En vista a la magnitud estructural de la problemática de la Justicia, las respuestas que se han intentado para solucionar el problema hasta ahora han sido parciales. El debate se remite a la Asamblea Constituyente, donde se consideró dos factores. El primero tuvo que ver con la diversidad cultural del país, por eso se reconoció, de manera oficial, junto al sistema judicial ordinario, el sistema judicial indígena.
Pero el desarrollo del pluralismo jurídico ha tenido dificultades porque la ley de deslinde jurisdiccional ha sido considerada insuficiente por algunos sectores. Por eso la plena compatibilización entre esos dos sistemas jurídicos todavía se constituye en un desafío. El segundo tema que abordó la Asamblea Constituyente fue el mecanismo de integración de las autoridades jurisdiccionales. Se cuestionaba que el sistema partidocrático anterior se repartía los cargos de este ámbito.
Para evitar esa subordinación se decidió que se elija, por voto popular, a las altas autoridades de la Justicia. Si bien esto ha servido para democratizar a la Justicia e incluir a representantes de sectores populares, indígenas y mujeres, no ha permitido superar los problemas de retardación y falta de transparencia.
Por todo esto, está visto que no se ha logrado un abordaje integral de la problemática. Al mismo tiempo, en el análisis ha faltado detenerse en el tema de la retardación de justicia, que es un problema de toda la región, aunque los índices en el caso boliviano son más altos que el promedio latinoamericano. Prueba de ello es que el 83% de los detenidos en los centros penitenciarios del país son preventivos, víctimas de la retardación de justicia. Este problema fue atacado de dos maneras: administrativamente desde el ámbito jurisdiccional, considerando que son pocos los recursos económicos y humanos asignados, por lo que se quiso fortalecerse esto.
Si bien esa justificación es válida, hay temas de fondo para la retardación, como la excesiva concentración de la justicia. Es necesario impulsar un régimen de desconcentración administrativa que permita una expansión territorial de los niveles institucionales de la Justicia para llegar de mejor manera a la población. También está pendiente el desarrollo de una justicia contravencional. Muchos casos que son estrictamente contravencionales se penalizan, esto genera acumulación de causas.
Además, la retardación es un mecanismo a la que acuden los operadores de la Justicia como método extorsivo en busca de arreglos extrajudiciales. También es una argucia a la que recurren abogados chicaneros que gozan de una amplia discrecionalidad para interponer incidentes, recursos, y mecanismos que muchas veces desvían el debate de fondo de un proceso judicial para evitar que se administre justicia. Otro tema tiene que ver con nuestro sistema jurídico que es muy desequilibrado y favorece la excesiva judicialización y penalización de las causas.
En ese sentido, el referéndum judicial es un buen mensaje en el sentido de involucrar la participación ciudadana en la resolución de los problemas de la Justicia. La evidente dimensión de la problemática exige que haya una participación social. Sin embargo, el referéndum en sí sería absolutamente insuficiente si no está acompañado de niveles adecuados de cohesionamiento de los nuevos enfoques filosóficos que deben orientar el diseño del sistema de justicia. Muchas veces se ha cuestionado que la doctrina eurooccidental que ha inspirado nuestra normativa sustantiva como procedimental ha sido interpretada como colonizadora. Si bien hay categorías de validez universal, es cierto también que la filosofía ancestral de los pueblos indígenas debería recogerse como visión en el diseño del sistema de justicia.
También es importante considerar que es necesario multiplicar los mecanismos de resolución de conflictos, no solamente crear un sistema de desconcentración de justicia, sino también otros mecanismos alternativos como la conciliación, el arbitraje, la mediación, etc., que podrían ser resueltos con operadores que no necesariamente provengan del órgano jurisdiccional, sino del nivel administrativo e incluso vecinal.
Es también importante un nuevo diseño procedimental que sea más equilibrado, sin discrecionalidad de los fiscales y abogados. Hay muchos temas que debatir. Por lo que un referéndum es importante como corolario, pero también es importante un debate técnico, político y social de la Justicia.
Este problema es uno de los más urgentes para la población. No puede haber un Estado de derecho y democrático si no hay transparencia en la administración de justicia. Eso es lo que no ha sucedido en el último tiempo.
Asimismo, la Justicia debe tener autonomía e independencia, no puede ser interferida por el poder político ni por las estructuras del poder económico. Por eso, simbólicamente, la Justicia es ciega. Es lógico que la preocupación se centre en que el diseño procedimental tenga que ser equilibrado porque en cada proceso judicial también se expresa una correlación de fuerzas. En ese sentido, hay que limitar la discrecionalidad de los fiscales, de los abogados que gozan de amplias potestades para dilatar los procesos, lo mismo que los jueces que deben tener atribuciones claras, pero el sistema como tal debe estar resguardado de cualquier interferencia política y económica.