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Entre el particularismo y el bien común

No todo puede someterse a consulta. Es necesario rechazar tanto la tendencia a ver la consulta previa como un asunto autorreferencial, como la tentación de eliminarla de nuestro arsenal democrático.

/ 30 de agosto de 2015 / 04:01

Llama la atención la forma en que se desarrollan las acciones colectivas en torno a la exploración de recursos naturales, por su carácter pendular entre la expresión de los particularismos y las competencias del nivel central del Estado. Ello nos conduce a intentar una aproximación integral, para ubicar exactamente por dónde se desenvuelven los conflictos. Con ese propósito, es necesario reflexionar, al menos, sobre los siguientes asuntos: los rostros de la diferencia en clave indígena, las competencias estatales sobre recursos naturales y un aspecto de democracia intercultural que incluye ambos elementos: la consulta.

Ni exacerbación ni negación de la diferencia. La legitimidad del derecho a la diferencia se esfuma cuando una identidad se reduce a un conjunto de intereses particulares o, peor aún, cuando esos intereses solo traducen ambiciones de unos pocos miembros de las comunidades indígenas. Esto se expresa en la larga tradición de negociación indígena con el Estado neoliberal. Más allá del valor de la resistencia indígena al modelo neoliberal, en esa tradición fue común la negociación entre dirigencia indígena y empresas hidrocarburíferas, sin mediar acuerdos colectivos o, como se  señala en el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, a partir de las decisiones de las comunidades indígenas por usos y costumbres (En realidad, normas y procedimientos propios). De ahí que se ha distorsionado el sentido de los derechos colectivos, transformándolos en simples mecanismos clientelares.

Esta “costumbre” no tiene nada que ver con los derechos indígenas. Al contrario, los niega y reduce a una negociación mercantil. Actualmente, esa “costumbre” mercantil es parte del conflicto cuando el Estado pretende implementar sus competencias privativas.

Bien vistas las cosas, cuando una movilización social no vela por la legitimidad de sus derechos, produce un acto contrario a las demandas indígenas, genera una relación mercantil que niega las propias bases de sustento de las comunidades indígenas: lo colectivo. Allí desaparece el criterio de indemnización socio-económica y aparece la compensación monetaria; desaparece la mitigación ambiental y aparece la naturaleza como mercancía.

Lamentablemente, hemos heredado esa condición del viejo Estado, y amplios sectores autoidentificados como indígenas, originarios y campesinos (por separado), la encarnan y se debaten entre la mercantilización de sus relaciones con el Estado Plurinacional y la construcción de relaciones que dejen los principios mercantiles y los reemplacen por principios comunitarios.

La exacerbación del particularismo niega la legitimidad del derecho a la diferencia y esa negación conduce a exacerbar más el particularismo. Un círculo vicioso que destruye las bases constitutivas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Pero además nos enfrenta a negar lo común que nos une y que se expresa en el papel del Estado como instancia que traduce el bien común, o por lo menos debería hacerlo.

Ni Big Brother ni negación de lo común. Por definición, el Estado Plurinacional no puede desechar la legitimidad del derecho a la diferencia, pero tampoco debe aceptar el chantaje de intereses particulares que niegan lo común y, al mismo tiempo, la propia legitimidad de la diferencia.

Es necesario clarificar las competencias del nivel central del Estado, el valor de políticas públicas comunes, el significado de políticas estratégicas del Estado y su vínculo con la matriz indígena, pero como un hecho común y no una imposición gubernativa o sectorial.

La consulta como mecanismo de democracia intercultural. La consulta previa no es un nicho cerrado. Se la ideó para preservar derechos indígenas porque los Estados —por su conformación colonial— tienden a imponer decisiones que afectan los derechos colectivos y los derechos de los pueblos indígenas. Pero nada indica que sean negación de la consulta: el diálogo entre sectores que se sienten afectados y el Estado, la comunicación entre niveles del Estado sobre temas comunes, o la relación fluida entre organizaciones indígenas y órganos del Estado. No todo puede someterse a consulta. Es necesario rechazar tanto la tendencia a ver la consulta previa como un asunto autorreferencial, como la tentación de eliminarla de nuestro arsenal democrático.

Al contrario, en los conflictos sobre la explotación de recursos naturales en territorios indígenas o en tierras comunitarias, es vital, cada vez más imprescindible, definir con certeza las reglas de juego de la consulta. Ojalá la enseñanza del conflicto nos conduzca a inscribir el anteproyecto de ley de consulta en la agenda legislativa, para luego tener claridad que no se puede usar la consulta previa como chantaje ni negación de los derechos indígenas.
Dan ganas de decir… en buena hora el conflicto de Takovo Mora.

