El sistema penal asume el compromiso de perseguir todos los delitos. Si analizamos los últimos cinco años y tomamos las cifras registradas del delito, tenemos: (a) 57.982 delitos entre asesinatos, estafas, corrupción, trata de personas, entre otros; (b) 7.137 robos de autos y partes de vehículos; (c) 14.163 operativos contra el narcotráfico con destrucción de infraestructura y aprehensión de personas; (d) 50.164 infracciones de tránsito; (e) 70.792 casos de violencia familiar. La suma es 200.238 casos denunciados a la Policía Nacional; de esos casos, 3.863 corresponden a homicidios (muerte no natural de una persona, que mereció ser investigada). A estos datos se debe sumar la “cifra negra”, es decir aquellos casos no denunciados a la Policía porque el ciudadano no confía en la justicia, porque no hay un policía cerca, porque no se tiene un abogado o por cualquier otra razón; se calcula que esta cifra negra puede representar el triple de los delitos denunciados cometidos en una sociedad.
En 2013, los 224 juzgados cautelares que existen en nuestro país registraron el inicio de investigación penal para 270.524 casos (no personas). El siguiente paso en un juicio penal es la imputación formal; en todo el país se presentaron 13.077 imputaciones (9.232 ante los 69 jueces de ciudades capitales y El Alto; 3.845 ante los 155 jueces de provincia). De acuerdo con nuestro Código de Procedimiento Penal, la imputación formal debería ser la excepción; el Ministerio Público cuenta con una serie de instrumentos para evitar la congestión judicial, uno de ellos es el procedimiento abreviado. En 2013, el Ministerio Público presentó 1.784 casos de procedimiento abreviado y, por tanto, se dictó sentencia bajo este procedimiento en el 0,6% de los casos iniciados en 2013.
La congestión de juicios presenta niveles alarmantes. A los 74 tribunales de sentencia llegaron 2.656 casos y se dictó 921 sentencias. Una vez lograda una sentencia, la víctima debe ingresar a un ineficiente e inconstitucional proceso de revisión de la sentencia, lo que en promedio puede tomar tres años para adquirir la calidad de cosa juzgada (fin del juicio).
A estas alturas de esta exposición, las variables expresadas muestran algunas conclusiones. Si cada año ingresan al sistema penal al menos 250.000 casos y anualmente se emiten menos de 1.000 sentencias ¿qué ocurre con los 3.863 bolivianos (promedio) que mueren cada año en condiciones violentas no naturales? En general, el Órgano Judicial de Bolivia no se caracteriza por solucionar casos complejos de corrupción, narcotráfico o crimen organizado; la mayor cantidad de casos que adquieren la calidad de cosa juzgada tiene características comunes: una madre que busca justicia, un interés económico considerable o un interés generado por la opinión pública.
En ese contexto, resulta que el procedimiento abreviado es un instrumento necesario e imprescindible para el buen funcionamiento de la política criminal de un Estado democrático. Tanto el Fiscal General como la Ministra de Justicia, son titulares de la Política Criminal del Estado y al definir esa política deben establecer criterios que prioricen la persecución de determinados delitos e instruyan la aplicación de procesos abreviados, suspensión condicional de proceso y otras salidas para concentrarse en lo importante, y de esta forma garantizar que los recursos limitados sean utilizados de forma eficiente. Los ciudadanos deben asumir, apoyar y exigir una política criminal acorde con la sociedad que buscan construir, porque es evidente que no se podrá sancionar penalmente la totalidad de las acciones que consideramos agravian a nuestra sociedad.
La prevención y el modelo de gestión oral parecen ser un camino central para encontrar soluciones. Crear delitos penales en toda ley que se emite y convertir conflictos civiles comerciales en delito no son la solución al problema. El trabajo de construcción de políticas criminales requiere coordinación entre el nivel político y el de la ejecución de esa política. El debate regional y local necesita analizar temas como la despenalización del comercio de drogas y generar políticas regionales para combatir la corrupción, la trata de personas y el crimen organizado.
La Ley 586 busca que los imputados se sometan al “procedimiento abreviado” pese a que se superó la etapa preparatoria del juicio. La negociación de la pena busca que el Ministerio Público concentre sus escasos recursos y ofrezca al imputado una salida inmediata que evite el inicio del juicio. Para que el imputado acepte esa oferta —que en teoría es contraria a sus derechos— se le ofrece una disminución de la pena que podría recibir luego de un juicio. No se explica cómo un imputado acepta un procedimiento abreviado y recibe 30 años de condena, la pena máxima sin ningún beneficio. Tampoco se explica cómo la Fiscalía ofrece una pena menor a seis años, para un crimen que podría merecer una condena de 30 años.
El procedimiento abreviado es una herramienta esencial para lograr que el Ministerio Público concentre sus esfuerzos en combatir los crímenes de mayor relevancia y proteger la vida de los ciudadanos como prioridad. La Ley 586, desnaturaliza el procedimiento abreviado, reemplaza la negociación por la incertidumbre del proceso. El imputado que conoce ser inocente acepta su culpabilidad porque desconoce cuánto tiempo demorará el juicio en su contra. En el país se dan casos penales con más de 15 años de duración del juicio. Los imputados aceptan el procedimiento abreviado porque están privados de su libertad indefinidamente. Se habla en la doctrina procesal de lo “penal del proceso”, el solo hecho de estar sometido a juicio presenta dolor, sufrimiento familiar, imposibilidad de planificar el futuro inmediato y, en general, incertidumbre.
La combinación fatal entre el procedimiento abreviado y falta de control judicial en la “duración razonable” de un juicio, obligan a los imputados privados de su libertad a aceptar su culpabilidad, no para evitar un juicio sino más bien para lograr escapar de este proceso. En este punto es evidente que el Tribunal Supremo de Justicia (excepto la Sala que presidí en 2014) niega a los ciudadanos la extinción del proceso por duración razonable, acción que los jueces deberían realizar de oficio, estableciendo la responsabilidad de los sujetos procesales que llevaron la justicia a ese estado de injusticia extrema.
Para concluir, en 2013 los jueces cautelares impusieron 13.204 medidas cautelares personales; el dato es relevante si consideramos la cantidad de presos sin condena —cifra similar— y relacionamos ese dato con la reincidencia y la cesación de la detención preventiva. ¿Podrá una Cumbre de Justicia asumir respuestas a estos problemas? Todos esperamos una mejora en la justicia y requerimos el liderazgo de un Ministerio de Justicia que coordine ahora y no espere a que solo la Cumbre dé soluciones.