miércoles 16 jun 2021 | Actualizado a 21:37

La crisis en el Órgano Judicial

Las elecciones judiciales fueron una burla al pueblo boliviano porque tenían la exclusiva finalidad de consolidar el dominio político sobre todos los órganos de poder, quedando frustrada, una vez más, la aspiración legítima de la ciudadanía de beneficiarse con la existencia de tribunales independientes e imparciales.

/ 2 de marzo de 2014 / 04:00

Se suele decir que la emergencia de una crisis en una determinada institución o medio social puede servir para encontrar soluciones importantes a través de respuestas que estén en proporción a la dimensión del problema. Este razonamiento tendría que servir para diagnosticar con objetividad las causas de fondo que impiden que el país tenga el privilegio de contar con un Órgano Judicial que realmente administre justicia, para luego plantear una alternativa de solución.

En ese sentido, vale la pena retrotraernos al momento en que surge la república y el modelo de Estado diseñado, traducido éste en la Constitución Bolivariana de 1826. Acá ya se advierte la presencia de un Estado “Montesquiano” que prevé la existencia formal de poderes teóricamente independientes el uno del otro. El problema radica en que en la propia Constitución ya se prevé el nombramiento de los altos magistrados encargados de administrar justicia como una potestad parlamentaria, es decir, esta atribución se mantuvo en Bolivia en todas las versiones constitucionales, con excepción de la actual.

Por consiguiente, era el órgano estatal más politizado el que designaba a las altas autoridades judiciales. En diferentes coyunturas, los partidos políticos con presencia parlamentaria, en lugar de promover la designación de los mejores perfiles profesionales para esta sagrada misión, optaban por ubicar en cargos de la entonces Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Distrito a sus militantes, para precisamente tener un control directo sobre el Poder Judicial.

Durante el debate suscitado en la Asamblea Constituyente, prevaleció la equivocada idea de que la mejor manera de evitar la subordinación de los tribunales de justicia al poder político era promoviendo la elección de magistrados a través de las urnas para que sea el ciudadano quien los elija, tanto a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia así como del Tribunal Agro Ambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional, figura prevista en los Artículos 182, 188, 194 y 198 de la Constitución Política del Estado, respectivamente.

Aparentemente, al otorgarle al soberano esta potestad, se estaba democratizando a los estrados judiciales, sin embargo, al definir que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional la que preseleccione a los postulantes, implícitamente se está retornando al anterior sistema para que sean los políticos afines al Gobierno los que finalmente definan quiénes llegarán a ocupar estos cargos.

La prueba testimonial y elocuente radica en lo acontecido en la última elección de magistrados, los postulantes para las cuatro instituciones fueron depurados exclusivamente con base en la instrucción política emanada del Gobierno, donde obviamente cualquier profesional que no cuente con el respaldo del Órgano Ejecutivo no tenía la mínima posibilidad de que su nombre sea remitido al Órgano Electoral, motivo por el que las elecciones realizadas en octubre de 2011 fueron una burla al pueblo boliviano, porque tenían la exclusiva finalidad de consolidar el dominio político sobre todos los órganos de poder, quedando frustrada una vez más la aspiración legítima de la ciudadanía de beneficiarse con la existencia de tribunales independientes e imparciales. Ésa fue la razón por la que el resultado de dicho acto electoral fue inédito en Bolivia, pero importante para el diagnóstico sensato.

Los votos blancos y nulos ganaron, es decir se impusieron a los votos válidos; por consiguiente, ninguna autoridad judicial electa debería sentirse con la legitimidad democrática necesaria para ejercer el cargo porque el pueblo, a través de su voto mayoritario, los rechazó.

En una muestra de absoluta ausencia de referentes éticos, los que resultaron con mayor votación que otros pero con tremenda distancia frente a los nulos y blancos, fueron posesionados no para administrar justicia, sino para mantener el mecanismo de subordinación del Órgano Judicial hacia el poder político.

Queda claro entonces que no hemos avanzado nada, pues nos siguen sirviendo el pasado en copa nueva.  Pero el problema no radica solamente en la ausencia de autonomía de la magistratura, sino que, además de este requisito de ser un juez paragubernamental, está el hecho de que no se hizo el mínimo esfuerzo para cualificar el perfil de los profesionales que ejercerían el cargo. Hablando más claro, al Gobierno no le interesa que los magistrados sean capaces, con vocación de justicia, imparciales o idóneos; le interesa exactamente lo contrario, que sean serviles y si son o no corruptos esa no es su principal preocupación. Por el contrario, un juez honesto es un peligro para el interés político, por la sencilla razón de que una autoridad judicial honesta muy difícilmente permitirá que la presionen o que le manden desde la instancia política los fallos ya redactados para que solamente le ponga su rúbrica.

En consecuencia, estamos frente a una magistratura que de honradez y ética profesional tiene muy poco o casi nada, pero tiene lo principal: el respaldo político que le permite mantenerse en el cargo y satisfacer sus intereses personales, por ello el fenómeno de la corrupción tiene prácticamente el escenario llano para estar vigente, campeando en los tribunales como “Pedro por su casa”.  Ésa es la cruda realidad.

Por ello, la pregunta que el país se formula es: ¿cuándo habrá justicia en Bolivia? (Y la respuesta podría ser:) cuando los órganos de poder político decidan democratizar la democracia, es decir, cuando en un acto de desprendimiento comprendan que para garantizar el Estado de Derecho, la condición imprescindible es  garantizar la plena independencia de poderes, y en el caso del Órgano Judicial permitir que la magistratura esté ejercida por los mejores valores humanos, los profesionales juristas más calificados académica y éticamente, donde el único mecanismo de subordinación que rija sea precisamente la obediencia a la norma y no a la presión irregular del dinero o del poderoso.

Es abogado y rector de la UMSA

Comparte y opina:

¿‘FRAUDE’?, ES EL MOMENTO DE QUE PRESENTEN LAS PRUEBAS QUE TIENEN

Volvió el debate sobre si en 2019 hubo fraude, sobre si el informe de auditoría de la OEA es una prueba plena.

