacer”.

Uno de los pasos que va a dar sin legislación es el de aumentar el salario mínimo a los empleados del Gobierno federal. Poco más se sabe de lo que va a hacer —algunas sugerencias vagas sobre la protección del medio ambiente o la reforma educativa— y poco más puede hacer.

Las palabras de Obama reflejan su comprensible frustración con el comportamiento de la oposición en el Congreso, que ha entorpecido durante estos últimos cinco años muchas de las principales iniciativas de la Casa Blanca, desde el cierre de Guantánamo hasta la reforma migratoria, y trata de satisfacer la ansiedad de sus seguidores, que constantemente le piden más arrojo.

Sin embargo, fuera de esa descarga emocional, en realidad es poco lo que puede esperarse que Obama haga sin el respaldo del Congreso, especialmente en lo que atañe a la política nacional, donde sus manos están constitucionalmente muy atadas. Esa misma decisión de aumentar el salario mínimo, tendrá que limitarse a los funcionarios federales porque para extenderla a todos los trabajadores es preciso una ley a la que se niegan los republicanos.

Los republicanos se niegan también a aprobar en la Cámara de Representantes la legalización de inmigrantes indocumentados que ya fue aprobada en el Senado, y han paralizado otras propuestas de la Casa Blanca para el desarrollo de energías alternativas o algunos incrementos de impuestos a los ricos en busca de un mayor equilibrio fiscal.

Ese obstruccionismo, que no ha llegado a impedir la reforma sanitaria aunque sí ha deslucido su entrada en vigor, ha oscurecido en términos generales la gestión de Obama y amenaza ahora con hacer irrelevantes los tres años que aún le quedan por delante. Pocas concesiones puede esperar Obama en este tiempo —a menos que los republicanos sufran una derrota estrepitosa, pero improbable, en las elecciones legislativas del próximo noviembre— y pocos movimientos políticos pueden esperarse.

No puede descartarse que la oposición acabe pagando un precio en las urnas por su actitud del martes. Pero lo que es seguro es que Obama está sufriendo ya un fuerte quebranto de su credibilidad por esta situación. Si las cosas no avanzan, el último responsable a los ojos de los ciudadanos es el Presidente, que ha sido incapaz de encontrar los mecanismos para hacerlas avanzar.

El respaldo a Obama apenas se mantiene ya sobre el 40%, con menos del 30% de la población optimista sobre el rumbo del país. Aunque no puede decirse aún que su nombre empiece a ser tóxico, es llamativa la falta de interés de muchos candidatos demócratas de contar con la presencia del Presidente en sus campañas electorales.

Éste que el Presidente llamó en su discurso del martes “un año de acción”, puede ser también su última oportunidad de robustecer su legado. Quedan pocos meses para que Obama consiga sacar adelante proyectos relevantes. Después de las elecciones legislativas, ambos partidos se concentrarán en extraer las lecciones adecuadas de cara a las presidenciales de 2016. Dentro de la precipitación diabólica con que se viven los ciclos políticos en la actualidad, Obama podría convertirse en lame duck a final de este año, dos antes de acabar su presidencia. En los medios de comunicación ya vende más la imagen de Hillary Clinton.

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La incomodidad de las encuestas

Las encuestas, en últimas, son solo una herramienta de conocimiento; el problema está en a quién favorece

Por Iván Bustillos

/ 24 de febrero de 2021 / 12:45

Puede que la situación cambie en las dos semanas que restan hasta el 7 de marzo, día de los comicios subnacionales, pero hasta el cierre de la presente entrega, apenas una solitaria encuestadora, Ciesmori, había difundido dos rondas de intención de voto en vista a las próximas elecciones. Solo una, cuando en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), están registradas 24 “entidades habilitadas para la elaboración de estudios de opinión en materia electoral”, 13 inscritas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y 11 en los tribunales electorales departamentales de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, Tarija y Santa Cruz. 

A esta peculiar ausencia de encuestas preelectorales, en la semana que termina se le sumó una infrecuente andanada de cuestionamientos por parte especialmente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Empezó el expresidente Evo Morales que, en una entrevista con Radio Kawsachun Coca el domingo 14, reiteró su incredulidad sobre las encuestas; dio a entender que, por lo general, en el pasado siempre hubo un menosprecio por el MAS.

El comentario de Morales ocurrió luego de que hace dos semanas se conociera la segunda encuesta de intención de voto de Ciesmori para la red televisiva Unitel. En el estudio, que da cuenta de la preferencia electoral en los tres departamentos del eje (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), en ninguna de las capitales de departamento más El Alto el MAS logra la victoria.

En lo relativo a las gobernaciones, en cambio, de los tres departamentos, en dos, en La Paz y Cochabamba, los candidatos del MAS (Franklin Flores y Humberto Sánchez, respectivamente) logran la primera mayoría, aunque insuficiente para conseguir la victoria en primera vuelta.

Evo directamente acusó a las encuestadoras de “instalar en 2020 la idea de una inevitable segunda vuelta” entre Luis Arce y Carlos Mesa, estableciendo unas estrecha victoria del primero sobre el segundo; lo cual último es cierto: dos semanas antes del día de la elección (18 de octubre de 2020), la distancia que Ciesmori preveía entre Arce y Mesa era de 7,9 puntos porcentuales; la otra encuestadora, el consorcio Tu Voto Cuenta, establecía dicha cifra en 6,8%.  

