lunes 19 abr 2021 | Actualizado a 12:21

La crisis en la Justicia

A simple vista, a poco más de dos años de la vigencia del nuevo régimen judicial en el país, aparentemente nada ha cambiado: la injerencia política, la ineficiencia, la corrupción, la retardación y otros males siguen siendo la tara que preocupa.

/ 16 de febrero de 2014 / 04:06

Uno de los desafíos principales de las políticas públicas del gobierno de Evo Morales fue/es la reestructuración de la Justicia en el país. En ese afán, con los dos tercios que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en 2012 se planteó voto popular para elegir a los magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP),

En medio de cuestionamientos de sus detractores políticos y la expectación internacional, la administración de Evo Morales consiguió la conformación de ese órgano del Estado con autoridades electas. El objetivo era/es mejorar la administración de Justicia, eliminar la retardación y acabar con la corrupción imperante en sus estructuras.

A simple vista, a poco más de dos años de la vigencia del nuevo régimen judicial en el país, aparentemente nada ha cambiado: la injerencia política, la ineficiencia, la corrupción, la retardación y otros males siguen siendo la tara que preocupa. “Traté de entender por qué tiene mala imagen la Justicia boliviana y llegué a la siguiente conclusión: la retardación y la corrupción son el cáncer de la Justicia boliviana”, ha descrito el martes Morales, cuando a su vez afirmó que de nada sirvió haberle puesto poncho y pollera a esa institución tan emblemática del país.

Con muchos jueces, fiscales y operadores de Justicia procesados y algunos en las cárceles, la situación no cambia. Ha sido muy audaz la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, que se atrevió a decir que las elecciones judiciales fueron un error. Morales lo admitió en parte y el vicepresidente Álvaro García Linera se animó a decir que el sistema judicial se encuentra en estado de coma.

Si es así, hace falta un giro de timón. Sin vendettas y falsos debates, el sistema político, las instituciones implicadas y la sociedad civil deberían plantearse una remezón ante la situación. Esa tarea parte de la misma conciencia ética de los ciudadanos y del Estado para bien de todos.

El editor

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GOBERNACIONES, EL IMPERATIVO DE CONCERTAR

Los ingresos de las gobernaciones volvieron a bajar. Para salir adelante, urge colaborar con el Gobierno y municipios

Por Iván Bustillos

/ 18 de abril de 2021 / 18:06

EL PUNTO SOBRE LA I

Tras la segunda vuelta de la elección del gobernador en La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija, finalmente está definida la distribución del poder regional: en tres gobernaciones (Oruro, Potosí y Cochabamba) el Ejecutivo departamental estará a cargo del Movimiento Al Socialismo (MAS), y en seis (La Paz, Chuquisaca, Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz) en poder de las oposiciones regionales; aunque (como se hizo notar en este mismo espacio la anterior semana), otro es el escenario en las asambleas departamentales: en seis (Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Pando), el MAS es mayoría, y en tres (Tarija, Beni y Santa Cruz) hay un práctico empate entre el partido azul y las oposiciones, siendo el bloque indígena (cuyos asambleístas no son electos por voto universal, sino por usos y costumbres) el que determinará cuál sector mayoritario será el que predomine; de hecho, en estos días en la Asamblea cruceña el MAS le ganó de mano al oficialista Creemos, aliándose con los indígenas: de 28 asambleístas, ahora la mayoría la ostenta el bloque MAS-Indígenas, con 16 legisladores.

Ahora, a la complejidad política se añade la limitación económica, presupuestaria. Fue la Fundación Jubileo (¿En qué gastarán el dinero los gobiernos departamentales el 2021?, La Paz, 2021), la que en estos días advirtió acerca de la nueva caída del presupuesto de las gobernaciones en relación al anterior año. Se trata de una disminución del 13% de sus ingresos. El presupuesto asignado a los gobiernos departamentales (incluyendo el Gobierno Regional del Gran Chaco), detalla Jubileo, asciende a Bs 9.520 millones, de los cuales Bs 5.710 millones son efectivamente para la gestión departamental, mientras el saldo corresponde a gastos delegados. “Del total del Presupuesto 2021, Tarija tiene la mayor asignación de recursos, con aproximadamente 25% del total, seguido por Santa Cruz con 23%, La Paz con 11%, Potosí con 10%, Cochabamba y Chuquisaca cada uno con 9%; y los otros tres departamentos reciben, en conjunto, el restante 13% de la torta”, informa.

INVERSIÓN. Jubileo añade que en 2021 los proyectos de inversión aprobados en el presupuesto de las gobernaciones suman 579, “305 menos que el presupuesto 2020, lo que refleja una disminución significativa de la inversión departamental”. Por otro lado, la Fundación revela que “el destino de la inversión de las gobernaciones prioriza el sector Caminos, con 38% de su presupuesto; seguido del Agropecuario, con 23%”. La inversión en Electrificación se lleva 9%, 5% la gestión de Riesgos, entre otros. A Salud se destina solamente 4%.

Es el talón de Aquiles de los gobiernos departamentales: su alta dependencia del ingreso hidrocarburífero, minero y forestal del país, de lo que le transfiere el Gobierno central por dicho ingreso, ratifica el exviceministro de Presupuesto del Ministerio de Economía Jaime Durán (hoy diputado por el MAS): en 2021, las gobernaciones solo por transferencias obtendrán 3.941 millones de bolivianos, “esto es un 9% menos que los 4.340 millones de bolivianos que tenían presupuestado el 2020”, destaca.

