Con algunas candidaturas ya definidas y otras en proceso, las organizaciones indígenas estudian todavía cómo se posicionarán frente a las próximas elecciones nacionales.
Según la legislación actual, de manera directa se pueden elegir en circunscripción departamental 7 escaños — 1 compartido con el pueblo afroboliviano— para la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y 1 menos de lo constitucionalmente establecido; en tanto a los excautivos guaraníes de Chuquisaca hasta la fecha se les niega el derecho de tener su propio representante en la ALP.
Sobre tales espacios, los pueblos indígenas deberán definir sus candidatos, quienes a su vez deberán optar por un partido político y/o agrupación ciudadana con quien aliarse para participar, pues la Ley 026 todavía niega a sus organizaciones habilitarse como instrumento de representación política.
En este momento, además de los 7 escaños directos, 2 líderes originarios de Tierras Bajas y 3 de Tierras Altas, representan a sus pueblos, en tanto fueron validados por sus organizaciones —Cidob (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) o sus regionales— y elegidos en circunscripciones no indígenas.
Habría que hacer un análisis profundo del rol que estos representantes jugaron —o les han dejado jugar— en el Parlamento, sobre todo desde la “prohibición” decretada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) de la existencia de una “bancada indígena”, probablemente uno de los primeros motivos del definitivo resquebrajamiento entre el partido de gobierno y las organizaciones indígenas.
En 2009 la situación era mucho más sencilla: la unidad de las organizaciones hacía posible construir mandatos colectivos que legitimaban a los candidatos para ser portadores de una plataforma propia a ser defendida en la ALP. Aquella vez, las organizaciones indígenas pactaron, casi mayoritariamente, con el MAS, donde también se inscribieron.
Pero la división orgánica operada por el Gobierno a la Cidob (en 2012) y el Conamaq (en 2013) está provocando que la polarización política oficialismo-oposición se traslade a las organizaciones regionales y locales, exigiéndoseles un posicionamiento hacia uno u otro lado: lo sucedido con el pueblo chiquitano la semana pasada —que expresó su apoyo orgánico al MAS— es un ejemplo de ello.
En el caso de la Cidob, la división del directorio no se ha replicado mecánicamente hacia las organizaciones regionales, las cuales, con no pocas dificultades, han logrado mantener la unidad, renovando sus directivas o llevando a cabo procesos de debate y reposicionamiento político.
En el caso de los pueblos más grandes, como el guaraní, el chiquitano y el mojeño, así como otros representativos, como el ayoreo, movima y los amazónicos, éstos han logrado mantener cierto grado de cohesión en torno a sus procesos reivindicativos de tierras —aunque desde ya hace años no se titulan tierras indígenas, en tanto el Gobierno clausuró dicho proceso después de la crisis del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure)— o acompañando al larguísimo calvario que se ha vuelto el cumplimiento de los requisitos establecidos para el acceso a las autonomías. En el caso del Conamaq y sus regionales, salvo dos de sus organizaciones de base, la unidad en torno al Consejo orgánico se mantiene. Sin embargo, los ayllus andinos y sus líderes gozan, a diferencia de sus hermanos de Tierras Bajas, de mayor autonomía para definir, a título individual, sus prioridades electorales, donde la organización pierde muchas veces el control sobre quienes acceden a las candidaturas por fuera del esquema orgánico.
Por ahora, se conocen pocos y aislados intentos para construir alguna alternativa política que pueda interpretar genuinamente las demandas indígenas y dar espacio a sus candidatos. Para colmo, los líderes que podrían haber capitalizado el gran reconocimiento social generado en los últimos años al influjo de las luchas por el TIPNIS, decidieron trocarlo por cargos marginales en alguna instancia regional de signo opuesto a lo que su agenda necesita para concretarse. Otros han optado por seguir trabajando cerca de sus bases, impidiendo que la asonada divisionista resquebraje aún más al movimiento.
Impedidas las organizaciones nacionales de actuar unificadamente, algunos líderes indígenas se están alineando, a título personal y sin mandato de sus organizaciones, a iniciativas políticas cuya extracción u origen están lejos de comprometerse con su agenda.
Participar individualmente es un derecho inalienable, el costo es la pérdida de gran parte de su caudal de legitimidad al no contar con el aval de sus bases. Y el riesgo es que su capital social sea utilizado por el MAS, para seguir neutralizando la acción reivindicativa y las críticas a sus políticas contrarias a los derechos indígenas o a las agrupaciones de oposición, a cuya costa pretenden crecer políticamente, sin rédito alguno para los pueblos indígenas.
El movimiento indígena necesita de representantes propios, elegidos por los pueblos, que defiendan en primera persona sus demandas, de cara a un escenario que se prospecta (explora) de confusión ideológica y claro riesgo de regresión de sus conquistas.
Si se pretende recuperar una presencia indígena legítima en la ALP, hoy fagocitada por el sistema de partidos, lo aconsejable es rearticular un esquema orgánico de base territorial, desde donde se construyan nuevos mandatos para unos representantes que, en alianza con alguna iniciativa política cercana a sus principios ideológicos y programáticos, tengan la posibilidad de defender sus derechos y seguir construyendo el Estado Plurinacional, único escenario institucional para la concreción de su agenda histórica.