AUDITORÍAS

En la línea de Morales, el miércoles 17 el concejal masista del municipio de La Paz Mario Condori presentó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la solicitud de una doble “auditoría” a Ciesmori: una “especial” a encuestas realizadas en 2020 antes de las elecciones generales del 18 de octubre; y, otra, a las dos encuestas efectuadas por la empresa recientemente en el departamento de La Paz, sobre la intención de voto para alcaldes y gobernadores. El concejal peticionante exigía, además, “toda la documentación” de las encuestas de Ciesmori, desde los recursos materiales que utilizó para las consultas hasta el personal con que trabajó.

A propósito de Ciesmori, pero esta vez ya como objetivo todas las encuestadoras, luego vino, el jueves 18, el anuncio del diputado del MAS, Renán Cabezas, que reveló que está trabajando en un proyecto de ley que busca regular la labor de las encuestadoras, para que no generen “desinformación”. “Hay encuestadoras que lo que hacen es desinformar a la población, jugar con los sentimientos, con las pasiones del electorado, principalmente con el elector indeciso. Aquello no puede seguir pasando”, aseveró el diputado alteño. 

Ya apuntando hacia el Órgano Electoral, el viernes 19, el diputado cochabambino, también masista, Héctor Arce Rodríguez directamente responsabilizó al ente electoral de no estar ejerciendo suficiente control sobre las encuestas “que ha mandado a realizar el Tribunal Supremo Electoral”. El mayor argumento para la sospecha de un mal proceder por parte de la encuestadora no es otro que la diferencia que hubo en las elecciones nacionales de octubre de 2020 entre lo que predijo, por ejemplo, Ciesmori sobre el porcentaje de la votación que alcanzaría Luis Arce y el resultado que finalmente se dio: antes de “las elecciones de 2020 Ciesmori le da a Luis Arce 30,6%, cuando como MAS obtuvimos 55,10%”, una diferencia de más de 25 puntos porcentuales. Una vez que antes de publicarse la encuesta es conocida por el TSE, para el diputado Arce el ente electoral no estaría cumpliendo con su deber de “evaluar” el resultado de las consultas, que por esto autorizaría sin más su difusión.

Ante los cuestionamientos al resultado de las encuestas y una supuesta falta de control por parte del órgano electoral, hace una semana salió al paso el presidente del TSE, Salvador Romero, quien dijo a los medios que tanto la metodología de las encuestadoras como el resultado de las consultas son supervisados por el ente electoral.

“Todas las encuestas que se difunden en medios de comunicación han pasado por un proceso de revisión de su metodología de trabajo y han tenido un proceso de aprobación técnica a cargo del Órgano Electoral, esta es una labor que se realiza para todas las encuestas que se difunden”, puntualizó el vocal Romero.

REGLAMENTO

En efecto, desde diciembre de 2020 está vigente el “Reglamento de elaboración y difusión de estudios de opinión en materia electoral en procesos electorales”. Allí se establece, entre otras cosas, que hay tres tipos de “estudios de opinión”: las encuestas preelectorales, el recojo de datos  en boca de urna (que consiste en preguntarle al elector por quién votó), y el conteo rápido (la recolección de los conteos de voto, por lo general, la fotografía del acta electoral). En el reglamento también se establece la obligación que tiene la encuestadora de presentar al órgano electoral el diseño de la consulta, su metodología de trabajo. También es norma que el órgano electoral conoce el resultado de la consulta al menos dos días antes de su publicación, y que revisa y evalúa su consistencia.

Cuando algunos legisladores cuestionaban a Ciesmori, por ejemplo, de que su última encuesta (del 11 de febrero) tenía el margen de error de 6,78% en la encuesta departamental, el Reglamento establece (artículo 14, Diseño muestral) que el “nivel de confianza y error máximo aceptable” a nivel de departamento es de 10%; cuando la encuesta es de ámbito nacional, ese máximo de error es de 3%.

Aparte de la encuesta preelectoral presencial, el Reglamento también admite las encuestas telefónicas y las “por internet de telefonía móvil”, existiendo todo un catálogo de sus mínimos técnicos.  

Ahora, si hay algo que cuestionan los legisladores masistas de las recientes encuestas son las grandes diferencias que establecen, evidentemente, perfilando dos o tres “ganadores” y un resto de “ninguna posibilidad”.

“Estas  encuestas están induciendo al voto, están generando duda en la población, y hoy vemos, estas últimas encuestas, en las que a algunos candidatos se les da victorias abrumadoras sobre otros; ejemplo, el caso de Cochabamba, creo que le da más del 60% a Manfred Reyes Villa (candidato a la Alcaldía)”, cuestiona, por ejemplo, el diputado Arce Rodríguez la última consulta de Ciesmori.

En realidad, se trata de 52,8% para Reyes Villa,  contra 12,8% del candidato del MAS, Nelson Cox: 40 puntos porcentuales de distancia. Las mismas grandes diferencias hay entre el 76,1% de Eva Copa contra el 6,6% de Zacarías Maquera del MAS, que pugnan por la Alcaldía de El Alto; o la distancia entre Iván Arias, de Somos Pueblo, que tras la renuncia de Waldo Albarracín, literalmente trepó a 42,4% contra el “favorito” César Dockweiler, del MAS, que se quedó con 23,7% de la preferencia de voto.

No es muy diferente (las considerables distancias) entre los candidatos a gobernadores, por lo menos de los departamentos del eje, siendo la más notoria la de Santa Cruz, de Luis Fernando Camacho, de Creemos, con 42,2%, contra Mario Cronenbold que llega a 28%; o la enorme distancia que hay en el caso de Cochabamba, donde el candidato del MAS, Humberto Sánchez, tiene 39,7% contra nada menos que 5,8% de Súmate (Manfred Reyes Villa). Solo en La Paz, hay una intención de voto más homogénea: hay más o menos tres candidaturas con posibilidades, Franklin Mamani, del MAS, con 21,3%; Santos Quispe (Jallalla), con 18,4%; y Rafael Quispe (Somos Pueblo) que tiene 14,9%.

