miércoles 23 jun 2021 | Actualizado a 07:06

Syriza: la segunda liberación

Grecia ha dado una primera señal de que no quiere ser parte de una Europa rehén de la guerra fría. ¿Es esta posición parte de la negociación? ¿Hasta cuánto puede la UE ser lobo en Atenas y cordero en Washington?

La reciente victoria de Syriza (Coalición de la Izquierda Radical, partido griego) en Grecia ha tenido el sabor de una segunda liberación de Europa. La primera tuvo lugar hace setenta años, cuando los aliados la liberaron del yugo nazi y pusieron fin al horror del Holocausto. Uno de los países que sufrió durante más tiempo la ocupación nazi y sus consecuencias fue Grecia. La geoestrategia de los aliados hizo que tras la liberación comenzara una guerra civil para impedir que los patriotas comunistas y sus aliados llegaran al poder. En un contexto democrático, y ante un poder alemán, ahora económico y no militar y disfrazado de ortodoxia europea, los griegos han vuelto a exhibir el mismo coraje para enfrentarse a adversarios mucho más poderosos y mostrar a los pueblos europeos, que sufren las consecuencias del yugo de esa ortodoxia, que es posible resistir, que hay alternativas y que es preciso arriesgarse para que cambie algo sin que todo siga igual.

He escrito que el capitalismo solo es inflexible hasta sentir la necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones. Digo capitalismo y no Unión Europea (UE) porque en este momento los intereses del capitalismo global son los únicos que cuentan en las decisiones de los órganos de decisión europeos. Si se confirma esta hipótesis, el riesgo asumido por los griegos ha sido calculado y es posible que los portugueses, los españoles, los italianos y, en general, todas las hormigas europeas de la fábula de Esopo puedan beneficiarse de la presión a la que serán sometidas las cigarras del norte y del sur (el sistema financiero, los bancos y las oligarquías).

Por ahora, estamos en un punto álgido de política simbólica, comunicación indirecta, suspensión informal de las reglas del juego, no provocación del “adversario” más allá de lo necesario, frontera ambigua entre lo negociable y lo innegociable. Pero la ortodoxia tembló, y el temblor de su bancada política subalterna fue, como era de esperar, el más patético. En el caso portugués, indigno.

Europa se encuentra en un momento de bifurcación: o se desmiembra o se refunda. Puede llevar años, pero no volverá a ser la misma. Es un momento de desequilibrio posnormal en el que oscilaciones mínimas pueden provocar grandes cambios en uno u otro sentido.

Estos son los desafíos. Primero, en contra de la ortodoxia, siempre he dicho que la deuda griega (o portuguesa) era europea y que debía tratarse como tal. La ortodoxia solo se da cuenta de esto ahora. Sabe que el problema de Grecia es el problema de Europa y que su solución solo podrá ser europea.

Comenzará negando la realidad y “demostrando” la especificidad del caso griego, pero la realidad gritará más fuerte.

¿Será fácil convencer a los portugueses de que el cementerio en el que se han convertido las urgencias hospitalarias es el producto de un brote anormal de gripe que entre tanto nadie vio?

Segundo, las políticas de austeridad provocan reacciones más tarde o temprano y es bueno que se produzcan por vías democráticas. Fue así en América Latina, donde la austeridad de los años noventa del siglo pasado llevó al poder a gobiernos progresistas, cuya bandera principal fue la lucha contra la austeridad y la promoción del bienestar de las mayorías empobrecidas. En Europa, a pesar del triunfo de Syriza y del posible triunfo de Podemos en España, hay un elemento adicional de incertidumbre. A diferencia de América Latina, hay partidos de derecha y extrema derecha que dicen estar en contra de la austeridad. El fracaso de las soluciones de izquierda no conducirá necesariamente a soluciones de centroizquierda o centroderecha. Es por eso que Europa nunca más será la misma.

El tercer desafío son los Estados Unidos. La Unión Europea ha ido perdiendo autonomía en relación con los designios geoestratégicos de Estados Unidos, como lo demuestran el mayor envolvimiento en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), la nueva guerra fría contra Rusia y el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP), que desequilibra a favor de las multinacionales estadounidenses los procesos de toma de decisiones nacionales y europeos.

Los grandes medios de comunicación nos quieren hacer creer que Grecia supone una amenaza mayor que la de Ucrania, pero los europeos saben que, por el contrario, en Grecia, Europa se fortalece, mientras que en Ucrania se debilita. Grecia ha dado una primera señal de que no quiere ser parte de una Europa rehén de la guerra fría. ¿Es esta posición parte de la negociación? ¿Hasta cuánto puede la UE ser lobo en Atenas y cordero en Washington?

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MESA, EL TESTIGO QUE CALLÓ HASTA COMO HISTORIADOR

Los fiscales le tenían preparadas 55 preguntas, con reticencia contestó tres; en realidad él asistió a rechazar todas.

Un cuestionario fiscal de 55 preguntas, tres respuestas con el sello reticente del expresidente y jefe opositor de CC

Por Iván Bustillos

/ 20 de junio de 2021 / 17:25

EL PUNTO SOBRE LA i

Peculiar fue la declaración del expresidente Carlos Mesa el jueves 17 de junio ante los fiscales que llevan adelante el caso Golpe de Estado. La Fiscalía tenía preparadas 55 preguntas para el presidente de Comunidad Ciudadana en calidad de testigo; de las mismas, con objeciones, solo respondió tres. Según el “Acta de declaración informativa en calidad de testigo” a la que este medio tuvo acceso, luego de que los fiscales le dieran a conocer a Mesa el caso que llevan adelante, el exmandatario “con carácter previo” hizo notar que no iba a declarar por dos razones: una, “que no reconozco la legitimidad o la legalidad de este proceso, un proceso que se basa en hechos falsos y en la manipulación de pruebas”, alegando como argumento central la vigencia de dos leyes, la 1266 (Ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales, del 24 de noviembre de 2019), y la 1270 (Ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas, del 20 de enero de 2020).