Y no se trata solo de los precios internacionales del petróleo o del gas, que éstos suban o bajen, sino también de los volúmenes del hidrocarburo que el país pueda generar; nadie como las gobernaciones debe estar al pendiente de si se encuentran más yacimientos: “en relación a los volúmenes de producción, (las gobernaciones) están sujetas al programa de exploración, de inversiones, que está realizando Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos; una cuestión ajena a las gobernaciones”, apunta el diputado Durán.

Jubileo y el exviceministro coinciden en que 2014 fue el mejor año para las gobernaciones, cuando por transferencias llegaron a recibir 9.821 millones de bolivianos; de ahí a la fecha, sus ingresos (provenientes en lo fundamental de las regalías, del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH, y del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, IEHD) no han hecho otra cosa que caer: en siete años, entre 2014 y 2021 hay una reducción de entre 54% y 60%.

¿Cómo podrán llevar adelante la gestión los nuevos gobiernos departamentales dado este difícil escenario? Los involucrados en la gestión departamental coinciden: no queda otra que colaborar, “concurrir”, concertar con el Gobierno central y con los municipios, pero también hacia adentro, con las fuerzas opositoras en las asambleas departamentales.

Para el asambleísta departamental (saliente) Fabián Yaksic, la primera medida administrativa de los nuevos gobernadores será revisar el presupuesto, reformularlo no solo en vista de su programa, sino sobre todo por la baja del dinero que le transfiere el Gobierno central. Tendrán, dice, que priorizar los proyectos más importantes. Aquí, un hecho que revela el asambleísta es que uno de los males del presupuesto de las gobernaciones es que éste es muy “rígido”, “el 80% del presupuesto es de continuidad, que quiere decir que ya está comprometido”, para pasar de una gestión a otra; es el caso, por ejemplo, de la construcción de carreteras de magnitud, se las inscribe en el presupuesto para concluirlas en varias gestiones, y hasta dos o más gobernadores, por el “presupuesto anual insuficiente”, destaca. Pero, he aquí que aparece la importancia de “controlar” la Asamblea Legislativa del departamento: cualquier modificación del presupuesto debe contar con el acuerdo de la Asamblea: en serio se deberá llevar a la práctica aquello de “sacarse la camiseta política”. “La recomendación es que primero tienen que concertar sí o sí con sus asambleas”, insiste Yaksic.

CAMISETA. Si bien todos los candidatos, ganadores y perdedores, más bien como un eslogan, enfatizaron en que el 11 de abril (día de la segunda vuelta por gobernadores y cierre del actual ciclo electoral) “se acabaron los colores políticos”, para el buen curso de la gestión departamental, en verdad que es un imperativo dejar a un lado la camiseta política: para encarar grandes proyectos necesitarán concurrir, colaborar, tanto con los municipios como, y especialmente, con el Gobierno central.

Desde distinta perspectiva, lo plantean Durán y Yaksic.

Para el exviceministro, “más allá de afinidades o críticas, lo cierto es que las autoridades elegidas por la población son las autoridades que van a estar con nosotros estos cinco años; entonces, más allá de los colores políticos, lo que se tiene que hacer es un mecanismo de trabajo conjunto”, esto es más imperioso, insiste, en el actual “escenario de recursos escasos”.

Se trata de profundizar el cofinanciamiento entre Gobierno y gobernaciones: “El mecanismo de concurrencia, de cofinanciamiento, tiene que mejorarse”, producto de la colaboración entre Gobierno nacional y departamentales precisamente es, destaca Durán, la construcción de carreteras, el “hecho de que en 15 años hayamos construido más carreteras que en los últimos 50 años tiene que ver con que este mecanismo de cofinanciamiento ha funcionado”.

Para Durán, el espacio natural del desarrollo que deben promover las gobernaciones es el regional, por debajo de lo nacional, por encima de lo municipal. “Hay que dar un mayor peso a lo regional, para avanzar a la diversificación productiva”, y a esto deberían colaborar las bancadas parlamentarias en la Asamblea Legislativa Plurinacional, dice: generar normas que faciliten dicho desarrollo regional diversificado.

Dadas las actuales condiciones de la economía de las gobernaciones, por su lado, Yaksic remarca en la necesidad de los proyectos concurrentes: “Yo recomendaría a los gobernadores que se pongan a pensar en serio en diseñar proyectos que le puedan interesar al Gobierno nacional y a los propios gobiernos municipales”, esencialmente los proyectos de desarrollo regional.

Ahora, reclama, se trata de una colaboración de doble vía: también el Gobierno nacional debería tener la voluntad de “desprenderse del centralismo” de los recursos, de interesarse en financiar proyectos concurrentes en las regiones.

Revivirá el “pacto fiscal”. Yaksic es categórico en señalar que para que dicho pacto tenga alguna viabilidad es imprescindible una “reingeniería de las fuentes de financiación de las autonomías”, una reforma entre técnica y política que, casi acusa el asambleísta, también tiene que alcanzar al Gobierno central: el pacto fiscal, como un sacrificio de todos los niveles.

PACTO. En algo que les compete también a los alcaldes, “se va a tener que abrir un nuevo proceso de negociación, abrir un nuevo diálogo, distinto, sobre un nuevo pacto fiscal, sobre los recursos fiscales”, acaso considerando “transferencias excepcionales” (fondos extraordinarios) para las entidades autónomas, plantea el asambleísta Yaksic; aunque —la experiencia enseña— no habría mucho que esperar del presidente Luis Arce Catacora, dice, que cuando era ministro de Economía nunca había demostrado voluntad para aumentar nada a las autonomías. (Entre los técnicos de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia-FAM, durante los gobiernos de Evo Morales se bromeaba que al ministro Arce se le conocía como el “Doctor No”).

Y es que, para el asambleísta, el problema de la norma que hace imperativo el pacto fiscal es estructural: la actual forma de financiamiento de las autonomías es anacrónica, que ni la propia Asamblea Constituyennte ni las leyes de desarrollo de la Constitución pudieron resolver.

