Fines de junio, principios de julio; hasta mediados de esta semana debería concluir el proceso de selección de los candidatos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por parte de la Comisión Mixta de Constitución del Senado y de Diputados.
Al cierre de esta edición (viernes), la comisión ya debería tener en limpio la lista de los candidatos que superaron la etapa de impugnaciones. A riesgo de que alguno de los entrevistados por Animal Político no pudiera haber remontado esta fase, en esta entrega se ofrece un registro acaso elemental pero necesario: ¿qué finalmente se debe hacer con el TSE en lo que viene?, ¿qué se puede y qué no?, ¿a qué estarán obligados los nuevos vocales y qué podrán llevar adelante de propia iniciativa?
Se ofrece la selección de candidatos que de alguna manera conocieron la función electoral y, por esto mismo, algo tienen que decir de lo que debe o puede hacerse con el TSE para proyectarlo hacia el futuro.
Lo urgente. Para todos está claro que, como dirá el exdiputado Carlos Böhrt, los nuevos vocales “no tendrán tiempo ni para sentarse”, pues deberán empezar a administrar los referendos autonómicos convocados para septiembre. Y tendrán que hacerlo junto con los mismos tribunales departamentales que actuaron en el cuestionado anterior periodo. Si la cabeza del Órgano cambiara desde esta semana, los brazos y pies serán los mismos, y así deberá caminar.
Aunque los referendos autonómicos no ocurrirán en todo el país, pues tendrán lugar solo en cinco departamentos, para medir la efectividad y eficiencia del nuevo tribunal, apunta el exsecretario de Cámara del Órgano Electoral Fernando Arteaga, no hay otra que verlo administrando un proceso electoral; de modo que irán directo al examen.
CREDIBILIDAD. La coincidencia básica es que hay que reconstruir la confianza ciudadana, institucional y política en el Órgano Electoral, empezando por el TSE. Aquí, al margen de que pueda parecer declaratorio, vale la pena distinguir los énfasis: la tarea es, destaca el expresidente de la Corte Nacional Electoral (CNE) José Luis Exeni, restituir o constituir la dignidad del Órgano Electoral como el “órgano de poder” que es, de igual jerarquía que los otros tres (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pero en vista también (como proponen el exprefecto de La Paz Nicolás Quenta y el estudioso de la Justicia Comunitaria Marcelo Fernández) a encarar el reto de “impulsar la democracia intercultural”.
También se debe “recuperar la legitimidad perdida, transparentando absolutamente la gestión”, remarca el sociólogo y exdirector del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático Juan Carlos Pinto. Además de reiterar la necesidad de “reposicionar” al Órgano Electoral como el cuarto poder del Estado, la exvocal de la CNE Roxana Ibarnegaray añade como tarea central “recuperar la credibilidad ciudadana”. La también exvocal Amalia Oporto apunta a que, desde el principio, se deberá redimensionar el trabajo del TSE en vista al nuevo marco constitucional, que permite la “pluralidad democrática”, la coexistencia de las democracias representativa, participativa, directa y comunitaria.
Para Böhrt, esta reconstrucción de la “imagen pública del TSE”, una tarea más bien de largo aliento, “pasa por una revisión inmediata de varias determinaciones que han adoptado los vocales cesantes; encarar la reingeniería institucional, del TSE, primero, y del Órgano, después”.
Fernando Arteaga, por su lado, destaca la especial atención que se debe prestar a la dignidad del ‘juez electoral’: “Hay que hacer un balance entre que sus decisiones se apeguen a la ley, y que, también, sean justas.
Además (el TSE) debe mantener cierta distancia con el tema político; que sus decisiones no estén sujetas a responder a un momento político, sino a la resolución de un tema electoral en sí, porque dichas decisiones marcan jurisprudencia hacia adelante; así, hay que tomar en cuenta el efecto que va a causar su decisión”.