Vuelve el debate sobre los comicios de 2019. Lima explica que no hay ‘auditoría’ de la OEA y que no se anularon los resultados electorales

/ 13 de junio de 2021 / 19:26

EL PUNTO SOBRE LA i

Quienes están convencidos de que hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019, y encima desconfían de la Fiscalía para llevar el caso, tienen la opción legal de ser ellos mismos, mediante una “acusación particular”, de instalar un proceso contra quienes crean responsables, interpela a la oposición el ministro de Justicia, Iván Lima Magne. “Si tienen las pruebas del supuesto fraude, es hora de que las presenten, que sustenten su acusación”, demanda el abogado.

—¿Por qué dice que el informe de la OEA no es una auditoría?

—El contexto en que se hace la auditoría de la OEA es de convulsión social; necesitábamos que un tercero dirima el conflicto que vivía el país. Lo relevante del convenio con la OEA es la palabra ‘vinculante’; siempre se discutió si se puede ceder atribuciones propias del Tribunal Electoral a un órgano externo; pero el Gobierno de Bolivia, de manera amplia, para lograr la paz social acepta este efecto vinculante. Una imprecisión que hay sobre el informe de la OEA tiene que ver con su naturaleza jurídica. Lejos de ser una auditoría o un documento equivalente a una resolución del Tribunal Supremo Electoral, es un documento sui géneris; no entra en ninguna categoría jurídica, porque es suscrito entre el país y la OEA en el marco del derecho internacional público. No es un documento que podamos equiparar a una auditoría como hace nuestra Contraloría o a una pericia de la Fiscalía.

—En todo caso, dio a que luego se anulen las elecciones de 2019. Por qué dice que el informe de la OEA no es una auditoría?

—No se han anulado los resultados de la elección; la Ley transitoria de realización de elecciones (24 de noviembre de 2019) no dice que se anuló las elecciones, tampoco que hubo fraude en la elección; es una ley por la que, evidentemente con apoyo del Movimiento Al Socialismo, se ‘deja sin efecto legal los resultados de la elección’, que es una cosa completamente diferente a decir que ha habido un fraude o a reconocer que hubo una irregularidad; no se usa la palabra nulidad, ni la palabra fraude; por mérito del acuerdo vinculante entre la OEA y Bolivia, se deja sin efecto legal los resultados, no la elección; a raíz de eso, como un acuerdo político, se cesa a los vocales electorales y se convoca a la elección. Eso es un acuerdo político, y de ninguna manera refleja un reconocimiento del MAS de que hubiera habido un fraude. En el Código Penal no hay el delito de fraude electoral; la auditoría (de la OEA) que pretenden es una pericia, aunque muchos ya le dan un carácter de sentencia; no es tal, es un instrumento de derecho internacional público en el que el gobierno se comprometió a darle efecto vinculante, y el MAS honró ese compromiso al dejar sin efecto legal los resultados de la elección.

—¿El informe de la OEA puede ser presentado como prueba para una acusación fiscal?

 —Definitivamente no. El documento de la OEA habla de la ulterior judicialización de los indicios encontrados; es lo que reitera: una ulterior judicialización determinará si los indicios que ellos identifican constituye una prueba. El informe de la OEA contiene dos grandes componentes: los sistemas informáticos, el TREP y lo de los servidores, entre otros, y, lo segundo, todo lo que tiene que ver con el uso de determinada información en el cómputo de votos, me refiero a las actas, a que las haya llenado la misma persona, o que se hayan quemado y se haya tenido que recurrir a medios subsidiarios para el cómputo electoral. Esos dos elementos, en palabras de la OEA deben ser judicializados en ulteriores procesos; y no emite conclusiones al respecto. Manifiesta su preocupación, encuentra indicios en la parte informática, pero como no hace una revisión manual, esos indicios, toda esa información de naturaleza informática, pierden total relevancia por el tiempo transcurrido desde las elecciones de 2019; dos años después se ha podido computar manualmente cada una de las actas. El cómputo en Bolivia es manual, lo tenemos en actas, en papel, en firmas; por tanto, nada del cómputo informático puede ser entendido como una prueba. Toda crítica a los sistemas informáticos, en este momento, no es válida y no puede constituir una prueba de fraude. El segundo elemento, y que se está investigando, tiene que ver con la quema de información, de listas índice, de tribunales electorales. Cómo ha hecho cada tribunal departamental para recuperar la información. En el país, para la elección se emitieron nueve copias de cada acta, cada partido se quedó con una, lo mismo que el notario y el tribunal departamental. Así, la información que se tenía en diferentes niveles, en el TREP, en las actas y lo que tenía cada partido, le ha permitido a cada tribunal departamental realizar el cómputo. Si Mesa y su partido cuestionaban alguna de las actas, lo que correspondía era volver a revisar la votación; esto no ha ocurrido. Ninguna de las observaciones que ha realizado la OEA o quienes dijeron que hubo fraude es consistente; todas se refieren a errores aritméticos, de llenado; (pero) hechos completamente subsanados o subsanables. Si hay algo relevante en el proceso electoral boliviano es el principio de preclusión, cuando habla el jurado electoral, se cierra el debate, y lo único que hay que lograr es que ese resultado del jurado se incorpore en el cómputo departamental y luego nacional. La pregunta que se le debe hacer al señor Mesa es ¿por qué sus delegados no han impugnado ningún acta, en las mesas de jurados, en los tribunales departamentales o en el Supremo Electoral?

—Esta semana en Beni se dictó el sobreseimiento de los exvocales electorales de ese departamento. ¿No se los había sobreseído a principios de 2021, como anunció el fiscal general Juan Lanchipa?