Sumándose a otros candidatos, el aspirante a asambleísta departamental de La Paz por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Édgar Ramos Andrade, apunta a que lo que preocupa de estas encuestas en particular es el “acelerado descarte” de candidatos, predisponiendo el voto.

En el programa de La Razón y Extra, Piedra, papel y tinta por internet del miércoles 17, tres expertos coincidieron en que se debe tener cautela y cuidado con las encuestas difundidas de cara a las elecciones subnacionales del 7 de marzo, porque los resultados pueden variar por distintas circunstancias, según afirmaron.

Según resumió este impreso, el economista Armando Ortuño, advirtió que si bien cree en las encuestas, porque permiten dar una idea a cerca del “juego político” que existe por detrás, en ciertas condiciones se debe ser “muy prudente” y leer con cuidado los resultados debido a las condiciones en que fueron hechas y a los márgenes de error que se manejan.

“Los márgenes de error son incluso más grandes que los márgenes de error de las encuestas de las elecciones presidenciales (de octubre de 2020), en promedio hablamos de márgenes de error entre 5% y 6%… y esto quiere decir que si un candidato tiene 20% su valor real está entre 14% y 15%, ¿se imaginan esos márgenes de error?”, cuestionó Ortuño en el programa dirigido por la directora de La Razón, Claudia Benavente. 

Verónica Rocha, analista, por su parte, sostuvo que la relación entre encuestas, campañas, resultados y opinión pública plantean “varios escenarios mediáticos” por lo que resulta complicado tratar de hacer “adivinanza” sobre resultados, y ver si inciden o no en la ciudadanía porque se habla de “muchísimos electorados distintos que están participando”.

“Las encuestas otorgan algunos datos que a reserva de que uno diga no lo creo o lo creo, sí generan sensaciones distintas, sean éstas de miedo, de preocupación, de finalmente tomar una decisión; y hay unas bolsas grandes como pasó en (las elecciones) de 2020 de gente que decía que votará nulo o no sabía por quién votar, son bolsas grandes, es decir, hay muchos resultados que pueden cambiar”, advirtió la comunicadora.

ESTUDIO

Y, finalmente, un tanto en defensa de las encuestas, vertimos algunos criterios emitidos por Hugo Gálvez, gerente de Investigación y Estudios de Opinión de Ciesmori, a través del sitio web de la empresa.

El reclamo, por ejemplo, de que las encuestas no debieran ser parte del discurso de campaña de los contendientes, pues solo son una herramienta que, bien utilizada, debería ayudar a realizar ajustes entre lo que la población espera y lo que los candidatos ofrecen. Textual, dice Gálvez: “Las encuestas electorales no son y no deberían ser presentadas a la población como si fuera una “carrera de caballos” donde lo único que se aprecia es quién gana y por cuánta distancia. En cambio, debería ser utilizada en todo su potencial, como lo hacen los estrategas de campaña entendidos en la materia; quienes consideran que el objetivo de éstas es el conocer qué necesita, qué espera la población votante de sus futuros gobernantes”.

Y, algo central que plantea el experto en estudios de opinión: las encuestas no predicen, pero sí influyen. Si bien existen algoritmos estadísticos que tienen la finalidad de predecir los resultados electorales —destaca la publicación por web de Ciesmori— “estos requieren de gran cantidad de información y datos históricos (varias encuestas consecutivas); lo que demanda una fuerte inversión de recursos económicos. Pero con todo, sí es posible construir probables escenarios finales, considerando determinados supuestos respecto a la cantidad de datos con los que no se cuenta en lo que refiere a preferencia electoral”. 

En palabras del experto de Ciesmori Gálvez: “A partir de una encuesta no es posible predecir los resultados de una elección.  Las encuestas preelectorales son estudios de tipo transeccional, vale decir que se obtiene información en un determinado intervalo de tiempo y, normalmente varios días antes de las elecciones, donde hay todavía un considerable número de personas que no tienen definido su voto y otro tanto que no se niega a responder (voto secreto)”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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LOS REBELDES VERDE OLIVO

Memoria de la movilización policial de febrero de 2003, que frenó el denominado ‘impuestazo’

/ 24 de febrero de 2021 / 12:42

Hoy, varios movimientos sociales los denominan, despectivamente, “motines” (golpistas). Sin embargo, hace 18 años, esos mismos actores los veían como “héroes”. ¿Qué pasó? Sucede que en febrero del 2003 los policías de base se amotinaron y frenaron un “impuestazo” ordenado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con ese acto hirieron de muerte al neoliberalismo, pero…

A principios de este siglo, la élite gubernamental, militar y empresarial de Estados Unidos consideraba a América Latina su “patio trasero”. Según el sociólogo estadounidense James Petras, el FMI y el Banco Mundial eran los que “digitaban” las políticas económicas en toda la región. Y Bolivia no estuvo al margen de este proceso.

En ese contexto, el régimen liberal de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y Carlos Mesa —en alianza con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz Zamora, entre agosto de 2002 y octubre de 2003— estaba sometido a esos designios. Por eso, en febrero operó una medida de shock contra la economía popular, que siete meses después le cobró factura.

Mordaza

Antes de dictar el impuestazo, el gobierno, a través de la Unidad de Comunicación (Unicom), ejecutó una estrategia de “control de medios”. No obstante, Mesa, en El Diario, el 4 de febrero, negó que haya alguna “presión”.