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La autonomía relativa de la decisión ciudadana

Si hacemos un corte identitario y de etnicidad, mientras menor la autoidentificación indígena, mayor el porcentaje de votación a favor del No. Así, hay una relación directamente proporcional entre tendencia de la decisión e identidad. Mientras mayor la autoidentificación indígena, mayor la votación por la opción del Sí.

/ 28 de marzo de 2016 / 04:01

Los resultados electorales del referéndum del 21 de febrero en el departamento de Potosí son una evidencia más de la autonomía relativa del voto ciudadano respecto de las decisiones de las organizaciones políticas, en eventos de democracia participativa como un referéndum. En primer lugar, porque el evento no es para elegir autoridades, sino para decidir un tema; en este caso, una modificación constitucional.

En segundo lugar, porque el voto ciudadano tiene connotaciones distintas a la formula clásica de la democracia representativa (un ciudadano un voto) agrupando conglomerados de opinión de forma colectiva, entre lo urbano y lo rural, entre lo clasista, lo étnico y los sentidos de identidad colectiva.

En tercer lugar, esos conglomerados se conforman con argumentos disímiles. Es decir, no todos los que votan por el Sí o por el No, lo hacen por las mismas razones. En cuarto lugar, hay una espacialización o territorialización de  la decisión, lo cual es notorio a escala provincial y, mucho más evidente, a escala local.

¿Son comparables los resultados electorales de un referéndum con la elección de autoridades?

No. Solo se puede observar tendencias. Sin embargo, puede despistarnos un uso desmedido de las técnicas del análisis político o una retórica que utilice herramientas científicas para la formación de opinión pública. La respuesta potosina mayoritaria fue rechazar la modificación constitucional. En algunos lugares de manera contundente, como en la ciudad de Potosí (85,87% por el No y 14,13% por el Sí) y  en el municipio de Porco (73,55% por el No y 26,45% por el Sí). En otros lugares existió también un contundente apoyo a la modificación constitucional como, por ejemplo, en el municipio de Arampampa (92,18% por el Sí y 7,82% por el No) o en el municipio de Toro Toro (87,6% por el Sí y 12,4% por el No).

Si circunscribimos los resultados al voto de cada ciudadano(a), 53 de cada 100 ciudadanos(as) rechazó la reforma constitucional y 47 de cada 100 aceptó la modificación de la Constitución, en el departamento de Potosí. Es claro que desde la lectura tradicional de la democracia (un ciudadano un voto), la diferencia de 6 puntos porcentuales a favor del No fue suficiente para incidir en los resultados nacionales.

Pero de todas formas, nótese que las tendencias difieren radicalmente de la simplificación mediática o, por lo menos, cuestionan opiniones poco atentas a las tendencias que se están gestando en la democracia boliviana. En este caso, la cantidad poblacional es un indicador, pero no el único para determinar las tendencias de los resultados. Los conglomerados colectivos y los resultados electorales.

Los conglomerados colectivos urbanos votaron mayoritariamente por el No o distribuyeron su votación en partes muy semejantes entre el Sí y el No. En Potosí, ése fue el caso en la ciudad capital, en algunos centros mineros (Llallagua) y ciudades intermedias (Uyuni). En cambio, los conglomerados colectivos rurales o municipios con fuerte presencia agrícola y centros urbanos intermedios menores, votaron mayoritariamente por el Sí.

Si hacemos un corte identitario y de etnicidad, mientras menor la autoidentificación indígena, mayor el porcentaje de votación a favor del No. En consecuencia, hay una relación directamente proporcional entre tendencia de la decisión e identidad. Es decir, mientras mayor la autoidentificación indígena, mayor la votación por la opción del Sí.

Territorialización de la votación.

Un dato significativo, pero que por varias razones teóricas —de sentido común dominante— no es analizado, deviene de la distribución del voto por provincias y municipios.
Veamos:

En el ámbito provincial, en 14 provincias ganó el Sí y únicamente en 2 provincias ganó el No. Si bajamos aún más la escala de la descripción, en los municipios se traduce con total claridad la lógica de la territorialización del voto. En 34 municipios del departamento de Potosí ganó la opción del Sí y en 6 municipios ganó el No. En otros términos, prácticamente por cada 6 municipios uno solo rechazó la modificación constitucional. (Ver mapa adjunto)

Todo indica que más allá de las lecturas habituales de los resultados electorales, estamos asistiendo al nacimiento, sino la continuación lógica, de una diferenciación territorial en democracia que ya no admite reflexiones simplistas.