La segunda razón, continuó su intervención, es que para él “éste es un proceso de carácter político impulsado por el propio expresidente Evo Morales y el actual Presidente (Luis Arce)”, y que la Fiscalía y la Justicia no hacen más que obedecer al Ejecutivo: “Es un hecho incuestionable que el Ministerio Público y el Órgano Judicial responden a las órdenes del Poder Ejecutivo; por lo tanto, la credibilidad de los procesos como éste se ha perdido totalmente. Por todo ello, no reconozco la legitimidad de este juicio, que es un montaje político”.

El expresidente basaba su resistencia a declarar en el artículo 121, parágrafo I de la Constitución (que en su parte pertinente dice: “en materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma (…) El derecho de guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad”); y en el artículo 193, párrafo II del Código de Procedimiento Penal, que dice: “El testigo no podrá ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales pueda surgir su responsabilidad penal”.

Aunque, vale la pena saberlo, el párrafo I de este mismo artículo 193 invocado por Mesa señala que “toda persona que sea citada como testigo tendrá la obligación de comparecer ante el juez o tribunal para declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley”.

RECHAZO. La intención de Mesa al parecer era rechazar en bloque el cuestionario que se le tenía preparado, lo cual fue confirmado por uno de los fiscales que le recibió, Omar Mejillones. Luego de la audiencia, el funcionario del Ministerio Público afirmó que tras que el exmandatario se cobijara en el artículo 121 de la Constitución, la Fiscalía le aclaró que la “invocación de este artículo no corresponde porque él estaba siendo citado en calidad de testigo y que (por eso) tiene que, de manera obligada, declarar respecto a los hechos que se le iba a preguntar; es en este sentido que, habiendo invocado de manera errónea el derecho de abstención, porque es testigo y no es sindicado, hemos continuado con el interrogatorio”.

De modo que aún alegando su derecho al silencio, Mesa tuvo que responder a las 55 preguntas que le hicieron los fiscales. Como se conoce, respuesta como tal solo dio en tres; apelando en el resto al 193 del Código de Procedimiento Penal: que la respuesta puede incriminarle. Los fiscales pudieron aplicar todo el cuestionario porque, aclaró en radio Éxito el abogado constitucionalista Víctor Hugo Chávez Serrano, la afirmación de que tal o cual respuesta incriminaría al declarante debe ser para cada una de las preguntas. No hay el que se pueda rechazar en bloque todo el cuestionario porque el declarante considera inválido o injusto el caso.

“Cada pregunta debe ser evaluada y solamente si (la respuesta) le perjudica, si le incrimina, él puede acogerse a ese derecho; es individual (el no responder), no puede uno ir y decir, ‘no, me incrimina todo’ y me niego a responder. (El invocar la no respuesta) tiene que ser con las 50 preguntas, no puede uno patear el tablero y decir yo no contesto nada más porque me incrimina; no, es una a una (la invocación al 121.I de la Constitución), apuntó Chávez Serrano.

Por eso, luego de responder con reticencia las tres primeras preguntas, Mesa invariablemente responde a las restantes 52 con un “me acojo al derecho al silencio”; aunque son excepción las respuestas 52, 53 y 54.

En la 52, el fiscal le pregunta si “conoce al Sr. Ricardo Paz” (jefe de campaña del expresidente, como se sabe); y el exmandatario respondió: “Me acojo al derecho al silencio, por las razones explicadas en el inicio de mi intervención por el artículo 121 y no reconozco la legitimidad de este proceso”. Y, en la 53, el fiscal vuelve a preguntar: “Conoce al Sr. Ricardo Paz, cuándo”, a lo que Mesa responde: “Considero que la Constitución está por encima de cualquier norma, y tengo derecho a guardar silencio”.

BLOQUE. Y la respuesta 54, en que Mesa ratifica su intención de no declarar al bloque de preguntas, porque para él el proceso está invalidado, y se queja de que fue presionado.

“¿Tiene algo más que agregar a su presente declaración?”, interroga el fiscal; a lo que el expresidente responde: “Sí. La insistencia de los señores fiscales en no aceptar mi derecho constitucional hizo que yo respondiera presionado por esa situación cuatro preguntas, porque es un principio general de carácter moral de mi parte establecer una posición clara de repudio a la manipulación y al uso instrumental del Ministerio Público, la va a convertir en una persecución política a los miembros de la oposición. Ratifico mi postura de desconocer lo que se está haciendo y lamentar lo que se está utilizando al Ministerio Público”.

A punto seguido, el exmandatario deja entrever razones políticas, también, de su rechazo al proceso llevado adelante por la Fiscalía: “Asimismo, adjunto en fojas 3 una declaración previa que leí al comenzar el acto, que explica las razones por las que no declaré, sobre la base de argumentos políticos y el artículo 121 de la Constitución”.

Las preguntas respondidas acudiendo al derecho al silencio, en buena medida se refieren a las reuniones de la oposición previas a la renuncia del expresidente Evo Morales, lo que ocurrió el domingo 10 de noviembre de 2019 por la tarde.