Al cabo de tres días, en LARAZÓN, el jefe de informaciones de La Prensa, Andrés Gómez, reveló que el gobierno buscaba “controlar el manejo informativo”. Sus colegas corroboraron que se buscaba “evitar notas relacionadas con el ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín (… )”. Gómez, luego, renunció.

Tras ese hecho, Juan Carlos Marañón, jefe de noticias de la red Unitel, denunció que ese mismo ministro se negó a ser entrevistado si él no era despedido, lo que ocurrió 48 horas después. Los propietarios del canal variaban de criterio “tras conversaciones que sostenían con Sánchez Berzaín” y exigían “equilibrio”, explicó.

Las radios Fides, Pachamama, Erbol y Huayna Tambo, en esa coyuntura, también fueron amenazadas. 

Impuestazo

Al día siguiente, el gobierno operó medidas económicas. El Diario, mediante un titular en primera plana, advirtió que el “Impuesto al salario podría generar convulsión social”. LA RAZÓN informó que esa política, impuesta por “el FMI”, buscaba “reducir el déficit fiscal”. La Corporación Andina de Fomento (CAF) respaldó esa medida.

El lunes 10, LA RAZÓN ,en “Goni dicta el impuesto más duro en la peor crisis”, detalló que obreros y clases medias debían entregar parte de sus ingresos al Estado en la siguiente proporción expresada en Bolivianos: De 881 a 1.320, 55; de 1.321 a 1.760, 110; de 1.761 a 2.000, 140; de 2.001 a 3.000, 265; de 3.001 a 4.000, 390; de 4.001 a 5.000, 515; de 5.001 a 6.000, 640; de 6.001 a 8.000, 890; de 8.001 a 10.000, 1.140; de 10.001 a 20.000, 2.390; y, de 20.001 a 29.000, 3.628.

La Central Obrera Boliviana (COB), posteriormente, anunció movilizaciones.

Motín

El 11 de febrero de 2003, los policías de base se amotinaron contra sus altos mandos y el poder. Varios oficiales se vieron obligados a respaldarlos. En cuestión de horas, la rebeldía verde olivo se irradió a escala nacional. En El Diario el presidente de la Asociación de Suboficiales, Clases y Policías (Asclapol), Daniel Cahuana, aclaró que la medida de presión fue iniciada porque las autoridades no cumplieron con sus demandas: “Somos los menos pagados y no podemos permitir que suboficiales con 30 años de servicio que ganan 1.500 Bolivianos se vean afectados”. 10.000 de sus camaradas serían “víctimas” del impuestazo.

El ministro de Gobierno, Alberto Gasser, por su parte, se negó a dialogar con los acuartelados. El comandante de la Policía Nacional, Édgar Pardo, fracasó en su intento de parar el motín.

En esa jornada, “los periodistas fueron repelidos con gases lacrimógenos para evitar que tomen imágenes o declaraciones de las guarniciones y los amotinados”, narró El Diario. Alentados por la revuelta, los sindicatos se pusieron en pie de combate y quemaron varias sedes gubernamentales.

Muertos

El 12, la sede de gobierno se tiñó de sangre. De acuerdo a El Diario, mientras los amotinados marchaban acompañados de sus familiares, los estudiantes del Colegio Ayacucho —encabezados por el dirigente estudiantil Iver Medina— irrumpieron en la Plaza Murillo y “a pedradas” rompieron los cristales de Palacio.

Minutos después, se escucharon disparos y comenzó el intercambio de gases entre los militares y policías atrincherados en el Grupo Especial de Seguridad (GES).

“Pronto, el intercambio de fuego fue fatal para ambos bandos. Militares y policías vieron como caían sin vida sus compañeros, lo que los enfurecía más, al extremo que no dejaban en paz a sus dedos índices. Las bocanadas de fuego salían con una continuidad inusitada y casi todos disparaban a matar a todo aquel que se movía”.

Francotirador

Un periodista, en El Diario, hizo un particular relato: “Al comenzar mi jornada, jamás me imaginé que me iba a encontrar cara a cara con la muerte. A las 15:00 horas, vi cómo la sangre bañaba la caseta de un guardia de turno. Un amotinado (…), que estaba a tres metros del GES, murió instantáneamente. La bala fue directo a su cabeza, lo que hizo que le explotara el cerebro y los vidrios de la cabina se bañaron en sangre. Se presume que fue un francotirador el que le disparó”.

“No nos pueden matar como si fuéramos perros, somos personas igual que ellos, sólo reclamamos nuestros derechos, no somos sus enemigos, ellos son nuestros hijos (los conscriptos), por qué los enfrentan con nosotros (…)”, gritaba desde el fondo de su delgada figura una oficial de la Policía. Acto seguido, exigieron que “Goni renuncie a su cargo”.

El fatal desenlace de la rebelión social fue de 33 muertos a bala y más de 200 heridos.

Impunidad

Las causas del motín, según el mayor David Vargas, líder del levantamiento, fueron estructurales. “Los periodistas tienen que entender que los policías de base ganan, en promedio, 1 boliviano con 10 centavos (menos de 15 centavos de dólar) por hora. Imagínense la calidad de vida que tienen nuestros efectivos. Este es el detonante central que hizo estallar el levantamiento”.

La masacre de uniformados quedó en la impunidad. No existe un solo procesado ni detenido.

Vargas y otros policías rebeldes, hasta hoy, no fueron reincorporados a su institución.

