Olga Flores: Desclasificar los archivos de las FFAA, el único camino

Cada que aparece un represor de la dictadura de 1980 que estaba prófugo, se levantan expectativas sobre la posibilidad de encontrar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros desaparecidos. Olga Flores descree de todo esto; piensa que se elude la principal tarea para saber la verdad de esos tiempos: abrir los archivos de las Fuerzas Armadas.

Por Iván Bustillos Zamorano

La Paz / 15 de febrero de 2016 / 04:03

Con la detención de Froilán Molina, alias El Killer, y la posibilidad de que con base en sus declaraciones se pueda tener pistas sobre el destino que tuvieron los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, dónde están enterrados o qué se hizo con ellos, volvió a la agenda pública también el recurrente tema de la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas en el periodo de la dictadura encabezada por Luis García Meza. Si en verdad se quiere encontrar dichos restos, además de los de los otros desaparecidos, como el diputado de entonces Juan Carlos Flores Bedregal, entre muchos más, la única manera cierta de esclarecer los hechos —insisten los familiares de estas víctimas de la dictadura— y, por tanto, de tener datos ciertos de los restos, es desclasificando los archivos militares; “testimonios” o “revelaciones” que puedan hacer quienes por varios años sencillamente ocultaron la verdad o la manipularon o distorsionaron, difícilmente podrán dar alguna luz cierta sobre los hechos, enfatiza Olga Flores Bedregal, hermana menor de Juan Carlos, muerto y desaparecido el 80. De Froilán Molina solo tiene el recuerdo amargo de cómo puede ser que no haya sido detenido en los ocho años que se dio por “perdido”, y cómo hay muchos otros cómplices todavía en libertad.

— ¿Qué importancia finalmente tiene la captura de El Killer para encontrar a los desaparecidos?

— La única manera de obtener la verdad es desclasificando los archivos de las Fuerzas Armadas y, además, basándonos en el derecho a la información establecido en la Constitución. Dos cosas deben quedar con meridiana claridad para las Fuerzas Armadas: de acuerdo con la ley, después de 20 años todo documento debe ser desclasificado; lo que no es desclasificado es el escalafón de las Fuerzas Armadas. Según la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), esto último puede ser desclasificado solo por orden judicial o por una resolución del Legislativo; nosotros teníamos la orden judicial y no la cumplieron.

— El escalafón, quiénes eran qué en ese momento…

— Ahí tendríamos el grado de responsabilidad de cada uno de ellos; es lógico, las instituciones no cometen delitos, las Fuerzas Armadas no cometen delito; los que cometen delito son los que en determinado momento utilizan la institución para hacer cosas ilícitas, como es el caso de un golpe de Estado, detenciones arbitrarias; el Estado Mayor fue convertido en un campo de concentración, las caballerizas
fueron una cárcel para los presos del 17 de julio de 1980; y todo esto es ilícito. Conociendo el escalafón de ese periodo, también hubiéramos visto quiénes oficiaban de paramilitares, porque las Fuerzas
Armadas daba grados honoríficos, premios a la lealtad.

— Diferenciar a los responsables de la institución en sí…

— Esto, más bien, debería ser para dignificar a las Fuerzas Armadas, para que aquellos sujetos que han violado su propia Ley Orgánica sean juzgados.

—Pero, ¿qué alcance realmente tiene la desclasificación?

— Hay dos tipos de información. Una, es toda la información de la Sección Segunda de Inteligencia, ésa tiene que ser desclasificada sin necesidad siquiera de ninguna orden judicial; por ley, después de 20 años, todo documento debe ser desclasificado; hasta la CIA hace esto. Además, el derecho a la información es un derecho constitucionalizado; todo documento después de 20 años pierde ese carácter de reserva y es público; todo archivo debe abrirse. Si hablamos del 80, ya desde 2000 tendrían que estar abiertos esos archivos.

— ¿Hay algunos indicios de qué estaría en esos archivos?