Al menos diez preguntas tienen como base la declaración que la exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) Teresa Morales hizo ante la Fiscalía contando las circunstancias de las reuniones en la Universidad Católica el 11 y 12 de noviembre. Era la oportunidad de responder a las aseveraciones de Morales: a Mesa se le preguntó, por ejemplo, si era cierto que dichas reuniones se llevaron a cabo “¿con el ánimo de derrocar al gobierno del presidente Morales?”; luego, “¿es cierto que usted habría sido designado vocero de las personas reunidas en la UCB?”; luego, en las reuniones de la UCB se habría dicho que “la pacificación del país pasaba por una salida institucional y constitucional, que hicieron varias propuestas de procedimiento legislativo, ¿es esto cierto?”; luego, se dice que “se preguntó a Susana Rivero, Adriana Salvatierra y Teresa Morales si aceptarían que la presidenta del Estado sea Jeanine Áñez. ¿Es esto cierto? De serlo ¿de quiénes surgió dicha pregunta y cuál fue la respuesta?”; luego, al retirarse Adriana Salvatierra, se dice que “el señor Samuel Doria Medina les manifestó que tiene que tomar una decisión o caso contrario operaría el Plan B, ¿es cierto lo señalado? De serlo, indique qué decisión deberían tomar las exasambleístas y ¿cuál era el Plan B?”, entre otras preguntas.

ÁÑEZ. Hay tres interrogantes que se las hace a partir de la última declaración de Jeanine Áñez ante la Fiscalía. También aquí Mesa podía dar su versión de algo que dicen que él dijo: luego de reunirse con Adriana Salvatierra, Ricardo Paz le habría llamado a Mesa y le habría dicho que la exsenadora del MAS le dijo que “asumiría la presidencia del Estado y llamaría a elecciones con nuevo Tribunal Constitucional” (bueno, el error es evidente, debió escribirse “Tribunal Electoral”); pero sigue la pregunta: “a lo que usted contestó que las protestas seguirían, que la ciudadanía no aceptaría esa sucesión, ¿es esto cierto?, y de serlo ¿cuándo se llevó a cabo dicha reunión, y por qué considera que la población no aceptaría dicha sucesión?”; luego, se le pregunta si sabe por qué el 11 de noviembre de 2019 Áñez es trasladada a La Paz y por qué medio; si conoce de las reuniones de ella con Camacho, y si conoce a quien ordenó que Áñez tuviera escolta policial para ingresar a la plaza Murillo y a la Asamablea Legislativa.

El cuestionario fiscal a que el expresidente se nego a responder porque lo que diga le incriminaría, también incluye interrogantes administrativas de su partido, como “si recuerda con cuántos delegados políticos contó su partido Comunidad Ciudadana en los recintos electorales del país, en el escrutinio de las elecciones del 19 (error, 20) de octubre de 2019”; o si sabía la distribución de sus delegados entre “los recintos urbanos o rurales”.

Lo mismo, también hay una suerte de examen sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP): “¿conoce el significado, utilización y la función del TREP?”, “Diga usted (si) conoce cuál es la resolución administrativa que crea el sistema informático del TREP”; “Diga si usted conoce el sistema informático TREP y si es vinculante para su aplicación en el cómputo de votación”.

También hay las preguntas acerca de la participación pública en actos masivos de Carlos Mesa, si participó en “cabildos realizados antes de las elecciones”, si en el cabildo del 10 de octubre de 2019 “usted señaló o indicó realizar el voto castigo en contra de candidatos que se consideraban ilegales, y (si habló de) desconocer los resultados electorales, y de activar mecanismos de desobediencia civil democrática”.

RESPONSABILIDAD. De la misma forma, también existen las preguntas que evidentemente implicarían una “responsabilidad penal” para el interrogado: “diga usted si conoce o fue parte de las reuniones donde se decidió ir a las movilizaciones y paros entes de concluido el cómputo electoral en las elecciones de 2019”; si sabe que lo que dijo Áñez, en sentido de que él (Mesa) habría dicho que “no aceptaría la sucesión de la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra”; “diga usted si sabe o conoce de la aplicación del Plan B, si estuvo de acuerdo con la sucesión ipso facto, y “sobre qué sustento legal o norma” habló de “vacío de poder”; y, “si sabe o conoce desde qué momento las Fuerzas Armadas y la Policía se cuadran, coordinan o responden a las indicaciones de la exsenadora Jeanine Áñez Chávez”.

No deja de llamar la atención la pregunta en que el interrogador interpela el proceder ideológico del exmandatario: “Diga usted si recuerda en qué momento su persona decidió cambiar de idea de la realización de la segunda vuelta a (la) anulación de (las) elecciones, debiendo señalar de forma pormenorizada sobre qué sustento legal manifestó la misma”.

Finalmente, los fiscales le preguntaron a Mesa el historiador tres interrogantes, a fin de comparar los contextos de anteriores sucesiones presidenciales: “diga usted, de forma pormenorizada, cómo se procedió a la asunción como presidente ante la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada”; “considerando su trayectoria de historiador y político, señale de forma pormenorizada la sucesión constitucional de Jorge Quiroga Ramírez y la de Eduardo Rodríguez Veltzé”; y, “diga usted si sabe o conoce (si) ambas sucesiones fueron realizadas en el Congreso o en sesiones de Congreso y cuáles fueron los contextos de los mismos”.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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PUREZA CELESTIAL DE LA CEB

Crítica a la ‘Memoria de la pacificación’ en 2019 publicada por la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB).