—No hay ninguna contradicción. Lo que ha anunciado el Fiscal General es que los fiscales de investigación de los casos habían dictado sobreseimientos en todos los departamentos; pero de inmediato, ciudadanos, vocales, incluso la Procuraduría, impugnaron ese sobreseimiento. Lo que ha ocurrido luego, y a eso me refiero con el anuncio del Beni en esta semana, es que los fiscales departamentales han confirmado aquel sobreseimiento, excepto en Oruro, pero por un problema de la pandemia.

—¿Qué incidencia tendrá esto en el proceso a los exvocales del TSE?

—Esto es muy relevante para el Tribunal nacional, porque lo que hace el TSE es básicamente sumar las nueve actas de los cómputos departamentales y darle al país el resultado nacional. Que no exista fraude en los nueve departamentos haría prácticamente imposible la existencia de un fraude a nivel del TSE. Esto va a ser resuelto en los próximos días, esperemos, porque ya está por cumplirse el plazo para el fiscal que lleva el caso contra los exvocales del TSE. Ya corresponde que este fiscal se pronuncie, sea por una acusación, sea por el sobreseimiento.

—El fiscal Lanchipa dijo que la investigación contra los exvocales del TSE se cerrará con una “pericia informática internacional”, que diga cómo fue el manejo informático de los resultados.

—Es importante tener una pericia, pero, como dije antes, todo lo que tiene que ver con el uso de los sistemas informáticos, el TREP, los servidores, tiene que ser contrastado con las 35.000 actas, porque el sistema boliviano (de cómputo) es manual. Es accesorio, puede dar tranquilidad al país para entender qué ocurrió con el corte del TREP o la información de los servidores; sin embargo, es solo uno de los elementos más que tiene que evaluar el fiscal a tiempo de dictar sobreseimiento o acusación. Con todo, creo que el escenario en este momento está muy cercano a que en el país tengamos certeza de lo que ha ocurrido en la elección de 2019. Y eso es lo que pone nervioso al señor Mesa y a muchos miembros de la oposición, debido a que no han logrado, en un año que han estado en el gobierno, probar la existencia de un fraude. Un año para que el señor Murillo o el señor Mesa puedan presentar todas la pruebas del ‘fraude monumental’.

—Aunque siempre se quejaron de la lentitud de la Fiscalía.

—Aquí viene un aspecto fundamental en el análisis del proceso penal, que tiene que ver con la ‘acusación particular’. Si bien lo normal o usual es que la Fiscalía presente un juicio y sostenga la acusación, cuando alguien cree que la Fiscalía está actuando indebidamente, que no está presentando una acusación por falta de pruebas, negligencia o parcialización, puede presentar su acusación particular. Estoy seguro de que lo van a hacer. Si el señor Mesa dice que hubo un “fraude monumental”, él debiera presentar una acusación particular, y es lo que le he reclamado a su bancada en el acto de interpelación. Si creen que hubo fraude, si creen que tienen las pruebas para sostener la existencia de un fraude, presenten la acusación particular; lleven el caso ustedes, sin fiscal; el Código Penal se los permite. Ahí el pueblo de Bolivia va a saber quién miente, quién no tiene ni una sola prueba para sostener una acusación. Porque también tienen que estar conscientes de que si su acusación particular es declarada infundada, sin mérito, habrán cometido acusación o denuncia falsa, pasarán de acusadores a acusados; porque no puedes acusar a vocales, a familias, a personas que han hecho un trabajo adecuado y digno, de haber cometido un fraude cuando no existe una evidencia de tal fraude. Si don Carlos Mesa cree que tiene pruebas, lo invito a que presente su acusación particular, es lo mínimo que se espera del líder de la oposición en Bolivia. Ha habido gente que ha estado durante meses detenida en cárceles del país sin que hubiera hecho nada que implique una responsabilidad penal. Y eso ha sido resultado de la acusación del señor Mesa. Es un momento de buscar la verdad; ahora es el momento para que nos muestren las pruebas que tienen, y el informe de la OEA no es ninguna prueba.

—En octubre del año pasado, días antes de las elecciones, el exviceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría presentó una investigación del IDIF que documentaría el fraude a través de la intervención de 20 mexicanos en el sistema informático.

—Esta investigación a la que se refiere es una investigación de teorías de conspiración que no se sustenta en hechos legales, que no encuentra relación de causalidad, lógica, entre el acto electoral y el arribo de estos ciudadanos al país. Lo que hubo fue una conferencia de prensa muy histriónica, pero no hay relación de causalidad, no han presentado ninguna prueba. Todos sus argumentos no son más que una teoría de conspiración; por ello, usted no va a encontrar un requerimiento fiscal ni ninguna decisión judicial sobre los argumentos del señor Santamaría. No es un informe serio. Es un tema que no nos merece comentarios por su falta de seriedad.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón     

Comparte y opina:

VACUNACIÓN YA, CUARENTENA NO

Los centros productivos que resistieron hasta hoy, podrían tener en la cuarentena la estocada final.

/ 13 de junio de 2021 / 19:14

DIBUJO LIBRE

Con más de 3.800 casos por día, Bolivia está atravesando el pico más alto de la tercera ola y uno de los peores momentos desde el inicio de la pandemia. La difícil situación en salud ha reabierto el dilema entre la salud y la economía. Varias regiones del país han retomado restricciones de horario, circulación, etc. La pregunta es si es necesario masificar las cuarentenas en el país. Mi posición tajante es que no.

Tras las dos primeras olas, algunas lecciones aprendidas sobre la cuarentena son: 1) es una medida extrema y solo temporal ante un potencial descontrol de la pandemia; 2) ya que solo retrasa el pico, no aplana la curva, como hipotéticamente se afirmaba; 3) perjudica más a la economía que el propio desarrollo de la pandemia; 4) el confinamiento es desigual entre los habitantes; y, 5) su efectividad se reduce mientras más prolongada sea la cuarentena.