(*) Miguel Pinto P. es periodista

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LA PREVISIBLE SALIDA DEL VOTO EL 7M

El autor propone la continuidad del voto de octubre de 2020 en las subnacionales del 7 de marzo

/ 24 de febrero de 2021 / 12:38

René Zavaleta Mercado en su ensayo Las Masas en Noviembreanotaba que: “La Crisis Social General, muestra de modo inobjetable el grado de consciencia nacional alcanzado por el pueblo”, en este sentido, cabe decir que contra la predicción política de propios y extraños (del MAS y de los anti MAS), está claro que las clases subalternas en su conjunto (campesinos, obreros, cooperativistas, artesanos, gremiales del comercio y del transporte, y profesionales comprometidos) estaban y están por delante de los partidos políticos, que siguen confundiendo los deseos con la realidad. Digamos que el 18 de octubre de 2020 exige una nueva agenda política de autocrítica, de apertura a nuevos liderazgos, y de una gestión de abajo hacia arriba, desde lo político, desde lo económico, crear un empleo permanente y digno y profundizar la justa distribución de los ingresos. Todo esto unificado transversalmente con un real Seguro Único de Salud, que se plasma efectivamente cumpliendo la secuencia: alerta que permite el diagnostico, pruebas para la atención temprana, y vacuna para el control del COVID – 19 a mediano y largo plazo.

Resulta que para la elección general de octubre del 2020, el bloque de poder subalterno actuó como único para reestablecer el Proceso de Cambio, dejando pendientes contradicciones internas para las elecciones subnacionales, contradicciones que se irán resolviendo y atendiendo en la nueva agenda mencionada anteriormente. Por esta razón, más que en anteriores oportunidades, las elecciones gubernamentales y municipales serán muy distintas a la elección nacional. El ordenamiento político seguirá basado en torno a la dicotomía MAS-anti MAS, pero el MAS enfrentará contradicciones internas, no tanto del modelo económico y social a establecer, sino de su representación política en las gobernaciones y municipios. La oposición, en cambio, confiará, otra vez, en el crecimiento de las candidaturas mejor posicionadas en las encuestas previas, con la incertidumbre, claro está, de lo que pueda pasar con el 20% de indecisos.

La batalla nacional popular ganada en octubre de 2020 es absoluta, y este hecho ha obligado al abanico político contrario al Proceso de Cambio (que incluye a la clase media profesional liberal, partidos y asociaciones ciudadanas de centro derecha y derecha, los extremos de los grupos paramilitares y ultra izquierdistas y, la oligarquía de terratenientes agroindustriales, banqueros y grandes importadores-exportadores) recurrir a un expediente auto justificatorio e insólito: primero, quieren encontrar en el discurso de David Choquehuanca una fisura del MAS; segundo, en Eva Copa una ruptura del bloque de poder subalterno; y, tercero, hipócritamente se afanan en reconocer la consecuencia política de difuntos izquierdistas: Orlando Gutiérrez (28 de octubre 2020), Osvaldo Peredo (12 de enero del 2021), Felipe Quipe (21 de enero del 2021), Édgar Ramírez, solo para destacar las contradicciones que estos personajes tuvieron con la dirigencia del MAS.

La población boliviana sigue concentrada en un 70% en el eje troncal de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, hecho que no disminuye la importancia política y económica de los restantes 6 departamentos, la mayoría de las nacionalidades indígenas se hallan en la Amazonía y las pampas de Moxos de Beni y Pando, y en el Chaco de Tarija y Chuquisaca, los hidrocarburos en el Chaco Tarijeño y los minerales y el litio en Potosí y Oruro, por lo demás, son departamentos en los que la mayoría de sus municipios son dominantemente rurales, con esta precisión podemos referirnos a la correlación de fuerzas políticas del eje troncal en el momento actual:

Las encuestas y la percepción ciudadana indican que en la ciudad de La Paz, sin mayores contratiempos, se impondrá el candidato del MAS; en cambio, en el municipio de El Alto sin duda ganará la candidata de Jallalla, como producto de un error político del MAS, sin embargo, este fenómeno no se replicará a nivel de la Gobernación, donde el candidato del MAS tiene mayores posibilidades. Cabe en este punto hacer notar, que a despecho del antimasismo, la candidata de Jallalla de El Alto estará más cerca del Gobierno central que de ese abanico político contrario al Proceso de Cambio.

En el caso de Cochabamba, el candidato del MAS a la Gobernación tiene la mayor aceptación ciudadana, en cambio, a nivel del municipio del Cercado, el antimasismo recurre en acto desesperado a un candidato del tiempo de la democracia pactada, antes NFR y ahora Súmate, que ciertamente tiene posibilidades de salir victorioso; aquí, sin embargo, no se tiene en cuenta el peso determinante de los indecisos, del voto vertical y corporativo.

En el departamento de Santa Cruz, hoy por hoy estamos frente a la más importante disputa de poder ideológico-político. La vieja oligarquía, terrateniente, agroindustrial, financiera y de servicios no tiene representante propio ni para la Gobernación, ni para el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Obligados por las circunstancias, apuestan por el principal actor del golpe de Estado de noviembre del 2019, antes presidente del Comité Cívico y ahora de Creemos para la Gobernación y, para la Alcaldía de la capital cruceña, al presidente de UCS, aliado segundón de esa vieja oligarquía. Al frente y por primera vez un binomio unificador va de candidato del MAS a la Gobernación, y una militante, expresidenta del senado al municipio cruceño. Candidatos que solo pueden crecer por el voto oculto de los indecisos, la práctica del voto vertical y corporativo que se resuelve el día de la elección.