“Hay que hacer una reingeniería de la fuente de recursos con las que se financian las autonomías. El régimen económico y financiero vigente data de hace más de 30 años; lo que ha hecho la Ley Marco de Autonomías ha sido ratificar el régimen que está en la Ley de Participación Popular, que está en la Ley 843 (de Reforma Tributaria de mayo de 1986); toda la gama de impuestos y la modalidad de asignación de los mismos data de hace más de 30 años”.

Aquí el asambleísta plantea la reflexión: siendo tan volátil la principal fuente de recursos de las gobernaciones (la exportación de recursos naturales), por qué no se le puede dar el mismo tratamiento que a los municipios, que como principal fuente tiene a la coparticipación tributaria (que es el 20% de los ingresos nacionales, por renta y aduana, que cada año automáticamente va a los tesoros municipales). Mal que bien, insiste Yaksic, la coparticipación tributaria es una fuente más estable, segura, de recursos.

Ahora, como contraparte, para Durán no solo es el tema de que las gobernaciones mejoren su inversión, sino que las entidades ajusten su gasto corriente (el gasto para funcionamiento, principalmente el salario de los funcionarios). “Las burocracias que actualmente tienen las gobernaciones deberían ajustarse, priorizando los programas y proyectos de mayor importancia, con el fin de que se pueda aumentar la inversión pública y de esa manera se tenga mejores resultados”.

El exviceministro no deja de recordar como un problema recurrente de las gobernaciones los llamados “recursos en caja y bancos” ( fondos que no se pudieron gastar) que cada año se registran al final de la gestión. Según Durán, a fines de 2019 las gobernaciones tenían 1.805 millones de bolivianos en caja y bancos; a fines de 2020, 1.832 millones, y hasta abril de este año, 1.640 millones, más o menos 250 millones de dólares.

“Lo que ocurre es que tienen problemas de eficiencia en el gasto”, y eso en buena medida se debe, asegura el diputado, a que “los mecanismos de planificación que tienen las gobernaciones no se han perfeccionado”.

Especialmente para las gobernaciones, siempre fue un problema la generación de recursos propios. Al respecto, Durán ve como una fuente aún inexplorada a la “generación de empresas públicas departamentales y establecer el desarrollo de complejos productivos industriales”.

“Las gobernaciones tienen que constituirse en espacios de desarrollo productivo en virtud a que tienen un mayor alcance que los municipios; ahora, esto naturalmente implica (otra vez) una alta coordinación entre el nivel central y los departamentos y municipios”, destaca el diputado del MAS.

En cambio, para el asambleísta Yaksic, la implementación de empresas públicas departamentales es inviable, dado que las gobernaciones no cuentan con fuentes de financiamiento para sostenerlas, no tienen el “crédito fácil” del Banco Central con que cuenta el Gobierno nacional, asegura.

Acaso una salida financiera alternativa para las administraciones departamentales más bien sea, dice, ampliar su “dominio tributario”: “el camino definitivamente pasa por generar mejores condiciones para dominios tributarios autónomos (impuestos), que sean más importantes de lo que ahora les otorga la Ley de clasificación de impuestos”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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REYERTAS EN EL CAMPO NACIONAL-POPULAR

La derrota electoral subnacional del MAS reveló limitaciones democráticas en el partido oficialista

/ 18 de abril de 2021 / 18:05

DIBUJO LIBRE

En los tres últimos lustros, si la presencia del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) fue hegemónica en el campo político boliviano, también fue predominante en el campo nacional-popular, a pesar del alejamiento de varias organizaciones indígenas/campesinas del “Instrumento Político”. Esas grietas dentro del partido liderado por Evo Morales se acentuaron en el curso de los últimos comicios subnacionales, a pesar de un momento de cohesión que sirvió para resistir al golpe de Estado; luego, quizás por desaciertos en la designación de candidatos, se ahondaron las diferencias internas, desembocando en la gestación de nuevas corrientes — muchas de ellas provenientes de las mismas entrañas del partido oficialista—, no solo le disputaron parcelas de poder en los gobiernos locales, sino, algo más profundo, el mismo sentido del campo nacional-popular.

Las victorias en los balotajes de Santos Quispe y Damián Condori para las gobernaciones de La Paz y Chuquisaca son indicadores inequívocos que al interior del campo nacional- popular hay un remezón que se explica, por un lado, por la acumulación de las fricciones dentro del “Instrumento Político” y, por otro, por el fortalecimiento de otras tendencias (muchas de ellas conformadas por exmasistas) que encontraron en esta coyuntura las condiciones propicias para interpelar política y electoralmente a las propias bases del MAS. Aunque las fricciones del MAS con sectores sociales del campo nacional-popular tienen una larga data, pero con sus propios matices.

En el periodo posgolpe de Estado, el despliegue de los movimientos sociales vinculados al campo nacionalpopular posibilitó la rearticulación interna del MAS y, a la vez, permitió establecer alianzas estratégicas con aquellos sectores populares, especialmente indígenas/campesinas alejadas del “Instrumento Político” (“Tenemos que votar para nuestros propios hermanos” decía, el malogrado Felipe Quispe). Tener un “enemigo común” represivo producto del golpe de Estado posibilitó, a pesar de los roces internos, la cohesión del campo nacional-popular.

Esas fricciones internas se develaron, por ejemplo, el momento de la designación del binomio presidencial del MAS para las elecciones nacionales de 2020. Se escuchaban tambores de guerra en la estructura interna revelando desencuentros, por ejemplo, entre aymaras y cocaleros, lo que se logró zanjar. El eslogan proselitista: “Lucho y David, un solo corazón” quizás sirve como metáfora de la cohesión.