Durante 2020, los sectores más perjudicados por las medidas restrictivas fueron el minero, la construcción, el transporte, el comercio y los servicios de empresas y a consumidores. Junto al colapso de la actividad se disparó el desempleo, se hundió el comercio exterior y las recaudaciones tributarias.

De masificarse hoy las cuarentenas en el país, se afectaría a la producción y al empleo, en un momento en el que la economía se encuentra en sala de recuperación. Los establecimientos productivos que lograron resistir hasta la fecha podrían encontrar en ésta la estocada final para su cierre definitivo.

En estos momentos, cuando el sector productivo muestra francas señales de reactivación, la implementación de las cuarentenas podría resultar contraproducente. La minería muestra un buen desempeño, avivado por los mejores precios internacionales. En el sector agropecuario se requiere más mano de obra para labores de cosecha y siembra, que son mayoritariamente manuales. La ausencia de lluvias en invierno facilita las actividades de construcción, silvicultura y otros que podrían verse perjudicadas. Las medidas de estímulo al consumo con efectos multiplicadores en el comercio, transporte y servicios también estarían socavadas. En fin, retornar a la cuarentena produciría un gran daño económico con el riesgo de perder todo lo avanzado.

Tampoco se debe olvidar que el confinamiento no es igual para todos. El sustento de muchos hogares con actividades informales depende del ingreso diario, el cual no podría ser restringido porque sería como negar el derecho al trabajo.

La primera cuarentena rígida de poco más de 60 días no evitó que los hospitales colapsen ni tampoco suavizó la curva de infecciones (por falta de pruebas y el poco hábito de uso del barbijo) cuyo pico se produjo finalmente en julio de 2020. El confinamiento solo sirvió al gobierno transitorio para ganar tiempo ante la deficiente gestión de la pandemia, pero a un costo elevado, pues enfrió súbitamente la economía y desencadenó la crisis económica y la pérdida de la mayor parte de puestos de trabajo. En la segunda ola esta tarea ya estaba descentralizada y endilgada a los gobiernos subnacionales con incluso una menor capacidad de control y gestión.

La intensidad de la tercera ola llega en un momento en el que muchas nuevas autoridades locales recién se van afianzando en sus funciones, lo que genera retrasos en la entrega de vacunas y una deficiente coordinación con el Gobierno central que se ha tratado de disimular con el argumento de la falta de recursos. Es un contrasentido que se quejen siendo que son sus propias acciones restrictivas las que dañan la economía y afectan la generación de ingresos fiscales. Parte del descontrol de esta tercera ola se debe a la dispersión de algunas decisiones en salud a los niveles territoriales, en lugar de ser asumidos por el Gobierno central.

La Paz no necesita más cuarentenas. Para superar ambas crisis se requiere una gestión más eficiente, de estrecha coordinación entre niveles de gobierno, una vacunación masiva en las áreas urbanas más pobladas sin restricción de edad, enfocada en grandes grupos de trabajadores y ya no en grupos de riesgo. Finalmente, es importante entender que la vacunación es una medida preventiva de efecto de mediano término y no una plena solución inmediata.

 (*) Omar Velasco Portillo es economista

Comparte y opina:

VIVE LA COMMUNE!

La Comuna de París, el hecho político más importante de la historia del movimiento obrero del siglo XIX.

/ 13 de junio de 2021 / 19:08

DIBUJO LIBRE

Los burgueses siempre lo habían conseguido todo. Desde la revolución de 1789, habían sido los únicos que se habían enriquecido en tiempos de prosperidad, mientras que la clase trabajadora había tenido que soportar regularmente el coste de las crisis. La proclamación de la Tercera República abrió nuevos escenarios y ofreció la oportunidad de revertir este rumbo. Napoleón III había sido derrotado y capturado por los alemanes, en Sedán, el 4 de septiembre de 1870. En enero un año después se rendía París, que había estado sitiada durante más de cuatro meses, lo que obligó a los franceses a aceptar las condiciones impuestas por Otto von Bismarck. Se produjo un armisticio que permitió la celebración de elecciones y el posterior nombramiento de Adolphe Thiers como jefe del poder ejecutivo. En la capital, sin embargo, a diferencia del resto del país, la conjunción progresista-republicana tuvo éxito con una abrumadora mayoría y el descontento popular fue más generalizado que en otros lugares. La perspectiva de un ejecutivo que dejase inmutables todas las injusticias sociales, que quería desarmar la ciudad y hacer recaer el precio de la guerra sobre los menos favorecidos, desató la rebelión. El 18 de marzo de 1871 estalló una nueva revolución; Thiers y su ejército tuvieron que refugiarse en Versalles.

Los insurgentes decidieron celebrar inmediatamente elecciones libres, para garantizar la legitimidad democrática de la insurrección. El 26 de marzo, una abrumadora mayoría (190.000 contra 40.000 votos) aprobó las razones de la revuelta y 70 de los 85 miembros electos se declararon a favor de la revolución.

El 28 de marzo, una gran masa de ciudadanos se reunió cerca del Hôtel de Ville y recibió con alegría la inauguración de la nueva asamblea que oficialmente tomó el nombre de la Comuna de París. Aunque solo duró 72 días, fue el evento político más importante en la historia del movimiento obrero del siglo XIX. La Comuna revivió la esperanza de una población agotada por meses de penurias. En los barrios surgieron comités y grupos en apoyo. En cada rincón de la metrópoli se multiplicaron las iniciativas de solidaridad y los planes para la construcción de un mundo nuevo. Montmartre pasó a llamarse “la ciudadela de la libertad”. Uno de los sentimientos predominantes fue el deseo de compartir. Militantes como Louise Michel dieron ejemplo por su espíritu de abnegación. Víctor Hugo escribió sobre ella: “Hiciste lo que hacen las grandes almas locas. Has dado gloria a los que están aplastados y sometidos”. Sin embargo, la Comuna no vivió gracias al impulso de un dirigente o de unas pocas figuras carismáticas. De hecho, su principal característica fue su dimensión claramente colectiva. Mujeres y hombres se ofrecieron voluntarios para un proyecto de liberación común. La autogestión ya no se consideró más una utopía. La autoemancipación se convirtió en algo esencial.

