Se veía venir. La de octubre será la primera elección nacional en que se aplique la paridad y alternancia de género en la conformación de las listas de candidatos a diputaciones y senadurías; será sobre la base de la Constitución y específicamente de los artículos 11 y 58 de la Ley 026 del Régimen Electoral (30 de junio de 2010). La disposición del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de aplicar la paridad y alternancia en realidad completa el largo proceso de “discriminación positiva” en las listas de candidatos y candidatas que empezó en 1997 con la Ley de Reforma y Complementación al Régimen Electoral (Ley 1779), la llamada “Ley de Cuotas”, donde se establecía que las candidatas mujeres debían ocupar al menos el 30% de las listas; continuó el proceso con la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas (2004), en la que se dispuso el 50% de participación y se introdujo el concepto de alternancia.
Así, no debería haber sorprendido a nadie el anuncio de poner en vigencia la presencia de las mujeres en el 50% de las listas. Lo novedoso más bien está en que haciendo una cabal interpretación de la Ley del Régimen Electoral, las candidatas mujeres llegan a ser el 52% del total, 88 de 168 representaciones en la Asamblea legislativa Plurinacional.
El tema, sin embargo, es cómo evitar que, como en el pasado, algunas organizaciones políticas, o sus tendencias menos democráticas, encuentren ciertas formas de burlar la ley que manda la paridad y alternancia, generando el predominio de varones entre las autoridades electas.
Antes, recuerda la exsenadora por el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) Erika Brockmann, una era la primera lista de candidatos que ingresaba al Órgano Electoral, y otra la final, la rectificada a lo largo del proceso de inscripción; era en este último listado que se disminuía la cantidad de mujeres postulantes. Otra manera de cambiar mujeres por hombres consistía en inscribir a varones como mujeres, con el simple “error” de poner, por ejemplo, María en vez de Mario; corregida la falla, luego del proceso eleccionario, era una mujer electa menos.
VIGILANCIA. Ante la posibilidad de estas artimañas, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, adelantó que se hará un estricto seguimiento a la elaboración misma de las listas, para evitar no solo cambios de último momento sino también ver cómo proteger a las candidatas de acoso político en el mismo proceso electoral.
Al respecto, la vocal del TSE, Dina Chuquimia, alude a la imperceptible pero enorme revolución que habrá en el registro de candidatos: la inscripción en línea a través de internet. En efecto, el sistema electrónico de inscripción, destaca, “rebotará” cualquier cambio que se quiera hacer de María a Mario; además, si alguien renuncia o lo retiran de su candidatura antes de cerrar las listas, su lugar debe ser ocupado por un postulante del mismo género. También habrá el requisito de que todos los candidatos deban estar inscritos en el padrón biométrico, de modo que en el acto se podrá verificar la autenticidad, en cuanto a género, del inscrito.
Antes, recuerda Novillo, cuando había solo el 30% para las mujeres, de cada tres postulantes, el lugar de las candidatas casi siempre era el tercero; así, aún cumpliendo la cuota para las féminas, se las relegaba a los lugares de menor posibilidad de elección, se la sacaba de la “franja de seguridad”.
Ahora esto no tendría que pasar, coinciden la exlegisladora Brockmann y la vocal Chuquimia, porque se aplicará la paridad desde la primera candidatura: varón titular, mujer suplente, o mujer titular, varón suplente.
Sin embargo, advierte la diputada por Unidad Nacional, Elizabeth Reyes, esto no impide que se recurra a otra forma de engaño: postular a titulares mujeres en circunscripciones en que se sabe que determinada organización no tiene buenas posibilidades de lograr la diputación.
Con respecto a los actos de burlar la ley, la diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Betty Tejada asegura que “en el MAS hay instrucciones precisas para que esto no suceda. Hemos sido el partido legislador de derechos de las mujeres. Lo mismo debieran hacer todos los partidos y agrupaciones ciudadanas, porque esta violación a derechos políticos no sucede solo en las candidaturas sino en el ejercicio mismo de la función, una vez electas”.
