Las sociedades latinoamericanas han estado observando como de palco, y más concentradas en la crisis de Venezuela, los trágicos y vertiginosos acontecimientos que se desarrollan en Ucrania. Aunque pareciera que lo que pudiese suceder en aquella lejana región tendrá escasas repercusiones en los países latinoamericanos, nuestro argumento es que en realidad lo que está en juego son los principios y modalidades del orden multipolar emergente. De cuáles sean estos principios y modalidades dependerán también las perspectivas de los países latinoamericanos de desarrollarse y manejar sus destinos con autonomía.
Es que las acciones de los actores enfrentados en la crisis ucraniana no solo están poniendo en tela de juicio los principios fundamentales del derecho internacional, sino también empujando el sistema internacional hacia una multipolaridad con “esferas de influencia”, que es uno de los peores escenarios imaginables para los países en desarrollo.
Por una parte, el apoyo abierto de los Estados Unidos y la Unión Europea a las manifestaciones y movilizaciones contra el gobierno de Viktor Yanukóvich, solo por el hecho de haberse negado a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, vulnera flagrantemente uno de los principios que la diplomacia latinoamericana ha dedicado buena parte del siglo XX en consagrar en cuerpos normativos como la Cartas de la OEA y de las Naciones Unidas: el “principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”.
Los gobiernos de países como los nuestros no pueden permitirse vivir en la constante incertidumbre de ser desestabilizados por alguna gran potencia sólo por negarse a firmar un tratado propuesto o seguir una determinada orientación en su política exterior.
Rusia, por su parte, al ocupar la península de Crimea vulneró el principio de la integridad territorial de los Estados. El precedente dejado es peligroso y puede influenciar adversamente los cálculos y las doctrinas de otras potencias regionales con problemas limítrofes con sus vecinos. Aunque en nuestra región no existen problemas limítrofes que amenacen seriamente la seguridad regional, y es difícil imaginarse algo parecido a lo ocurrido en Crimea, el fait accompli ruso puede inspirar acciones similares en Asia y Oriente Medio (piénsese en Taiwán, Cachemira o la franja de Gaza). Un ambiente internacional hostil puede, a mediano plazo, hacer más difícil la construcción de una comunidad de seguridad sudamericana y desviar valiosos recursos del desa-rrollo al área militar.
Aunque no es un principio del derecho internacional (todavía), el surgimiento de una “multipolaridad descentralizada” ha ampliado considerablemente el margen de autonomía de los países latinoamericanos al permitirles reducir su dependencia tradicional con los Estados Unidos y establecer nuevos vínculos políticos y comerciales con una gama de potencias y bloques extrarregionales como China, la Unión Europea, Rusia, India, Japón e Irán. La diplomacia latinoamericana ha aprovechado inteligentemente los espacios abiertos por esta transformación del sistema internacional para diversificar mercados, atraer inversión y acceder a capital sin condicionamientos. Sin embargo, las acciones de Rusia en su vecindario y el esquema de los acuerdos de asociación ofrecidos por la Unión Europea, al exigir ambos “alianzas exclusivas”, están socavando las bases de esta multipolaridad descentralizada y empujando el sistema internacional hacia una multipolaridad con “esferas de influencia”.
En una esfera de influencia, un hegemón reclama el derecho exclusivo de dictar las reglas de juego para los Estados más pequeños dentro de ella, al mismo tiempo que excluye sistemáticamente la presencia de otras potencias (recuérdese la doctrina Monroe). Al no poder los Estados más débiles dentro de la esfera establecer vínculos significativos con el resto del mundo, quedan a la merced de los caprichos de la potencia regional o hegemón. La configuración de un escenario parecido suprimiría las condiciones que permitieron a los países latinoamericanos seguir las estrategias de diversificación y proyección internacional que tan exitosamente han estado implementando en la última década.
El establecimiento mismo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) como organización autónoma sudamericana fue posible precisamente gracias a los espacios creados por una multipolaridad flexible descentralizada. Los Estados miembros de esta organización harían bien en reconocer sus propios intereses y tratar de influir o al menos mostrar su posición respecto a la gravedad de las normas internacionales vulneradas y a sus adversos efectos en el sistema internacional. Los Estados de la Unasur deberían:
1. Condenar la injerencia de las potencias extranjeras en los asuntos internos de Ucrania y pedir al gobierno interino la pronta convocatoria a elecciones, para que el pueblo ucraniano decida en las urnas soberanamente sobre su futuro.
2. Condenar cualquier tipo de intervención armada como la ocurrida en Crimea y abogar por el respeto de la integridad territorial de Ucrania.
3. Rechazar las pretensiones europeas y rusas de construir “esferas de influencia” y pedir que se respete el derecho de Ucrania de establecer vínculos con ambos bloques sin que sea presionada a elegir exclusivamente por alguno de ellos; esto a manera de afianzar la multipolaridad descentralizada no sólo como práctica de política exterior, sino como principio del nuevo orden mundial.
Consideramos que estas demandas apuntan a afianzar un esquema de convivencia que permita reducir las tensiones propias de un mundo multipolar, y que preserve la autonomía política de América Latina. Más allá de proyectos ideológicos o intereses de corto plazo de cada una de las cancillerías, una política coordinada de reivindicación de la descentralización internacional es un imperativo geoestratégico regional.