El 19 de abril la Comuna redactó la Declaración al Pueblo Francés, en la que se aseguraba “la garantía absoluta de la libertad individual, de la libertad de conciencia y la libertad de trabajo” y “la intervención permanente de la ciudadanía en los asuntos comunes”.

Iniciaron una serie de reformas que tenían como objetivo cambiar profundamente no solo la forma en que se administraba la política, sino su propia naturaleza. La democracia directa de la Comuna preveía la revocabilidad de los representantes electos y el control de su labor a través de la vinculación de mandatos (medida insuficiente para resolver la compleja cuestión de la representación política). Había que impedir la profesionalización de la esfera pública. Las decisiones políticas no debían corresponder a pequeños grupos de funcionarios y técnicos, sino ser tomadas por el pueblo. Los ejércitos y las fuerzas policiales ya no serían instituciones separadas del cuerpo de la sociedad. La separación entre Iglesia y Estado era una necesidad indispensable.

La Comuna creía que las reformas sociales eran incluso más relevantes que las transformaciones políticas. Representaban su razón de ser. La fecha de vencimiento de las deudas se pospuso tres años, sin pago de intereses. Se suspendieron los desahucios por impago de alquileres; se proyectó limitar la duración de la jornada laboral (de las 10 horas iniciales a las ocho previstas en el futuro). Se hizo lo posible para aumentar el suministro de alimentos y reducir los precios. Los comuneros creían que la educación era indispensable para la liberación de los individuos, sinceramente convencidos de que era el requisito previo de cualquier cambio social y político serio y duradero.

En esta vía de emancipación no existía la discriminación nacional. El título de ciudadano de la Comuna estaba garantizado a todos los que trabajaban por su desarrollo y los extranjeros tenían los mismos derechos sociales garantizados que los franceses. Prueba de este principio de igualdad fue el papel predominante que asumieron varios extranjeros (unos 3.000 en total). El húngaro, miembro de la Asociación Internacional de Trabajadores, Léo Frankel, no solo fue uno de los funcionarios electos de la Comuna, sino que también el responsable de la comisión de trabajo, uno de los “ministerios” más importantes de París. Los polacos Jaroslaw Dombrowski y Walery Wroblewski fueron nombrados generales con mando de la Guardia Nacional y desempeñaron un papel igualmente importante.

En este contexto, las mujeres, aún privadas del derecho al voto y, en consecuencia, también de sentarse entre los representantes del Consejo de la Comuna, jugaron un papel fundamental en la crítica del orden social existente. Transgredieron las normas de la sociedad burguesa y afirmaron su nueva identidad en oposición a los valores de la familia patriarcal. Salieron de la dimensión privada y se ocuparon de la esfera pública. Formaron la “Unión de Mujeres por la Defensa de París y por la Atención a los Heridos” (nacida gracias a la incesante actividad de Élisabeth Dmitrieff, militante de la Asociación Internacional de Trabajadores) y jugaron un papel central en la identificación de batallas sociales estratégicas. Consiguieron el cierre de los burdeles, lograron la igualdad salarial con los maestros varones, acuñaron el lema “a igual trabajo, igual salario”, reclamaron igualdad de derechos en el matrimonio, exigieron el reconocimiento de las uniones libres, promovieron la creación de cámaras sindicales exclusivamente femeninas. Cuando, a mediados de mayo, la situación militar empeoró, cuando las tropas de Versalles llegaron a las puertas de París, las mujeres tomaron las armas e incluso lograron formar su propio batallón. Muchas expiraron su último aliento en las barricadas.

La Comuna de París fue reprimida con brutal violencia por los ejércitos de Versalles. Durante la llamada “semana sangrienta” (del 21 al 28 de mayo) fueron muertos entre 17.000 y 25.000 ciudadanos. Los últimos enfrentamientos tuvieron lugar a lo largo del perímetro del cementerio de Père-Lachaise. El joven Arthur Rimbaud describió la capital francesa como una “ciudad dolorosa, casi muerta”. Fue la masacre más violenta de la historia de Francia. Solo 6.000 comuneros lograron escapar y refugiarse en el exilio en Inglaterra, Bélgica y Suiza. Hubo 43.522 prisioneros. Un centenar de ellos fueron condenados a muerte tras juicios sumarísimos de los consejos de guerra, mientras que otros 13.500 fueron enviados a prisión, a trabajos forzados o deportados (en buena parte, especialmente, a la remota Nueva Caledonia). Algunos de ellos se solidarizaron y compartieron la misma suerte que los insurgentes argelinos que habían liderado la revuelta anticolonial de Mokrani, que tuvo lugar al mismo tiempo que la Comuna y que también fue aplastada violentamente por las tropas francesas.

La Comuna encarnó la idea abstracta y el cambio concreto al mismo tiempo. Se convirtió en sinónimo del concepto mismo de revolución, fue una experiencia ontológica de la clase trabajadora. En La guerra civil en Francia, Marx afirmó que esta “vanguardia del proletariado moderno” logró “acercar a los trabajadores de todo el mundo a Francia”. La Comuna de París cambió la conciencia de los trabajadores y su percepción colectiva. Después de 150 años, su bandera roja sigue ondeando y nos recuerda que siempre es posible una alternativa. Vive la Commune!

(*) Marcello Musto es sociólogo, italiano, profesor universitario en EEUU.

Comparte y opina:

MORAL Y DESNUDEZ POLÍTICA

El despojo de lo público, el Estado como botín y el enriquecimiento ilícito fueron el real proyecto de Murillo.

/ 13 de junio de 2021 / 18:57

DIBUJO LIBRE

La detención de Murillo, ni más ni menos por el FBI (difícilmente acusable de ser masista), es la piedra de toque en el derrumbe de uno de los conceptos centrales sobre los cuales quiso construir su identidad el conservadurismo político boliviano en los pasados 10 años, el de su “altura moral”.