DEMOCRACIA. La mayor o menor presencia de mujeres candidatas también obedece a la democracia interna y a la institucionalidad que impere en los partidos y organizaciones políticas: si se hizo lo suficiente para el acceso igualitario, en cuanto a género, de los militantes a cargos importantes de la estructura partidaria.
“Todavía siento que no existe la masa crítica al interior de las organizaciones partidarias para impulsar y visibilizar algunos liderazgos que sean proporcionales a las cifras que se están planteando”, destaca la exsenadora Brockmann, aunque no deja de reconocer que por lo menos desde 2000 hubo una serie de procesos de fortalecimiento de liderazgos femeninos, “y es que era lo que los partidos finalmente tenían que hacer porque era lo políticamente correcto”, sentencia.
Con todo, en general, apunta que en Bolivia “hay tres factores que son enemigos de la emergencia de liderazgos fuertes de mujeres: el caudillismo, que normalmente es machista; la falta de institucionalidad en los partidos, que no hay reglas claras de competencia, pues por lo normal compiten los que tienen más aparato político; y, tercero, el clientelismo, el encarecimiento de la política, donde todo se basa en cuánto me das para votar por ti”.
Reyes, que es diputada de UN, asegura que su partido fue el primero en reglamentar en sus estatutos la participación del 50% de mujeres en la estructura partidaria, “por eso estamos 50%, tanto en el nivel nacional como en los departamentos”.
Pero un hecho sobre el que la diputada llama la atención es que si bien la ley exige paridad y alternancia en las entidades políticas, en la mayor parte de los casos, en las instituciones de la sociedad civil que son como una fuente de los partidos, la paridad no es aplicada en absoluto.
“Las organizaciones sociales no tienen esa lógica, esa norma (de paridad y alternancia); por ejemplo, la Central Obrera Boliviana (COB), aliada del Gobierno nacional, no tiene una sola (mujer) en su dirección nacional. Quienes manejen esta institución y que después puedan hacer acuerdos con uno u otro partido para entrar en las listas de candidatos, no tendrán mujeres en sus listas porque sus liderazgos nacionales son totalmente masculinos”.
CONCEJALAS. Por otro lado, la directora ejecutiva de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), Jessy López Gonzales, alude a una dificultad para las políticas mujeres muy frecuente en la experiencia municipal, pero que también puede reproducirse en la Asamblea Legislativa Plurinacional: la existencia del llamado “pacto de gestión compartida”. Ésta es una fórmula por la cual se obliga a la concejala a ceder la mitad de su cargo a su suplente, porque así se decidió en asamblea o lo dispuso la dirección partidaria; cuenta que se llegó al extremo de pedir a la concejala titular (que no renunció) a que ceda una parte de su salario a su suplente “para compensar lo que no ganó por no haber asumido el cargo”.
Al respecto, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Betty Tejada afirma que estas son prácticas tradicionales que de algún modo hay que considerar, porque son decisiones que cuentan con un consenso, aunque eso no libra de que sean una futura fuente de conflicto:
“Estos ‘acuerdos’ muchas veces hechos a ‘presión’ y otras por convenios e inclusive por usos y costumbres, existen y no solo entre hombres y mujeres sino entre hombres. Son acuerdos internos que generan en la mayoría de los casos serios conflictos internos”.
Entre dichas “prácticas tradicionales”, otra costumbre que se teme vuelva a suceder es que de alguna forma se imponga el compromiso a la candidata a que en caso de ser electa, en un determinado tiempo, entregue el cargo a su suplente.
GESTIÓN. La “gestión compartida” “no es legal porque la población vota por una persona y por cinco años”; el caso es que si bien esos compromisos de renuncia “acordada” también alcanzan a los varones, son las mujeres las más frecuentemente presionadas y sustituidas: “lo peor es que las renuncias o la presión a que renuncien a la concejalía es más hacia las mujeres; porque si bien algunos partidos han dicho (que el relevo) es para todos, hombres y mujeres, en muchos casos la presión solo ha sido para la mujer y no para el hombre”, cuenta López Gonzales. La presión por la renuncia tuvo un desenlace fatal en el caso de la concejala Juana Quispe, del municipio paceño de Ancoraimes, que fue asesinada solo “por hacer respetar sus derechos políticos”.