Como conclusión a medio tiempo, se puede señalar que el MAS a nivel nacional está mejor posicionado que en la anterior elección subnacional (de hace 6 años), que por primera vez en Santa Cruz se organiza un frente patriótico alternativo al monopolio oligárquico regional y que, mediando un plan realista oportuno y universal de lucha contra el COVID – 19, se establecerá en la practica el Seguro Único de Salud.

(*) Danilo Paz B. es sociólogo, investigador asociado del CESU-UMSS

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LA CRISIS DE 2019 II

Crónica del cambio de liderazgos en las movilizaciones de noviembre de 2019 desde el punto de vista del MAS

/ 24 de febrero de 2021 / 12:25

Desde el 22 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2109, los actores directos sin intermediarios fueron los cívicos, la consigna era “anulación de elecciones” y “renuncia del Presidente y del Vicepresidente”. Los candidatos y políticos de las derechas políticas se alinearon a la ultra derecha cívica, perdieron iniciativa y su subsistencia dependía de su relación de subordinación-dependencia.

Luis Fernando Camacho asumió de hecho el liderazgo del golpe, empezó una articulación múltiple con las iglesias católicas y evangélicas, desplazamiento y control territorial urbano nacional, coordinación y subordinación a su mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, desde el 23 de octubre hasta las 17 horas del 10 de noviembre, todos los dirigentes cívicos, incluido el Conade estaban bajo el mando cívico cruceño.

El domingo 10 de noviembre, a las 07:30 de la mañana Evo anunciaba la anulación de las elecciones, convocatoria a nuevos comicios y elección de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) presionado-chantajeado por el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA); ese era el último y mejor momento para Mesa, pero él decidió rechazar, lo que demuestra su condición de político de imagen mediática y no así con liderazgo político.

Camacho al asalto y toma del Estado. Camacho, al estilo de la derecha venezolana en el golpe contra Hugo Chávez en 2002, plantea “renuncia del Presidente y Vicepresidente, cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional, renuncia de todos los miembros del Órgano Judicial y del Tribunal Electoral Plurinacional”, es decir, plantea el asalto y control total del Estado con la conformación de un gobierno de “notables”. En Venezuela, militares y empresarios con similar dinámica detuvieron, secuestraron, a Chávez, cerraron el parlamento, cesaron a autoridades judiciales y nombraron presidente de Venezuela a las 3 de la madrugada a Pedro Carmona, que era presidente de la federación de empresarios venezolanos.

Camacho tenía la subordinación y control de militares y policías, subordinación de los políticos de las derechas, por tanto, el mango de la sartén del golpe para definir o designar a los “notables” para tener el control total del Estado sin ningún tipo de institucionalidad. Esta ilusión le duró desde las 10 de la mañana del 10 de noviembre hasta las 17:30. Se trasladó con seguridad policial desde su hotel en la zona Sur de La Paz hacia el edificio de la UTOP en plaza Murillo, de ahí hacia el Palacio Quemado. Tres personajes: Camacho, Marco Antonio Pumari y Eduardo León, con una Biblia y la tricolor boliviana como demostración del poder de la república colonial, del dominio de la religión sobre los paganos del pueblo plurinacional.

Ese es el tiempo mínimo de gloria de Camacho y Pumari, se sentían realizados, libertarios políticos y religiosos mientras oraban de rodillas en el hall de Palacio; los políticos de las derechas, sin capacidad de organizar una sola reunión de café, deciden volver a sus pasos del poder colonial republicano, recurren a la Iglesia Católica. Esta institución, a través de la principal autoridad de la Conferencia Episcopal Boliviana, monseñor Ricardo Centellas, que también denuncio fraude, exigió la renuncia del presidente y nuevas elecciones desde el exterior el 23 de octubre, sin tener o presentar un mínimo de prueba, lo que valía era su voz,  la voz santa, la voz del Señor, la voz de los creyentes; toma bajo su responsabilidad el resultado del golpe, es decir, la organización del gobierno del golpe.

La Iglesia convoca en el edificio de la Universidad Católica Boliviana en La Paz a Camacho, asiste Jerjes Justiniano en su representación, que luego será nombrado ministro de la Presidencia del gobierno de facto; a Carlos Mesa, asiste Ricardo Paz, jefe de campaña de Comunidad Ciudadana; a Waldo Albarracín en representación de la Conade; a la Unión Europea, a la representación de la Embajada de Brasil; también son partícipes de la reunión Jorge Tuto Quiroga, Luis Vázques Villamor, Samuel Doria Medina, Roberto Moscoso. Es el momento que Camacho pierde el control del golpe, se vuelve en uno más para las cuotas de poder estatal y burocrático.

Este es el grupo que de facto, bajo la tutela de la Iglesia Católica, le arrebata la organización del gobierno y control del Estado a Camacho. Organizan el gobierno, para ello, como lo reconoció Albarracín en un entrevista (Radio Deseo con María Galindo), se buscó una solución lo “más constitucional posible”; se acuerda que la segunda vicepresidenta del Senado, una senadora sin ninguna relevancia política ni regional, militante de Demócratas solo con la casualidad de ocupar un cargo en la directiva por cuotas que corresponden a las minorías, sea la presidenta.

Esta decisión es determinante porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se subordinan de manera inmediata a la senadora que estaba en Trinidad, es decir, los políticos de las derechas empezaron a operar quirúrgicamente para que no exista escisión en militares y policías en esta definición sobre el poder político de facto.