— Los archivos de Inteligencia, por ejemplo; durante el proceso de investigación (entre 1997 y 2008, en el juicio de los familiares contra los presuntos asesinos y represores del 80), los jueces y la Justicia se han negado de manera sistemática a ver lo que deberían haber visto: ellos mismos (los represores) mandaban sus informes de cómo habían ido a asaltar tal lugar o cómo se agarró a tales o cuales presos; Luis Arce Gómez recibía esos partes. Eso debería haber sido entregado por las Fuerzas Armadas; pero no se ha hecho. La otra información que es reservada de acuerdo con la LOFA es el escalafón; ese sí es un derecho, hay la protección del habeas data para los militares; pero eso se puede desclasificar por orden de un juez o del Legislativo, pero solo para cierto periodo de tiempo.

— ¿Qué han podido conseguir de los militares?

— Lo que han mandado los militares es una burla, son tres sobres manila con una lista que no prueba nada. Quisiera dejar establecido que por la seguridad del Estado debería desclasificarse para que las Fuerzas Armadas transparenten quiénes han sido los responsables del golpe de Estado, y más cuando han pasado más de 20 años. En su momento, nosotros también pedimos al Legislativo, por una resolución del Defensor del Pueblo, pero tampoco se ha logrado; teníamos seis órdenes judiciales.

— El caso Froilán Molina; sabemos que alguna vez le insultó…

— Bolivia es el reino del revés, en el que el ladrón es juez, se lo digo sin ningún reparo. El caso, por ejemplo, de que el fiscal se sentaba junto a los procesados y nos agredía a los familiares; el juicio se retrasó 10 años porque no se presentaban los procesados; ha habido un momento en que nosotros teníamos que pagarles (el traslado); uno de los acusados no se presentaba y el juez nos amonestaba, diciendo que nosotros teníamos que pagar las notificaciones, poner para que vayan a traerlo al tipo de su detención domiciliaria. Desde 2007, cuando se dictó la sentencia, nosotros exigimos que se lo detenga a El Killer y a los otros dos más, de los que no hay ninguna explicación de dónde están. Lo que no puedo entender es que habiendo una sentencia ejecutoriada por el más alto tribunal de la nación, la que dice 30 años de cárcel sin derecho a indulto, y eso lo hemos denunciado a la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos), el Estado boliviano no ha hecho un ápice por detenerlo, y nos sorprende que ahora haga tanto teatro diciendo que lo detienen en su propio domicilio, cuando cursa en obrados dónde vivía; incluso, hubo una audiencia en que ha llegado tarde diciendo que había bloqueos, y el juez le dijo: “¡Ah! bueno, se suspende la audiencia”, y le da la razón por llegar tarde, sin considerar que todos nosotros estábamos expuestos al bloqueo. El Killer se paseaba por las calles, y en una de esas hasta me insultó. El Estado boliviano no solamente nos deja en total indefensión cuando no detiene a estas personas que sí son probadamente criminales; ellos todavía se dan el lujo de pedir garantías.

— No importa el Gobierno, la responsabilidad es del Estado…

— Ahora, el Estado boliviano comete, como Estado; cuando llevamos el caso a la Comisión (Interamericana) de Derechos Humanos-CIDH), lo hacemos contra el Estado; y el Estado sigue cometiendo la desaparición, porque por definición la desaparición forzada se da en tanto y en cuanto no aparezca la víctima; y, segundo, cuando se niega a dar información; entonces, el Estado boliviano, yo denuncio, sigue practicando la desaparición forzada; no es cosa de los regímenes militares; es cosa (también) de este régimen.

— ¿Qué dice de las actuales intenciones de interrogar a El Killer o a otros para saber dónde están los restos de los desaparecidos?

— Yo he ido a tres exhumaciones, cuando nos han entregado un cuerpo falso los policías que estaban procesados por la desaparición. Ahora nos vienen con que los restos de Quiroga Santa Cruz están enterrados en la hacienda de Banzer, cuando García Meza dijo que no había, luego entregó unas cenizas a la familia; después, que los quemaron en Vinto; luego, que se los había enterrado en el camino a Yungas, y ahora en la hacienda de Banzer. El Fiscal General dijo que iba a tomarle la declaración a El Killer, lo que es un absurdo jurídico, bajo qué procedimiento a un reo redomado se le va a tomar declaración, se lo va a dar por verdadero; la única manera de obtener prueba verdadera es teniendo la desclasificación, y entregando los restos; no yendo a que nos diga dónde están. Imagínese la burla para los familiares ir a una nueva exhumación para no encontrar absolutamente nada.

