Uno de nuestros grandes males institucionales ha sido y es la existencia de una justicia subordinada al poder político y económico. Esto convirtió a todo un sistema de administración judicial en ineficiente, corrupto, discriminador, partidizado y prebendalizado.
Idoneidad, transparencia e independencia debieron haber sido los criterios a seguir durante el proceso de preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional realizada entre los meses de mayo y julio de 2011 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y también durante la posterior elección por voto popular de autoridades judiciales llevadas a cabo el 16 de octubre de 2011. Lamentablemente nada de esto se logró a causa de la manera como el Movimiento Al Socialismo (MAS) impuso las listas preseleccionadas de los postulantes a magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional.
La Asamblea Constituyente, que fracasó en su intento de generar un nuevo pacto social, obligó a instaurar escenarios de concertación complementarios, convirtiendo al anterior Congreso en Constituyente de manera por demás inconstitucional, pero generando acuerdos políticos entre el MAS y los resabios de los partidos tradicionales reciclados en Poder Democrático y Social (Podemos) todavía esperanzados en revertir su práctica desaparición.
Los actores políticos de entonces (octubre de 2008) sellaron un acuerdo partidocrático que incorporó en la Constitución la modalidad previa de preselección de candidatos por 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El cálculo político del MAS y Podemos de introducir esta modalidad, no contemplada en el proyecto de Constitución aprobado en Oruro, apuntaba a “negociar” en la Asamblea la lista de preseleccionados. Nadie había previsto entonces que los 2/3 los tendría solo el MAS y que utilizaría su mayoría para imponer al país su lista de preseleccionados para las elecciones judiciales.
Lamentablemente el MAS ha malogrado este proceso al administrar de manera irresponsable los 2/3 que ostenta en la Asamblea Legislativa Plurinacional e imponer su listado de preseleccionados.
Los plazos cortos, la superficial verificación de requisitos con criterios interpretativos contradictorios del reglamento, la insuficiente evaluación de méritos, las desperdiciadas entrevistas a los y las postulantes no difundidas a través de los medios de comunicación masivos, y el contenido incompleto de los informes le han restado credibilidad y seriedad al proceso de preselección. El MAS no estuvo a la altura del desafío y reprodujo las viejas prácticas partidocráticas de imposición con sus 2/3.
Por tanto, la lista de preseleccionados definida fue resultado de “negociaciones” internas entre las bancadas departamentales del MAS siguiendo criterios políticos, de afinidad, de amistad o vaya uno a saber finalmente qué criterios se adoptaron y quiénes finalmente participaron en la definición de las listas.
Por ello, al momento de la votación en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (julio de 2011), para asegurar disciplinadamente los 2/3, se pasaba a los diputados y senadores del MAS una lista previamente definida que debieron copiar en las papeletas de votación distribuidas para el efecto.
El 16 de octubre de 2011 no se trató de una elección por voto popular, como debió haber sido, para que el pueblo elija a los mejores hombres y mujeres, porque no hubo opciones alternativas a la lista oficialista impuesta por consigna; la cual se pretendió validar con el voto ciudadano.
A causa de la torpeza con que el MAS impuso su listado de preseleccionados, el 16 de octubre de 2011 la ciudadanía votó mayoritariamente expresando su disconformidad con la lista masista. El acto electoral se transformó en un plebiscito donde el 60% de la ciudadanía consideró que la lista de preseleccionados por el MAS no le garantizaría al país la plena independencia del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, ejerciendo su derecho a la indignación y rechazo a través del voto blanco o nulo reconocidos por ley. En definitiva, en las elecciones judiciales tuvimos postulantes mudos, medios de comunicación silenciados y ciudadanía desinformada.
El libro de mi autoría Interpelación silenciosa del voto blanco y nulo. Análisis y resultados de las elecciones judiciales, editado y publicado por Muela del Diablo Editores, detalla el contexto normativo y constitucional, empezando con lo aprobado en la Asamblea Constituyente y las modificaciones pactadas entre el MAS y Podemos en octubre de 2008; explica el malogrado proceso de preselección realizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional; y detalla los resultados de las elecciones del 16 de octubre.
Hacemos un análisis crítico que intenta explicar las posibles motivaciones de la decisión ciudadana al emitir su voto. En mi condición de diputado nacional participé de todo el proceso de preselección como adscrito en la Comisión de Justicia Plural, por lo que, en parte, este libro es una suerte de testimonio de lo experimentado y de las acciones llevadas a cabo en el desempeño de mis funciones. Como diría José Saramago, este libro pretende documentar la “lucidez” ciudadana que expresó en las urnas su interpelación y disidencia silenciosa y democrática, votando mayoritariamente en blanco y nulo en contra del listado impuesto por el MAS.
Hoy, a más de dos años de trabajo de los magistrados y magistradas del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, el presidente Evo Morales declaró que: “…en vano incorporamos poncho y pollera en la justicia, no cambia nada…”. Este arrebato de sinceridad del Presidente, quien reconoce que incorporaron gente como magistrados, es una clara confesión de la injerencia gubernamental sobre el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional.
Siguiendo esta evaluación incompleta del Presidente, lo que corresponde es que sea él mismo quien exija la renuncia a todos los magistrados que “incorporó” y se abra otro proceso de preselección, selección y elección de magistrados que contemple un trabajo verdaderamente transparente, independiente y eminentemente técnico de calificación de méritos para que tengamos a los mejores hombres y mujeres, sean de corbata, de poncho o pollera, para asumir los cargos más importantes del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional. No podemos esperar cuatro años más a que estos magistrados incorporados por el MAS terminen su mandato y se siga cayendo a pedazos la institucionalidad judicial en el país.
(*) El autor es diputado del Movimiento Sin Miedo