/ 20 de junio de 2021 / 17:16

DIBUJO LIBRE

El documento presentado por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) a la Fiscalía y al Vaticano, Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019-enero 2020, es un relato a la altura de la nobleza eclesial, la versión de pureza celestial que justifica la sucesión constitucional, que niega el golpe de Estado, que omite deliberadamente las masacres del 11 de noviembre de 2019, y dice que las muertes de Sacaba y Senkata fueron producto del enfrentamiento. Es el relato espiritual que los siervos políticos de las derechas necesitaban.

Mentiras celestiales. En su condición de facilitadora del diálogo describe su rol: “La CEB se mantiene ajena a intereses políticos de unos y otros sectores en conflicto”; mediadores neutrales que caracterizan el momento: “El conflicto de 2019 se agudizó el 20 de octubre, con la inexplicable interrupción del sistema TREP y la denuncia de indicios de fraude, presentados por la propia población en diversos puntos del país”. Con estas dos afirmaciones definen su rol institucional y el momento político pre y poselectoral.

El rol “ajeno a los intereses políticos” es apariencia simbólica. En 2017, cuando se conoció la Sentencia Constitucional 084/2017, que habilitaba la repostulación de Evo, la CEB expresaba: “abre el camino al totalitarismo y al dominio del más fuerte, con el consiguiente menoscabo de la libertad del pueblo”. En mayo de 2019, acerca del proceso electoral la CEB dijo: “No se puede aceptar el control o la manipulación de los votos como instrumento de poder… Una verdadera democracia da legitimidad al Gobierno que surge de un proceso electoral transparente y del respeto inviolable de la decisión del pueblo boliviano”. Institucionalmente asume una posición política de derecha sobre la habilitación de la candidatura y el fraude como estrategia discursiva y mediática.

La CEB dice que el conflicto se “agudizó por las denuncias de fraude presentada por la población”; contra esta afirmación, los obispos bolivianos reunidos en el Vaticano el 23 de octubre expresaron: “Nos parece observar, junto con muchos ciudadanos, indicios de fraude”. El obispo Ricardo Centellas G., presidente de la CEB, el 10 de noviembre en Carta Abierta al Presidente Morales le conmina a renunciar: “Muestre su respeto por Bolivia y Potosí, renuncie para pacificar el país y asuma su responsabilidad por el fraude electoral y no siga provocando mayor incertidumbre”. La CEB ahora se escuda en la población, cuando en 2019 fue el portavoz eclesial de la conspiración, acusando a nivel internacional de fraude y exigiendo la renuncia.

Renuncia voluntaria y muerte entre vecinos. La renuncia del presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda la presentan como una decisión voluntaria: “anuncia su renuncia por la red Bolivisión”, exenta de violencia; no dicen que renunció por la quema de su casa en la ciudad de Potosí y debido a la retención por grupos violentos e intento de asesinato de su hermano.

Con relación a los hechos de la mañana del 11 de noviembre expresan: “se registraron fuertes enfrentamientos entre vecinos, incluso con muertes”. Esta afirmación es un pecado terrenal. Los informes de la Defensoría del Pueblo, de la CIDH, de la Universidad de Harvard (Informe Nos mataron como a animales) y testimonios en redes sociales, muestran la represión armada de policías uniformados y de civiles en El Pedregal, Chasquipampa y Ovejuyo, con el saldo de tres muertes; en Huayllani (Cochabamba), una muerte; los cuatro por impacto de bala. En la Memoria de la CEB las muertes fueron por enfrentamiento entre vecinos diabólicos sin responsabilidad policial.

La CEB confiesa que en la noche, junto a representantes diplomáticos y cívicos, emitió un comunicado pidiendo a las FFAA y la Policía que salgan a las calles a cuidar la paz, es decir, bendicen la declaratoria de facto de la militarización del país.

Con relación a las masacres de Sacaba el 15 y Senkata el 19 de noviembre la Memoria expresa: “(Sacaba) enfrentamientos violentos… sufrieron agresiones y (la iglesia) acogió a heridos y muertos (…) quedaron consternados por la violencia desatada en Senkata”. En su narrativa, los muertos fueron por obra del espíritu maligno entre movilizados, la misma versión que expresaron Arturo Murillo y Fernando López, que los muertos fueron por impacto de bala entre las “hordas masistas”.

Confesión celestial de la conspiración. El aporte central de la Memoria es la confesión de que los mediadores eclesiales y diplomáticos que se reunieron (el 10 de noviembre) y decidieron con cívicos y partidos de derecha, es decir, una sola parte, quién será la nueva Presidenta, aunque dicen que “en ningún momento se tomó decisión alguna”, encomiendan a Ricardo Paz, jefe de campaña de Comunidad Ciudadana, a que llame a la senadora Jeanine Áñez, para consultarle “su disponibilidad de asumir la Presidencia”.El padre José Fuentes, secretario adjunto de la CEB y ahora rector de la UCB, en una entrevista con Página Siete confiesa que fue “Jorge Tuto Quiroga quien llamó por celular a la senadora Áñez para que asuma la Presidencia”; ambas versiones confirman que la reunión del 10 de noviembre fue sin presencia del MAS, deciden personas sin ninguna representación legal y legítima; se arrogan una representación del pueblo sin tener esa condición, ése es un acto de sedición.

Otro elemento es que en la reunión deciden utilizar una Declaración Constitucional como jurisprudencia constitucional antes que el TCP haga público un comunicado: “Considerando la DC 003/2001 según la cual la sucesión constitucional se produce ipso facto para evitar el vacío de poder en el Estado, se planteó sugerir a la Asamblea Legislativa dispusiese la sucesión constitucional de Jeanine Áñez para asumir la presidencia”. Es decir, definen la “base constitucional de la sucesión de ipso facto”, para ello era necesario el procedimiento de la autoproclamación como presidenta del Senado y de la Asamblea Legislativa Plurinacional, considerarse Vicepresidenta y luego de ello autoproclamarse Presidenta de la República.

