Excesos, extravíos. Ahora resulta que la investigación periodística es nada menos que un “delito de orden público”. En tanto que una bien lograda crónica acerca de nuestra demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia es “espionaje”. Y una publicación dominical de pronto implica “revelar secretos”. ¡Qué tal! Algo huele mal en la defensa de los intereses del Estado.
El Procurador General acaba de cometer un despropósito. Está viendo “espías” y “cómplices” allí donde solamente hay periodistas… haciendo periodismo. El Procurador, en esta historia, está procurando mal. Le sugiero que, para empezar, procure la vetusta pero vigente Ley de Imprenta. Y lea: “el secreto en materia de imprenta es inviolable”. Ahora lento y en voz alta: in-vio-la-ble.
Hace un mes, el colega Ricardo Aguilar Agramont publicó en este suplemento una nota en la que narra “cómo en la demanda marítima (boliviana) triunfó la idea de los ‘actos unilaterales’”. Es cierto que para hacerlo contó con una fuente privilegiada, una “garganta profunda”. Ahora la Procuraduría y un juez incompetente pretenden que revele dicha fuente.
¿Revelar o no revelar? Uno de los principios y salvaguardas fundamentales del periodismo es el inviolable secreto de fuente. Así, aunque se aleguen supuestas “razones de Estado” para levantar ese secreto, el medio y el periodista se reservan el derecho de no hacerlo. El Gobierno, pues, tendrá que buscar a su informante, si acaso, puertas adentro.
Esta vez, la Asociación Nacional de la Prensa, enhorabuena, se pronunció con un necesario “recordatorio”. Lo hizo también la Asociación de Periodistas rechazando la denuncia, aunque su flamante vicepresidente, con obsesión (para)opositora por los dólares de la publicidad gubernamental, sospeche que se trata de una “tramoya” (sic). Lo demás es silencio.
El Procurador, en esta historia, está procurando mal. No hay forma de que un diario/periodista que se respete viole el secreto de fuente (se nos va la esencia en ello). Es evidente que la crónica en cuestión fue elaborada de manera lícita y con apego a la norma y principios éticos del periodismo. La defensa de los intereses del Estado está en otra parte.