Construyendo la altura moral. Desde 2005, año de la primera victoria de Evo Morales, el gobierno del MAS logró que su discurso político e ideológico ocupara el centro del debate político en Bolivia. Con rasgos profundamente reivindicativos las organizaciones y movimientos sociales que conformaban el MAS se erigieron como los poseedores de una “altura moral” que les permitía proponer, impulsar y ejecutar una serie de cambios estructurales en la sociedad boliviana, desde la “justeza” y la “restitución del equilibrio”.

La legitimidad de este actor social y la sensación generalizada de que la historia había hecho justicia, significaban que la derecha y el conservadurismo boliviano habían sido derrotados no solo política y electoralmente, sino, moralmente.

Pero en 2011 comienza un proceso de sustitución discursiva en ambos bloques y, como efecto, un cambio en las coordenadas perceptuales que sirven para que la sociedad interprete la política. Progresivamente, el centro de gravedad del discurso político boliviano se traslada del MAS, con un discurso cada vez más obrista, hacia la oposición, con una discursividad más de tipo valórico, ético y moral en clave de ataque.

Progresivamente la oposición conservadora comenzó a apelar de manera sistemática a tres líneas de acción comunicacional. La primera fue la descalificación moral del masismo, el cual fue y es mostrado de manera caricaturizada como una suerte de organización delincuencial, mafiosa y casi satánica.

La oposición y ciertos medios de comunicación se concentraron en los actores centrales del MAS, en sus dirigencias sociales, autoridades electas y altos niveles de dirección del Ejecutivo, para tratar de vincularlos a casos y actos de corrupción, reales o ficticios, y especialmente a una serie de antivalores esencialmente morales conservadores.

Desde la pedofilia hasta la violación; desde la manipulación de la justicia hasta el abuso de poder en los cargos estatales; desde el apego insano al poder hasta la autodeificación. Un verdadero menú de antivalores, muchos en clave religiosa, fueron asociados a identificables masistas y, por extensión, a toda esta comunidad política.

El término masista se convirtió en un peyorativo; haciendo mención a una filiación partidaria fue transformado en una identidad moralmente negativa y racialmente descriptiva.

Esta construcción contó con el invalorable apoyo de los mismos masistas. Los actos de corrupción y las vulneraciones legales, éticas y morales fueron evidentes y numerosas; sin duda, y el MAS no supo o no quiso lidiar adecuadamente con ellas.

La segunda línea de acción comunicacional conservadora fue la generación de un ambiente de pretendido quiebre de los valores sociales imperantes en Bolivia. Muchos fenómenos sociales comenzaron a tratarse como escándalos políticos. La inseguridad ciudadana (al vincularla al narcotráfico), la violencia contra la mujer (asociándola a comportamientos machistas, especialmente de sectores populares), el comportamiento cuasi delincuencial de la justicia (ligándolo a la manipulación política), la crisis del Estado de derecho (relacionándolo al menosprecio por las leyes) y otros, generaron una sensación de pánico, impotencia e indignación de ciertos sectores de la población que veían amenazados hasta sus esquemas de valores personales, que en nuestro país son fundamentalmente conservadores.

Porque Bolivia, luego de 15 años de ‘proceso de cambio’, sigue siendo mayoritaria y profundamente conservadora, y es la religión la fuente de construcción de la identidad moral de los bolivianos. Según el Informe Nacional de la Encuesta Mundial de Valores en Bolivia, más de 89% de los bolivianos comprenden a la religión como un factor ordenador de su vida y de sus relaciones con otras personas, es decir, como un factor orientador de su vida social y material.

La tercera línea de acción fue la construcción del actor que se oponía a este descalabro valórico, la ciudadanía opositora con su respectivo sentimiento de “altura moral”.

Y es que como en toda narrativa, instalado el problema (el quiebre moral) y el villano (el masismo), era necesario construir al héroe que pudiera conjurar el riesgo de la destrucción de los valores compartidos y castigar al villano. Y de esa necesidad narrativa surge, con la intervención directa de diferentes grupos, sectores e intereses, la ciudadanía opositora, el actor indignado que toma las calles en noviembre de 2019.

Pero esa ciudadanía no solo está politizada, es una ciudadanía “moralizante” en la cual ha despertado, obra y gracia de la operación comunicacional citada, una certeza de que se vuelca a las calles a rescatar a Bolivia de una hecatombe valórica.

Es por esto que Áñez y sus discretos y casi fantasmales aliados ingresan al Palacio Quemado montados sobre un discurso profundamente moral. Con la Biblia bajo el brazo, la promesa que le hace al país es la del retorno al Palacio de los valores familiares, humanos, religiosos, democrático- iberales y toma para sí el encargo social de castigar a un MAS adecuadamente villanizado.

El justo castigo a los “terroristas y sediciosos” masacrados en Sacaba, Senkata y El Pedregal, la deshumanización e inferiorización de quienes no podían/querían mantener la cuarentena o, por el otro lado, el intento de Áñez de asumir el rol de cariñosa madre de toda la bolivianidad o de Murillo de ser el hombre que protege el sueño de los justos contra las “hordas masistas”, nos muestran tanto el repertorio discursivo del conservadurismo político como esa certeza de altura moral que lo animaba.

Desnudez y fachada. Sin embargo, en el caso boliviano, esta estrategia comunicacional de framing moral no es ni siquiera el eco de similares líneas de acción que diferentes gobiernos neoconservadores utilizan en el mundo desde hace más de una década. Es en realidad el resultado de la desnudez política conservadora.

Desde la asunción de Morales, la oposición no fue capaz de construir una propuesta o visión de país alternativa a la del Estado Plurinacional. Los repetidos intentos de estructurar organizaciones político-partidarias que representen y aglutinen al conservadurismo político fracasaron. Los liderazgos que le ofrecen al país nos retrotraen al pasado republicano más que abrirnos hacia un futuro alternativo al Plurinacional.

