El nuevo procurador general del Estado, Héctor Arce, remarca que, sean cuales fueren las señales políticas de Chile sobre la demanda marítima boliviana, para el país debe quedar claro que lo que se irá a discutir allí (en memorias, contramemorias y lo que venga) será el puro y duro derecho. “Uno tiene o no tiene un derecho” y eso se va a litigar en La Haya; ésa es la posibilidad y ése también es el límite, destaca.
A propósito de la institución que ahora preside, Arce adelanta que una de las primeras tareas que se impuso la Procuraduría es la, por así decir, reforma de los abogados del Estado.
— En el tema de la demanda, ¿cuál es el rol de la Procuraduría?
— El Estado encara la demanda en tres espacios de trabajo: el primero, el Consejo de Defensa Marítimo, conformado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Presidencia, Transparencia y la Procuraduría. El segundo es el de los asesores externos, abogados internacionales de alto nivel; y el tercero es el del agente Eduardo Rodríguez Veltzé, con su base en La Haya.
— Chile anunció un Consejo contra la demanda de 35 asesores
— Respetamos lo que haga Chile, y está en todo su derecho de munirse de la cantidad de abogados, expertos y exautoridades que desee; es parte del ejercicio de su derecho a la defensa; pero sí advertimos varias muestras de preocupación: ha pedido una reunión con el presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), está conformando equipos numerosos; hay una preocupación frente a la claridad del derecho boliviano; hay una excesiva cantidad de declaraciones públicas, lo que muestra nomás un grado de nerviosismo. Nosotros en Bolivia estamos trabajando con la mayor responsabilidad jurídica e histórica.
— Pero éste es un tema básicamente técnico y jurídico
— No se consigue ni consolida un derecho por el número de abogados; uno tiene o no tiene un derecho y eso está establecido en el marco de la realidad objetiva. Bolivia tiene un derecho de volver al océano Pacífico con soberanía, y ése es un derecho que así sean miles de abogados no van a poder desvirtuar jamás porque es algo que en derecho y en justicia le corresponde al Estado boliviano.
— El litigio Perú-Chile parece que aportó lo suyo a la Memoria
— Por disposición reglamentaria de la CIJ el contenido de la Memoria y la Contramemoria que va a presentar Chile, y si es que hubiera una dúplica y una réplica, es totalmente reservado; nosotros no podemos adelantar absolutamente nada.
— En la labor de la Procuraduría, ¿en qué van los tratados que hay que adecuar a la Constitución?
— Muchos tratados bilaterales de inversión ya han sido denunciados; sin embargo, las cláusulas de los mismos tratados nos obligan a permanecer, bajo el amparo del tratado o cumpliéndolo, en algunos casos por 10, 15, por una cantidad x de (años). Las normas de derecho internacional no dependen del derecho interno. Cuando uno suscribe un tratado internacional, se obliga en su cumplimiento en los cánones que el tratado dice, y no puede aducir su derecho interno para no cumplirlo.
— Uno de los temas más sensibles es la recuperación de recursos por parte del Estado
— La Procuraduría tiene la Subprocuraduría de registro, seguimiento, supervisión e intervención. Noso- tros controlamos, o debemos hacerlo, a la totalidad de unidades jurídicas del Estado en los niveles central, departamental y municipal.
— ¿Cómo ha encontrado a las instituciones del Estado en lo referido a su defensa legal?
— Hay mucho que formar en los abogados del Estado, y generar un espacio de máxima responsabilidad. Por lo general, en el pasado siempre los abogados menos calificados eran los abogados del Estado; abogados que llegaban a veces por cuoteo político, por algún favor o por alguna circunstancia especial, y eso no debe ser así. El defender al Estado es defender los intereses de todos, y el Estado debe ser el mejor defendido; los mejores abogados deben estar en la defensa del Estado. Lamentablemente en nuestras universidades (no se forma en esto), nosotros planteamos, cuando estábamos en Defensa Legal del Estado, un proyecto para crear la cátedra de Defensa Legal del Estado y había un compromiso del Consejo Universitario de la UMSA de crearla; vamos a impulsar nuevamente el que en todas las facultades de Derecho se introduzca esta cátedra, donde se enseñe los valores, la ética, las bases constitucionales y la labor efectiva que debe cumplir un abogado en la defensa de los intereses del Estado.
— Dónde estará la mayor falencia, entre los tres niveles
— En el nivel municipal, donde se necesita una mayor supervisión.
— ¿No será un tema de mejorar la normativa, cambiar ciertas leyes?
— Soy enemigo de creer que todo se arregla por leyes. Los temas casi no se arreglan por leyes; muchas veces se arreglan por actitudes, la ley es tan o buena o tan mala dependiendo en manos de quién está. Más que un tema de reforma normativa yo veo que es un tema de cumplimiento de las normas y un cabal entendimiento de lo que son éstas.
— A lo que voy es que al parecer las empresas que litigan con el Estado tienen muchos recursos legales para ganarle
— Justamente por eso los abogados del Estado tienen que ser muy profesionales; abogados que sigan lineamientos que se van a producir desde la Procuraduría a través de dictámenes. Nunca más tiene que darse el hecho de que lo más fácil del mundo sea hacerle un juicio al Estado, sea un municipio, gobernación o ministerio. Muchas veces entraban en contubernio, el abogado que demandaba, el abogado de la entidad, más el juez; eso tiene que terminar.
