Cuando Evo Morales, en el mirador de isla Esteves (Puno, Perú), agradeció el “apoyo” peruano en el “tema del mar” nadie sabía en qué consistía, pues aún no se había firmado y menos hecho público el contenido de la Declaración de Isla Esteves. Luego se hizo público que el documento dice: “32. La República del Perú mantiene su más amplio espíritu de solidaridad y comprensión en relación a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia.
En ese contexto, los mandatarios reafirmaron la significación de las normas del Derecho Internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular, el rechazo a la amenaza o al uso de la fuerza y la solución pacífica de controversias. El Presidente del Perú expresó sus fervientes votos para que pueda alcanzarse una solución satisfactoria a la referida situación de mediterraneidad”.
En el caso del Paraguay, la mención es la siguiente: “(Los presidentes de Bolivia y Paraguay) Convinieron en reafirmar la vigencia de los derechos acordados por la ‘Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar’ en favor de los Estados sin litoral, en la efectiva aplicación del Programa de Acción de Viena, de 2014, el Llamado a la Acción de Livingston, de 2015, y el Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, e invocaron a los países de tránsito, los países desarrollados y las organizaciones internacionales a garantizar su derecho de acceso al mar y desde el mar, incluidos los relacionados con la libertad de la alta mar y con el patrimonio común de la humanidad, así como la libertad de tránsito, por todos los medios de transporte sin restricciones de ninguna naturaleza; asegurando su cooperación en la construcción y mejoramiento de las vías de transporte; adoptando medidas a fin de evitar y subsanar retrasos y dificultades, por medio de, entre otras acciones, la armonización, la simplificación y la normalización de los reglamentos y la documentación exigidos en frontera y en el tránsito de mercancías”.
En el caso peruano se trata de la expresión de la “comprensión” y la “solidaridad” con la “situación de mediterraneidad” de Bolivia (si bien una palabra más precisa habría sido “enclaustramiento”). El segundo párrafo puede ser interpretado de manera más importante para el país, ya que el Perú hace votos porque se alcance una “solución satisfactoria”. Esto contradice a Chile que intenta decir que todo estaría solucionado con el Tratado de 1904. Al indicar Perú que desea que haya una “solución”, está manifestando que existe un problema.
En el caso del Paraguay se trata de una acción de apoyo conjunto para exigir el cumplimiento de los derechos que tienen los Estados sin litoral. El tema del enclaustramiento está ausente. En relaciones internacionales pesa mucho el manejo de la opinión pública, expresa el internacionalista Daniel Agramont. “Esa solidaridad (del Perú) ha sido muy bien manejada por Bolivia. A las dos horas hubo una reacción del Perú hablando de neutralidad, pero claro, en Chile hay mucha molestia porque Bolivia está ganando solidaridad”.
Según Agramont, que Perú exprese su solidaridad hace que Chile ya no tenga un escenario para decir que Lima siempre se opuso a una salida para Bolivia. “Ésa es una de las razones por las que causó tanta molestia en Chile. Esta declaración rompe su esquema de que (el diferendo marítimo) sea un problema bilateral”.
En efecto, en Chile hubo reacciones contradictorias, mientras unos agentes de gobierno de La Moneda sostuvieron que no existía ningún apoyo en esa declaración, otros
(Sebastián Piñera) la consideraron inaceptable.
En los alegatos preliminares en La Haya salió el tema del Perú en repetidas ocasiones a causa del artículo 1 del Protocolo Complementario que indica que para la cesión territorial a una tercera potencia (Bolivia) de una superficie que en el pasado fuera del Perú, Chile debe contar con el consentimiento de Lima.
“La mención específica que se hace del mar es el reconocimiento de un problema y Perú manifiesta toda su solidaridad y comprensión. Esto ya no solo afecta a Chile, sino también al Perú. El momento que necesitemos pedir su solidaridad, vemos que eso ha quedado plasmado en esta declaración, y no es que tengamos que exigir su cumplimiento, sino que al tener buenas relaciones como las actuales, se tiene un escenario mucho más favorable. La internacionalista Karen Longaric, sin embargo, tiene una lectura distinta, pues sin menospreciar la importancia de la mención considera que es “tímida”.
“Perú muestra cierta timidez para hacer una declaración de apoyo expreso y categórico”, dice. “ La mención es cautelosa, hasta tímida. Perú ha cuidado de no comprometerse expresamente con la causa marítima, su declaración menciona ‘solidaridad y comprensión’, que son expresiones un tanto difusas”, interpreta.
La declaración —precisa— es importante, pero si se revisa expresiones de Perú formuladas en el pasado se ve que “hay otras mucho más claras” al respecto, “como cuando indica que no va a ser un obstáculo para alcanzar una solución”. “Esto no trata de restar méritos a este documento, ya que es muy difícil que en este momento Bolivia pueda obtener un respaldo más categórico del Perú. Creo que más de lo que se ha obtenido tampoco podía ser posible”, concluye.
Para Agramont, Bolivia busca apoyo en la demanda en La Haya. “Si bien sabemos que se falla en base a derecho, es muy importante poner el tema en la agenda de la región”. Con Paraguay esto es “más simple” por ser mediterráneo y por participar con Bolivia en las conferencias de países sin litoral. “Es una posición conjunta para lograr avances en la normativa multilateral en este tema y Paraguay tiene la misma visión que nosotros”, apunta.
La normativa internacional que otorga derechos a los países sin litoral da aún mayores facilidades que el libre tránsito del Tratado de 1904, Chile incumple ambas cosas para con Bolivia, como se ha venido probando no solo los últimos meses, sino desde hace décadas.
Otro tema relacionado al tema marítimo fue el del puerto de Ilo en la Declaración de Isla Esteves. El acuerdo de uso temporal del puerto se halla en el Congreso peruano, esperando su aprobación desde 2010 (si bien el primer acuerdo que no llegó a implementarse data de 1992). La declaración apunta a que los presidentes subrayaron la importancia de que esos acuerdos entren en vigencia “en el más breve plazo”, además reiteraron su voluntad de establecer una agencia aduanera en Ilo.