En Bolivia, en los últimos años se ha discutido ampliamente la distribución de recursos públicos entre los diferentes niveles de gobierno, llegando incluso a debatir la necesidad de realizar un “pacto fiscal” para lograr una redistribución que reduzca las grandes diferencias entre los distintos niveles de gobierno, así como entre las entidades autónomas territoriales de un mismo nivel, sean municipios, departamentos o regiones.
Si bien la situación de los recursos municipales en Bolivia en los últimos años fue favorable, desde 2014 se han presentado disminuciones considerables en los montos, especialmente relacionados con los hidrocarburos, como resultado de la caída de los precios internacionales. A esto se sumará una menor recaudación impositiva por la previsible reducción del crecimiento nacional.
Pese a la disminución de los recursos, sin duda que 2015 quedará como el año récord de las transferencias hacia municipios, con 13,4 mil millones de bolivianos, monto que difícilmente será alcanzado durante las próximas gestiones debido a la reducción de los precios de los hidrocarburos (de más de 100 dólares a menos de 40 en la actualidad), las nuevas obligaciones de los municipios y la paulatina reducción hasta su desaparición de los recursos HIPIC (o del diálogo 2000).
Es también una realidad el hecho de que la distribución de recursos ha favorecido de manera desproporcionada al nivel central de gobierno. A partir de datos del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2015, que asciende a 328.591 millones de bolivianos, el nivel central administra más del 83% del total de los recursos en sus diferentes instancias (ministerios, empresas públicas estatales y otros), mientras que gobernaciones y municipios manejan aproximadamente un 5% y un 9%, respectivamente, como se puede ver en el cuadro.
PREVISIONES. A esta distribución de recursos centralista e injusta para quienes se encuentran más cercanos a las necesidades de la población, como son los gobiernos municipales y las gobernaciones, se suma el hecho de una significativa reducción de ingresos en el presupuesto de 2016, principalmente de la fuente del IDH, que afectará a todas las gobernaciones y municipios, incluido el Gobierno Municipal de La Paz (en algunos casos las reducciones rondarán el 50%).
A esa situación se debe incluir la carga extra que significará, para gobernaciones, municipios y autonomías indígenas de todo el país, el aporte obligatorio establecido en la Ley 319 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, que de manera arbitraria (al no haber existido consenso ni con municipios ni gobernaciones para su promulgación) impone una reducción importante de recursos. Se deducirán de los recursos de IDH un 12% adicional a lo ya deducido por la Renta Dignidad (30%) y Fondo de Fomento a la Educación Cívica (0,2%).
Es aún una incógnita el efecto que pueda tener el fondo fiduciario creado por el Gobierno central para paliar la reducción de recursos del IDH, que, en función a la historia reciente, es previsible que sea utilizado de manera discrecional y con fines políticos.
Frente a este panorama, y pese a los constantes incrementos de recursos transferidos de manera extemporánea a los gobiernos municipales (en fechas fuera del periodo de ejecución marcado al 31 de diciembre de cada gestión) y a las significativas variaciones en las transferencias recibidas, las alcaldías han logrado mantener niveles de ejecución importantes. Si bien no son los ideales, durante la gestión 2014 alcanzaron a 75%, demostrando una tendencia positiva (en 2013 fue 68%), mientras que la ejecución del Gobierno nacional se redujo cuatro puntos (de 83% en 2013 a 79% en 2014). Además, dentro del mismo Gobierno hay ejecuciones inferiores a 50%, como son los casos de algunas empresas estatales.
RÉCORD. La Paz, marca récord. En este contexto, durante los últimos años, el municipio de La Paz ha mantenido un alto nivel de ejecución presupuestaria, logrando récords en su desempeño. En 2014 logró una ejecución de 88% y en 2015, con un presupuesto vigente de 2.208 millones de bolivianos, ejecutó el 91% de su presupuesto total (2.016 millones de bolivianos) y 83% en lo que hace a la inversión pública, según los reportes del SIGMA Municipal.
Los datos demuestran la gran capacidad institucional del Gobierno Municipal de La Paz y el alto compromiso con los habitantes del municipio. Además, su buena gestión económica le permitió gozar de una excelente calificación de sus finanzas y contar con una capacidad de endeudamiento de acuerdo con los indicadores de sostenibilidad de la deuda pública, según el reporte de calificación de riesgo de la empresa AESA Ratings.
Esta importante capacidad institucional se ve reflejada en la ejecución de recursos destinados no solamente a las acciones en el corto plazo, sino también al cumplimiento del Plan de Desarrollo Integral “La Paz 2040: La Paz que queremos” en todos sus ejes.
Los datos son también una garantía de que el GAMLP es la mejor institución pública del país y que en este 2016 tendrá plena capacidad para lograr un desempeño similar o mejor. Sin embargo, para esto, será importante también contar con el apoyo del Gobierno nacional, fundamentalmente viabilizando las gestiones para contar con financiamiento para los grandes proyectos que se encuentran a la espera de recursos para continuar con la transformación de la ciudad.
Es necesario que el Gobierno central asuma una nueva manera de administrar los recursos del país, ya que si bien es encomiable el trabajo en cuanto a la estabilidad macroeconómica, el manejo de recursos de inversión y los recursos transferidos hacia entidades territoriales no ha mejorado durante los últimos años, más aún, se ha visto que la distribución (hacia gobiernos subnacionales) ocasiona grandes diferencias entre habitantes del país, que puede estar yendo en contra de los planes redistributivos del Gobierno, por lo que es además necesario dejar de lado las excusas en cuanto a la no realización del “pacto fiscal” y acordar de manera conjunta el destino de los recursos nacionales para alcanzar el ansiado desarrollo.