A meses del golpe de Estado y en medio de un ambiente de persecución y violencia estatal, el Pacto de Unidad —enclave articulador de sectores sociales indígena/campesinos y periurbanos que forman parte de la base social del MAS, a través de la cual se configura la acción política del bloque popular— recobró su fuerza organizativa, que venía aminorada antes del golpe. Esta revitalización popular fue decisiva para enfrentar el autoritarismo gubernamental en curso y en el ámbito discursivo posibilitó recuperar la consigna de la democracia.

El papel de los movimientos indígenas/ campesinos y periurbanos fue significativo para revertir la ruptura constitucional. A la sazón, la movilización de agosto de 2020 puso en evidencia la vocación democrática del bloque popular. Esta movilización provocó fricciones entre las organizaciones sociales y la cúpula del MAS. Ésta esgrimió un discurso moderado y ambiguo en la movilización, inclusive cuestionando la radicalidad de los dirigentes de la COB y del Pacto de Unidad. Éstos, a su vez, acusaban a esta dirigencia de negociar con el gobierno de Áñez a “espaldas de ellos”. Las masas de agosto fueron decisivas para “asegurar” los comicios de octubre y, luego, la victoria electoral del MAS.

La llegada apoteósica de Morales a Bolivia, en noviembre de 2020, dejaba entrever que el evismo encarnado en la figura del expresidente iba a tomar el timón directo del MAS para zanjar el malestar interno. Pero, no fue así. El clímax que desató posiciones irreconciliables fue el momento de la designación de candidatos para la disputa electoral subnacional. Allí, las acusaciones de falta de democracia interna en el MAS se amplificó a doquier. Esas tensiones internas revelaron dos cuestiones determinantes: por un lado, que las dirigencias departamentales del MAS (que en la mayoría de las ocasiones se hacen mediadores para la cúpula partidaria, o sea, del propio Evo Morales) operan como andamios antidemocráticos que no permiten fluir la energía política “desde las bases” y, por otro lado, que el denominado “dedazo” del jefe del partido también es otro factor decisorio.

Quizás el efecto político más ilustrativo de esta falta de democracia interna en el MAS fue la separación de Eva Copa como candidata oficialista a la Alcaldía alteña, lo que desembocó en su alejamiento partidario y, como efecto colateral, su alianza estratégica con El Mallku —y luego con su sucesor— para conformar el frente electoral Jallalla, que arrasó en las elecciones ediles de El Alto y, luego, en la segunda vuelta de los comicios para la Gobernación paceña; o el caso de la victoria de Damián Condori en Chuquisaca, exdirigente del MAS — igual que Félix Patzi en La Paz, en las elecciones subnacionales de 2015—, todo esto reveló fracturas internas, reflejadas en guarismos electorales poco favorables para el MAS.

Estas derrotas electorales del MAS son internas al campo nacional-popular, no significan victorias opositoras del bloque oligárquico. Los guarismos electorales dan cuenta de que hay “tensiones creativas” (Álvaro García Linera dixit) en las entrañas del partido del expresidente, que si no se encara una reforma moral y política podrían conducir a unas “tensiones degenerativas” (José Luis Exeni), pero, a la vez, aunque suene paradójico, es un remozamiento del campo nacionalpopular, por la impronta de nuevas corrientes políticas.

(*) Yuri F. Tórrez es sociólogo

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GOLPE Y FRAUDE, DOS RELATOS EXCLUYENTES

Hay la necesidad de desmontar los relatos excluyentes de o golpe o fraude en octubre y noviembre de 2019

/ 18 de abril de 2021 / 18:01

DIBUJO LIBRE

Sin buscar terminar la discusión sobre los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019, es necesario mencionar que éstos están entramados en diferentes contradicciones y cada una de ellas debe ser analizada en su contexto amplio y específico. Hasta cierto momento, octubre y noviembre de 2019 responden a la correlación de las fuerzas movilizadas del momento y al desgaste del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se enmarcan en el cumplimiento de la voluntad expresada el 21F (Evo Morales no podía repostularse a un cuarto mandato), logra además la anulación de las elecciones de 2019 y la posibilidad de nuevas elecciones; hasta ahí todo estaba bien. Sin embargo, los hechos se complicarán con lo que pasará después.

El triunfo autodeterminativo del 21F, como la búsqueda del respeto a la institucionalidad democrática en Bolivia, albergaba en su seno el germen de su propio fracaso y contaminación: cuando las Fuerzas Armadas piden la renuncia de Evo Morales (deliberando así en asuntos políticos), la forma en que los principales actores políticos de la oposición, Tuto, Mesa y Camacho llevan adelante la transición del poder (este último incluso habló de una junta de gobierno de transición al margen de la Asamblea Legislativa); todo esto llevará a que la asunción de Jeanine Áñez no siga el procedimiento establecido en la Constitución, lo que permite que el comandante de las Fuerzas Armadas le ponga la medalla presidencial y que posteriormente haya las terribles masacres de Senkata y Sacaba, para asegurar la vigencia del gobierno transitorio.

Es en ese contexto de corresponbilidad entre la oposición y la cúpula del MAS que se realiza la transición del poder, que posteriormente será avalado por la Asamblea Legislativa con la aprobación de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales 2020, lo que implica la conformación de un nuevo Órgano Electoral para llevar adelante la convocatoria para las nuevas elecciones generales.