La ganancia democrática

Estos cuatro factores analizados con el ejemplo de Potosí, pueden también evidenciarse en los departamentos en los que ganó la opción del Sí (La Paz, Cochabamba y Oruro) y en los que optaron por el No (Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca, y Tarija). Por lo tanto, una conclusión ronda por el país: la democracia se fortaleció, a pesar de las campañas por el Sí o el No.

1. Nunca más en el país habrá reforma electoral sin la decisión del pueblo boliviano. Es la evidencia que el Legislativo ya no puede jugar con la soberanía. En ese sentido, existe un avance de la institucionalidad plurinacional frente a la vieja República;

2. Es notoria la consolidación de la participación ciudadana. Pero es una participación no solamente individual, sino colectiva, y con muchas aristas (Por ejemplo, no todos los que votaron por el Sí son masistas, y muchos que votaron por el No son masistas). Conclusión, además, que deja caer los argumentos agoreros del cansancio ciudadano en eventos electorales;

3. Se ha fortalecido la democracia intercultural con un mecanismo de democracia participativa y directa. Ergo, no todo es democracia representativa;

4. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) goza de mayor legitimidad y ello fortalece la institucionalidad democrática, frente a las voces opositoras que intentaron deslegitimar nuestra institucionalidad democrática. Venció la democracia a pesar de sus detractores.

5. El Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) con el 47,73% de los votos del Sí, se consolida como la fuerza política más sólida. Por lo menos en términos de preferencia ciudadana y voto duro. Y eso no es poco para un sistema democrático que emergió del colapso total del sistema de partidos en la democracia pactada.

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El desafío de encontrar el equilibrio virtuoso

Es probable que se organice una nueva consulta, pero no para de-sechar las conclusiones de la ya efectuada, sino para elegir el mejor diseño, el que exprese mejor el delicado equilibrio entre derechos indígenas, derechos de la Madre Tierra e integración geopolítica estratégica.

/ 21 de junio de 2015 / 04:01

El primer borrador de la Ley 180, luego conocida como Ley de la Intangibilidad, contemplaba tres temas cruciales para la resolución del conflicto en el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure): la realización de la consulta a las comunidades que allí habitan, aceptar el Plan de Desarrollo Indígena del TIPNIS con todos sus componentes, y evitar que la “intangibilidad” se convierta en una camisa de fuerza para el ejercicio de los derechos indígenas, la integración del país con fines geopolíticos y la defensa de los derechos de la Madre Tierra. En el fondo, ese proyecto de ley buscó un delicado equilibrio entre derechos y perspectivas distintas a la tradición desarrollista. Y todo con base en el primer tema: la consulta.

Con la celebración de la Ley 180, todo indicaba que no se había resuelto el conflicto y éste permaneció latente. Por eso, la comisión legislativa, negociadora con la marcha, se negó a aceptar la Ley 180 tal como quedó luego del acuerdo entre algunos dirigentes y marchistas con el Gobierno. En ese momento dijimos que todo retornaría a la consulta.

El tiempo nos dio la razón. Un año después se estableció la consulta. Se aprobó la Ley 222 y se abrió la puerta para encontrar una salida equilibrada al conflicto. Sin embargo, la consulta a las comunidades del Parque Nacional Isiboro-Sécure fue boicoteada, dejando la defensa de los derechos indígenas por quienes retóricamente, al mismo tiempo, enarbolaban defenderlos. El Órgano Ejecutivo estaba en la obligación de aplicar la ley de la consulta en el TIPNIS y así lo hizo. Esa obligación constitucional fue descalificada por algunos que abrazan criterios fundamentalistas en términos ecológicos, pero se realizó contra viento y marea, en acuerdo con la mayoría de las comunidades del TIPNIS en su calidad de parque nacional.

Nuevamente, el tiempo nos dio la razón. La consulta dio sus primeros frutos: se paró la construcción de la carretera hasta que no existan los estudios adecuados que garanticen un equilibrio, se consolidó el Plan de Desarrollo Indígena en el TIPNIS, se acordaron medidas para enfrentar la pobreza, la falta de acceso a servicios de comunicación, educación y salud, la protección contra asentamientos ilegales y la aceptación de un conjunto de proyectos específicos para mejorar las condiciones de vida en el TIPNIS. En la consulta también se determinó dejar sin efecto el carácter intangible de todo el TIPNIS porque esto afectaba los más básicos derechos indígenas. Sobre la construcción de la carretera que vincule a dos hermanos departamentos e integre al país, se determinó que no se aceptaría un diseño que no fuese ecológico.