Sin propuestas, partidos ni liderazgos, el conservadurismo político buscó refugio en los legítimos valores morales de la mayoría de los bolivianos para con ellos cubrir su desnudez. Y tampoco lo hizo para rescatar los valores morales conservadores y oponerlos a los valores progresistas en crecimiento. Lo hizo para construir una fachada de moralidad que fue utilizada para los fines exactamente contrarios. El retorno al despojo de lo público, el enriquecimiento ilícito y el Estado como botín, son la verdadera propuesta que encarnaba Murillo.

Entonces, el daño que el efímero gobierno de Áñez le hizo al conservadurismo político boliviano no proviene únicamente de su manifiesta incapacidad para gobernar ni de los hechos de corrupción mismos, sino de haber dinamitado el corazón mismo de la única propuesta que pudo generar para el país en 15 años, la propuesta de ser mejores personas que los masistas.

Y es que el fariseísmo es una carta muy peligrosa de jugar, porque la moral también hace política.

(*)Manuel Mercado G. es especialista en comunicación política          

Comparte y opina:

‘FRAUDE’, INFORME DE LA OEA, SOBRE TODO INDICIOS

Volvió a la agenda el debate sobre si en 2019 hubo o no ‘fraude’; aún está pendiente revisar lo que realmente pasó.

Ante la Asamblea, el ministro Lima dijo que no hay una sola prueba. Un análisis sobre el contenido del estudio de la gestión Almagro

Por Iván Bustillos

/ 6 de junio de 2021 / 17:56

EL PUNTO SOBRE LA i

Volvió a la agenda la polémica del “fraude” en la elección de octubre de 2019; esta vez fue a raíz de la afirmación del ministro de Justicia, Iván Lima, en la Asamblea Legislativa, en sentido de que “no existe una sola prueba, ni un elemento que sostenga un fraude electoral” en dicha elección. Para respaldar su afirmación, el ministro aludió al sobreseimiento fiscal con que se beneficiaron los vocales de los tribunales electorales departamentales, que junto a los del Tribunal Supremo Electoral (TSE) habían sido acusados del ilícito desde noviembre de 2019. El sobreseimiento se hizo efectivo entre enero y marzo de 2021.

En ocasión de la absolución de los exvocales del TED La Paz, el 19 de enero de 2021, la Fiscalía en su resolución señalaba que se decidió el sobreseimiento al “no contar con elementos suficientes que permitan sustentar una acusación y en aplicación del principio jurídico ‘indubio por reo’ siguiendo el principio de objetividad que persigue el Ministerio Público que no solamente es acusar sino también eximir de responsabilidad penal cuando NO exista suficientes elementos de convicción como en el presente caso de autos”.

Los delitos de los que se acusaba a los exvocales, y de los cuales se los liberó de culpa, eran “uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alternación y ocultación de resultados, beneficios en función del cargo, todos vinculados con delitos electorales”.

Como ya se informó anteriormente, el proceso a los exvocales del TSE, sin embargo, sigue abierto. El 6 de octubre de 2020, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que para cerrar la investigación fiscal se decidió contratar a una empresa europea para que haga una pericia informática sobre “todo el manejo informático” en las elecciones de 2019.

En esa oportunidad, Lanchipa refirió que si bien la base de la acusación sigue siendo el informe final de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), éste solo establece indicios; cuando la Fiscalía para instaurar un juicio, o sea, tener la prueba suficiente para acusar a los posibles responsables, necesita “tener una posición técnica para contrastar y verificar si es evidente lo que manifiesta ese informe”.

El 4 de diciembre de 2019, la OEA emitió un comunicado de prensa en el que anuncia la presentación del “informe final de la auditoría” de las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia. La conclusión, dice, “es que hubo una ‘manipulación dolosa’ e ‘irregularidades graves’ que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas”.

La “manipulación dolosa”, continúa la OEA en su comunicado, se dio en dos planos: “alteraciones de las actas y la falsificación de firmas de jurados de mesas”, y que en el procesamiento de los resultados “se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que posibilitaba la manipulación de datos y la suplantación de actas”.

En lo que sigue, se trata de mostrar los diferentes matices de lo que el informe de la OEA tiene como puntos críticos de la “manipulación dolosa”.

Como se conoce, el primer cuestionamiento que hace la OEA es el corte del TREP, que además de ser una “decisión arbitraria que atentó contra la integridad y transparencia del proceso electoral”, tuvo motivaciones “cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática a través del desvío del flujo del TREP hacia servidores externos” (p 14); o sea, el corte fue un acto intencionado para posibilitar el desvío de los datos hacia servidores ocultos, sospechosos de que podían cambiar los resultados, y esto, se señala, fue bajo la anuencia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) “que permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral (p 10).

Los dos “servidores ocultos” son el BO1 y BO20; el primero habría funcionado hacia las 19.40 del mismo día de la elección, el 20 de octubre; y, el segundo, al reanudar el TREP, el lunes 21.

De la declaración del gerente de Ethical Hacking, Álvaro Andrade, en noviembre de 2019 al Canal Universitario y de su “Informe consolidado de Producto 1 y Producto 2 Línea de Tiempo de la Consultoría al OEP”, sin embargo, destacan los siguientes hechos: la existencia del “servidor oculto” fue alertada por Ethical a las 19.30 del día de la elección, por el alto que estaba generando para verificar actas; a eso, los vocales se hicieron presentes en el centro de cómputo y, una vez que llega Marcel Guzmán de Rojas, director de Neotec (la empresa encargada de gestionar el sistema de cómputo) le piden explicaciones sobre el servidor “oculto” BO1; Guzmán de Rojas “indica que fue su error no avisarnos pero que lo hizo (crear el servidor BO1 y de ahí solicitar verificación de actas) para cumplir con la solicitud que los vocales y la presidenta le habían pedido, que deseaban ver primero ellos los resultados previamente a la publicación de los mismos”.

