Desde hace varios años las series de drama han recuperado terreno en el espacio televisivo. Una de ellas es Game of thrones (Juego de tronos), que actualmente está en la quinta temporada y que, a pesar de su lento transcurrir, muchos aficionados la seguimos con asiduidad. Una de las frases que caracteriza a esta serie es winter is coming, “el invierno se avecina” diríamos en español, que se avisa desde el inicio.
Así, si bien el invierno es anunciado como implacable, y como un hecho que va a afectar de manera terrible la vida de pueblos y ciudades, ya algo anda retorcido en ese mundo de fantasía en el que impera una guerra política de consecuencias sangrientas, y donde el más carismático personaje puede morir en cualquier momento. Lo cierto hasta ahora, no obstante, es que el invierno aún no llega, pero ya se ha derramado una poco desdeñable cantidad de sangre en la lucha por el único sitial de poder.
Se avecina el invierno, también podemos decir en Bolivia, aunque ya un otoño lluvioso nos ha anticipado el intenso frío que llegará en la siguiente estación del año. Llega una época —si es que no ha comenzado ya— en que se intensifican las enfermedades y diferentes tipos de malestares, y en que los servicios médicos suelen ser más requeridos. Vale entonces el momento para preguntarse ¿en qué se encuentra el tema de la política pública en salud del Estado Plurinacional, en relación a los crecientes requerimientos de la población boliviana?
Después de que en diciembre de 2013 se decretó la Ley de Prestaciones de Servicios Integrales del Estado, que principalmente reúne en una sola norma el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y el Seguro de Salud Para el Adulto Mayor (SSPAM), la última noticia de similar relevancia en el ámbito de la salud fue que en julio de 2014 el Consejo Médico de Bolivia acordó con miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dejar a un lado los proyectos de Ley de Negligencia Médica y de Ley Integral de Salud, para redactar en consenso la Ley General de Salud, ya que los anteriores proyectos de norma resultaban conflictivos. Además de ello, ¿qué tiene proyectado el Gobierno central respecto al sistema de salud?
Primero, hay que recordar que el 2007 el Gobierno intentó implementar lo que en su momento se llamó Seguro Universal de Salud (SU-Salud) para que toda la población boliviana tenga la misma posibilidad de acceder a los servicios de salud (lo que también denominaron “eliminar la exclusión social en salud”), pero no llegó a ser aprobado por la instancia legislativa. En 2010, retomando en muchos sentidos esa propuesta, el Gobierno impulsaba el proyecto Sistema Único de Salud (SUS), que buscaba reordenar el modelo de gestión y que iba a beneficiar de manera gratuita a una parte considerable de la población boliviana; sin embargo, al parecer ésa no fue una solución viable en ese momento.
Posteriormente, en su último programa de gobierno (2015-20), el Movimiento Al Socialismo volvió a proponer un Seguro Universal de Salud (Mi SUS) para al menos el 70% de la población boliviana, que se tendría que realizar hasta 2020. Tomando en cuenta estos antecedentes —y la repetición, en lo esencial, de la misma propuesta irrealizada— puede afirmarse, a manera de hipótesis, que todavía el Gobierno no ha encontrado una política en este ámbito que le permita afianzarse y plantearse un rumbo claro.
En este contexto fue creado el programa “Mi Salud”, el emprendimiento más difundido del Gobierno central —que cumple dos años este primero de junio— y que tiene como objetivo brindar atención médica a domicilio y de manera gratuita en ciertos municipios, así como fortalecer algunos centros de salud.
Lo que se puede decir es que si bien este programa tiene seguramente resultados positivos —que deberían justificar su continuidad— no es la respuesta a las insuficiencias del sistema. Más bien, este programa parece ser el síntoma de que hay algo que no funciona en el andamiaje burocrático del sector salud, ya que no se encuentra todavía las medidas adecuadas que deben realizarse para mejorar, en general, la atención a la población a partir del funcionamiento adecuado del sistema. Así, este programa ha sido el recurso político que el Gobierno ha encontrado para acercarse directamente a determinados sectores sociales, esquivando las tensiones políticas del enmarañado sistema de salud y evadiendo también, en muchos casos, la intervención de los otros niveles del Gobierno, que no siempre son del mismo color partidario.
Por otra parte, la principal política del Estado ha sido, y es, la de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural (Safci), de la que se pueden destacar tres aspectos en general: la institucionalización de las diversas prácticas de la medicina tradicional correspondientes a diferentes culturas (que existían antes de la fundación de la república y continuaron en vigencia por diferentes causas); la participación social, en los diferentes niveles de gobierno, para la toma política de decisiones en los espacios locales; y la complementariedad de los conocimientos ancestrales con los de la medicina occidental. Si bien esta política ha marcado una directriz con la cual se ha trabajado y se lleva adelante una serie de programas y proyectos, que tienen resultados visibles, el aspecto cultural no es el que resulta más problemático sino, con notable diferencia, el económico. Así, si se pudiera aumentar en un monto considerable el presupuesto en salud —como ha estado sugiriendo un movimiento ciudadano en Santa Cruz— sería cuestionable que se priorice la inversión y el gasto en ampliar o intensificar la aplicación de la Safci ya que, por ejemplo, está el problema, social y económico, de profesionales en salud desempleados que habría que incorporar a los espacios laborales —un problema que solo en parte resuelve el Programa “Mi Salud”— así como también debe haber yatiris desempleados que podrían ser contratados por el Estado. Esto tomando en cuenta que los recursos humanos son solo una parte de los requerimientos en salud. Sin embargo, llama la atención todavía encontrar noticias de que en algunos establecimientos un solo médico tiene que atender a decenas y a veces hasta centenares de enfermos.
A esta problemática hay que sumar la confrontación que el Gobierno central ha sostenido con los médicos (representados por el Colegio Médico) a lo largo de todos estos años, que sigue latente, y la potencial lucha con gobernadores y alcaldes recién electos, que pertenecen a otras fuerzas políticas. Aquí vale decir que en un ámbito de tantas necesidades como el de la salud, lo recomendable es bajar las armas. La otra opción es continuar en la lucha por consignas que solo tienen como víctimas a terceros. Es inevitable, que cuando se concentra la batalla en la arena política para muchos el invierno, terrible, llegue implacable.