El gobierno de Áñez no será muy distinto al gobierno de Morales, al vulnerar los derechos políticos de los disidentes, al instrumentalizar la Justicia a su favor, al incumplir su palabra al entrar en la carrera electoral; por los hechos de corrupción lamentables (como los casos de Entel, YPFB, respiradores, etc.). Lo peor: llevará adelante una de las peores gestiones de gobierno, preparando así el mejor terreno para el retorno del MAS al poder en las elecciones de octubre de 2020. En tal caso, tanto el gobierno de Morales como el de Áñez y sus ministros deben ser procesados e investigados: en el caso de Áñez, por los hechos de Senkata y Sacaba y los múltiples hechos de corrupción en su gestión.

Sin embargo, con la aprehensión de Jeanine Áñez y sus ministros, el Gobierno central (los sectores sociales afines al MAS) y la oposición (Mesa, Camacho, comités cívicos, etc.) empiezan a activar dos relatos políticos contradictorios para el país: el relato del “golpe de Estado” a secas y el relato del “fraude electoral” a secas, politizando al máximo los acontecimientos de octubre y noviembre y envolviéndolos en una trama de significaciones.

Lo peligroso de estos dos relatos, por parte de los actores más radicales de ambos lados, es el intento de reducir todo lo que pasó antes y después de los acontecimientos de octubre y noviembre a una sola lectura, e intentan llevar al país a un escenario de polarización social muy peligroso y que podría desatar los demonios escondidos de octubre y noviembre de 2019.

Por un lado, la narrativa del “golpe de Estado” a secas intenta mostrar las acciones de Evo Morales como hechos impecables y buscan desconocer las irregularidades cometidas por el MAS, el irrespeto al 21F y las anomalías en el proceso electoral de 2019. Por otro lado, la narrativa del “fraude electoral” a secas intenta mostrar las acciones de la oposición política como hechos impecables y buscan desconocer las irregularidades en la asunción del gobierno de Áñez, las masacres de Senkata y Sacaba y los hechos de corrupción cometidos en su gestión. Ambos relatos a secas son un problema, porque simplifican, hacen maniqueo el análisis y se alejan de la discusión sobre la integralidad del hecho.

El desafío para salir de esta discusión es el desmontaje de tales relatos excluyentes (golpe y fraude) que solo beneficia a la actual clase política (a posiciones autoritarias y conservadoras de ambos lados); entonces, existe la necesidad de una tercera narrativa (o más) que disputen (o en su caso concilien) la explicación de los hechos políticos de octubre y noviembre de 2019.

(*) Juan Pablo Marca Es Politólogo por la Uagrm

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UN BIEN PÚBLICO MUNDIAL

Existe una vasta coalición global por la suspensión de las patentes de las vacunas

/ 18 de abril de 2021 / 17:57

DIBUJO LIBRE

Hay cierto consenso sobre que la pandemia permanecerá con nosotros durante mucho tiempo. Vamos a entrar en un periodo de pandemia intermitente cuyas características precisas todavía están por definirse. El juego entre nuestro sistema inmunitario y las mutaciones del virus no tiene reglas claras. Tendremos que vivir con la inseguridad, por dramáticos que sean los avances de las ciencias biomédicas contemporáneas. Sabemos pocas cosas con seguridad.

Sabemos que la recurrencia de pandemias está relacionada con el modelo de desarrollo y consumo dominante, con los cambios climáticos asociados a éste, con la contaminación de mares y ríos y con la deforestación de bosques. Sabemos que la fase aguda de esta pandemia (posibilidad de contaminación grave) solo terminará cuando entre 60% y 70% de la población mundial esté inmunizada. Sabemos que esta tarea se ve obstaculizada por el agravamiento de las desigualdades sociales dentro de cada país y entre los distintos países, combinado con el hecho de que la gran industria farmacéutica (Big Pharma) no quiere renunciar a los derechos de patente sobre las vacunas. Las vacunas ya se consideran el nuevo oro líquido, sucediendo al oro líquido del siglo XX, el petróleo.

Sabemos que las políticas de Estado, la cohesión política en torno a la pandemia y el comportamiento de la ciudadanía son decisivos. El mayor o menor éxito depende de la combinación entre vigilancia epidemiológica, reducción del contagio a través de confinamientos, eficacia de la retaguardia hospitalaria, mejor conocimiento público sobre la pandemia y atención a vulnerabilidades especiales. Los errores, las negligencias e incluso los propósitos necrófilos por parte de algunos líderes políticos dieron lugar a formas de políticas de muerte por vía sanitaria que llamamos darwinismo social: la eliminación de grupos sociales desechables porque son viejos, porque son pobres o porque son discriminados por razones étnico-raciales o religiosas.

Por último, sabemos que el mundo europeo (y norteamericano) mostró en esta pandemia la misma arrogancia con la que ha tratado al mundo no europeo durante los últimos cinco siglos. Como cree que el mejor conocimiento técnico-científico proviene del mundo occidental, no ha querido aprender de la forma en que otros países del Sur Global han lidiado con epidemias y, específicamente, con este virus. Mucho antes de que los europeos se dieran cuenta de la importancia de la mascarilla, los chinos ya la consideraban de uso obligatorio. Por otro lado, debido a una mezcla tóxica de prejuicios y presiones de los lobbies al servicio de las grandes compañías farmacéuticas occidentales, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá recurrieron exclusivamente a las vacunas producidas por estas empresas, con consecuencias por ahora impredecibles.

