Hace 44 años, el 12 de febrero de 1971, el Comando Político de la Central Obrera Boliviana (COB) aprobaba las bases para la instalación de la Asamblea Popular (AP), un ensayo de otra forma de democracia con elementos participativos que sostenía como horizonte el socialismo; un antecedente práctico, se puede decir, de la “democracia directa y participativa” inscrita hoy en la Constitución: democracia que se ejerce “por medio del referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley”. (Artículo 11)
La Asamblea Popular estaba compuesta por una instancia nacional más una en cada departamento. La constituían delegados de sindicatos y, a través de éstos, representantes de partidos políticos con influencia en las organizaciones gremiales, lo que significaba una suerte de restitución de la democracia liberal, cuando son los partidos los que asumen la representación.
FUNCIONAMIENTO. Si bien se establecen las bases en febrero, solo dos meses después, el 1 de mayo, el Gobierno aprueba su funcionamiento en el Palacio Legislativo. Su instalación efectiva fue el 22 de junio. Cuando se elaboraba su reglamento y los temas administrativos de su puesta en marcha, sobrevino el golpe de Estado del entonces coronel Hugo Banzer Suárez, el 21 de agosto, que disolvió este experimento de poder dual militar-obrero.
Juan José Torres Gonzales asume el poder en octubre de 1970 y toma una línea progresista. La Asamblea Popular es propuesta por el Comité Político de la COB, planteando un poder dual, lo que es bien visto por Torres.
Sin embargo, los problemas comienzan. En el Ampliado Nacional de Dirigentes Campesinos de Bolivia de febrero de 1971, el presidente dice en su discurso: “Una Asamblea (Popular) a la que mi Gobierno vio con simpatía, ha sido integrada con los que pignoraron la gesta de abril al imperialismo. Han sido admitidos quienes suscribieron las actas del entreguismo a South American Placers y a los consorcios petrolíferos (…). Parece que en política todo vale; tal al menos la práctica criolla del viejo adagio de Maquiavelo que con ejemplar maestría manejan los que circunstancialmente dirigen la Asamblea Popular, acogiendo a aquellos que, ayer nomás, ayudaron a derrocar”.
El debate gira ese momento en torno a quiénes debían integrar la AP. Hubo sectores que admitieron al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), lo que no fue del agrado de muchos. En ese sentido, el Partido Obrero Revolucionario (POR) Trotskista IV Internacional saludó el discurso de Torres y también censuró la actitud de los grupos pertenecientes a la AP que permitieron el ingreso del MNR (partido “entreguista y pro-imperialista”, según su comunicado publicado por El Diario).
Tanto Torres como el POR hicieron bien en desconfiar del MNR, partido que luego fraguará, junto a Banzer y la Falange Socialista Boliviana (FSB), el golpe de Estado que disolvió la Asamblea Popular y costó la vida a un número indeterminado de personas a causa del ejercicio sistemático de la violencia de Estado.
Pero antes del golpe, la Asamblea Popular está en formación y aún no se sabe cuál será su forma y atribuciones. Así, el POR propone una “Asamblea Nacional Antiimperilista con delegados elegidos democráticamente en cada lugar de trabajo, de estudio y cuartel, para discutir y organizar la defensa de la Revolución Boliviana y la aplicación del programa antiimperialista (…)” (El Diario), esto se dice el 19 de febrero.
El gobierno de Torres no tendrá tregua, pues ya el 3 de marzo hay un intento golpista en Santa Cruz. “Grupos fascistas asaltaron la Prefectura y la COD (Central Obrera Departamental) de Santa Cruz” (El Diario).
ULTIMÁTUM. Ante esto, la Central Obrera Boliviana (COB) pone un ultimátum de 48 horas al Ejecutivo para que “defina su posición política”. Además, la COB “exige al Gobierno una definición clara con respecto a su posición política en base a los planteamientos presentados por la Asamblea Popular” y acusan del intento golpista (no sin razón) a FSB y al MNR.
