Se suele decir que la emergencia de una crisis en una determinada institución o medio social puede servir para encontrar soluciones importantes a través de respuestas que estén en proporción a la dimensión del problema. Este razonamiento tendría que servir para diagnosticar con objetividad las causas de fondo que impiden que el país tenga el privilegio de contar con un Órgano Judicial que realmente administre justicia, para luego plantear una alternativa de solución.
En ese sentido, vale la pena retrotraernos al momento en que surge la república y el modelo de Estado diseñado, traducido éste en la Constitución Bolivariana de 1826. Acá ya se advierte la presencia de un Estado “Montesquiano” que prevé la existencia formal de poderes teóricamente independientes el uno del otro. El problema radica en que en la propia Constitución ya se prevé el nombramiento de los altos magistrados encargados de administrar justicia como una potestad parlamentaria, es decir, esta atribución se mantuvo en Bolivia en todas las versiones constitucionales, con excepción de la actual.
Por consiguiente, era el órgano estatal más politizado el que designaba a las altas autoridades judiciales. En diferentes coyunturas, los partidos políticos con presencia parlamentaria, en lugar de promover la designación de los mejores perfiles profesionales para esta sagrada misión, optaban por ubicar en cargos de la entonces Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Distrito a sus militantes, para precisamente tener un control directo sobre el Poder Judicial.
Durante el debate suscitado en la Asamblea Constituyente, prevaleció la equivocada idea de que la mejor manera de evitar la subordinación de los tribunales de justicia al poder político era promoviendo la elección de magistrados a través de las urnas para que sea el ciudadano quien los elija, tanto a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia así como del Tribunal Agro Ambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional, figura prevista en los Artículos 182, 188, 194 y 198 de la Constitución Política del Estado, respectivamente.
Aparentemente, al otorgarle al soberano esta potestad, se estaba democratizando a los estrados judiciales, sin embargo, al definir que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional la que preseleccione a los postulantes, implícitamente se está retornando al anterior sistema para que sean los políticos afines al Gobierno los que finalmente definan quiénes llegarán a ocupar estos cargos.
La prueba testimonial y elocuente radica en lo acontecido en la última elección de magistrados, los postulantes para las cuatro instituciones fueron depurados exclusivamente con base en la instrucción política emanada del Gobierno, donde obviamente cualquier profesional que no cuente con el respaldo del Órgano Ejecutivo no tenía la mínima posibilidad de que su nombre sea remitido al Órgano Electoral, motivo por el que las elecciones realizadas en octubre de 2011 fueron una burla al pueblo boliviano, porque tenían la exclusiva finalidad de consolidar el dominio político sobre todos los órganos de poder, quedando frustrada una vez más la aspiración legítima de la ciudadanía de beneficiarse con la existencia de tribunales independientes e imparciales. Ésa fue la razón por la que el resultado de dicho acto electoral fue inédito en Bolivia, pero importante para el diagnóstico sensato.
Los votos blancos y nulos ganaron, es decir se impusieron a los votos válidos; por consiguiente, ninguna autoridad judicial electa debería sentirse con la legitimidad democrática necesaria para ejercer el cargo porque el pueblo, a través de su voto mayoritario, los rechazó.
En una muestra de absoluta ausencia de referentes éticos, los que resultaron con mayor votación que otros pero con tremenda distancia frente a los nulos y blancos, fueron posesionados no para administrar justicia, sino para mantener el mecanismo de subordinación del Órgano Judicial hacia el poder político.
Queda claro entonces que no hemos avanzado nada, pues nos siguen sirviendo el pasado en copa nueva. Pero el problema no radica solamente en la ausencia de autonomía de la magistratura, sino que, además de este requisito de ser un juez paragubernamental, está el hecho de que no se hizo el mínimo esfuerzo para cualificar el perfil de los profesionales que ejercerían el cargo. Hablando más claro, al Gobierno no le interesa que los magistrados sean capaces, con vocación de justicia, imparciales o idóneos; le interesa exactamente lo contrario, que sean serviles y si son o no corruptos esa no es su principal preocupación. Por el contrario, un juez honesto es un peligro para el interés político, por la sencilla razón de que una autoridad judicial honesta muy difícilmente permitirá que la presionen o que le manden desde la instancia política los fallos ya redactados para que solamente le ponga su rúbrica.
En consecuencia, estamos frente a una magistratura que de honradez y ética profesional tiene muy poco o casi nada, pero tiene lo principal: el respaldo político que le permite mantenerse en el cargo y satisfacer sus intereses personales, por ello el fenómeno de la corrupción tiene prácticamente el escenario llano para estar vigente, campeando en los tribunales como “Pedro por su casa”. Ésa es la cruda realidad.
Por ello, la pregunta que el país se formula es: ¿cuándo habrá justicia en Bolivia? (Y la respuesta podría ser:) cuando los órganos de poder político decidan democratizar la democracia, es decir, cuando en un acto de desprendimiento comprendan que para garantizar el Estado de Derecho, la condición imprescindible es garantizar la plena independencia de poderes, y en el caso del Órgano Judicial permitir que la magistratura esté ejercida por los mejores valores humanos, los profesionales juristas más calificados académica y éticamente, donde el único mecanismo de subordinación que rija sea precisamente la obediencia a la norma y no a la presión irregular del dinero o del poderoso.
Es abogado y rector de la UMSA