— ¿Pero cuál es el poder real que tiene la Procuraduría?
— Puede llegar a recomendar, instruir, supervisar y en algunos casos a intervenir. Es la primera institución jurídica del Estado, única institución totalmente nueva desde la vigencia de la CPE; es la cabeza de la defensa de los intereses del Estado, a través de la función de defensa directa, de evaluación, supervisión, seguimiento y control, donde también tiene la función de formación de abogados del Estado, y otra función de asesoramiento y de producción normativa; nosotros podemos producir normas y producir entendimiento sobre las normas, lineamientos para que sean seguidas por todos los abogados del Estado.
— ¿Hacia dónde están dirigiendo más su atención ahora?
— Nuestra responsabilidad en esta coyuntura está más abocada al tema de los arbitrajes internacionales, pero tienen que funcionar todos los mecanismos paralelamente. Y más concentrados en esta coyuntura por sobre todas las cosas en el tema marítimo, a través de mi persona.
— Un proyecto al parecer estratégico es la Escuela de Abogados
— Es una institución a la que van a tener que recurrir obligatoriamente todos los abogados que quieran trabajar en el Estado. Estamos haciendo un rediseño curricular, por el que a los abogados se les va a enseñar la Constitución, la base constitucional, la visión que tiene el Estado, la ética del funcionario público y todos los parámetros y procedimientos que debe conocer un funcionario. Vamos a tener una presencia nacional, y de aquí a unos años, un abogado no va a poder ser abogado del Estado si es que no ha pasado clases, si no tiene un diplomado, una especialidad o una maestría en la Escuela de Abogados del Estado.
— ¿Será primero para los que ya están trabajando?
— Para todos. En uno o dos años vamos a lanzar los primeros cursos de carácter obligatorio. Además, a través de la dirección de seguimiento vamos a establecer un registro de los abogados del Estado; en los próximos meses vamos a lanzar un programa para que todos los abogados que quieran trabajar en el Estado tengan un registro especial; así como hay un registro del Colegio de Abogados, (habrá) un registro en el Consejo de Abogados del Estado. Por supuesto vamos a ver que no tengan una sentencia condenatoria, que hayan cursado un cierto grado de formación. Obviamente vamos a ir avanzando gradualmente.
— ¿Las autonomías no resistirán al control que anuncia?
— No, porque nosotros tenemos una función constitucional. Se están registrando y evaluando los casos en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni, en todas partes.
— Es simbólico que la Procuraduría tenga su sede en El Alto
— Más allá de los problemas y las distancias, yo creo que es un honor trabajar en El Alto, en una ciudad que nos ha dado muestras a todos los bolivianos de que se puede entregar hasta la vida misma por la defensa del Estado; qué mejor que aquí funcione, como entidad insignia de El Alto, la institución nacional encargada de la defensa de los intereses de todo el país.
Datos
Nombre: Héctor Enrique Arce Zaconeta
Nació: 10-02-1971
Profesión: Abogado
Cargo: Procurador General del Estado
Perfil
Héctor Arce se licenció de abogado en la Universidad Mayor de San Andrés; tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, y es candidato a Doctor en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional en la Universidad de Valencia, España.
Se pagará solo si hubo inversión de las empresas
En la rendición de cuentas que hizo por la gestión 2013 (en diciembre del año pasado), el exprocurador Hugo Montero reveló que cinco empresas nacionalizadas estaban demandando 1.835 millones de dólares como compensación a sus inversiones realizadas en el país. Pan American Energy (PAE) pide 1.493 millones; Quiborax, 146; Rurelec, 142; Abertis Infraestructuras, 49; y, BV Global Investments, 5,5 millones de dólares. En el caso de Rurelec, el laudo arbitral emitido el 31 de enero por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya dispuso el pago de 28,92 millones de dólares, más intereses.
— ¿Cuál es el parámetro para la compensación? ¿Qué se paga?
— Hay que analizar cada caso. Si ha habido inversión. En algunos no hubo, simplemente hubo un uso de nuestras empresas para potenciarse económicamente, en esos casos no corresponde absolutamente nada. Si es que han habido inversiones legítimas, que son demostrables, de ese monto hay que descontar las deudas, que en algún caso es mayor al monto de inversión.
— Sobre el caso PAE y su enorme demanda…
— Tenemos entendido que la empresa está en un marco de negociaciones con el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB específicamente. Nosotros respetamos y aguardamos, pero obviamente la Procuraduría está preparando una defensa muy seria, fuerte y rígida.
— ¿Quiborax?
— Ese es un arbitraje concluido, estamos a la expectativa del laudo arbitral; sin embargo, estamos en una etapa de análisis y estudio todavía sobre las características de este procedimiento. El periodo final de audiencias terminó en octubre; nosotros tenemos observaciones muy serias a este proceso, consideramos que ha habido situaciones muy peculiares, pero preferimos reservarnos y esperar el resultado de un proceso plenamente concluido.
— Con Rurelec, el exprocurador dijo que hay 90 días (hasta fines de abril) para que Bolivia asuma una posición respecto al fallo
— No existe un plazo definido de tiempo, hay procedimientos a los que se pueden recurrir; sin embargo, Bolivia, respetuosa del derecho internacional, está estudiando cuáles son estas posibilidades; también hay la posibilidad de llegar a un acercamiento con la empresa. No hay ningún plazo que esté corriendo con relación al pago; aunque sí hay plazos para hacer uso de algunos mecanismos jurídicos.