Además de todo esto, sabemos que existe una guerra geoestratégica vacunal muy mal disfrazada por llamamientos vacíos al bienestar y a la salud de la población mundial. Según la revista Nature del 30 de marzo, el mundo necesita 11.000 millones de dosis de vacunas (sobre la base de dos dosis por persona) para lograr la inmunidad de grupo a escala mundial. Hasta fines de febrero, se confirmaron pedidos de unas 8.600 millones de dosis, de las cuales 6.000 millones estaban destinadas a los países ricos del Norte Global. Esto significa que los países empobrecidos, 80% de la población mundial, tendrán acceso a menos de una tercera parte de las vacunas disponibles. Esta injusticia vacunal es particularmente perversa porque, dada la comunicación global que caracteriza nuestro tiempo, nadie estará verdaderamente protegido hasta que el mundo entero esté protegido. Además, cuanto más se tarde en lograr la inmunidad de grupo a escala global, mayor será la probabilidad de que las mutaciones del virus se vuelvan más peligrosas para la salud y más resistentes a las vacunas disponibles.

Un estudio reciente, que reunió a 77 científicos de varios países del mundo, concluyó que dentro de un año o menos, las mutaciones del virus harán que la primera generación de vacunas sea ineficaz. Esto será tanto más probable cuanto más tiempo se tarde en vacunar a la población mundial. Ahora, según los cálculos de la People’s Vaccine Alliance, al ritmo actual, solo 10% de la población de los países más pobres se vacunará a finales del próximo año. Más retrasos se traducirán en una mayor proliferación de noticias falsas, la infodemia, como la llama la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha sido particularmente destructiva en África.

Existe consenso en que una de las medidas más eficaces será la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las patentes de vacunas para el COVID por parte de las grandes empresas farmacéuticas. Esta suspensión haría que la producción de vacunas fuera más global, rápida y barata. Y así, más rápidamente, se lograría la inmunidad de grupo global. Además de la justicia sanitaria que permitiría esta suspensión, existen otras buenas razones para defenderla. Por un lado, los derechos de patente se crearon para estimular la competencia en tiempos normales. Los tiempos de pandemia son tiempos excepcionales que, en lugar de competencia y rivalidad, requieren convergencia y solidaridad. Por otro lado, las empresas farmacéuticas ya se han embolsado miles de millones de euros de dinero público a título de financiamiento para fomentar la investigación y el desarrollo más rápido de vacunas. Además, existen precedentes de suspensión de patentes, no solo en el caso de retrovirales para el control del VIH/sida, sino también en el caso de la penicilina durante la Segunda Guerra Mundial. Si estuviéramos en una guerra convencional, la producción y distribución de armas ciertamente no quedarían bajo el control de las empresas privadas que las producen. El Estado ciertamente intervendría. No estamos en una guerra convencional, pero los daños que la pandemia hace a la vida y al bienestar de las poblaciones pueden resultar similares (casi tres millones de muertos hasta la fecha).

No es de extrañar, por tanto, que ahora exista una vasta coalición mundial de organizaciones no gubernamentales, Estados y agencias de la ONU a favor del reconocimiento de la vacuna (y de la salud en general) como un bien público y no como un negocio, y la consecuente suspensión temporal de los derechos de patente. Mucho más allá de las vacunas, este movimiento global incide en la lucha por el acceso de todos a la salud y por la transparencia y el control público de los fondos públicos involucrados en la producción de medicamentos y de vacunas. A su vez, unos cien países, encabezados por India y Sudáfrica, ya han solicitado a la Organización Mundial del Comercio que suspenda los derechos de patente relacionados con las vacunas. Entre estos países no se encuentran los del Norte Global. Por ello, la iniciativa de la OMS de garantizar el acceso global a la vacuna (COVAX) está destinada al fracaso.

No olvidemos que, según datos del Corporate Europe Observatory, la Big Pharma gasta entre 15 millones y 17 millones de euros al año para presionar las decisiones de la Unión Europea, y que la industria farmacéutica de conjunto tiene 175 cabilderos en Bruselas trabajando para lo mismo. La escandalosa falta de transparencia en los contratos de vacunas es el resultado de esta presión. Si Portugal quisiera dar distinción y verdadera solidaridad cosmopolita a la actual presidencia del Consejo de la Unión Europea, tendría aquí un buen tema de protagonismo. Tanto más si otro portugués, el secretario general de la ONU, acaba de hacer un llamamiento para considerar la salud como un bien público mundial.

Todo apunta a que, en este ámbito como en otros, la UE seguirá renunciando a cualquier responsabilidad global. Con la intención de permanecer pegada a las políticas globales de Estados Unidos, en este caso puede ser superada por el propio EEUU. La administración Biden está considerando suspender la patente de una tecnología relevante para las vacunas desarrollada en 2016 por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

(*) Boaventura De Sousa Santos es sociólogo

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Departamentos, los gobiernos complejos

En seis asambleas departamentales, el MAS es mayoría; en tres, los indígenas tienen el ‘voto de oro’

Por Iván Bustillos

/ 14 de abril de 2021 / 14:57

EL PUNTO SOBRE LA I

Hoy, 11 de abril, en cuatro departamentos se define en segunda vuelta quién será el gobernador: La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando. Gana quien obtenga así sea un solo voto más que su adversario, con el porcentaje que sea. En los cuatro departamentos la contienda es entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus oposiciones: Jallalla en La Paz, Chuquisaca Somos Todos (CST) en Chuquisaca, Unidos por Tarija (UPT) en Tarija, y el Movimiento Tercer Sistema (MTS) en Pando. En tres departamentos el MAS ganó en primera vuelta la gobernación: Oruro, Potosí y Cochabamba. También en primera vuelta, la oposición se hizo con la gobernación en dos: Beni con el MTS, y Santa Cruz con Creemos.

Pero el gobierno departamental no solo es el Ejecutivo, el gobernador, sino que está además, como un contrapeso, su órgano legislativo y fiscalizador, la Asamblea Departamental; y los miembros de las asambleas ya fueron elegidos el 7 de marzo, ya hay una distribución del poder en su interior, una correlación de fuerzas que no siempre se corresponde con quien ganó la silla de gobernador (que la mayoría de la asamblea departamental la tenga el partido del gobernador).

