El neoliberalismo (1985-2005) sistemáticamente ha impuesto una política de solución de la problemática agraria por vía de la atención de los efectos más que de las causas del subdesarrollo rural.
Desde organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las organizaciones no gubernamentales, la institucionalidad pública agraria centralizada y descentralizada y las propias organizaciones de los productores agropecuarios han creado un paradigma basado en la atención de problemas tan evidentes como los de salud y educación, equidad de género y preservación del medio ambiente. Para ello, se cambiaron las nociones de desarrollo agrario por desarrollo rural; desarrollo económico social por desarrollo humano; planificación económico social por políticas públicas sostenibles; aporte local por participación popular; producción agropecuaria por seguridad alimentaria; rentabilidad por sustentabilidad; erradicación de coca por desarrollo alternativo; campesino por indígena originario campesino; colonizador por intercultural.
De esta manera, en el sector rural durante décadas fueron priorizados los proyectos de infraestructura de salud y educación, agua potable, sedes sociales, plazas públicas, centros deportivos, mercados, caminos y puentes vecinales; pero lo más destacable es que se invirtieron cuantiosos recursos económicos para los programas de erradicación de la coca y la elaboración y ejecución de la irónicamente denominada “Reforma Estructural”, plasmada en decretos y leyes como: la relocalización (despido masivo de mineros); la capitalización (liquidación de empresas del Estado); Participación Popular (distribución descentralizada del 25% del IVA); Reforma Educativa (bilingüismo sin maestros bilingües); 21060 (libre importación de alimentos, chatarra y ropa vieja).
Siguiendo el precepto de conservación del medio ambiente, se declaró áreas protegidas a virtualmente un tercio del territorio nacional en las categorías de parques, santuarios y Tierras Comunitarias de Origen (TCO) particularmente en el oriente, con resultados pobres en la protección de los bosques y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales.
Estas políticas aplicadas al sector rural durante tanto tiempo han dado importantes resultados: bajaron los índices de mortalidad materno-infantil, se elevó la esperanza de vida al nacer, disminuyeron los índices de pobreza, aumentó sustancialmente la cobertura de agua potable y la electrificación rural. El impacto de los bonos a escolares, madres, y adultos mayores es mucho mayor en el sector; sin embargo, el resultado fundamental es el empoderamiento de las organizaciones y movimientos sociales campesinos, indígenas y juntas vecinales.
RECONSTRUCCIÓN. Al proceso de cambio iniciado en 2006, le tocó reconstruir el aparato institucional agrario público, aquel que desde el momento en que las principales instituciones del Estado en tecnología agropecuaria y forestal y crédito habían sido liquidadas en la etapa neoliberal. Se establecen los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Banco de Desarrollo Productivo, y se fortalecen sus unidades descentralizadas como el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), el INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal), el Senasag (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria), se crea el Insa (Instituto del Seguro Agrario), Promec (Programa de Mecanización), para ejecutar el Plan de Desarrollo Productivo Sectorial y el Plan Estratégico Nacional de Saneamiento y Titulación de Tierras. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene a su vez cinco programas y servicios directamente relacionados con el riego para la agricultura; todo esto apoyado por la Ley 144 de Revolución Productiva Agropecuaria y la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.
El Gobierno capacitó a productores y técnicos en gestión de proyectos, transfirió recursos a los productores directos, inmunizó a la totalidad del ganado vacuno del país, aumentó la certificación de semillas, estableció el seguro agrario para más de 50.000 familias y desarrolló la mecanización agrícola. Entre 2006 y 2013 logró el incremento de 70.000 hectáreas de riego, un promedio de 10.000 por año. El saneamiento de la propiedad, en el mismo periodo, alcanzó a 380.000 títulos, beneficiando a más de un millón de productores.
Según el Ministerio de Economía, la inversión pública del sector agropecuario entre 2006 y 2013 fue triplicada: de $us 76 millones a 220 millones; sin embargo, en cifras relativas bajó de un 8,6% de 2006 a 6,4% en 2012 del total de la inversión pública.
Está claro que el esfuerzo público y privado en las últimas décadas no ha podido resolver los problemas de fondo del agro boliviano, continúa la migración campo ciudad y al exterior, no producimos los alimentos requeridos por la demanda interna, sobre todo el trigo. El aumento de la producción agrícola se ha dado en la soya, casi exclusivamente destinada al mercado externo; hoy se siembran alrededor de 800.000 hectáreas, una tercera parte de los cultivos anuales de todo el país, que son de aproximadamente 2.400.000 hectáreas. Los cultivos tradicionales, exceptuando la quinua, durante las últimas décadas, se han estancado y en algunos casos incluso disminuido.
La razón principal de este fenómeno es que nuestro mercado interno de alimentos depende casi exclusivamente de la economía campesina: la papa, el maíz, el arroz, la yuca, las hortalizas, legumbres y frutas son producidos por los campesinos del área del altiplano, valles, trópico y subtrópico boliviano; por otra parte, se trata también de campesinos subordinados al capital, una mayoría de los productores de coca, café, vid, cacao, caña de azúcar, los ganaderos de ovinos y porcinos, los avicultores, los productores de carne vacuna y leche coexisten con una minoría de medianos y grandes empresarios agropecuarios.
Ahora bien, la participación campesina tan importante en la economía boliviana tiene el problema estructural de enfrentarse a un mercado que no le es propio, es decir, a un mercado capitalista que fija los precios de los productos agrícolas por debajo de su valor; por otra parte, el campesino concurre aisladamente al mercado y está sujeto de forma sistemática a la explotación del capital comercial de los rescatadores e intermediarios económicos.
El mercado progresivamente obliga al pequeño productor al monocultivo y la sobreexplotación del suelo, determinando bajos rendimientos de producción por hectárea.
Se puede concluir que la principal estrategia de la economía campesina consiste en asociarse según rubros de producción, para poder enfrentarse al mercado empresarial en mejores condiciones. Solo así los campesinos tendrán la posibilidad de influir en la determinación de los precios de los productos agrícolas y pecuarios, buscando recuperar sus costos de producción y obtener márgenes de ganancia.
Por su parte, el Estado que optó constitucionalmente por la vía indígena originaria campesina dentro de la economía plural, deberá incorporar a la asistencia técnica, el fomento crediticio, el seguro a la producción, la mecanización y a la infraestructura de caminos, puentes, silos y sistemas de riego, la capacitación de los pequeño productores en organización económica para la producción y comercialización agropecuaria, esto último, sin crear nuevas organizaciones, sino asignándoles a las existentes (sindicatos, ayllus y comunidades) esta función productiva y de mercado, sin la cual continuará el proceso de descampesinización.