— ¿Qué resta para lo inmediato?

— Debería haberse hecho una reivindicación ante el Parlamento de todas las personas que fueron injustamente perseguidas, exiliadas, y en el caso de los desaparecidos, debería ser el propio Parlamento; pero ¿qué ha hecho el Parlamento?, ha creado esa orden Marcelo Quiroga Santa Cruz y se la ha dado a las Fuerzas Armadas por ninguna razón; entonces, aquí hay una política de Estado de perpetuar las desapariciones forzadas que han habido en el pasado.

— Decía que acudieron a la Justicia internacional.

— Nuestro caso ya ha sido admitido en la Comisión (Interamericana) de Derechos Humanos y en estos días se va a pronunciar sobre el fondo, para que pase a la Corte (Interamericana de Derechos Humanos); esperamos que sea en ese sentido su pronunciamiento, en el caso de Juan Carlos Flores Bedregal.

— ¿Qué pediría a las actuales autoridades?

— El Fiscal General del Estado, en vez de hacer declaraciones que no tienen ningún principio jurídico, de que van a hacer un peritaje psicológico y tomar declaraciones a El Killer, debería exigir la desclasificación, mantener una comisión de fiscales; pero no lo va a hacer, ya han pasado 10 años en que no ha pasado absolutamente nada; hemos retrocedido en cuanto a lo que se sabía y a lo que se podía haber hecho en materia de Justicia.

— La única certeza suya parece ser la desclasificación, los documentos.

— Uno es la desclasificación, y otro es que el juez deliberadamente no ha hecho uso de pruebas que están en el expediente, que son esos careos que le digo; hay una serie de informes que para expiarse de culpa mandaron los propios procesados, ellos reconocen y dicen “yo llegué al Estado Mayor, vi las ambulancias…”; eso es demostración de que participaron en el golpe; y el juez los exime, digamos. Hay una investigación que ha hecho la Cámara de Diputados (a principios de 2000), la Comisión de Derechos Humanos, el honorable (Roberto) Moscoso, de la que deliberadamente se ha hecho caso omiso con el fin de liberarlos (a los acusados de represión). Y también debe hacerse una reivindicación histórica de todos los desaparecidos; eso tampoco ha hecho el Parlamento.

— ¿Cómo continuará luego el proceso en la CIDH?

— La comisión tiene plazos, se reúne dos veces al año. Una vez que se pronuncie, si es que el fondo amerita, pasa a la Corte, y la Corte tiene un tratamiento, como toda Corte, con muchos procesos; pero ya se inicia un proceso; tiene que pronunciarse y dictar una sentencia que es de cumplimiento obligatorio por parte de los Estados. Además, en nuestra actual Constitución hay la Acción de Repetición, que quiere decir que si el Estado es condenado, éste tiene la obligación de procesar a los jueces y autoridades que han cometido la falta. Hay ese adagio popular que dice “la justicia tarda, pero llega”. De nuestra parte, no debemos callar, debemos hacer memoria para que las próximas generaciones tengan principios de respeto a los derechos humanos, de respeto a la vida.

Perfil

Nombre: Olga Beatriz Flores Bedregal

Nació: En La Paz, en 1956

Ocupación: Activista en derechos humanos

Vida

Activista desde muy joven, acompañó a su hermano, Juan Carlos Flores Bedregal, en la lucha política. “Carlos era mi hermano mayor y mi jefe político al que yo siempre respeté como militante”, empieza el libro dedicado a él Carta inconclusa a mi hermano Carlos, La Paz, 2009. Inició la pelea por recuperar a su hermano, cuenta, en el mismo gobierno de García Meza. Participó en la VIII Marcha por el TIPNIS, por la cual también sufrió la represión policial en Chaparina. Fue candidata a representante supraestatal de La Paz en las elecciones de 2014 por Unidad Demócrata (UD).

