Si en las elecciones nacionales del 12 de octubre de 2014 estaba en cuestión el Proceso de Cambio vanguardizado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), en los comicios subnacionales del 29 de marzo de 2015 estaba, y aún está en juego, la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, que después de una década prioriza de algún modo el desarrollo productivo, confirmando la tesis zavaletiana de que es en la crisis cuando la sociedad es más comprensible, porque las contradicciones se manifiestan plenamente, pero, al mismo tiempo, muestran que los problemas estructurales de la economía boliviana aún no están resueltos.
Independientemente del resultado de las elecciones subnacionales, en las que medió, del lado del Gobierno, una elección errada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), una campaña que falló por exceso, candidatos equivocados, en fin, pérdidas del voto duro en algunas regiones, el Gobierno central sigue disponiendo de más del 80% de los ingresos nacionales, ciertamente disminuidos por la baja de los precios internacionales de las materias primas, además de las reservas internacionales, que hoy están en alrededor de 15.000 millones de dólares, como base de inversión y financiamiento futuro.
AGENDA. No se han acabado, ni mucho menos, las posibilidades de reconducir el proceso; en cambio, las banderas del desarrollo productivo, agropecuario y de manufactura, tienen tal vez una última oportunidad.
La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 se propone: 1) Erradicación de la extrema pobreza; 2) El 100% de los bolivianos cuente con servicios de agua potable y alcantarillado; 3) El 100% de los bolivianos cuente con servicios de salud y educación; 4) Soberanía científica; 5) Soberanía comunitaria financiera; 6) Soberanía productiva; 7) Soberanía sobre nuestros recursos naturales; 8) Soberanía alimentaria; 9) Soberanía ambiental; 10) Integración de los pueblos con soberanía; 11) Soberanía y transparencia en la gestión pública; 12) Disfrute de nuestra felicidad; y, 13) Reencuentro soberano con el mar.
Claramente la Agenda Patriótica es una visión a largo plazo (diez años) que requiere aún de una estrategia (cómo lograr ese horizonte). Aquí es donde la respuesta natural es la del desarrollo productivo, terreno en el que no hay caso de inventar, porque productivos solo son los sectores de la agricultura y la industria; así, el propósito real de la Agenda Patriótica es: ¿cómo desarrollamos durante ésta década la agricultura, la manufactura y la industria nacional?, independientemente de las grandes obras de infraestructura hidroeléctrica, comunicacional, hidrocarburífera, minera, de salud, turismo, deporte, entre otras, también imprescindibles e impostergables.
En el área productiva, una acción fundamental sin duda fue la Cumbre Agropecuaria Sembrando Bolivia, de-sarrollada en la ciudad de Santa Cruz el 21 y 22 de abril. Se llegó a conclusiones como la ampliación de la verificación de la Función Económico Social (FES), de dos a cinco años, para las propiedades medianas y empresariales, acompañadas de producción e inversión; la ampliación del desmonte, de cinco a veinte hectáreas, para pequeños productores, comunidades y colonizadores; es decir, medidas que apuntan a ampliar la frontera agrícola, tendentes al abastecimiento de alimentos en el mercado interno y para la exportación plena de productos agropecuarios.
Por otra parte, en la Cumbre se acordó a mediano plazo (2020) incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) Agropecuario a 10.000 millones de dólares, duplicando la producción agropecuaria, apoyando la obtención de semillas, luchando contra el contrabando de productos agropecuarios, implementando la “Década de riego 2015 – 2025”, ampliando la cobertura de riego en todo el país y fortaleciendo programas de agricultura familiar comunitaria. Estos últimos acuerdos, que figuran como de segundo orden, son por el contrario los fundamentales. En efecto, la economía campesina, cuya producción es destinada dominantemente al mercado interno, en las últimas décadas virtualmente no tuvo crecimiento, como efecto de la importación y contrabando de productos de la canasta básica del pueblo boliviano, tanto en productos primarios como elaborados (papa, cebolla, frutas, salsas de tomate, embutidos y conservas). Asimismo, se importan leche y sus derivados, aceites, bebidas, licores y qué decir del trigo, que dependemos aún en 75% del exterior. En resumen, según cifras oficiales, Bolivia importa aproximadamente 600 millones de dólares anuales del exterior en alimentos.
METAS. La Constitución Política del Estado privilegia la pequeña producción campesina, sin embargo, la Cumbre Agropecuaria no llegó a conclusiones definitivas al respecto. El vicepresidente Álvaro García, el 23 de abril de 2015, señaló en San Borja (Beni) que “los pequeños, medianos y grandes productores en la Cumbre resolvieron triplicar la economía agrícola y pecuaria en el país hasta el 2020”, pero otra vez no se menciona el cómo. No se dice, por ejemplo, que para lograr ese objetivo se necesitan concretar metas verificables como triplicar las hectáreas incrementales de riego de 10.000 a 30.000 anuales; triplicar la actual producción de semilla mejorada; fertilizar suelos de por lo menos un promedio de 200.000 hectáreas anuales, y garantizar el financiamiento de todo ese emprendimiento.
El fomento de la economía campesina pasa también por una política efectiva de colonización semidirigida, no burocrática y expedita de asentamientos humanos en tierras fiscales con vocación agropecuaria en el trópico y subtrópico boliviano, por parte de campesinos sin tierra o tierra insuficiente provenientes del altiplano y los valles.
Aquí, se habla de lograr un asentamiento efectivo de 5.000 familias anuales, de modo que para el año 2025 se tengan por lo menos 50.000 familias interculturales nuevas en el territorio nacional. Nuevamente, esto también supone una inversión en caminos de vinculación a mercados, infraestructura de salud y educación y capital de arranque para los nuevos agricultores.
Tal vez, lo más complejo sea la protección de la producción agropecuaria y forestal nacional mediante la lucha contra el contrabando de productos alimenticios, provenientes sobre todo de Argentina, Brasil y Perú, ya que dicha actividad ilegal es por excelencia un sector empleador directo e indirecto de una gran parte del comercio fronterizo y de las principales ciudades de Bolivia; no obstante, una producción agraria nacional plena es impensable sin una erradicación del contrabando de productos agropecuarios, en un cronogra- ma de, por ejemplo, el 50% a mediano plazo (2020) y el 100% a largo plazo (2025).
Se puede concluir que el Gobierno, las gobernaciones y los municipios dominantemente rurales, independientemente de su afiliación política, están en la obligación de trazar metas específicas en materia de fortalecimiento de la economía campesina, mediante programas de riego para la agricultura, obtención de semilla mejorada, fertilización de suelos, planes de colonización de pequeños productores y la lucha contra el contrabando de productos agropecuarios y sus derivados.