La fundación de la República de Bolivia en 1825 y la aprobación de la primera Constitución Política de 1826, dieron paso a la instauración de un régimen político de democracia censitaria, donde una minoría poblacional blancoide alcanzó el control del aparato estatal a costa de la exclusión de la mayoría demográfica integrada por indígenas, campesinos y artesanos. En ese momento, el mecanismo de articulación estatal fue la racialización de las relaciones sociales (Álvaro García Linera), que garantizó el cohesionamiento de criollos terratenientes y comerciantes, aunque sin alcanzar a legitimar el nuevo Estado republicano.
Según Carlos Mariátegui, el vacío de poder orgánico de las élites dominantes en los diferentes países de Sudamérica era permanentemente sustituido por “cuartelazos militares” que asaltaban el poder político para alcanzar gobernabilidad por la vía de la administración de la violencia estatal o recurriendo a métodos coercitivos para resguardar el “orden público”. En estas condiciones, la democracia censitaria era insuficiente, porque si bien había impuesto a unos cuarenta mil blancoides en el manejo del poder público, más de un millón de indígenas y sectores populares quedaron marginados de la estructura y dinámica del Estado.
Esto explica que nuestra historia republicana registre 60 golpes de Estado y 15 “convenciones constituyentes” que aparentaban reformas constitucionales que en realidad servían para legitimar los cuartelazos militares.
PODER. Según Tillman Evers, los cuatro factores configuradores del poder político estatal son: las ideas, las leyes, el dinero y la violencia. Las ideas expresan un conjunto de teorías y conceptos que conjuncionados entre sí forman parte de una determinada manera de concebir la realidad objetiva y responder a los distintos aspectos que nos plantea la problemática social. Las leyes son fórmulas técnicas que se traducen en normas jurídicas que desarrollan la capacidad estratégica del Estado para definir políticas públicas o decisiones que involucran el interés colectivo. El dinero constituye el factor del poder económico que expresa la capacidad de administración y control de los medios de producción de bienes materiales en una sociedad. La violencia representa la posibilidad de utilizar la coacción pública para hacer cumplir las decisiones del Estado. Según Max Weber el monopolio de la utilización de la fuerza pública corresponde al Estado en ejercicio de la autoridad atribuida a sus mandatarios.
Para Antonio Gramsci, el factor más importante de cohesionamiento estatal es el ideológico; en sentido figurado dice que es como el cemento que cohesiona al edificio social. Esto tiene lógica dado que la ideología expresa un conjunto de ideas-fuerza colectivas y valores que cuando son adecuadamente recogidos por quienes ejercen circunstancialmente el poder político estatal, garantizan la plena articulación de todos los sectores de la sociedad para imprimir la suficiente legitimidad al funcionamiento del aparato público estatal.
Está claro que el Estado colonial–republicano fundó las relaciones sociales en Bolivia con base en un sistema de explotación económica, exclusión política y opresión cultural de la mayoría de la población boliviana, por lo que tenía que recurrir permanentemente al uso de la fuerza pública a fin de sustituir su déficit de legitimidad para la toma de decisiones de interés colectivo. Además, su carácter elitista y su orientación a promover la individualización de la población indígena, la fragmentación de sus tierras y los recurrentes intentos de subsunción de la comunidad por la hacienda tradicional, hacían que sus decisiones sean frecuentemente resistidas por la población. En tiempos liberales y neoliberales esta orientación se mantuvo inalterable con la diferencia de una mayor orientación al capital transnacional y las decisiones dirigidas a favorecer el saqueo de los recursos naturales y la externalización del excedente económico.
CAMBIO. Antes del proceso de cambio que lidera Evo Morales, el sistema político en Bolivia era partidocrático, excluyente y clientelar. La soberanía se había debilitado profundamente dado que el control del excedente económico correspondía a los agentes externos y las decisiones políticas a los organismos multilaterales. La toma de decisiones se había circunscrito a un grupo de políticos conservadores que fundamentaban el monopolio del control del aparato estatal con base en la restricción al voto de la ciudadanía, la limitación de su capacidad de demandar al ámbito reivindicativo-administrativo, la supuesta vigencia de un Estado de derecho que hacía funcionar sus frenos y contrapesos en el ámbito de los dispositivos funcionales y formales del poder público y la utilización de la violencia estatal a través del Ministerio del Interior cuando alguien osaba interponer demandas de carácter estructural que podían afectar el bienestar del establishment.
El proceso de cambio ha permitido al MAS obtener siete victorias electorales en los últimos nueve años; tres veces con más del 50% de los votos, y cuatro veces con dos tercios de la votación. Semejante revolución democrática ha producido la ruptura del viejo orden político partidocrático y clientelar para implantar una relación directa entre el Estado y la población, para trasladar los frenos y contrapesos al ámbito de control social ejercido por los movimientos sociales que, en el caso de Bolivia, tal como caracteriza García Linera, han alcanzado una dinámica estructural por el carácter de sus reivindicaciones y por haber copado sistemáticamente la estructura organizativa del Estado para permitir la fundación de un Estado Plurinacional que no admite la intermediación partidocrática de las decisiones de la población.
Sin embargo, es innegable el hecho de que el país se caracteriza por su alto grado de diversidad o heterogeneidad y por la existencia de varios factores de diferenciación que no solo se fundamentan en la diversidad cultural, racial, económica y fisiográfica del país, sino también por el carácter multicivilizatorio de la sociedad boliviana.
En este sentido las autoridades públicas como expresión de la mayoría política del país tienen la obligación permanente de consensuar sus decisiones en tres niveles de representación: la población a través de los movimientos sociales y otras formas organizativas; las regiones a través de sus expresiones organizativas subnacionales; y las entidades funcionales que cobijan otras expresiones de representación política, entre los que destacan las minorías políticas. Desde el punto de vista académico coincidimos con la tesis doctrinal que sostiene que a las sociedades diferenciadas corresponden los sistemas de democracia de consensos cuya construcción constituye el desafío más importante de la renovada Asamblea Legislativa Plurinacional.