El problema es, dice la auditora Ethical, que dicho servidor no estaba monitoreado, y por eso no podía dar fe de lo que allí se hizo y por esta “violación del protocolo de seguridad” se perdía credibilidad en el proceso de conteo. Y, cuenta Andrade: “Para estos momentos la presidenta del TSE y los vocales, con excepción del Ing. Costas, empezaron a acusar a Marcel Guzmán de Rojas de hacer fraude (…) todos empezaron a gritar y a acusarlo de fraude, se habló de llamar al Fiscal General, a la Policía y en eso tuvimos que intervenir para calmar los ánimos”. En ese momento, cuenta Andrade, decidieron “verificar lo que pasó en este servidor (BO1) y ver si se realizó un ataque o no al sistema TREP”. Fue en esta circunstancia en que los vocales instruyeron “cortar la comunicación del TREP (…) hasta que se verifique qué fue lo que pasó”.

Luego de que Andrade y Guzmán de Rojas se tomaron varios minutos para revisar dicho servidor, se llamó nuevamente a reunión, y allí Ethical además de reclamar el proceder de Guzmán de Rojas y, de nuevo, aclarar que no da fe de la integridad de los datos; sin embargo, se vio que dicho servidor “no contenía software malicioso, estaba libre de crons y scripts que pudieran alterar posteriormente alguna información, que no existían usuarios adicionales a los que deberían existir, que las comunicaciones se realizan solo por certificado, etc.”

Aquí no hay que dejar de decir que el principal reclamo de Ethical a Enotec efectivamente es que Guzmán de Rojas intervenía en el sistema del TREP y en el cómputo oficial sin pedirles permiso o sin avisarles, aunque luego les informaba.

Por su lado, Marcel Guzmán de Rojas, en su Informe Final Elecciones Generales 2019, dirigido a la presidenta del TSE, María Eugenia Choque el 28 de octubre de 2019, sobre la interrupción del TREP, expresa que no estuvo de acuerdo con dicho corte, aunque ratifica: “En ningún momento, incluyendo el periodo de suspensión del TREP, la base de datos del TREP estuvo comprometida, como tampoco se alteró”.

Específicamente sobre el hecho cuenta que como a las 20.15 del 20 de octubre recibió una llamada de los vocales del TSE, por la que se le “ordenó suspender el TREP” y se le convocó a una reunión en oficinas del TSE en San Jorge. En dicha reunión (a las 20.30) da cuenta de que los vocales “presentaron tres argumentos para la interrupción: 1. el uso de un servidor no monitoreado, BO1; 2. el aumento inesperado de tráfico para verificación de actas desde el servidor BO1; y 3. el cambio repentino de la tendencia entre el MAS y CC”. Pese a explicar la función del servidor BO1 y de lo normal de la evolución del conteo, concluye Guzmán de Rojas, “los vocales decidieron no continuar con el TREP, a excepción del vocal Antonio Costas”.

En cuanto al segundo servidor “oculto”, el BO20, que se detectó tras la reanudación del TREP, el lunes 21 de octubre, la OEA además de protestar porque tampoco estaba monitoreado, deplora que en el mismo también se registró y verificó actas del TREP. “Esto resulta extremadamente grave y afecta la transparencia del proceso”, reclamó. (p 29)

Al respecto, la versión de Guzmán de Rojas es como sigue: “La noche de la elección, en la reunión de las 20.00, el TSE decidió reemplazar el servidor BO1 por un nuevo servidor, BO20. Este servidor se creó y configuró en el espacio de servidores en Amazón AWS del TSE. Al igual que el servidor BO1, el nuevo es una simple pasarela, un reverse proxy mediante Nginx. Los servidores perimetrales actúan como pasarela entre el navegador del usuario y el servidor de aplicaciones, validando que la solicitud enviada por el navegador corresponda a un servicio expuesto en la pasarela así como la integridad de la solicitud http. Es una buena práctica de seguridad, usar servidores pasarela (perimetrales) en un servidor distinto al servidor de aplicaciones”, destaca en el Informe Complementario al Informe Final Elecciones Generales 2019, en el capítulo “Aclaración Servidores BO1 y BO20”, dirigido a la presidenta del TSE el 4 de noviembre de 2019, cuando ya estaba en curso la auditoría de integridad electoral de la OEA.

En lo relativo a las actas y las supuestas falsificaciones, en el comunicado de prensa de la OEA del 4 de diciembre de 2019, cuando el organismo presentó el Informe Final de auditoría, no deja de destacar el volumen del texto: “96 páginas de análisis y más de 500 páginas de anexos”. Dichos anexos contienen, asegura la OEA, “pericias caligráficas a más de 220 actas de escrutinio; documentos suscritos por funcionarios del órgano electoral; referencia a 37 listas de índice de ciudadanos habilitados para votar; registro de la recepción de más de 200 denuncias y comunicaciones con información recibida por parte de la ciudadanía; y, 11 solicitudes de requerimientos de información”. Se trata de un total de nueve anexos.

El anexo más ampuloso es del número 8, “Hallazgos de la pericia caligráfica”. Allí se muestra la fotografía de las 226 actas que habrían sido “completadas por una misma persona”; este “procedimiento altamente irregular” se habría dado, dice la OEA, en 86 centros de votación de 47 municipios del país, adelantando su evidente sospecha: “todas estas mesas corresponden a 38.001 votos válidos, de los cuales el partido político MAS obtiene el 91%”.

La OEA también incluye anexos actas en que detalla supuestas falsificaciones de firma de los jurados electorales.

Como señala la Fiscalía General del Estado, lo que hay en el Informe Final de auditoría de la OEA, en rigor, son indicios de acción dolosa e irregularidades, que por eso está en curso una pericia internacional acerca de si hubo o no manipulación informática de los resultados.

 (*) IVÁN BUSTILLOS es periodista de La Razón

Comparte y opina:

Últimas Noticias