Una vez que el nuevo TSE sea elegido por una histórica mayoría parlamentaria de dos tercios, del MAS, la manera de dejar esta ‘marca de nacimiento’, afirma Amalia Oporto, “en primer lugar es ser transparentes y públicos, todos nuestros actos deben ser dados a conocer”; en este orden, plantea recuperar la antigua práctica de permanentes reuniones entre el TSE y las organizaciones políticas, además de las ciudadanas, que eran incluso mensuales “se tiene que trabajar de una forma unida, todos comunicados, sabiendo todo lo que se está haciendo”.
LIDERAZGO. Ante el mismo cuestionamiento, Pinto subraya la necesidad de que el futuro TSE, además de ser transparente “desde el principio”, desarrolle un cierto liderazgo y cohesión interna como institución: “que haya una dirección colegiada que también apuntale un liderazgo colectivo, situación que no tenía el antiguo tribunal; (ellos) se han peleado por el liderazgo y ninguno de los vocales tuvo la capacidad de liderar el proceso de transformación, porque ninguno tenía idea para dónde iba”. Este fortalecimiento institucional, que también implica voluntad política, es la única manera, señala, de hacer fuerte al Órgano Electoral frente a sus ‘iguales’, los otros poderes del Estado, “con los que tienes que relacionarte y coordinar, mas no ir a consultarles”.
El carácter intercultural de la democracia merece un punto aparte. Para el sociólogo y antropólogo Marcelo Fernández Osco, la democracia intercultural no debe ser desligada de la descolonización: “La democracia intercultural va de la mano con el proceso de descolonización, y cuando hablo de descolonización no es una retórica, sino me refiero al reconocimiento de todos los procesos eleccionarios que tiene el mundo indígena (…) allí hay experiencias autonómicas muy ricas, la autonomía que yo llamo ‘pluridensa’, que comprende, por ejemplo, a cómo uno tiene que comportarse con los otros entes no-humanos (…) a lo que llaman interculturalidad yo llamo pluriversidad”.
Por su lado, el exprefecto de La Paz Nicolás Quenta, quien está inscrito como indígena en este proceso de selección, también apunta a fortalecer la democracia originaria, en el sentido de diferenciarla según los distintos pisos ecológicos; “reglas” de procedimientos democráticos por lo menos para oriente y occidente. “Hay que profundizar las normas y formas de participación (indígena) de manera directa, porque a veces se vulnera estos procedimientos”.
Tanto para Pinto como para Exeni, la interculturalidad es un nuevo carácter de la democracia, no un adjetivo añadido sin mayor efecto práctico. Para el sociólogo Pinto, por ejemplo, hasta la reforma legal debe estar enmarcada en ese nuevo carácter: la modificación de las leyes electorales deben darse, afirma, “para adecuarlas a este nuevo tiempo y esta perspectiva fundamental de la democracia intercultural”.
REFORMAS. Los postulantes en su mayoría remarcan la necesidad de plantear reformas a la ley del Órgano Electoral. Para Arteaga, se trata tanto de reformas estructurales como de aquellas referidas a temas procedimental-electorales; incluso propone que se acuerde con la Asamblea Legislativa Plurinacional que dichas modificaciones se las apruebe hasta fin de año. Para Böhrt, en cambio, la reforma de la ley debe ir acompañada de una revisión de las mayores fallas jurídicas del anterior TSE, por la jurisprudencia que pueden sentar; por lo menos en tres casos: la Circular 71, que prohibía candidatear en el ámbito subnacional a diputados y senadores; la decisión del TDE de Chuquisaca con relación a “qué pasa cuando renuncia un candidato y continúan las elecciones”; y, tres, la anulación de todas las candidaturas de la mayor oposición en Beni por difundir un sondeo de opinión, violando el ‘principio de proporcionalidad’, afirma Böhrt, que es como castigar a un niño que rompió una ventana obligándole a reparar media casa.
