La descentralización del último periodo en Bolivia es causa de la disputa sobre el “excedente” de los recursos naturales. Así iniciaba el Banco Mundial su informe sobre la descentralización en Bolivia, en 2006. Tenían razón.
En un tono más exagerado y años antes, José Luis Roca, en su libro Fisonomía del regionalismo boliviano, apuntaba que en Bolivia la historia fue parida no por la lucha de clases, sino por la lucha entre el centralismo y la autonomía, así como el histórico idilio entre Taiwan y China. No le creo del todo, pero si su acierto se evaluase por el conflicto que sacudió al país en 2008, seguramente Roca aprobaría con summa cum laude. Para los últimos 43 años, Roberto Laserna y su estudio sobre la conflictividad en Bolivia, le dan la razón a Roca: un conflicto por día y sobre todo basado en la propiedad de la renta de los recursos naturales.
Y si juntásemos a Roca, Laserna y al Banco Mundial, la pregunta es: ¿qué pensamos para pelearnos de esta forma tan grosera? Sin ser excluyente, la respuesta la dio Fernando Molina en su célebre libro Pensamiento de los bolivianos sobre los recursos naturales. La historia boliviana, nos dice, está inundada de tres momentos hilados entre sí. En el primero, los bolivianos asocian la riqueza al recurso, o, si se quiere, mientras más recursos naturales más ricos somos. No importa cuánto generemos a través de nuestra riqueza, importa cuánto tenemos. Esta idea se fetichizó al punto de atribuir al Cerro Rico de Potosí un carácter milagroso (la Virgen del Cerro) o construir la ficción de un puente de plata entre Bolivia y España, o la taza de gas que sacamos para uso interno de la piscina de 700 kilómetros cuadrados de reservas de gas que tenemos (Jorge Tuto Quiroga). Yo caí en el fetiche, calculando cuántos cubitos de gas entrarían en la Bolivia molde de torta de más de un millón de kilómetros cuadrados de territorio: 4,5 veces con las reservas de 53 trillones de pies cúbicos.
El segundo momento llega despiadado: nuestra riqueza se ha achicado, debemos atesorarla bajo siete cerraduras o culpar a la empresa que contabilizó nuestras reservas y las disminuyó; rescindirle el contrato. Entonces, el tercer momento cierra el circuito: hay que culpar a quien se lleva nuestro tesoro. Las transnacionales gritarán unos, el Gobierno nacional murmullará otro, mi vecino departamento dirán los más celosos. Y así, aunque la Constitución diga que los recursos son de todos los bolivianos, unos y otros afilarán los codos para evitar el saqueo de lo que creen suyo. Los ejemplos abundan: Cerro Pahua, Cantón Chimeo, Parelelo 21, Pozo Margarita, límites de Cochabamba y Beni, 11% de las regalías, entre otros.
En la historia reciente, los estribillos como “presupuesto para la U” (léase Impuesto Directo a los Hidrocarburos [IDH] para la universidad) son el indicador de la trilogía de Molina. La tensión se acrecentó cuanto la Ley de la Renta Dignidad “confiscó”, según los que se creen propietarios, el 30% de sus “sagrados” recursos para financiar la medida y especialmente cuando en un sorpresivo Decreto Supremo 29322, de octubre de 2007, el Gobierno favoreció a los gobiernos municipales con una mayor participación en el IDH, en desmedro de las prefecturas, medida que hipotéticamente explicó como la herramienta necesaria para lograr una alianza con el municipalismo y destrabar el “empate catastrófico” de las agendas de octubre y enero.
Cuando se instalaron las negociaciones constitucionales de Cochabamba, en septiembre de 2008, principalmente entre prefectos y Presidente, no extrañó que las dos mesas hayan sido de Constitución Política e IDH. De este modo llegamos a la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), cuyos dos proyectos oficiales previos a la versión oficial aprobada carecían de algún atisbo de distribución de recursos.
La Constitución aprobada derivó a la LMAD la resolución de cinco temas, entre ellos el régimen económico financiero. Con ese comodín, no es mentira que el liderazgo cruceño propuso en las audiencias públicas de dicha norma que este pedido constitucional se traduzca en el pacto fiscal. Claro está que no fue así. Ni la LMAD recogió un pacto fiscal previo a su aprobación, ni fue el pacto fiscal en sí mismo; por el contrario, trazó el pacto que todos conocemos para el futuro.
Es evidente que no están claros cuáles son los resultados oficiales del Censo: ¿los presentados el 31 de julio, la base de datos del 29 de diciembre publicada por el INE, los que se presentarán, según el presidente del INE, a mediados del 2014? Pues, bueno, naveguemos en la incertidumbre.
Lo que la oposición política al Movimiento Al Socialismo (MAS) no ha entendido, o finge entender, es que el plazo que da la LMAD no es para la realización del pacto fiscal, sino para la presentación de la metodología. Es decir, el “reglamento de debates” del pacto. Esto, fácilmente podría decir que la discusión se iniciará en 2015, cuando todas las autoridades nacionales y territoriales sean electas. Sin embargo, no existen señales de ello; certezas.
Todos necesitamos certezas. Es obvio que el sentido común entiende que la presentación de la metodología del pacto venció su plazo. ¿Falta algo? Asumamos que sí. Incluso en ese escenario es urgente saber cuándo estarán los resultados oficiales para empezar el cómputo del pacto fiscal. La ausencia de esta comunicación es lamentable. El problema no concluye allí. La LMAD dice que la propuesta de metodología será presentada al Consejo Nacional de Autonomías (CNA) para iniciar un proceso de concertación nacional. Usted
se preguntará, ¿existe el CNA?, ¿en qué consiste?.
El CNA es la reunión de las máximas autoridades ejecutivas de las autonomías y del Gobierno nacional, representadas en 24 miembros y convocadas por el Presidente o de forma extraordinaria a solicitud de ocho de sus miembros. Según la LMAD, el CNA debe reunirse ordinariamente dos veces al año. Considerando que la LMAD se promulgó el 19 de julio de 2010, hasta la misma fecha en 2013 éste debió reunirse en seis oportunidades, cosa que no sucedió. El 19 de julio de 2014, en caso de no instalarse el CNA, se cumplirán ocho sesiones incumplidas. La sentencia 2055/2012 del Tribunal Constitucional Plurinacional exhorta al Presidente la convocatoria del CNA.
En un mar de incertidumbres, el Gobierno nacional debe dar certezas y no contribuir a la desinformación. Personalmente, no creo que el pacto deba realizarse este año, pero sí creo que es ahora cuando debe citarse una fecha para su instalación. Hagamos todos el esfuerzo, lo más rápido posible, para que se cumpla la ley.