El 7 de marzo (1971) Torres contesta que su gobierno “continuará en la línea de izquierda revolucionaria” como lo hiciera desde que asumiera el poder el 7 de octubre de 1970 (El Diario). A pesar de esta ratificación, no mencionó a la Asamblea Popular sino hasta el 9 de marzo, en que dio luz verde a su conformación. La AP debía funcionar diez días después en el “Palacio Legislativo” (hoy Senado). Ésta fue la respuesta que dio Torres a Juan Lechín en una reunión que sostuvieron ese día; en dicha contestación el ejecutivo de la COB solicitó la “amnistía política para todos los revolucionarios del país”. “¿Esto incluye a Paz Estenssoro, exiliado en Lima?”, “No hablamos de nombres”, replicó Lechín. Como se sabe, Paz fue un elemento activo de la confabulación banzerista.
En la reunión con Torres, el Comando Político le dio a conocer un documento que describía los lineamientos generales de la futura Asamblea Popular: “debe ser el auténtico motor que conduzca a las masas bolivianas a la concreción del socialismo en nuestro país”; se señala una crítica frontal a la democracia liberal porque “la experiencia jurídica con la constitución de un Poder Legislativo, donde se hallaban representados los partidos políticos, muchas veces impidió que se consumaran de manera real conquistas para el pueblo boliviano”.
Por último, el texto constitutivo de la Asamblea Popular fija cuotas proporcionales de representantes a cada sector laboral, de clase media y de “partidos políticos revolucionarios”, y especifica que la dirección estará en manos del proletariado.
El documento habla de un “programa” de la AP que en realidad es un conjunto de elementos generales basados en la Tesis Socialista de la COB, que incluye temas como la recuperación de los recursos naturales (especialmente minerales, la nacionalización de la American Placers y Mina Matilde, entre otros), así como puntos dirigidos a llegar al socialismo.
Días después, el 17 de marzo, se vio una muestra de la voluntad política de Torres. El Ejecutivo redacta una propuesta de Código del Trabajo y en vez de promulgarla la pone en consideración de las diferentes organizaciones sindicales del país. No obstante, el periodista Remberto Cárdenas, secretario de la Asamblea Popular de Santa Cruz, expresa que siempre hubo una desconfianza mutua entre los sindicatos y Torres, de parte de los trabajadores a causa de que el general había sido parte del Estado Mayor durante la Guerrilla del Che.
DEPARTAMENTOS. La primera Asamblea Popular departamental que figura como instalada en la prensa es la de Cochabamba, el 25 de marzo. El organismo se declara “fiscalizador” del Gobierno así como propulsor de políticas.
El 6 de abril, el MNR es expulsado de la AP por unanimidad, acusándolo de ser “la última carta del imperialismo”, de ser “antinacionales”, “antiobreros” y que se prestaban al “juego fascista del golpe”. (La historia prueba que los emenerristas estaban coludidos con Banzer, si bien cabe destacar que una facción de las juventudes del MNR, encabezadas por Reynaldo Peters, resistió y se opuso al régimen banzerista).
El 24 de abril, Torres habla de las aún indeterminadas y muy generales funciones de la Asamblea Popular. Según el Presidente, la nueva Constitución, que estaba siendo redactada, establece que la AP tenga todas las atribuciones de una Asamblea Nacional. Indica que tomará en cuenta “todas las sugerencias”, pero que “por el momento (la Asamblea Popular no existe (como órgano) de poder”, un hecho que sería saldado por la nueva Constitución.
El 1 de mayo, Día del trabajador, es aprovechado para el lanzamiento de decretos. Así, Torres anuncia el cumplimiento de uno de los puntos planteados por la AP, que también figura en la Tesis Socialista de la COB: la nacionalización de Mina Matilde, último reducto del grupo Hochschild. Torres en su discurso amenaza al capital: “Si ayer fue mina Matilde, mañana será toda Bolivia” (Presencia).
Tras la marcha del 1 de mayo, se “inaugura” la AP, sin embargo, el 2 de mayo, Presencia publica que recién sesionaría desde el 22 de junio y que su sede nacional será el Parlamento.
221 delegados de la clase obrera, clase media, campesinos y “partidos políticos revolucionarios” deben debatir la fecha anunciada, los estatutos; la elección de la mesa directiva; la cooperativización de El Diario; la desburocratización de Comibol (Corporación Minera de Bolivia), de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), de ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado) y de la CBF (Corporación Boliviana de Fomento); la integración de la minería en una sola institución; y la aclaración de los asesinatos de dirigentes obreros. La AP quiere ser el instrumento para la “imposición de los objetivos que se fije el proletariado”.
