Sin duda, las tareas que ha desempeñado el Poder Legislativo a lo largo de la historia han influido en la situación en que se encuentra hoy la reivindicación marítima nacional. De una posición dubitativa y fragmentada, asumida en los años de la Guerra del Pacífico, el Poder Legislativo llegó a una posición de defensa férrea de los intereses marítimos bolivianos, por encima incluso de las diferencias de signo político.
Oscuro 20 de octubre de 1904. En su libro Por la astucia o por la fuerza, Ramón Rocha Monroy asevera que el Tratado de 1904 “fue impuesto por los liberales gobernantes en Chile a los liberales gobernantes en Bolivia, a espaldas del pueblo boliviano”.
Quien fuera embajador chileno en La Paz, Abraham Kônig, presentó las bases de un tratado de “paz y amistad” que establecían el dominio de Chile sobre los territorios ocupados después de la invasión, algunas compensaciones económicas y la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz.
Hubo 30 sesiones en el Congreso para discutir el Tratado de Paz de 1904, el que finalmente fue aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra. “Eso era aplicar el rodillo parlamentario sin consultar al pueblo boliviano”, dice Rocha Monroy. Quienes se opusieron a la firma, fueron: Pastor Sainz, Miguel Ramírez, Primo Arrieta, Domingo L. Ramírez, Luis de Argandoña, José Manuel Ramírez, Román Paz, Juan Manuel Sainz y Fernando Campero, todos representantes del sur del país.
Asimismo, el escritor Roberto Querejazu Calvo afirmaba que “la proposición chilena que acabó de convencer a los líderes liberales, en su mayoría paceños, a favor de un tratado de paz sin puerto propio para Bolivia, fue un ferrocarril que uniese su ciudad natal, la más populosa y próspera de la república, con Arica (…) todos quienes apoyaron el Tratado de Paz y Amistad con Chile actuaron dominados por una mentalidad ferrocarrilera (…) El Gobierno llegó al convencimiento de que una red de ferrocarriles era más importante que un puerto y que bien valía la pena cambiar éste por aquélla”.
Se puede inferir de estas líneas que el Congreso boliviano de 1904 tenía una visión marcada por consideraciones de tipo mercantil-económico, estando ausentes visiones más amplias sobre geopolítica y viabilidad del país, e incluso de soberanía y autonomía nacional en un nuevo escenario mundial que comenzaba a configurarse alrededor de la Revolución Industrial.
SOBORNO. El historiador y documentalista Pablo Michel Romero refiere, en base a estudios históricos y arquitectónicos, que muchas de las mansiones que adornan actualmente la avenida 6 de Agosto han sido producto de sobornos del Gobierno chileno a algunos legisladores, para que éstos aprueben la firma del “acuerdo” que cerraba toda posibilidad de un acceso soberano al mar para Bolivia.
“Es importante decirlo, en la avenida 6 de Agosto empiezan a crecer mansiones con diputados y senadores que habían votado a favor del Tratado de 1904, un mudo testigo de la corrupción. Es delicado, pero así se han dado los hechos. En la firma de 1904 hubo corrupción de algunos malos legislativos”, afirma Michel.
Por su parte, el abogado e investigador Víctor Hugo Chávez afirma que “el Parlamento se comportó en la línea del presidente Hilarión Daza, empero los intereses en pugna, principalmente de los conservadores, que respondían a los intereses de la plata, viraron para confabular la sucesión vía el golpe de Estado efectuado en Oruro en diciembre de 1879, para deponer al presidente Daza por Eliodoro Camacho y luego entregar el mando al conservador Narciso Campero. Tras el cambio de correlación de fuerzas y el empuje económico de La Paz, el puerto de Arica fue predominante para la exportación de estaño, actividad que correspondía a los liberales, por ello que en la firma del Tratado de 1904 el tramo principal de vinculación es el ferrocarril Arica – La Paz”.
Con todos estos datos, se puede colegir que la visión de los congresistas de la época era inmediatista; con intereses económicos (hasta personales) de por medio y bajo el entendimiento de que solo un país extranjero podría brindarnos un elemento de desarrollo, como el ferrocarril ofrecido por Chile.
Javier Murillo de la Rocha, abogado internacionalista, al respecto señala que a lo largo de los años la gestión diplomática en torno al mar ha tropezado con una fiscalización obstruccionista del Legislativo: “eso ha restado fuerza a muchas gestiones que se han realizado en el pasado, porque ha mostrado fracturas en lo que piensa y plantea el Poder Ejecutivo y lo que piensan los miembros del Parlamento, en muchas ocasiones no se ha logrado una unidad de criterios y eso ha debilitado tremendamente la gestión internacional del país en este tema concreto”. Durante la época neoliberal, la línea se repitió, los afanes de acercamiento con el país vecino se debía a intereses económicos inmediatistas.
Demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Poco más de cien años después, la historia no ha dejado huellas solo en los libros, sino también en la conciencia nacional, es por eso que, después de varios intentos fallidos de Bolivia por efectivizar su reivindicación marítima, el 23 de marzo de 2011, el presidente Evo Morales anuncia la decisión de acudir ante tribunales internacionales para resolver el enclaustramiento marítimo del país.
“Definitivamente, la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya marca el momento más álgido e importante, tanto para Bolivia como para Chile; Chile está invirtiendo una tremenda cantidad de dinero, ha reunido grandes hombres en Derecho Internacional, porque saben que se ha llegado a un momento pico”, afirma Michel.
Hoy, la óptica de la Asamblea Legislativa Plurinacional se centra en rescatar la dignidad nacional con soberanía, convencida de que Bolivia no está pidiendo ningún favor a Chile, con el descubrimiento cotidiano de que el pueblo boliviano puede hacerse cargo de su desarrollo con planificaciones a largo plazo. Hoy Bolivia no precisa de injerencia extranjera para lograr que su gente aprenda a “Vivir Bien”, para lograr que la conciencia nacional sea plenamente soberana y digna.
PACTO. Días después de que el presidente Evo Morales anunciara impulsar un juicio internacional contra Chile, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley que ratificó el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, también conocido como Pacto de Bogotá, un instrumento necesario para viabilizar la demanda ante La Haya, con lo que demostraba su compromiso con la reivindicación marítima. Asimismo, los legisladores de ambas cámaras asumieron la responsabilidad de participar en la campaña internacional para justificar los motivos de la decisión boliviana ante el mundo entero.
De a poco, las posturas de la oposición cambiaron, al entender que la demanda internacional significaba el único intento serio del Estado ante las reiteradas negativas de Chile de conversar seriamente sobre nuestra causa marítima.
Mar para Bolivia. La labor para llegar hasta la instancia actual de la demanda boliviana ha sido ardua; se trata de tareas coordinadas entre los diferentes niveles de la estructura política estatal. Según Flora Aguilar, parlamentaria supraestatal designada al Parlamento Andino, su rol legislativo en la causa marítima se centra, fundamentalmente, en socializar el pedido de reivindicación en toda palestra internacional y nacional posible.
“Nuestra tarea fundamental es llevar El Libro del Mar a todos los eventos que tengamos como parlamentarios, para poder repartirlo, informar y socializar el texto, con el fin de conseguir el apoyo correspondiente en beneficio del pueblo de Bolivia, trabajamos en coordinación con Diremar y con el vocero oficial de la causa marítima, Carlos Mesa”, informa Aguilar.