¿Quién hizo la gestión ante el Tribunal Constitucional para que éste emita el “comunicado” exactamente a minutos de la autoproclamación del día martes 12 de noviembre a horas 18:30? Es vital y determinante para ver el nivel de coordinación y articulación del grupo de la UCB con un órgano de poder del Estado.

La Memoria define que “la senadora Áñez fue investida como Presidenta”. Otra mentira piadosa, porque el acto de “investir” es un principio constitucional definido en la Constitución (Art. 161. 2): es la Asamblea Legislativa que recibe el juramento de la Presidenta o Presidente del Estado. Áñez no juró en la Asamblea; por el contrario, la banda presidencial le fue puesta por un militar, el Jefe de la Casa Militar del Palacio.

La Memoria es la homilía de la misa dominical de la catedral cruceña, que fustiga a los movimientos sociales, que condena que el Estado Plurinacional sea laico y no confesional, que la nobleza eclesial perdió privilegios en el poder político, que dejó de ser la consejera y salvadora de las crisis del viejo Estado liberal, colonial, republicano y de su sistema político conservador y racista.

La Memoria vuelve a masacrar a los nadies, porque no existen en su relato, porque se auto-asesinaron en enfrentamientos entre vecinos, absuelve los pecados de Murillo, López, las FFAA y la Policía porque nos dieron paz frente a hordas vandálicas que solo luchaban por su wiphala; llama a la autoproclamación un acto de investidura presidencial. Es la narrativa celestial, propia de una nobleza que no se ruboriza por su pueblo, pero sí se siente feliz porque comparte la mesa de patrón.

 (*)César Navarro M. fue diputado y ministro de Minería

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MAS: GOLPES AL ESTADO DE DERECHO

Hoy, como país, continuamos afrontando la tensión entre autoritarismo y democracia.

/ 20 de junio de 2021 / 17:09

DIBUJO LIBRE

El expresidente Evo Morales fue electo en 2005 con 53,74% y reelecto en 2009 con 64,22% de apoyo. Si bien se trató de una autoridad con inédita legitimidad democrática, una vez consolidado su poder gradualmente materializó: un carácter autocrático-populista en sus decisiones; una administración de procesos electorales dudosamente transparentes y competitivos; poca efectividad del Estado de Derecho, discrecionalidad por el respeto a la Constitución y normas y a la división de los poderes; flagrantes ataques a la vigencia y garantía de los derechos humanos, lo que se reflejó en arremetidas constantes a instituciones de la sociedad civil que resguardan su ejercicio individual o colectivo; y, altos niveles de corrupción impune.

Los dos posteriores procesos eleccionarios en los que terció Morales fueron inconstitucionales: habiendo sido elegido en 2005 y reelecto en 2009 por una vez, en 2014 fue por una segunda reelección, vulnerando no solo los acuerdos políticos con la entonces oposición, sino también la primera disposición transitoria constitucional, que expresamente señala que los mandatos anteriores a la vigencia de la Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.

En 2015, el MAS pretendió modificar el artículo 168 de la Constitución para que la figura de la reelección sea ilimitada, por lo que convocó a referéndum. Como era de esperar, la voluntad popular dijo No a ese afán personalista y prorroguista, pero igualmente fue rebasada con el incumplimiento de los resultados vinculantes del 21F. A través de una sentencia constitucional en noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la aplicación preferente de los “derechos políticos” por encima de los artículos de la Constitución, que limitan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta, pasando por alto igualmente el artículo 168, y asegurando la cuarta candidatura consecutiva de Morales, que, vale la pena aclarar, fue sustentada en el Tratado Internacional de Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica y respaldada por Luis Almagro, secretario general de la OEA.

En octubre de 2019, luego de las fallidas elecciones, Morales respondió con su renuncia y posterior fuga del país, activándose lógicamente la sucesión constitucional ante el vacío de poder, que, sin entrar en calificaciones al por demás penoso gobierno transitorio de Jeanine Áñez, fue constitucional y legal.

Pero bien, sin respeto a las instancias, ni procedimientos ni las garantías competentes, el MAS —antes con Morales y hoy con Luis Arce— propició y continúa propiciando lesiones al Estado de Derecho con un interminable retroceso constitucional.

Hoy como país continuamos afrontando la constante tensión autoritarismo/ democracia, que sigue profundizándose desde el Órgano Ejecutivo, ante una lacerante realidad, donde los derechos humanos no valen y los diseños institucionales son inoperantes para optimizar la independencia del Poder Judicial, la separación de los poderes y la vigencia misma de los derechos civiles y políticos.

Concretamente, para el oficialismo, la independencia judicial más que un valor es un permanente obstáculo a vencer, la justicia es “su” instrumento para preservar, autorizar, legalizar o “constitucionalizar” medidas arbitrarias e imponer la voluntad gubernamental en detrimento de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales o ambientales de la población. En esa medida, igualmente ha procedido a la neutralización de los órganos de control señalados en la Constitución Política del Estado.

Sigue siendo común en este régimen la naturaleza personalista, populista, delegativa y autoritaria, que sin responsabilidad política, afianza un manejo del aparato público y sus resultados sin ética ni transparencia. En efecto, el diseño o aplicación de políticas sin control constitucional o legal, son muestra de que el Poder Ejecutivo logró “colonizar” integralmente el sistema de justicia.