Y he aquí las sorpresas. De las nueve asambleas departamentales ya electas, en cuatro (Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca) hay una franca hegemonía del MAS, pues cuenta con dos tercios o incluso más de los asambleístas; y en dos, de La Paz y Pando, tiene mayoría absoluta (50 por ciento más uno).

 Pero, lo verdaderamente novedoso es que en las asambleas de Tarija, Beni y Santa Cruz, ante el práctico empate entre los dos grandes bloques partidarios (el MAS frente a sus oposiciones), los asambleístas indígenas tienen lo que se puede considerar los “votos de oro”, dirimidores, la llave para que uno de los dos grandes bloques, mayoritarios, se imponga al otro.

Aquí es preciso aclarar que mientras los asambleístas de partido (territoriales o por población) son electos mediante el voto universal, lo que pasó el 7 de marzo, los asambleístas indígenas son elegidos, designados, directamente por usos y costumbres propios de cada pueblo indígena; excepto Potosí, en todos los departamentos hay representación indígena en la asamblea departamental. 

HEGEMONÍA. Las asambleas de “extrema” hegemonía del MAS son las de Oruro, Potosí y Cochabamba, pues en ellas, como se puede apreciar en los gráficos adjuntos, los asambleístas masistas no solo alcanzan los dos tercios del legislativo departamental, sino que llegan a 7475%, los tres cuartos.

En Oruro, donde en primera vuelta ganó el candidato a gobernador por el MAS, su legislativo lo conforman 33 asambleístas: 16 por territorio (uno por cada una de las 16 provincias que tiene el departamento), 16 por población y 1 indígena; de los 33, 25 son del MAS. Buena parte de la supremacía masista se debe a que este partido ganó en las 16 provincias orureñas. También logró la mayoría de los escaños por población, 9 de 16; pero, he aquí un hecho que se repetirá en prácticamente todos los departamentos: si las oposiciones al MAS tienen alguna presencia en las asambleas, sobre todo es por sus asambleístas por población, aquellos que se asignan según la votación obtenida en el departamento, proporcionalmente, por cada partido. En Oruro, las oposiciones suman 7.

Similar situación es la potosina: de los 32 miembros que tiene su asamblea, 24 (75%) son del MAS, y de las 16 provincias que también hay en el departamento, en 15 ganó el MAS; solo en una, en la provincia Tomás Frías (donde está el municipio de Potosí), se hizo de la victoria el Partido de Acción Nacional Bolivia (PAN-Bol). Aquí aparece otro rasgo de la distribución del voto: las oposiciones al MAS ganan asambleístas sobre todo en las provincias en que está la capital del departamento. Para gobernador, en Potosí ganó el MAS en primera vuelta.

En Cochabamba, la hegemonía del MAS en su asamblea nuevamente se expresa en contar con más de dos tercios de los asambleístas departamentales, 25 de 34, lo que equivale a 74%. Lo mismo que en los anteriores departamentos, en Cochabamba en 15 de las 16 provincias ganó el MAS; la única provincia en que triunfó la oposición (la agrupación Súmate de Manfred Reyes Villa), es Cercado, la que alberga al municipio de Cochabamba; y solo de esta forma obtuvo  5 de 16 asambleístas por población.

Pero, sin duda, el caso más llamativo es Chuquisaca. Allí, en la primera vuelta ganó Damián Condori de Chuquisaca Somos Todos (CST), con 45,62% de los votos válidos, contra 39,12% del segundo, Juan Carlos León, del MAS; como la distancia entre ambos es de solo 6,5 puntos porcentuales, irán a segunda vuelta hoy. Lo peculiar pasa en la Asamblea Legislativa: pese a su derrota, el MAS logra dos tercios de los miembros del legislativo departamental, de un total de 21 asambleístas, el MAS sumó 14, CST 5, y 2 escaños los indígenas. ¿Cómo pudo pasar este inusual hecho, perder la elección de la cabeza de la Gobernación y ganar, de lejos, la elección de los asambleístas? La primera sospecha estaría en un alto índice del “voto cruzado” (voto por el CST para gobernador, pero voto por el MAS para asambleísta). En una parte de la votación al parecer ocurrió eso, el voto cruzado, pues mien

tras CST le ganó al MAS en el voto para gobernador (por 45,62% a 39,12%), en la votación de los asambleístas por población, fue el MAS el que ganó, con 43,10%, contra 35,20% de CST.  Pero nuevamente se impone el voto por territorio (por provincia). Así, de las 10 provincias que tiene el departamento (un asambleísta territorial por provincia), en 9 ganó el MAS; como en los anteriores casos, y confirmando que en las ciudades capitales al partido de gobierno no le va bien, perdió en la provincia Oropeza, que tiene a Sucre como su principal municipio.

MAYORÍA. Como se ilustra en los gráficos adjuntos, en la asamblea legislativa de La Paz, de 45 miembros, 25 (56%) son del partido azul. Se enfrenta a tres minorías de algún peso: Jallalla, que tiene 8, Por el Bien Común Somos Pueblo (PBCSP) 5, y la representación indígena 5 asambleístas departamentales. Las minorías de un solo asambleísta cada una son Sol.bo y el MTS. Hoy se define la gobernación entre el MAS y Jallalla.  

También aquí es necesario hacer notar que si hay algo que sube la hegemonía del MAS en el legislativo paceño es que de sus 25 asambleístas, 16 fueron elegidos por territorio, ganó en 16 de las 20 provincias de La Paz. En cambio, la oposición de alguna manera es más fuerte entre los legisladores por población; de los 20 asambleístas por población paceños, 11 son opositores. PBCSP (de Rafael Quispe), por ejemplo, que sin tener ningún representante por territorio (lo que significa que no ganó en ninguna provincia), sí logra tener 5 asambleístas por población.