En este punto, Exeni propone no solo cambios a las leyes del Órgano y del Régimen electorales, y de la Marco de Autonomías, sino también (como apuntan otros), de una vez aprobar las futuras leyes de Organizaciones Políticas y de Consulta Previa.
En lo relativo al padrón, Böhrt da la señal de alarma cuando narra la circunstancia en que le avisaron que el padrón electoral no está actualizado: “Uno de los requisitos para postular era la certificación del Tribunal de no ser ni dirigente ni militante de ningún partido en los últimos cinco años; nos han dado el certificado, pero le añadieron un papelito que decía: ‘este certificado tiene que ser complementado con una declaración jurada, porque la base de datos del TSE no está actualizada’. Imagínese. Con razón tanta gente siendo militante de equis partido desempeñaba funciones, y nadie podía demostrar que era militante”.
Para Arteaga, se trata no solo de una auditoría del padrón, sino de auditar todos los tramos del proceso electoral: la inscripción de la ciudadana, la de candidatos, la entrega del material electoral, hasta la finalización del cómputo.
Ibarnegaray destaca que, además de la auditoría del padrón electoral, lo que hay que hacer es mejorarlo, “no hacer otro padrón, porque éste es nuevo, se lo hizo en 2009, y ameritaba confianza por sus características biométricas”; el paso que se debe dar ahora, plantea, es el diseño e implementación de un futuro voto electrónico.
En relación a la auditoría al padrón electoral, Böhrt y Exeni coinciden en una internacional; pero mientras Böhrt señala que ésta no debe ser hecha por “los amigos de la OEA (Organización de Estados Americanos), sino por una empresa internacional que tenga un prestigio que cuidar, y no intereses que proteger”, Exeni destaca que la auditoría debe ser integral, “que contraste los datos del padrón con los del Registro Civil, los de identificación, incluso con los datos del censo”.
Exeni, por otro lado, apunta a la necesidad de hacer, en el corto plazo, una evaluación y balance de la situación de los tribunales electorales departamentales, porque “así como la reconstitución ha llegado al TSE, creo que en el mediano plazo también tiene que llegar a los tribunales departamentales”.
Arteaga apunta a que se debe acabar con el práctico alejamiento que los últimos años hubo entre el TSE y los tribunales departamentales: “El TSE se ha encargado solo de dar directrices a los departamentos y un poco dejarlos a su suerte: ‘tienen las directrices y ustedes ejecuten’. Hay que reforzar la relación interna”.
La actual legislación hace centralista al TSE, indica Arteaga: centraliza toda decisión y control hacia los departamentos. Hay que “convertir ese centralismo en una especie de articulador con los tribunales y no tanto un control vertical”, dice.
DESCENTRALIZACIÓN. Coincide con esto Pinto, quien señala que el Órgano Electoral debe ir camino hacia su desconcentración: “Tenemos que avanzar en la descentralización de las responsabilidades de los tribunales electorales departamentales y de los ‘sifdes’ en cada departamento, porque la ley y los reglamentos son absolutamente centralistas”. Esta descentralización debe corresponder al actual proceso autonómico que vive el país.
Ciertamente al contrario, Ibarnegaray piensa que el TSE “tiene que tener muchísimo más control y supervisión de las cortes departamentales electorales”, apuntando hacia el trabajo conjunto y coordinado; la idea es, afirma, la “unificación de todo el Órgano Electoral”. Para la exvocal Oporto, en cambio, la relación TSE-Departamentales, es como de la cabeza y los brazos operativos: “el TSE da las políticas para que los tribunales departamentales las vayan cumpliendo”; además, se debe apuntar a que “todo el organismo (TSE más departamentos) esté unido”.