El obligar a la autoridad electa a que renuncie a su cargo ya es un delito identificado en la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. En este ámbito, la directora de Acobol adelantó que todos los partidos y organizaciones políticas ahora deben incluir en sus estatutos tanto la prevención contra la violencia hacia las mujeres, como artículos destinados a promover su participación en altos cargos de la entidad política. “Las autoridades del TSE nos señalaron que si las organizaciones políticas no cumplen ese requisito (de incluir en sus documentos medidas contra la violencia), no van a ser habilitadas para participar en las elecciones nacionales de octubre”.
Ahora, hay un último hecho sobre el que llaman la atención las entrevistadas: “Las cuotas y la discriminación positiva no garantizan calidad de representación” (Brockmann) y esto no incumbe solo a las mujeres, sino también a los varones.
Por otro lado, como recuerdan María Teresa Zegada y Jorge Komadina en su texto El espejo de la sociedad, poder y representación en Bolivia, la mayor presencia de mujeres en el Legislativo no siempre deriva en una agenda propia: “La presencia física de las mujeres en esos escenarios tiene ciertamente un gran valor simbólico, pero no garantiza que ellas prioricen temas propios de una agenda feminista y/o de género”.
Tampoco, destaca la investigadora Pilar Uriona (en el texto de Zegada y Komadina), “un ingreso masivo de mujeres a los espacios de decisión necesariamente trae consigo un cambio o innovación en las reglas de juego vigentes y en la forma de hacer política”.
Se espera equidad de género en indígenas: Dina Chuquimia, vocal del TSE
El Órgano Electoral debe respetar los usos y costumbres de los pueblos indígena originarios campesinos. Se espera que allí también se dé su lugar a las mujeres, aunque todo esto depende de la forma de vida de cada comunidad, de su cultura, si se da prioridad o no a las mujeres o se practica una elección igualitaria; en algunos casos se vio que se dio mayor prioridad a la mujer.
El país ha avanzado en la política de inclusión: Elizabeth Reyes, diputad de Unidad Nacional
Un problema para la participación de las mujeres en la política es la visión de que no hubiera mujeres capaces para los cargos, y eso es, primero, inaceptable y, segundo, irreal: las mujeres están tan preparadas para todos los cargos como los varones; esa es una forma de justificar el que ellas no estén en las listas; el país avanzó y ha obligado a la política a la inclusión.
Hace falta información por parte del TSE: Betty Tejada, diputada por el MAS
La labor del TSE es fundamental en la socialización de derechos políticos, porque hay sectores vulnerables a la manipulación y “viejas mañas” y por supuesto las mujeres, principalmente las del área rural, son altamente vulnerables y muchas veces engañadas. Reitero al TSE: información, información, y a los partidos, respeto a la ley y al mérito de mujeres militantes.
Se cumplió el sueño de hace muchos años: Érika Brockmann, exsenadora por el MIR
La primera vez que se habló de paridad y alternancia fue en 2004; en la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas se obligaba aplicarla. Pero fue entre 1996 y 1997 que se empezó con las cuotas mínimas, promovidas por movimientos de mujeres; la paridad siempre estuvo en el horizonte de nuestras transformaciones, como lo ideal, lo que ahora se está logrando.
La equidad va más allá de lo meramente legal: Jessy López, directora ejecutiva de Acobol
La equidad es un tema que va más allá de lo legal, del cumplimiento de la ley; es un tema de educación y sensibilización, que se tendría que ejercer desde que uno está en la escuela hasta los espacios políticos en los municipios. No hay sensibilización en las organizaciones políticas; lamentablemente, seguimos en un país patriarcal, donde existe bastante machismo.