Así vamos, con un oficialismo enceguecido y sin la voluntad de construir consensos, sin la mínima interpretación armónica del principio de igualdad política, de igual libertad, de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades, inviabilizando nuestra realización como país. Total, en la práctica, continúan los golpes del MAS al Estado de Derecho y persiste el proceso de desconstitucionalización.

(*) Óscar Balderas es abogado, diputado de Comunidad Ciudadana.

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DEMOCRACIA O DICTADURA

Cuando una democracia rebasa el canon racional capitalista, pronto es calificada de dictadura

/ 20 de junio de 2021 / 17:03

DIBUJO LIBRE

Los acontecimientos de octubre y noviembre de 2019 en Bolivia son reveladores para las ciencias sociales, igual que los hechos del 21 de julio de 1946 que marcaron la caída del gobierno de Radepa- MNR (Razón de Patria-Movimiento Nacionalista Revolucionario) y el fin de la vida de Gualberto Villarroel. En julio de 1946, las protestas, que ya formaban parte de lo cotidiano, fueron en su momento eficazmente redireccionadas por el Frente Democrático Antifascista, bajo la consigna democracia versus fascismo, para dar el golpe final al gobierno de Villarroel.

Ya Vladimir Ilich Lenin había comprendido que las consignas democráticas tienen un gran poder de movilización. Se comprueba esta hipótesis con los hechos de octubre y noviembre de 2019, cuando el presidente constitucional Evo Morales (del Movimiento Al Socialismo, MAS) se ve obligado a renunciar ante la presión de sectores urbanos de clase media, cuya consigna de protesta fue de democracia versus dictadura; la movilización fue articulada por la oligarquía cruceña, partidos de oposición, el autodenominado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), entre otros.

Para mayores elementos de conceptualización, por régimen democrático se entiende: “primeramente un conjunto de reglas de procedimiento para la formación de decisiones colectivas, en el que es prevista y facilitada la más amplia participación posible de los interesados” (Norberto Bobbio, 1986). En la misma línea, Hans Kelsen menciona que la democracia es un método de selección de autoridades cuya esencia es el sufragio. Entonces en base a los dos ejemplos históricos ya citados vemos un proceso de desustancializacion de la democracia hasta quedar en un simple mecanismo o dispositivo de control.

En base a estos antecedentes, la pregunta que orienta este debate es: ¿cómo poder diferenciar las verdaderas luchas democráticas de otras que solo persiguen intereses opuestos a las grandes mayorías? Para esto, una interesante genealogía histórica de la exclusión nos la presenta Michel Foucault, que ayudará a comprender la razón instrumental que adquiere la democracia. Foucault indica que hasta fines de la edad media el loco era parte del paisaje social, integrado en la sociedad; empero en el Renacimiento, los exleprosarios fueron ocupados por aquella masa que conformaron los que él llama la sinrazón: vagabundos, pobres, locos, prostitutas, jóvenes corruptos, libertinos y homosexuales; ellos habitaron el espacio de la exclusión social. Es decir, que si antes el loco desde su locura podía decir la verdad, posteriormente su discurso dejará de ser escuchado, su palabra será acallada, encerrada dentro de los muros, separada del territorio de la Razón “burguesa”. Entonces, si democracia significa que el pueblo se gobierna a sí mismo, es porque los seres humanos poseen una razón, que les confiere autonomía para forjar su propio destino.

Si contextualizamos este debate en la historia política de Bolivia, por ejemplo, con los hechos de 1971 y 1980 de Hugo Banzer y Luis García Meza, que marcaron un hito y reúnen elementos de caracterización de las dictaduras, ayudan a comprender y diferenciar una dictadura de una consigna política discursiva y momentánea que articula fines eminentemente políticos que detentan el poder del Estado. Es esclarecedor cuando recordamos que la consigna discursiva de Banzer para asaltar el poder era el de “salvar a la nación del comunismo”, increpando a la clase obrera (COB, Central Obrera Boliviana) de generar un clima de caos e inseguridad, criticando su estrategia de lucha. Banzer se mostraba como el hombre del destino, llamado a salvar la nación de su fatalidad. Esta consigna discursiva era el común denominador de los partidos tradicionales, para aplacar cualquier lucha social de las clases populares, para transformar y trasladar sus demandas al territorio de la sinrazón, categorizando dichas demandas de ilusiones demagógicas, extremistas, ignorantes, violentas, anarcosindicalistas, extremistas y contrarias al orden constitucional y democrático.

Para ir concluyendo, la conceptualización sobre la democracia asume una razón instrumental, que es manejada por las clases dominantes, la democracia como el gobierno del pueblo en tanto racional, es decir, que si el pueblo o las mayorías se desvían de los valores dominantes del sistema capitalista racional, necesariamente caen en la zona de la sinrazón, en la zona de la locura, territorio de exclusión social, cuyas voces son silenciadas y aisladas de la sociedad por representar un peligro. Y no habiendo un pueblo racional capaz de gobernarse a sí mismo (condición para el ejercicio de libertades políticas), no tiene sentido practicar los procedimientos democráticos. Es así como se comprueba que la situación de los gobiernos de Villarroel y Morales, donde sectores integrantes de la sociedad racional, con derechos políticos que los habilita al discurso para protestar contra una pseudodictadura o fascismo (campo de la sinrazón), demandando libertad en medio de libertades, democracia en condiciones democráticas.

Tales errores históricos se deben al trabajo teórico intencional, llevado a cabo por los grandes intelectuales que tuvieron éxito en separar la democracia de las condiciones de clase y hacerlas inherentes a simples procedimientos político-jurídicos, llegando al extremo de convertir la democracia en una consigna y slogan político, con tópicos como la alternabilidad o la renovación de autoridades, entre otros.