Arteaga, exsecretario de Cámara, por lo demás, apunta una serie de reformas que tienen que hacer al ámbito operativo: ver la forma en que las decisiones de la Sala Plena sean más ejecutivas, no “pesadas”, como son ahora; en el plano normativo, pensar en ajustar los plazos que da la ley para los referendos revocatorios (hoy resulta que se puede revocar a una autoridad cuando le falte apenas un año para terminar su gestión); encarar el vacío o confusión legal que hay entre lo que son los diputados uninominales y los electos por circunscripción especial indígena; aclarar con el Ministerio de Economía, que uno es el presupuesto para una elección, y otro el destinado al funcionamiento del Órgano Electoral, entre otros temas.
Mejorar los servicios cívicos: Roxana Ibarnegaray, exvocal de la Corte Nacional Electoral.
Hay que volver a darle la verdadera dimensión a los servicios que presta el Órgano Electoral, el Sereci (Servicio de Registro Civil) sobre todo; hacer modificaciones e importantes ajustes para poder tener un registro civil acorde a lo que se merece la ciudadanía boliviana hoy. La Ley de Partidos Políticos es otro desafío; revisarla, pues no se la ha vuelto a tocar.
Evaluar a todo el personal: Amalia Oporto, exvocal de la Corte Nacional Electoral.
Se debe cumplir la ley en cuanto se refiere a los recursos humanos. En este sentido, se debe proceder al cambio de todo el personal y llamarlo por convocatoria pública, de modo que los nuevos funcionarios entren por capacidad e idoneidad, porque su responsabilidad es tan sensible que requiere personal que tengan esta capacidad administrativa y operativa.
Suprimir la suplencia vocal: Fernando Arteaga, exsecretario de Cámara del Órgano Electoral.
Hay que hacer algo con los vocales suplentes, pues no han tenido ninguna utilidad; más bien se ha perjudicado a quienes han sido designados como suplentes, porque no podían ejercer ninguna función pública; se debe eliminar esta figura o ver una alternativa, alguna forma de suplencia que no perjudique a quienes sean vocales suplentes.
Capacidad de negociación: Juan Carlos Pinto, exdirector del Sifde.
Ha existido demasiada dependencia del Tesoro General de la Nación, aunque una buena parte de los recursos de funcionamiento del Órgano Electoral provienen de recursos propios. El TSE tiene que recuperar esa capacidad de negociación con el Estado mismo, para mostrar el tamaño de la misión que nos corresponde, en relación a los otros órganos del poder público.
Democracia intercultural: José Luis Exeni, expresidente de la Corte Nacional Electoral.
Todo el TSE tiene que asumir que el horizonte democrático en Bolivia se llama ‘democracia intercultural’, ello implica que además de administrar los actuales procesos electorales, que es nuestro mínimo, nuestro máximo es impulsar las otras formas de democracia, directa y participativa, y en especial acompañar el ejercicio de las democracias comunitarias.
Fortalecerse antes de la reelección: Carlos Böhrt, exdiputado nacional.
Cuando se haga el referendo para una reforma constitucional que habilite una nueva reelección presidencial, ese momento el Tribunal ya tiene que haber construido una imagen institucional de imparcialidad. ¿Qué significa esto? Los vocales tienen que tener posición ética y profesionalismo para ubicarse en un punto equidistante del Gobierno y de la oposición.
Autonomías indígenas: Marcelo Fernández, sociólogo y antropólogo.
Además de las 11 autonomías indígenas, habría que preguntarse si existe la posibilidad de ampliar ese abanico a otros procesos autonómicos originarios, para recuperar los procesos eleccionarios; ahí está la riqueza de este proceso de cambio que vivimos, proceso que no significa homogeneización, sino hacer justicia con esa heterogeneidad cultural y organizativa.
Consenso antes que mayorías: Nicolás Quenta, exprefecto del departamento de La Paz.
Entre los métodos alternativos para resolver controversias, en el mundo comunitario siempre se aplica el consenso; si hay consenso es mucho mejor, más saludable la resolución; mientras que por voto siguen habiendo divergencias, entre quien gana y quien pierde. Para que no haya esta situación, normalmente se aplica el tema del consenso.