Si hay un tema en la descentralización política y administrativa del país que se viene postergando desde hace años, incluso antes del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), es la descentralización fiscal, lo que en términos de política pública hoy se plantea como el “pacto fiscal”. Un tema que —adelanta el nuevo ministro de Autonomías, Hugo Siles Núñez del Prado— será prioridad este año en la agenda autonómica. Al margen de que el Gobierno central y las entidades autónomas del país tienen que hablar de cómo se distribuyen los recursos existentes, el ministro insiste en que los otros pies del pacto deben ser la eficiencia del manejo de los recursos y la capacidad de las autonomías de generar sus propios recursos.
— ¿Suscribe la opinión de Carlos Romero, de que el pacto fiscal no va si no están listos los estatutos departamentales?
— El pacto fiscal es un proceso de diálogo, e incluye a todos los actores; pero un proceso que debe estar condicionado a algunos requisitos; uno, sin duda, son los estatutos autonómicos en vigencia, porque son la carta fundamental, el instrumento normativo de la entidad territorial autónoma, y para efectos de ley incluso tienen que estar (listos) los estatutos. Para la agenda 2025, por ejemplo, es importante que las gobernaciones puedan tener sus estatutos autonómicos aprobados, en vigencia, o por lo menos haber pasado el control constitucional; es una condición.
— Una base para el pacto fiscal…
— El pacto fiscal implica no cerrarse en la distribución de los recursos, según las competencias que tenga cada nivel; hoy mismo los recursos ya se distribuyen. El pacto fiscal no hay que verlo solo distributivo, sino como la oportunidad para que desde los niveles y entidades territoriales autónomas se pueda mejorar la administración de los recursos, del gasto y la inversión.
— Decisión gubernamental también parece ser no discutir nada en estos días electorales…
— Es la segunda condición (la primera es la existencia de estatutos); tiene nomás que ver con el escenario de coyuntura electoral; los interesados de forzar o convocar el pacto fiscal hoy, en gran medida, son o se confunden entre funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz y los que forman parte de la campaña del candidato oficialista de allí (Rubén Costas); son los mismos actores. No-
sotros creemos que eso (el pacto fiscal) debe estar lo más alejado posible de estos escenarios electorales. Tenemos tiempos y plazos establecidos por la ley, pero no se ha vencido el plazo de la presentación del pacto fiscal, y el momento que sea oportuno se lo presentará. Hoy, hay un momento electoral que distorsiona, momento de rivalidad política electoral que no es el ambiente adecuado para poder instalar este diálogo.
— Siempre se acusó al Presidente y al MAS de ser centralistas y que eso fue contra las autonomías; y que esto empeorará con el tercer mandato.
— Primero, las autonomías están constitucionalizadas; así, la Constitución es el marco referencial más evidente de que Bolivia ya no es un país o Estado centralista; un Estado que definitivamente es autonómico; y los gobiernos subnacionales están en la disposición de elaborar sus cartas orgánicas y estatutos; eso rompe cualquier observación y crítica de la oposición. Segundo, las entidades territoriales autónomas tienen en sus ingresos un componente de asignación de recursos que es del TGN (Tesoro General de la Nación); y sus asambleas y concejos municipales no han empoderado (a su institución) para una mayor capacidad de captación de recursos propios. En la Alcaldía de Santa Cruz, el presupuesto de este año tiene como ingreso del TGN 1.512 millones de bolivianos, y como ingreso propio solo 900 millones; en la Gobernación, el componente es: 85% de los ingresos son del TGN y un 15%, ingresos propios. O sea, los niveles subnacionales, por lo menos en Santa Cruz, no tienen una capacidad propia de generación de recursos. Cada año, por saldos en caja y bancos, estos entes subnacionales dejan sin ejecutar o en el banco cifras entre 200 y 600 millones de bolivianos; cifras que nos permiten ver que éste no es un problema solo de recursos, sino del manejo o uso eficiente de los mismos; un problema de gestión; de desarrollar en estas entidades autónomas iniciativas y capacidades que permitan mejorar la inversión y captar nuevos recursos.
— La autonomía va en ascenso…
— Estamos en condiciones de asegurar de que podemos consolidar el proceso autonómico, que ha avanzado, diría en un 60-70%; nosotros tenemos que completar este trabajo de consolidar las autonomías, desarrollar un proceso de mejoramiento de la planificación, de la coordinación.
— ¿Cómo hay que entender la expresión del Presidente: ‘ojalá todos los gobernadores (y alcaldes) sean del MAS’?
— El Presidente tiene un ritmo de trabajo, una eficiencia y eficacia en el desarrollo y aplicación de políticas públicas; ese ritmo de trabajo él sin duda lo transmite, quiere reproducir y replicar, independientemente de las diferencias ideológicas; él ha dicho que respeta las diferencias ideológicas, pero es incisivo en la forma de trabajo. Por eso la expresión de que los demás cargos o niveles que están hoy en competencia electoral, puedan ser parte de un solo equipo; es un deseo; pero ya ha demostrado que el trabajo de coordinación está más allá de las diferencias ideológicas. Si todas las entidades pudieran desarrollar coordinación, con eficacia y eficiencia en la administración de los recursos, tendríamos mayores resultados. Y a eso es a lo que apunta este tercer mandato: poder pisar el acelerador para que el 2020 hayamos reducido los niveles de pobreza.
— Las autonomías tienen que hacer suya la agenda 2025.
— Por supuesto; las autonomías en el pacto fiscal tienen que proyectar sí o sí una visión y una proyección hacia la agenda 2025; desde las regiones, los municipios se tienen que proyectar; éste es un objetivo de Estado y todos somos Estado.
— Los municipios siquiera tienen el impuesto a inmuebles y automotores; las gobernaciones parece que nada…
— Las gobernaciones tienen recursos. Cuando se presente el pacto fiscal, éste va a traer elementos que tienen que ver no solamente con la distribución, sino con la mejor administración y manejo de los recursos; hay una visión de conservar una administración que no solo pueda tener los recursos de transferencias (del TGN), sino tenga los elementos competenciales, constitucionales, para poder también engendrar recursos para incrementar los ingresos de la entidad. Un ejemplo: en la Gobernación de Santa Cruz no hay empresas departamentales, no se utiliza de manera adecuada los ingresos por los bosques, su producción; hay ausencia de turismo; hay normas que ya dentro de las competencias le exigen a las gobernaciones ser parte de estos procesos.
— Acabar con el rentismo
— Mientras no se tenga los estatutos, mientras no se generen los procesos de aplicación y ejecución de las competencias, vamos a seguir teniendo unos gobiernos departamentales dependientes, rentistas; nosotros asumimos que el proceso autonómico debe dejar el rentismo, que hoy es la regla, tendrá que ser la excepción. Pero el rentismo de hoy implica ineficencia.
— ¿Finalmente habrá referéndum en Charagua y Totora (por las autonomías indígenas)?
— Son tres municipios que tienen aprobado el control constitucional (Charagua, Totora y Mojocoya), y están en un proceso de trámite para establecer la fecha del referendo, procesos que pueden completarse entre el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Finanzas; nosotros nos hemos empezado a reunir con los actores. Tenemos la primera reunión de gabinete en los próximos días, y vamos a presentar nuestro plan de apoyo a estos procesos; creemos que en breve este proceso se va a ir consolidando. Vamos a definir esto en consulta con el gabinete, éste es un proceso que tiene que ser acompañado por varios ministerios.