48 horas de gobierno de militares y policías. La Policía deja el amotinamiento y se desplaza territorialmente al igual que los militares en todo el país, vivimos 48 horas de gobierno militar-policial. Represión con balas a las movilizaciones, muertes en Ovejuyo, Rosales, Chasquipampa, El Pedregal, el control policial en plaza Murillo para impedir el ingreso de los senadores del MAS a la Cámara de Senadores e instalar la sesión y de esa manera garantizar que la senadora Jeanine Áñez se autonombre presidenta del Senado, luego en sesión (que nunca se instaló) sin quórum de la Asamblea Legislativa Plurinacional se autoproclame presidenta.

El control armado del territorio nacional y de la infraestructura de la Asamblea, la protección militar a Jeanine desde Trinidad hasta La Paz, posibilita que se consolide el golpe suave con la auto-elección-proclamación, era el procedimiento como excusa para mostrar que hubo sucesión constitucional.

Mesa y Camacho perdieron sus oportunidades en los momentos decisivos, les arrebataron las derechas políticas con la bendición, auspicio y organización de la Iglesia Católica.

(*) Segunda y última parte de la crónica de la crisis de octubre-noviembre de 2019 enviada por el exministro.

(**) CÉSAR NAVARRO M. exdiputado del MAS, exministro de Minería

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Elección en marzo, también para consolidar la paz

Las elecciones subnacionales tienen el significado especial de cerrar todo un periodo de inestabilidad

Susana Sottoli, coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia

Por Iván Bustillos

/ 17 de febrero de 2021 / 11:24

A principios de febrero de 2020 empezaba su gestión en Bolivia la politóloga y socióloga Susana Sottoli como Coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, la máxima representante del organismo en el país, el cual a la fecha despliega su labor a través de 17 agencias. Pero la llegada de Sottoli al país no pudo ser menos complicada. Arribó a Bolivia justo cuando empezábamos a salir de lo más duro de la crisis política de fines de 2019 y ya se venía encima la crisis sanitaria por el COVID-19. Destacando que acaso el mayor logro del país en 2020 fueron las elecciones nacionales de octubre de ese año, Sottoli no deja de remarcar que el cierre de este ciclo de inestabilidad no es otro que las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021.

— Usted llegó en un momento muy complejo en el país, entre secuelas de la crisis política y anuncios de la crisis sanitaria…

— Siempre es bueno tener esta mirada retrospectiva. En 2020 tuvimos un año complejo en Bolivia y en el mundo, pero acá la crisis política iniciada en 2019 se combinó con la crisis sanitaria del COVID19 y con sus impactos económicos. Estas tres dimensiones se apropian de la coyuntura del país y también de nuestras prioridades como Naciones Unidas. El sistema puso todos sus esfuerzos para acompañar al país a enfrentar esto, con la continuación del apoyo al proceso electoral iniciado a fines de 2019, con una respuesta inmediata al COVID-19, y con el inicio de un análisis, diagnóstico, de los impactos socioeconómicos, lo que pensamos usar para formular nuestras prioridades en 2021. Creo que lo positivo de 2020 para Bolivia fue haber reencauzado el proceso institucional democrático a través de elecciones pacíficas, transparentes, participativas el 18 de octubre del año pasado. Esto fue gracias a la ciudadanía más que nada, que con su participación hizo posible que se avanzara, cuando muchos pensaban que iba a ser un retroceso. Pero no es suficiente, el país todavía tiene muchos desafíos, y todavía se va conformar el tablero político con las elecciones subnacionales en marzo

— Pero es necesario cerrar, sin embargo, este periodo especial que tuvo el país con la crisis política, cerrarlo con la elección subnacional.

— Es necesario cerrar el ciclo. Por eso nosotros continuamos la iniciativa que hemos llamado de consolidación de la paz en Bolivia. En diciembre del año pasado hemos firmado con el Gobierno una segunda fase, que consiste en tres pilares que vamos a continuar este año: el apoyo al proceso electoral, al Tribunal Supremo y a los TED, con el liderazgo técnico del PNUD; ahí es donde vamos a apoyar al país para completar este ciclo, y que toda su institucionalidad democrática, incluida la territorial, esté establecida para abordar los desafíos de política pública que tiene el país. El segundo componente es el de derechos humanos e igualdad de género; aquí estamos esperanzados de poder transformar la misión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en una oficina permanente (en Bolivia), estamos en diálogo con el Gobierno. Y el tercer pilar, el acompañamiento de Naciones Unidas a espacios de diálogo y de conciliación en el país, lo que tiene que ver con el proceso eleccionario, que contribuye enormemente a la consolidación de la democracia y la paz en el país; pero obviamente esto no es suficiente, es un proceso que requiere sanar heridas y acortar brechas de diferente índole.

— ¿Cuál ha sido la ayuda de Naciones Unidas contra el COVID?

— El año pasado, cuando empezó la crisis del COVID-19, el sistema de Naciones Unidas apoyó activamente, por ejemplo, a conformar una Sala de situación, en la provisión de insumos, pruebas, medicamentos, capacitación además del apoyo a poblaciones vulnerables como los repatriados bolivianos de Chile, donde apoyamos en la instalación de campamentos; luego, con poblaciones indígenas. Haciendo un recuento de este apoyo en la segunda ola del COVID, desde el 20 de octubre hasta ahora, hemos contabilizado alrededor de dos millones de dólares en donaciones, insumos, generadores de oxígeno, hace poco la OPS donó 40; Unicef donó, entre equipos de protección y pruebas antígenas, aproximadamente medio millón de dólares, con el apoyo de donantes o socios como Canadá, Estados Unidos, Suecia.

— Parece que la OPS tiene mayor presencia de la que se ve.

