De 221 denuncias de acoso y violencia política contra mujeres, registradas entre 2010 y 2013, solo 22 han llegado a un proceso judicial para sancionar a los infractores (otras 15 están en instancias administrativas), el resto, 184, no han derivado en ningún proceso; de ese total, apenas un caso, el de la concejala Magda Hasse, del municipio de Tarvita, Chuquisaca, concluyó en una sentencia.
Luego de tres años en que la concejala Hasse ha estado suspendida del cargo, el 5 de mayo de 2014, el juzgado de Tarabuco determinó que la legisladora municipal pueda retornar a su cargo; la habían obligado a renunciar el 11 de mayo de 2011, en un cabildo; en esta asamblea incluso se le obligó a copiar con su puño y letra la renuncia, “la secuestraron todo el día, teniéndola en plena lluvia a ella y a los abogados que le apoyaban”; ahora la concejala se encuentra ejerciendo el cargo, “pero son tres años que no le han permitido ejercer sus derechos políticos”, recuerda la directora ejecutiva de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), Jessy López Gonzales.
PENDIENTE. “No hay punto de comparación, un solo caso de los 221 denunciados entre 2010 y 2013”, destaca. Esta es una de las cuentas pendientes en la participación política de las mujeres, por lo menos en el quehacer local: “Si nos fijamos, en 2012 tenemos un total de 40 denuncias, y en 2013, 154; más allá de este incremento, las concejalas, viendo que existe una ley, se han animado a denunciar; pero también viendo que no hay resolución de estos casos, hay mucha gente que ya no cree en estas instancias, por eso es que no todos los casos han llegado a iniciar procesos; en instancias judiciales solo hay 22 casos”.
A la fecha, informa López, la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres (Ley 243) aún no está reglamentada, tampoco hay la política pública que “promueva políticas y estrategias para la atención, prevención y sanción de los casos de violencia política”.
Según Acobol, las 221 denuncias de acoso y violencia política contra las mujeres ocurrieron en 129 municipios, el 38% del total (339); los departamentos en que se presentaron más casos son: Chuquisaca (56 denuncias), La Paz (43) y Potosí (37). En cuatro años, entre 2010 y 2013, la mayor parte de las denuncias (el 68%) fue presentada en el último año. Ahora, mientras entre 2010 y 2012, los casos de acoso contra las mujeres concejalas en su gran mayoría eran en respuesta a su labor fiscalizadora (represalias a la labor que hacían); desde mediados de 2012, el 65% de las denuncias fueron motivadas por actos de presión, hostigamiento y amenazas contra las concejalas por parte de los concejales suplentes varones, para que aquéllas dejen el cargo, con el argumento de la “gestión compartida” (que al suplente le “tocaba” la titularidad de la concejalía para el resto de la gestión).
De los 221 casos de violencia política registrados, 184 (el 83%) no han sido resueltos debido a varios factores, señala Acobol, “entre ellos la ausencia de instrumentos reglamentarios y la falta de socialización de la norma con los operadores de justicia” (Revista Concejala, N° 6, noviembre de 2013). Apenas el 17% (37 casos) llegó a alguna instancia de proceso legal o administrativo.
Es en este contexto que el 5 de mayo de 2014 solo un caso llegó a la sentencia, favoreciendo a la concejala denunciante; se la restituyó en su cargo después de tres años de litigio. Las formas de acoso y violencia política más frecuentes fueron: presión para que renuncie, no proporcionarle la información que la concejala solicita para cumplir con su mandato, sufrir discriminación, ser obligada a firmar documentos bajo presión, intimidación o a la fuerza, o ser difamada públicamente mellando su dignidad.
NACIONAL. En cuanto a la presencia de las mujeres en el Congreso Nacional y la Asamblea Legislativa Plurinacional, se puede anotar, según registran María Teresa Zegada y Jorge Komadina en su libro El espejo de la sociedad. Poder y representación en Bolivia (Plural, marzo de 2014), que si en la legislatura 1982-1985 hubo una sola diputada titular y ninguna senadora, en la de 1993-1997 las diputadas titulares llegaron a 11 y solo a una senadora titular; fue desde la legislatura 2002 que empezó a subir el número de parlamentarias. En el periodo legislativo 2010-2014 ya hay 33 diputadas y 17 senadoras titulares. Asimismo, es significativo el dato de la presencia femenina en las elecciones departamentales de 2010
Según el Boletín Estadístico Número 4 del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de un total de 267 asambleístas departamentales elegidos en todo el país, apenas 69 (el 26%) son asambleístas mujeres; esto significa que por cada cuatro asambleístas hay una que es mujer. Un hecho llamativo es el caso de los asambleístas departamentales indígenas: de los 23 legisladores originarios que fueron elegidos en 2010, solo una es mujer.
Hay que recordar que el control sobre la paridad y alternancia en razón de género que ejerce el TSE sobre las organizaciones políticas no alcanza a las circunscripciones especiales indígenas. Según la vocal del TSE Dina Chuquimia, el principio es el respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas en el ejercicio de sus procedimientos electorales.
Una vez que la paridad y alternancia de género en las listas de candidatas está empezando a ser reglamentada, las elecciones nacionales de octubre serán un verdadero “puente” hacia las elecciones departamentales y municipales de 2015, dadas las peculiaridades que tienen las democracias local y departamental, destaca López Gonzales.
“La representación actual obtenida en 2010, o sea, de concejalas titulares en el país, fue del 43%, no muy lejano al 50%; en 2004 (esta presencia) era apenas del 19%; en 2010 esto se incrementó con el acceso a espacios que nos señalan la Constitución y las leyes que han ido saliendo, esperamos que para las nuevas elecciones de 2015 ese porcentaje no se reduzca debido a que también se han incrementado los casos de acoso y violencia política”. Muchas de las actuales autoridades locales mujeres ya no quieren estar en estos espacios de poder local, “porque ha habido hasta dos muertes; estos obstáculos que han ido viviendo las concejalas también hace a una reacción negativa en futuras postulantes”, concluye la directora de Acobol.