Si bien existe fallas en el sistema jurídico normativo y es necesario mejorarlo, eso no es suficiente para catalogarlo como antidemocrático y mucho menos justifica para apoyar golpes de Estado en contra suyo.

 (*) Norma Juárez M. es trabajadora social, activista en DDHH

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¿‘FRAUDE’?, ES EL MOMENTO DE QUE PRESENTEN LAS PRUEBAS QUE TIENEN

Volvió el debate sobre si en 2019 hubo fraude, sobre si el informe de auditoría de la OEA es una prueba plena.

Vuelve el debate sobre los comicios de 2019. Lima explica que no hay ‘auditoría’ de la OEA y que no se anularon los resultados electorales

/ 13 de junio de 2021 / 19:26

EL PUNTO SOBRE LA i

Quienes están convencidos de que hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019, y encima desconfían de la Fiscalía para llevar el caso, tienen la opción legal de ser ellos mismos, mediante una “acusación particular”, de instalar un proceso contra quienes crean responsables, interpela a la oposición el ministro de Justicia, Iván Lima Magne. “Si tienen las pruebas del supuesto fraude, es hora de que las presenten, que sustenten su acusación”, demanda el abogado.

—¿Por qué dice que el informe de la OEA no es una auditoría?

—El contexto en que se hace la auditoría de la OEA es de convulsión social; necesitábamos que un tercero dirima el conflicto que vivía el país. Lo relevante del convenio con la OEA es la palabra ‘vinculante’; siempre se discutió si se puede ceder atribuciones propias del Tribunal Electoral a un órgano externo; pero el Gobierno de Bolivia, de manera amplia, para lograr la paz social acepta este efecto vinculante. Una imprecisión que hay sobre el informe de la OEA tiene que ver con su naturaleza jurídica. Lejos de ser una auditoría o un documento equivalente a una resolución del Tribunal Supremo Electoral, es un documento sui géneris; no entra en ninguna categoría jurídica, porque es suscrito entre el país y la OEA en el marco del derecho internacional público. No es un documento que podamos equiparar a una auditoría como hace nuestra Contraloría o a una pericia de la Fiscalía.

—En todo caso, dio a que luego se anulen las elecciones de 2019. Por qué dice que el informe de la OEA no es una auditoría?

—No se han anulado los resultados de la elección; la Ley transitoria de realización de elecciones (24 de noviembre de 2019) no dice que se anuló las elecciones, tampoco que hubo fraude en la elección; es una ley por la que, evidentemente con apoyo del Movimiento Al Socialismo, se ‘deja sin efecto legal los resultados de la elección’, que es una cosa completamente diferente a decir que ha habido un fraude o a reconocer que hubo una irregularidad; no se usa la palabra nulidad, ni la palabra fraude; por mérito del acuerdo vinculante entre la OEA y Bolivia, se deja sin efecto legal los resultados, no la elección; a raíz de eso, como un acuerdo político, se cesa a los vocales electorales y se convoca a la elección. Eso es un acuerdo político, y de ninguna manera refleja un reconocimiento del MAS de que hubiera habido un fraude. En el Código Penal no hay el delito de fraude electoral; la auditoría (de la OEA) que pretenden es una pericia, aunque muchos ya le dan un carácter de sentencia; no es tal, es un instrumento de derecho internacional público en el que el gobierno se comprometió a darle efecto vinculante, y el MAS honró ese compromiso al dejar sin efecto legal los resultados de la elección.

—¿El informe de la OEA puede ser presentado como prueba para una acusación fiscal?

 —Definitivamente no. El documento de la OEA habla de la ulterior judicialización de los indicios encontrados; es lo que reitera: una ulterior judicialización determinará si los indicios que ellos identifican constituye una prueba. El informe de la OEA contiene dos grandes componentes: los sistemas informáticos, el TREP y lo de los servidores, entre otros, y, lo segundo, todo lo que tiene que ver con el uso de determinada información en el cómputo de votos, me refiero a las actas, a que las haya llenado la misma persona, o que se hayan quemado y se haya tenido que recurrir a medios subsidiarios para el cómputo electoral. Esos dos elementos, en palabras de la OEA deben ser judicializados en ulteriores procesos; y no emite conclusiones al respecto. Manifiesta su preocupación, encuentra indicios en la parte informática, pero como no hace una revisión manual, esos indicios, toda esa información de naturaleza informática, pierden total relevancia por el tiempo transcurrido desde las elecciones de 2019; dos años después se ha podido computar manualmente cada una de las actas. El cómputo en Bolivia es manual, lo tenemos en actas, en papel, en firmas; por tanto, nada del cómputo informático puede ser entendido como una prueba. Toda crítica a los sistemas informáticos, en este momento, no es válida y no puede constituir una prueba de fraude. El segundo elemento, y que se está investigando, tiene que ver con la quema de información, de listas índice, de tribunales electorales. Cómo ha hecho cada tribunal departamental para recuperar la información. En el país, para la elección se emitieron nueve copias de cada acta, cada partido se quedó con una, lo mismo que el notario y el tribunal departamental. Así, la información que se tenía en diferentes niveles, en el TREP, en las actas y lo que tenía cada partido, le ha permitido a cada tribunal departamental realizar el cómputo. Si Mesa y su partido cuestionaban alguna de las actas, lo que correspondía era volver a revisar la votación; esto no ha ocurrido. Ninguna de las observaciones que ha realizado la OEA o quienes dijeron que hubo fraude es consistente; todas se refieren a errores aritméticos, de llenado; (pero) hechos completamente subsanados o subsanables. Si hay algo relevante en el proceso electoral boliviano es el principio de preclusión, cuando habla el jurado electoral, se cierra el debate, y lo único que hay que lograr es que ese resultado del jurado se incorpore en el cómputo departamental y luego nacional. La pregunta que se le debe hacer al señor Mesa es ¿por qué sus delegados no han impugnado ningún acta, en las mesas de jurados, en los tribunales departamentales o en el Supremo Electoral?

