En las relaciones internacionales entre Estados, sin duda las cosas más delicadas son los asuntos económicos, como son las inversiones o préstamos y los acuerdos bilaterales sobre determinadas obligaciones; pero también otro tema delicado es el referido a la concesión de refugio a una persona que lo solicita o, en su caso, aplicar la extradición en causas en que jurídicamente es posible. Estos temas son importantes y delicados para cualquier Estado que pretenda mostrarse respetuoso de los tratados internacionales y serio ante la comunidad internacional.
Ahora bien, nuestro Estado ha tenido que asumir un caso muy particular y debió dar ciertas respuestas al tema del señor Martín Belaunde, que por cierto fue muy cercano colaborador del actual presidente del Perú (Ollanta Humala); actualmente, en su país de origen tiene una serie de denuncias por varios delitos contra la administración pública, colusión simple y agravada, negociación incompatible, tráfico de influencias y asociación ilícita, entre otros que se le atribuyen y que son investigados por la Procuraduría Anticorrupción del Perú.
Este caso en particular ha generado muchas opiniones, en razón de que nuestro país debe asumir una posición y que ésta obviamente será evaluada en el contexto internacional, respecto a la institucionalidad que se tiene en Bolivia y al cumplimiento de tratados internacionales.
La solicitud de refugio de Belaunde ya fue respondida negativamente por la Conare (Comisión Nacional del Refugiado), instancia que está conformada por los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobierno y Justicia y, en un nivel consultivo, la Oficina Regional para el Sur de América Latina de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), según lo determina la Ley 251.
Para tomar dicha determinación, la Conare sin duda ha tenido que evaluar muchos aspectos, entre ellos, la solicitud del Estado peruano de la extradición del señor Belaunde. Perú ya movilizó sus instituciones correspondientes a fin de lograr que a Belaunde se le niegue la condición de refugiado y se proceda a su extradición. El primer pedido fue solicitar al Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional asumir una medida preventiva, como fue la detención domiciliaria de Belaunde.
Ahora bien, es seguro que la defensa de Belaunde asumirá todas las acciones legales que estén a su alcance, como es la apelación para obtener la condición de refugiado, lo que ocurre cuando una persona considera que está siendo perseguida por razones de raza, religión, nacionalidad y pertenencia a un grupo social o por razones de opinión política, y que cree que su país no le dará la protección legal que debe tener.
En el presente caso, las autoridades peruanas alegaron que Belaunde no está siendo perseguido por razones políticas, sino por delitos comunes; a lo que las autoridades bolivianas ya emitieron un criterio: que Bolivia no será refugio de personas que tengan pendientes casos de corrupción.
Al respecto, se debe considerar que en los casos que atañen al cumplimiento de tratados internacionales, incluida la extradición, no es pertinente ni nada prudente anticipar criterios; sino al contrario, ser mesurados al momento de abordar el tema, ya que lo que se diga como autoridad pública de un Estado, da señal de cómo se actúa institucionalmente en nuestro país y que esto muestra ante la comunidad internacional una imagen del Estado que se tiene. Por esta razón, las autoridades bolivianas deben ser prudentes: lo que digan será una muestra de lo que se hace en Bolivia, más aun cuando se trata de una persona que está siendo acusada por varios delitos.
Si procediera la extradición, la llegada del señor Martín Belaunde a suelo peruano causará un remezón político, mucho más lo que él diga, ya que hay varios temas escabrosos; de acuerdo con las investigaciones, se habla de relaciones e influencias políticas al momento de ejecutar obras públicas en el Perú.
Martín Belaunde ya estaba siendo procesado y buscado desde mayo de 2014, y el Poder Judicial del Perú ya había emitido una detención preventiva de 18 meses. Las razones, de seguro, serán muchas para pedir el refugio, pero también habrá razones jurídicas para la extradición.
Lo que principalmente habrá para el país será una valoración y ponderación de cómo actuamos, si cumplimos la ley y los tratados internacionales, si somos respetuosos de los principios universales de protección de los derechos humanos; lo demás de este caso, su tinte político, le interesa más al hermano país del Perú; pero a nosotros, como bolivianos, nos debe interesar que si bien no se puede aceptar la corrupción bajo ningún criterio, tampoco se puede actuar de manera apresurada e irrespetuosa de la ley; porque eso de tener institucionalidad como Estado es carta de presentación ante la comunidad internacional. Un país que cumple la ley es un país que da garantía a sus ciudadanos y a los que lo visitan, porque su institucionalidad es confiable, responsable y seria.
Más allá de si procede el refugio o la extradición o solamente se dé la expulsión de Martín Belaunde, lo que debemos cuidar es el respeto estricto de los tratados internacionales, el cumplimiento de nuestra Constitución, y que nuestras autoridades, en apego a estas normas, tengan un actuar prudente, sensato y mesurado, ya que no son problemas domésticos del día a día de un país, sino se trata de cumplir con los otros Estados y mostrar que somos un país serio y respetuoso del orden establecido.