En Pando, si bien al MAS en su asamblea le falta un solo asambleísta para tener los dos tercios de voto, tiene un práctico predominio del legislativo departamental.

Lo peculiar es que en Pando hubo un práctico empate por la Gobernación: el MAS ganó con 41,08% contra 39,07% del MTS, apenas 2 puntos porcentuales de distancia, que por eso hoy en el departamento se va a segunda vuelta. Pero he aquí que su Asamblea Departamental nuevamente presenta una supremacía del MAS “desmedida” en relación a ese cuasi-empate: de 21 legisladores departamentales, 13 pertenecen al MAS, 5 a sus oposiciones y 3 a los indígenas.

 En la presencia masiva del MAS en la asamblea pandina, definitivamente tiene que ver el número de asambleístas por territorio: de los 15 asambleístas por territorio que hay en el departamento, 11 son del MAS y 4 de sus oponentes. En relación a los asambleístas por población, en Pando ocurre un hecho peculiar: solo hay 3 asambleístas por población, provenientes de las dos provincias más pobladas, Nicolás Suárez (dos asambleístas) y Madre de Dios (un asambleísta, de los cuales 2 son del MAS.

INDÍGENAS. Son los casos de Tarija, Beni y Santa Cruz que presentan la más peculiar correlación de fuerzas y la nueva importancia dirimidora que tendrán los indígenas en las asambleas departamentales.

En los tres departamentos, el rasgo común es la fuerte presencia del MAS: tiene la primera mayoría en Tarija (13 de 30 legisladores departamentales) y en Beni (12 de 28 asambleístas) y, con 11 legisladores, iguala el número de asambleístas que tiene Creemos en la asamblea cruceña.

En Tarija, donde el MAS ganó la primera vuelta a gobernador por apenas 358 votos, que por eso allí hoy también hay segunda vuelta, la preferencia electoral está más equitativamente dividida: si el MAS tiene 13 legisladores, Unidos por Tarija (UPT) cuenta con 12, la grupación Todos tiene 2, y los indígenas suman 3 escaños. Si bien las oposiciones al MAS (UPT y Todos) sumadas ya hacen mayoría frente al MAS, pues suman 14 asambleístas, son los indígenas, con 3 votos, quienes podrán decidir si se consolida esta mayoría opositora al MAS, sumando 17 votos en total, o si hacen del MAS la mayoría relativa, con 16 votos (13 del MAS y 3 de los indígenas). En Beni, donde ya es gobernador el candidato del MTS, aparte de que de 28 asambleístas, el MAS cuenta con 12, es llamativo que el MTS, el partido del futuro ejecutivo de la Gobernación, apenas tenga 7; a ello se agrega que la agrupación Todos cuenta con 5 asambleístas y 4 indígenas.

En resumidas cuentas, si el MAS tiene 12 asambleístas, sus oposiciones unidas sumarían otros 12 legisladores; y aquí nuevamente la llave la tendrán los 4 votos indígenas, que inclinarán la balanza a uno u otro lado.

Pese a que en Beni, el MTS ganó la gobernación con un contundente 41,79% contra 22,21% del MAS, en asambleístas, el MAS casi le dobla el número al MTS. Y es que otra vez pesó la representación territorial: en el departamento hay 24 asambleístas por territorio, pero, cuando en el resto de los departamentos el territorio a representar es la provincia, en Beni más bien son los municipios: un asambleísta por cada uno de los 24 municipios que hay allí. Y he aquí que de los 24 escaños en 12 gana el MAS, y como en Beni no hay asambleístas por población, pues lo que manda es la representación territorial.

Santa Cruz, lo mismo. Luis Fernando Camacho, de Creemos, ganó la elección de gobernador con un significativo 55,64% contra 38,17% del MAS, nada menos que 17 puntos porcentuales de distancia; pero, paradoja, esa mayoría absoluta no se refleja en la composición de la asamblea. Y aquí ya no se puede hablar tanto del voto cruzado, pues son de muy similar porcentaje las votaciones tanto por gobernador como por asambleísta por población, con Creemos como claro ganador.

La diferencia nuevamente la establece el voto territorial. El órgano legislativo cruceño está compuesto por 15 asambleístas por territorio, 8 por población y 5 indígenas. Pues bien, de los 15 asambleístas territoriales, el MAS se lleva 8, Creemos tiene 6 y Alianza Solidaria Popular (ASIP) 1; entre los asambleístas por población, que solo son 8, el MAS tiene 3 y Creemos 5. Si bien Creemos puede hacer una alianza natural con ASIP, como frente antimasista, y lograr la mayoría relativa ante el MAS, sumando 12 legisladores, pasa que son los legisladores indígenas los que tendrán los llamados “votos de oro”, pues con sus 5 votos pueden inclinar la balanza o hacia el lado del MAS o hacia el polo de Creemos.

El gobernador es de Creemos, y de darse la eventual alianza MAS-Indígenas, tendría mucho trabajo para llevar adelante su gestión con una óptima gobernabilidad.

Finalmente. Algo pasa con el voto en blanco por los asambleístas por población, pues en todos los departamentos registra inusuales altos porcentajes, tratándose en promedio de un tercio de los votos emitidos: 35% en La Paz, 31% en Oruro, 41% en Potosí (aquí, si se le suma los votos nulos, se llega a 46%: poco menos de la mitad de los electores se apartaría de elegir representantes), 20% en Cochabamba, 32% en Chuquisaca, un promedio de 24% en Tarija, entre 29 y 30% en Pando, y 28% en Santa Cruz.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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