—Esta semana en Beni se dictó el sobreseimiento de los exvocales electorales de ese departamento. ¿No se los había sobreseído a principios de 2021, como anunció el fiscal general Juan Lanchipa?

—No hay ninguna contradicción. Lo que ha anunciado el Fiscal General es que los fiscales de investigación de los casos habían dictado sobreseimientos en todos los departamentos; pero de inmediato, ciudadanos, vocales, incluso la Procuraduría, impugnaron ese sobreseimiento. Lo que ha ocurrido luego, y a eso me refiero con el anuncio del Beni en esta semana, es que los fiscales departamentales han confirmado aquel sobreseimiento, excepto en Oruro, pero por un problema de la pandemia.

—¿Qué incidencia tendrá esto en el proceso a los exvocales del TSE?

—Esto es muy relevante para el Tribunal nacional, porque lo que hace el TSE es básicamente sumar las nueve actas de los cómputos departamentales y darle al país el resultado nacional. Que no exista fraude en los nueve departamentos haría prácticamente imposible la existencia de un fraude a nivel del TSE. Esto va a ser resuelto en los próximos días, esperemos, porque ya está por cumplirse el plazo para el fiscal que lleva el caso contra los exvocales del TSE. Ya corresponde que este fiscal se pronuncie, sea por una acusación, sea por el sobreseimiento.

—El fiscal Lanchipa dijo que la investigación contra los exvocales del TSE se cerrará con una “pericia informática internacional”, que diga cómo fue el manejo informático de los resultados.

—Es importante tener una pericia, pero, como dije antes, todo lo que tiene que ver con el uso de los sistemas informáticos, el TREP, los servidores, tiene que ser contrastado con las 35.000 actas, porque el sistema boliviano (de cómputo) es manual. Es accesorio, puede dar tranquilidad al país para entender qué ocurrió con el corte del TREP o la información de los servidores; sin embargo, es solo uno de los elementos más que tiene que evaluar el fiscal a tiempo de dictar sobreseimiento o acusación. Con todo, creo que el escenario en este momento está muy cercano a que en el país tengamos certeza de lo que ha ocurrido en la elección de 2019. Y eso es lo que pone nervioso al señor Mesa y a muchos miembros de la oposición, debido a que no han logrado, en un año que han estado en el gobierno, probar la existencia de un fraude. Un año para que el señor Murillo o el señor Mesa puedan presentar todas la pruebas del ‘fraude monumental’.

—Aunque siempre se quejaron de la lentitud de la Fiscalía.

—Aquí viene un aspecto fundamental en el análisis del proceso penal, que tiene que ver con la ‘acusación particular’. Si bien lo normal o usual es que la Fiscalía presente un juicio y sostenga la acusación, cuando alguien cree que la Fiscalía está actuando indebidamente, que no está presentando una acusación por falta de pruebas, negligencia o parcialización, puede presentar su acusación particular. Estoy seguro de que lo van a hacer. Si el señor Mesa dice que hubo un “fraude monumental”, él debiera presentar una acusación particular, y es lo que le he reclamado a su bancada en el acto de interpelación. Si creen que hubo fraude, si creen que tienen las pruebas para sostener la existencia de un fraude, presenten la acusación particular; lleven el caso ustedes, sin fiscal; el Código Penal se los permite. Ahí el pueblo de Bolivia va a saber quién miente, quién no tiene ni una sola prueba para sostener una acusación. Porque también tienen que estar conscientes de que si su acusación particular es declarada infundada, sin mérito, habrán cometido acusación o denuncia falsa, pasarán de acusadores a acusados; porque no puedes acusar a vocales, a familias, a personas que han hecho un trabajo adecuado y digno, de haber cometido un fraude cuando no existe una evidencia de tal fraude. Si don Carlos Mesa cree que tiene pruebas, lo invito a que presente su acusación particular, es lo mínimo que se espera del líder de la oposición en Bolivia. Ha habido gente que ha estado durante meses detenida en cárceles del país sin que hubiera hecho nada que implique una responsabilidad penal. Y eso ha sido resultado de la acusación del señor Mesa. Es un momento de buscar la verdad; ahora es el momento para que nos muestren las pruebas que tienen, y el informe de la OEA no es ninguna prueba.

—En octubre del año pasado, días antes de las elecciones, el exviceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría presentó una investigación del IDIF que documentaría el fraude a través de la intervención de 20 mexicanos en el sistema informático.

—Esta investigación a la que se refiere es una investigación de teorías de conspiración que no se sustenta en hechos legales, que no encuentra relación de causalidad, lógica, entre el acto electoral y el arribo de estos ciudadanos al país. Lo que hubo fue una conferencia de prensa muy histriónica, pero no hay relación de causalidad, no han presentado ninguna prueba. Todos sus argumentos no son más que una teoría de conspiración; por ello, usted no va a encontrar un requerimiento fiscal ni ninguna decisión judicial sobre los argumentos del señor Santamaría. No es un informe serio. Es un tema que no nos merece comentarios por su falta de seriedad.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón     

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