Detrás de los datos macroeconómicos, con cifras millonarias y estabilidad económica, todavía hay dos millones de bolivianas y bolivianos que cada día pasan hambre. Desde hace casi una década, el país dejó de estirar el sombrero para mendigar ayuda internacional. El Estado ya no debería estar en bancarrota, principalmente por los ingresos generados por la explotación de sus hidrocarburos, con buenos precios en el mercado exterior; pero el sostenido crecimiento, que ha sido, en promedio, de más de 4% anual no se ha traducido en un desarrollo generador de empleo e ingresos.
La inversión pública se ha multiplicado en los últimos años con un efecto redistribuidor que ha llenado las cuentas del Gobierno central, de gobernaciones y de municipios, entre otros beneficiarios. Los bonos sociales han favorecido a la población más empobrecida. Todo este contexto nos muestra una estabilidad económica coyuntural; pero carente de sostenibilidad en el mediano plazo.
Resguardar la estabilidad económica no solo es cuestión de recursos, sino, pasa por diversos factores, inclusive de carácter político-institucional y social. Éste es un tema de importante consideración para los candidatos y de quienes serán electos y electas para conducir el Estado.
INSTITUCIONALIDAD. La estabilidad económica también se garantiza con una sólida institucionalidad del Estado que se refleje, por ejemplo, en la independencia de los órganos del Estado, con una justicia imparcial, oportuna y no condicionada a intereses políticos, porque así también se garantiza certidumbre a las inversiones, tanto empresariales como las de múltiples emprendedores con pequeño capital o de pequeños productores. La estabilidad se apoya en el respeto y protección de los derechos.
El manejo de conflictos y la capacidad de concertación son otros elementos imprescindibles, en la medida en que contemos con gobiernos (nacional, departamentales y municipales) con adecuados mecanismos de diálogo y concertación, no solo como una forma de prevención de la conflictividad, sino como una herramienta de legitimidad democrática.
Al respecto, un gran escenario de diálogo debería ser la realización del Pacto Fiscal que, desde su definición, debe trascender de ser un espacio de redistribución de los recursos públicos hacia, más bien, el hecho de constituirse en un instrumento de concertación y planificación del desarrollo, basado en el principio del bien común.
Los fenómenos económicos son vulnerables a la situación política y social, precisamente por ese motivo adquiere importancia el acceso a la información y la transparencia, como dos factores que contribuyen a la estabilidad económica.
Hoy, pese a los enormes recursos fiscales disponibles, fuentes gubernamentales vuelven a hablar de déficit fiscal. En resguardo de la estabilidad y el crecimiento se deben tomar precauciones. Una vía es apoyarse en la explotación de hidrocarburos y minerales, pero que estos sectores sean el motor para un cambio en la matriz productiva y promotora de la diversificación económica.
El movimiento de la economía mundial nos ha puesto en una situación positiva en la coyuntura; pero hay ciclos de bonanza y otros de crisis, lo que nos debe conducir a guardar e invertir fondos con previsión para que la economía no resulte golpeada si a futuro estos recursos no renovables se agotan o, en cualquier momento, caen de precio en los mercados internacionales.
TAREAS. En el campo de la economía hay tareas urgentes que emprender, como:
– La necesidad de crear un fondo de reserva o ahorro para la inversión social y productiva orientada a la diversificación de la actual matriz de producción.
– Fondos de ahorro y estabilización destinados a captar ingresos excedentes por la exportación de hidrocarburos, para contar con recursos ante posibles caídas de precios o condiciones de demanda de los mercados de Brasil y Argentina.
– Reducir la subvención a los combustibles líquidos (gasolina, diésel) a través de la masificación del uso del gas natural en el mercado interno y un mayor control del contrabando fronterizo.
– Buscar nuevos compradores de gas natural para diversificar nuestros mercados.
– Implementar una política de reposición de reservas hidrocarburíferas para monetizar el potencial hidrocarburífero nacional y mantener el actual nivel de ingresos percibidos por el sector hidrocarburos.
– La política minera debe ser otro punto de atención primordial para mejorar las condiciones fiscales de los contratos mineros y las concesiones de Comibol (Corporación Minera de Bolivia) que son administradas por cooperativistas, a fin de incrementar los bajos ingresos fiscales pagados por ese sector.
Todas estas medidas tendrán sentido si los beneficios que nos trae la explotación de recursos naturales son invertidos adecuadamente en un desarrollo con proyección de sostenibilidad, que permita romper con la dependencia del modelo exportador de materias primas y sus consecuencias.
Asimismo, la estabilidad económica depende de:
– Generar políticas que fomenten la contratación de mano de obra de la propia comunidad, municipio o departamento, así como la contratación de servicios locales en las actividades petroleras, mineras y de otros rubros, estatales y privadas, a fin de promover el desarrollo local.
– El endeudamiento público debería mantenerse en niveles de sostenibilidad, incluyendo la deuda externa e interna, de manera que no se constituya en un factor que represente un peso mayor en el presupuesto. Dado que el país tiene altos niveles de ingreso, especialmente por el sector hidrocarburífero, el nuevo endeudamiento debería responder a necesidades concretas que no tienen financiamiento, en condiciones lo más concesionales y ventajosas posibles para el país. El auge económico de hoy, al no ser sostenible en el tiempo, debe implicar una mayor responsabilidad en el endeudamiento del país.
– Establecer reglas claras para la administración de las reservas internacionales y acordar criterios y límites para su utilización.
– Generar una mayor solidez y estabilidad de las políticas gubernamentales que favorezcan las tendencias consumistas del mercado interno, ya que los consumidores toman sus decisiones en función a un entorno de confianza y sólidos datos macroeconómicos.
– La alta demanda de consumo de la población debe implicar el fomento de la producción nacional. Una atención especial debe tener el cuidado de la inflación, de modo que no afecte a los sectores más pobres.
– La política de tierras sigue siendo un asunto pendiente y con estrecha vinculación con la estabilidad económica y el desarrollo. Aún hay grandes extensiones en pocas manos, varias de ellas extranjeras, con áreas dedicadas al monocultivo y cosechas destinadas a la exportación, teniendo déficit en la producción de alimentos para el consumo nacional. Las elecciones deberían constituirse en una oportunidad para reflexionar sobre la importancia que tiene la estabilidad económica, en el proceso de convertir la riqueza en desarrollo.