Equilibrio entre derechos. Imaginemos por un instante qué sucedería si se acepta el fundamentalismo ecologista sobre el derecho indígena expresado en la consulta. Sencillo: los derechos indígenas no valdrían nada frente a quienes ven al país y a los indígenas como guardabosques desde el norte industrial del hemisferio, que tienen la misma visión de aquellos que aplauden desde balcones en la comodidad de su hábitat urbano.

Imaginemos por un instante qué sucedería si se acepta un diseño cualquiera de carretera. Sencillo: los derechos indígenas y los derechos de la Madre Tierra se verían seriamente afectados. Por eso, el diseño tiene que cobijar un equilibrio entre la regeneración de los sistemas de vida y los derechos, entre los derechos y la integración geopolítica, entre ésta última y los sistemas de vida. Algo indudablemente costoso en términos de recursos financieros. Pero así es la democracia, costosa, y así es la defensa de los derechos indígenas, de las alternativas al desarrollismo y de la integración estratégica. Un buen diseño puede requerir gran cantidad de inversión de recursos económicos y habrá que asumir el desafío. El principio básico es el necesario equilibrio entre derechos y la reconceptualización del “bien común”.

¿A quiénes corresponde decidir? A las comunidades indígenas del TIPNIS. Ellas ya decidieron en la consulta. Pero están quienes comienzan a proponer un referendo nacional, reviviendo un debate cerrado con la consulta.

En efecto, durante la cresta del conflicto, no faltó quien diga que ameritaba un referendo entre las poblaciones de Beni y Cochabamba, y no faltaron las voces que hablaban de un referendo nacional. En este caso, cualquier referendo es nuevamente la negación de los derechos indígenas. Ni referendo departamental ni nacional. La consulta indígena es parte de la democracia intercultural y ya tenemos un resultado. Todas y todos en Bolivia tenemos derecho de opinar, pero nadie tiene el derecho de confundir a la ciudadanía.

Lo que corresponde es un gran acuerdo para llevar adelante las conclusiones de la consulta. Este acuerdo, en realidad, es un mecanismo operativo para que diversas instancias estatales apliquen las determinaciones asumidas mediante uno de los mecanismos de democracia intercultural y, a la vez, derecho indígena.

La Asamblea Legislativa Plurinacional deberá evaluar la posibilidad de normas adecuadas, nuevas y/o modificadas; el Órgano Electoral tiene la obligación de observar el cumplimiento de los mecanismos de la democracia intercultural; el Ministerio de Economía debe garantizar los recursos económicos; el Ministerio de Medio Ambiente y Agua deberá colaborar con los criterios técnicos para que se cumplan las normas ambientales; el Ministerio de Obras Públicas deberá presentar un diseño ecológico, en coordinación con las comunidades del TIPNIS.

El Ejecutivo en su conjunto tiene la obligación de proveer una estrategia para evitar avasallamientos ilegales en el TIPNIS y garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Por su parte, las gobernaciones de Beni y Cochabamba, de acuerdo con sus competencias, tendrán que asumir el carácter concurrente de las decisiones de la consulta.

Sensatez frente a los arrebatos ecologistas y desarrollistas. Si hay algo para rechazar con total firmeza, no son los alcances de la consulta a las comunidades del Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro-Sécure, sino los arrebatos de los fundamentalistas ecologistas y de los desarrollistas. Ambos atentan contra lo común que nos une. Miremos las cosas, si es posible, más allá del desarrollismo y de la hipocresía ecologista.

Es probable que se organice una nueva consulta, pero no para desechar las conclusiones de la ya efectuada, sino para elegir el mejor diseño, el que exprese mejor el delicado equilibrio entre derechos indígenas, derechos de la Madre Tierra e integración geopolítica estratégica. Ése es el núcleo de la reflexión sobre el “bien común”. Mientras tanto, sin un diseño concreto y las medidas de salvaguarda adecuadas, el debate sobre el TIPNIS debe cerrarse momentáneamente. A pesar de que en democracia muchas veces se discute sobre fantasmas, porque éstos siempre le acompañan como imagen en el espejo, construyamos con este tema decisiones comunes para enfrentar problemas comunes.

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