El Órgano Electoral Plurinacional (OEP), como un nuevo poder público, tiene la misión de acompañar, promover y construir la Democracia Intercultural, como un espacio político de encuentro de la diversidad, a fin de institucionalizar nuestra propia identidad en las democracias.
Por esta razón existía una gran expectativa por la gestión que iba a desempañar el OEP, pues era la puesta en ejecución de la Constitución Política del Estado Plurinacional. De la antigua Corte Nacional Electoral (CNE), como instrumento institucional accesorio para la administración electoral, se pasa a una nueva determinación institucional enmarcada en la responsabilidad de administrar y acompañar los procesos democráticos de las democracias reconocidas constitucionalmente; pero además es una tarea histórica la de construir puentes de relación que hagan posible precisamente la Democracia Intercultural.
Sin embargo, las leyes electorales ya tropiezan con serias limitaciones, empezando por el papel fundamentalmente electoral-representativo que se les otorga; hay además una institucionalidad centralizada y no propia de un país en proceso de incorporar las autonomías en su gestión. Así, la legislación derivada de la Constitución no llega a interpretar adecuadamente el espíritu amplio de la transformación y una vez más se detiene en la democracia representativa, con algunas acotaciones interculturales.
CUPOS. Con este marco jurídico y sus limitaciones, en 2010 se realizó la primera elección de los vocales electorales. Se puso en vigencia el sistema de cupos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con dos representantes de los pueblos indígena originario campesinos (IOC) y tres mujeres como mínimo. En los Tribunales Electorales Departamentales (TED) la ley señala que de los cinco vocales, al menos dos deben ser mujeres y uno IOC. En el caso del TSE, conformado por siete vocales, el cupo indígena y de mujeres disminuye posibilidades para otros sectores; sin embargo, esta condición debe ser leída en el marco de la democracia inclusiva e intercultural que se construye en el país, donde sectores antes excluidos, a nombre de una falta de “capacidad o notabilidad”, a partir de la afirmación positiva, tienen una participación asegurada en la representación. Esta nueva representación, a través de los vocales elegidos, expresa los cambios también en la participación y en la democracia interna. Los componentes transversales de la participación de género y de los pueblos indígena originario campesinos han sido plenamente respetados.
Por ausencia de postulantes IOC y de mujeres, la selección se realizó en dos partes, escogiéndose primero a tres que, junto al representante presidencial, hicieron el quórum mínimo para sesionar; a principios de 2011 fueron nombrados los otros tres vocales.
Para esta elección, se privilegió la representación, que está mencionada en la ley, cuando varios candidatos presentaron avales de organizaciones sociales como garantía de su capacidad. L@s candidat@s elegid@s provenían de las relaciones de apoyo a organizaciones sociales, o bien estuvieron en anteriores gobiernos o fueron parte de cortes electorales con aval político; y rápidamente se convirtieron al proceso de cambio para acceder a esta nueva situación representativa. Por eso, el examen evaluatorio académico fue mínimo. Este hecho es explicable como proceso de transición de “notables” y “meritorios” a “representativos”, cuando las posibilidades debieron flexibilizarse para lograr la representación esperada.
Luego del nombramiento, no existió una adecuada introducción que permita a los vocales conocer el tamaño de la responsabilidad que les tocaba asumir, dando por supuesto que el poder de la representación otorga, por simple añadidura, la capacidad de ejercer y emprender esta responsabilidad de iniciar la vida institucional de un nuevo órgano del poder público. El nuevo OEP empezó además sus funciones en medio de un contexto político adverso y de enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición.
PRÁCTICA. Esta condición se hace cada vez más evidente en los contextos electorales que le tocará administrar, cuando el OEP se convierte en un objetivo para la deslegitimización del proceso electoral y de los resultados. Cabe recordar que ya antes la antigua CNE fue interpelada por la oposición en situaciones todavía más conflictivas y de enfrentamiento; sin embargo, la solidez argumentativa y técnica junto al liderazgo permitieron sortear los momentos difíciles, aumentando más bien su credibilidad. En el caso del naciente TSE, la carencia de liderazgo institucional y la competencia individual por espacios de poder fue la constante; por eso el padrón y las decisiones de este máximo tribunal son cuestionados desde el principio de la gestión. Fue más difícil ponerse de acuerdo en esas condiciones, y si antes en la CNE eran cinco vocales (hasta tres por un largo periodo), siete pusieron a prueba la gestión intercultural, que esta vez resultó en un desencuentro permanente.
Pero también habrá que señalar que el naciente OEP hereda el prestigio y la legitimidad de la antigua CNE, que en los últimos años y a pesar de los conflictos supo defender el espacio institucional a través de una adecuada administración de los procesos, con solvencia, transparencia y efectividad. El Órgano Electoral cuenta con una infraestructura fundamental, existen los recursos para su funcionamiento, además de la cooperación internacional, que decididamente apoya a la institución, como una forma de inversión en la propia democracia.
En principio, se mantuvo el personal de la antigua Corte, por su experticia en procedimientos electorales en la democracia representativa. Sin embargo, al pasar los años parte del personal será reemplazado no por más competentes sino en función de cuotas de poder personal de cada vocal. Ni qué decir de las otras democracias, que quedaron bajo supervisión del Sifde (Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático), con un personal mínimo y escasa voluntad política institucional para acompañarlas y promoverlas.
Entonces, esta crisis tenía que detonar en errores en los procesos y en actitudes individuales que los vocales asumieron fuera de la ética institucional, lo que devino en la necesidad de crear un nuevo principio de constitución del Órgano Electoral.
Por esta razón, hace falta recuperar la legitimidad perdida, a través de una gestión diferente y transparente; construir acuerdos internos en el TSE que permitan edificar esa nueva institucionalidad; todo ello contenido en un Reglamento de funcionamiento del TSE.
Paralelamente a la organización de los referendos en marcha, generar las condiciones para una nueva actitud institucional, expresada en el diseño de una estrategia comunicacional de presentación del nuevo TSE. También se debe preparar las condiciones para relegitimar a los tribunales departamentales, sea a través de una nueva elección de vocales, sea mediante su reposicionamiento institucional, decisión que deberá ser parte de una evaluación institucional.