Hace algunos meses, el presidente del Senado (José Alberto Gonzales) respondía, ante la pregunta sobre el reconocimiento a las uniones de parejas del mismo sexo, que “si se amaban, cuál era el problema”. En realidad, aunque se trata de una afirmación de sentido común, lamentablemente, problemas hay muchos y habría que (empezar a) discutirlos.
La lucha por el reconocimiento de la diversidad —en este caso afectiva sexual— no es sencilla. Ni aquí ni en otras latitudes. Los seres humanos llevamos buena parte de nuestro tiempo construyendo estructuras generadoras de inequidad y discriminación. En Bolivia sabemos mucho de eso y, gracias a la fuerza de la lucha colectiva, buena parte de estas estructuras fueron desmontadas —parcialmente— en nuestro proceso constituyente. Sin embargo, algunas —las de clase, por ejemplo— tienen cierta prisa por reconstituirse y debemos ser mucho más cuidadosos con el discurso que celebra, sin matices, la clasemedianización del país. Problematizar este fenómeno es una obligación para cualquier persona que apuesta por la emancipación social, misma que no puede tener como única estación final la igualdad de los niveles de acceso al consumo.
En esta línea, de pensar diferentes estaciones de llegada, es necesario pensar cómo estamos si hablamos de diversidad sexual, del reconocimiento y garantías para lo que no sea la heterosexualidad.
Primero, en el apartado de protección y sanción de la violencia que se ejerce sobre las minorías sexuales queda mucho por hacer. Algo se ha avanzado en normativa aunque sigue siendo insuficiente. Y los homicidios motivados por el odio a lo que es diferente siguen siendo comunes y no tienen la repulsa social y el castigo judicial que merecen.
Segundo, en lo que respecta al avance normativo en el reconocimiento de parejas no heterosexuales hay aún menos camino recorrido. Los países de la región están avanzando en la materia, sea vía reconocimiento de sus tribunales supremos o leyes sancionadas por sus parlamentos. Hace 15 años no existía un solo país en la región que haya legislado-reconocido el matrimonio igualitario. Ahora son varios y algunos de ellos vecinos nuestros. No conozco el caso de ningún país en el que de no existir ningún tipo de reconocimiento legal a uniones de parejas del mismo sexo se haya pasado directamente a la legalización del matrimonio igualitario. Es siempre un camino con muchas paradas. No hay que tener mucha paciencia cuando se exige la ampliación de derechos, pero sí hay que tener una estrategia definida. En la misma hay que tener metas intermedias, aliados institucionales y capacidad de incidir en la agenda de discusión pública: hay que debatir y persuadir a una parte significativa —nadie habla necesariamente de mayorías— de la sociedad de que estos avances no son solo una demanda de una parte interesada de la sociedad, sino que son un acto de justicia que nos hace un mejor país.
La estación de partida, hoy. El nuevo Código de Familias muestra un reconocimiento a las diferentes formas de familia que existen en el país pero también, en una redacción algo confusa que atraviesa el texto, pone obstáculos a la materialización normativa de ese reconocimiento. Sin embargo, el desarrollo de la posibilidad abierta en la parte de las disposiciones transitorias tendría que ser uno de los objetivos de medio plazo. Insisto, previa puesta en marcha de una estrategia definida que sepa movilizar y discutir a nivel de la sociedad y sea capaz de presionar al Estado y a los aliados institucionales. En realidad no se trata tanto de un movimiento por etapas, sino más bien sincrónico que tendrá éxito en la medida que tenga una hoja de ruta clara y no se trate de acciones unilaterales a veces no muy bien calculadas.
Hay que saber articular las luchas, otra vez. Del mismo modo que los éxitos en la batalla contra la discriminación étnica son algo digno de celebrar por alguien que no tiene apellidos indígenas entre sus antepasados, hay que entender que la lucha contra la homofobia y la transfobia es también una lucha de todos —sin que esto signifique hacer una tábula rasa. Se trata de reconocer las diferencias, pero que éstas no sean un pliegue impermeable a las articulaciones y las alianzas. Lo que se ha logrado en Bolivia en la última década y media ha tenido un guión similar, un guión que, además, ha tenido dos escenarios: el social y el estatal.
De poco sirve la interpretación en una sola de las tablas: la inercia estatal puede llevar a pensar que no se trata de una prioridad política ya que hay pocas manifestaciones formales organizadas de esta demanda; por otro lado, el encantamiento de lo social con sí mismo, que solo ve al Estado como un enemigo, puede hacernos equivocar y pensar, en una curiosa resignificación de la división pública privada contra la que tanto peleó el feminismo, que la única libertad posible es la que se da al interior de los espacios propios militantes.
Para terminar, recordar lo que escribió Paco Vidarte en su libro Ética marica: “ una ética LGTBQ es pensable y deseable, ha de partir del hecho de que la lucha contra la homofobia no puede darse aisladamente haciendo abstracción del resto de injusticias sociales y de discriminaciones (…). Si una mujer es maltratada, ello repercute en la homofobia de la sociedad. Si una marica es apedreada, ello repercute en el racismo de la sociedad. Si un obrero es explotado por su patrón, ello repercute en la misoginia de la sociedad. Si un negro es agredido por unos nazis, ello repercute en la transfobia de la sociedad. Si un niño es bautizado, ello repercute en la lesbofobia de la sociedad”.