Lo que sigue es una serie de reuniones de orden administrativo, como la forma en que se financiaría la AP. La discusión se da en medio de rumores cada vez más ciertos de aprontes golpistas encabezados por Hugo Banzer, quien es apresado y luego liberado y expulsado a la Argentina, desde donde continúa su conflagración.
ACREDITACIÓN. Hasta el 23 de mayo solo han acreditado a sus representantes los fabriles, mineros y constructores. Los campesinos tienen problemas y la COB solo acepta a los “independientes” y no a dirigentes, quienes están en pugnas internas.
René Zavaleta rompe con el MNR y se acerca al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de reciente aparición. El MIR tiene representación en la AP, mientras que el MNR ha sido expulsado. El Partido Socialista de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que data de febrero de 1971, también apoya a la AP y en un comunicado apunta: “La Asamblea Popular es una manifestación de la decisión que la clase trabajadora ha tomado de reemplazar al Poder Legislativo tradicional (…) del institucionalismo conservador”.
La prensa guarda silencio por casi un mes hasta que el 18 de julio Presencia publica declaraciones de cobistas: “Con rumores se trata de evitar la marcha (comienzo, en realidad) de la Asamblea Popular”, esto a cuatro días del inicio de las sesiones. Los rumores se refieren a la supuesta nacionalización de la banca que viabilizaría la AP, no obstante, esa información solo buscaba generar miedo en la población. Hasta ese día, únicamente el 30% de los representantes está acreditado.
Por su parte, el empresariado está en contubernio con Banzer y “calienta” el ambiente para el venidero golpe con solicitadas en que expresan que la situación para las empresas es insostenible a causa de la “cooperativización” de las empresas (solo Mina Matilde ha sido estatizada y se tiene la intención de cooperativizar a El Diario.
El 18 de junio se da un conversatorio titulado: “La Asamblea Popular, una nueva forma de democracia”. Se discute sobre la dualidad de poderes. Parece que la AP va a ser una realidad; con todo, el PS de Quiroga, en un comunicado, denuncia “indesmentibles aprestos golpistas” por parte de “militares reaccionarios, el MNR y la FSB”.
En este clima, el 22 de junio se instala la Asamblea con 221 delegados, una Guardia Popular de seguridad y un brazo militar (que nunca existió). La Constitución de la Asamblea Popular no puede ser aprobada, pero se elige a la cabeza del Presidium de nueve miembros: Juan Lechín. También se aprueba el reglamento de 21 artículos.
A diferencia de la Asamblea Constituyente de 2006, la AP logra su reglamento rápidamente para comenzar la deliberación y la participación obrera en las políticas estatales; empero, el golpismo está más preparado militarmente y de poco servirán las constantes declaratorias “en emergencia” para defender a la Asamblea.
A partir de ahí se inauguran las Asambleas Populares departamentales. La última en constituirse fue la de Tarija, cinco días antes del golpe del 21 de agosto.
EXPULSIÓN. El mes que la AP sesiona en el actual Senado se lo dedica al tema organizativo (conformar el pleno del Presidium, la elección de comisiones, entre otros); pero, también existen propuestas concretas: la expulsión de la CIA y el FBI norteamericanos; la coparticipación en Comibol; la creación de Tribunales Populares para la investigación de las masacres; restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, Chile (gobierno de Allende) y China; la extradición de Alfredo Ovando Candia; y la reestructuración de la Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS). No obstante, la misma AP admite que aún no cuenta con la fuerza política de hacer cumplir sus resoluciones.
El 12 de agosto, la AP decreta emergencia ante evidencias incontrastables de que se preparaba un golpe. Sin embargo, el Gobierno continúa efectivizando las políticas trazadas y el 24 de junio estatiza la industria azucarera, con lo que el empresariado cruceño fortalecerá su apoyo al golpista Banzer. Días antes del golpe, el presidente de la AP, Lechín, viaja a Lima para reunirse con Paz Estenssoro, el rumor es que Lechín intentará disuadir a Paz Estenssoro para que no apoye a Banzer.
El brazo militar de la AP nunca existió efectivamente y el movimiento obrero no logra resistir a los militares, que se hacen del poder junto al MNR y la FSB, los cuales son recompensados con cuotas en ministerios del septenio.