— La OPS está trabajando muy de cerca con el Ministerio de Salud, asesorando técnicamente en todo lo que tiene que ver con la respuesta sanitaria, y a través del mecanismo Covax, en el cual Naciones Unidas tiene un rol importante a nivel global, vamos a ayudar al país en la introducción de la vacuna. Agencias como la OPS, el PMA, Unicef van a estar involucradas en apoyar la cadena de frío, el programa de inmunización ampliado y apoyo económico para los que van hacer la vacunación; y colaboración en la estrategia en comunicación, porque siempre en la introducción de una vacuna nueva hay mucha desinformación; es necesario traer la voz técnica, la evidencia, para que la gente genere confianza, y ojalá podamos avanzar en la propuesta del Gobierno del acceso universal a la vacuna. 

— Hay vacuna, pero también rebrote, y más agresivo; es otra dinámica.

— Evidentemente, hay una nueva dinámica, no solamente porque hay nuevas autoridades, sino porque la propia pandemia es diferente. Todo el mundo ha aprendido mucho, en todos los países hemos aprendido cómo responder; lo que estamos haciendo (como ONU) es estar muy atentos a las decisiones soberanas que toma el Estado de Bolivia y apoyar en lo que se necesite. También estamos atendiendo, con prioridad, a los grupos más vulnerables, que es un objetivo institucional de todo el sistema (de Naciones Unidas), es decir, cuando hay crisis, ponemos el énfasis en los grupos más vulnerables; y hay que decir que las crisis, y especialmente el COVID, implican costos que son asumidos de forma desigual entre las donaciones; para nosotros, atender a los grupos más vulnerables es una prioridad: comunidades indígenas, mujeres en el mercado informal del trabajo que tienen unas caídas muy importantes en su ingreso, personas en situación de pobreza, migrantes y refugiados, y en eso obviamente coordinamos con las diferentes autoridades del país, del Gobierno central y de los territoriales.

— ¿Cómo se está pensando la recuperación económica tras la crisis pandémica?

— Hay muchos esfuerzos, liderados por Naciones Unidas y algunos países, para lograr una recuperación económica a nivel global inclusiva y sostenible. Esto significa, por ejemplo, mecanismos y espacios donde se discuta el alivio a la deuda en los países más endeudados, valga la redundancia. En Bolivia lo que hemos hecho es un diagnóstico de los impactos socioeconómicos, y esto ha determinado ciertas prioridades. Una es apoyar al fortalecimiento del sistema de salud, que la pandemia ha hecho estragos. Otra es el fortalecimiento del sistema de protección social, y no sólo en Bolivia, sino en el mundo entero; estos shocks tan repentinos atacan a las familias, disminuyen el ingreso y nuestros países tienen sistemas de protección social todavía de poca cobertura; luego, reforzar la educación, en  modalidades diferentes de enseñanza y aprendizaje en época de pandemia, como una oportunidad para la digitalización, que puede abrir otros caminos de inclusión. También se da prioridad a la recuperación del ingreso, a repensar los modelos económicos; y ahí estamos trabajando a pedido del propio presidente Luis Arce con la CEPAL, para analizar el potencial de industrialización en el país, un plan que pueda identificar sectores donde es posible agregar o fortalecer cadenas de valor, ampliar la demanda interna y dar fuentes renovadas y soberanas de ingreso del país. Estamos muy alertas porque creemos que hay oportunidades en cada crisis, y esta crisis es de una magnitud tal que nos ha revelado muchos espacios donde se puede potenciar la economía, la sociedad, al país, con soluciones innovadoras, mucho más valientes, audaces; así que ahora es el tiempo de la reimaginación. Estamos justo en un momento clave, trabajando un diálogo con el Gobierno a través del Ministerio de Planificación y otros, porque se está haciendo el nuevo Plan de Desarrollo Social, y queremos adecuar nuestras prioridades a las prioridades del país, y, como quien dice, empujar juntos para un mismo lado.

— El 25 de noviembre del año pasado, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fueron muy enfáticos en que este es uno de los mayores problemas.

— Muchas gracias por mencionarlo. Dentro de la línea de la cohesión social, la construcción de paz, nosotros no concebimos avanzar en esta línea sin tener algún tipo de solución al tema de la violencia en contra de las mujeres y los niños que termina dramáticamente en feminicidios e infanticidios. Esta es una situación inaceptable. Estamos trabajando con el Ministerio de Justicia y la Asamblea en la revisión de la ley 348. Creo que además se necesita un debate nacional que de una vez por todas nos ayude a todos a tomar conciencia de la tragedia nacional que es perder mujeres y niños por este tipo de violencia, y, además, para que nos ayude a desnaturalizar esta situación, porque no podemos seguir como anestesiados, viendo en los periódicos que aumenta el número de estas muertes, y es imprescindible tomar conciencia de que no es aceptable, y ahí estamos involucradas tanto las instituciones como la ciudadanía. Es una prioridad, es algo en lo que vamos a estar trabajando todas las agencias del sistema.

Susana Sottoli

“El año pasado, Naciones Unidas cumplió 75 años. Esto nos llama a repensar nuestras prioridades. El secretario general (Antonio Guterres) pide responder a la pandemia con un enfoque de solidaridad global, que la vacuna sea universal, no sólo para quienes pueden darse el lujo de comprarla”.

Datos

Nombre: Susana Sottoli

Profesión: Socióloga y politóloga.

Cargo: Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia.

Perfil

La señora Susana Sottoli tiene una maestría en sociología y un doctorado en ciencias políticas y sociología de la Universidad de Heidelberg, Alemania.

(*) Iván Bustillos  es periodista de La Razón

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