‘Fracaso’ Cruceño del MAS, efecto de 2021

El verdadero origen de la tendencia ‘renovadora’ en el MAS es el desencuentro partido-organizaciones

IX Congreso departamental del MAS en Santa Cruz.

Por Iván Bustillos

La Paz / 26 de marzo de 2023 / 08:23

El punto sobre la i

Entre el sábado 18 y domingo 19 de marzo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) “fracasó” por segunda vez consecutiva en la conformación de la directiva departamental del partido en Santa Cruz. “Fracasó” en el sentido de que la directiva electa nuevamente fue desconocida por la dirección nacional del partido. La primera vez de este traspié ocurrió en el congreso departamental de diciembre de 2020, en San Julián. Tanto en el encuentro de hace poco más de dos años, como en el de la semana pasada, hubo dos hechos que se repitieron: el presidente departamental del MAS electo fue Marco Fernández López, representante de los interculturales; y, en las dos ocasiones fue ungido “por aclamación”.

En cualquier caso, por más de dos años, la dirección departamental “no reconocida” del MAS pervivió como tal cabeza del partido, sin que la dirección nacional pudiera convocar otro congreso para quitarla de en medio.

El IX congreso departamental masista, el efectuado en Yapacaní el 18 y 19 de marzo de este año, que en su inauguración incluso contó con la presencia conjunta de los presidentes del Estado, Luis Arce Catacora, y del MAS, Evo Morales Ayma, fracasó, apunta el vicepresidente del partido, Gerardo García, por “los malabares” que hizo Marco Fernández para ser reelecto.

Con Fernández intercultural, García apunta hacia lo que parece uno de los principales factores de la división del MAS en el departamento cruceño: la rivalidad entre los interculturales y los campesinos de la “Única”, Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz.

“Vamos a volver a convocar al congreso; va a ser en otro lugar, seguramente; me estaban sugiriendo en los valles, en Vallegrande, o en la Chiquitanía. Tomaremos una decisión coordinando con los de la Única, porque hacia el lado de Vallegrande la mayoría son de la Federación Única de Campesinos de Santa Cruz”.

FALLIDO.

La dirección nacional del MAS ya formalizó el pedido al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de anular el congreso del 18 y 19. Su principal argumento es que la proclamación de Fernández se la hizo sin instalar el congreso con el debido procedimiento. “Ha sido fallido por capricho de Marco Fernández, porque no se ha hecho ninguna comisión, no se ha elegido (un presidium) como corresponde, por eso se ha anulado”.

Al partido de gobierno, de las nueve organizaciones departamentales que hay en el país, le faltan tres que lleven adelante su congreso y elijan a su nuevo directorio, La Paz, Santa Cruz y Tarija.

Aunque todavía no hay fechas, en La Paz y Tarija la dirección nacional está a la espera de próximas convocatorias a los congresos departamentales. Hoy día hay el apuro de “cerrar” con la realización de los congresos departamentales porque solo una vez superada esa etapa, se podrá convocar al congreso nacional ordinario y elegir al nuevo directorio.

Y es que tanto el MAS como el resto de los partidos políticos (nacionales, departamentales y municipales) están bajo la presión de resolver la elección de su dirección nacional porque tienen hasta la primera quincena de abril para concluir esta renovación, aunque esta disposición aplica solo para las directivas que han superado el periodo de su mandato, según dispuso el TSE. Esta renovación pendiente de la directiva nacional es precisamente el caso del MAS, aunque solo sea para ratificar, como se ha hecho hasta ahora, la presidencia indiscutible de Evo Morales.

Los plazos del TSE tienen su razón de ser: se originan en la Resolución administrativa 0128/2022 del 29 de marzo de 2022, de “Renovación de directivas de organizaciones políticas”. En la misma, básicamente se establece que las organizaciones en todos sus procesos deben ejercer la democracia interna y que deben hacerlo en función de sus propios estatutos, los cuales están registrados en el Órgano Electoral; y que una de las funciones de la autoridad electoral es “regular y fiscalizar el funcionamiento de las organizaciones políticas” de cualquier nivel, nacional, departamental y municipal. Pues bien, en ese marzo de 2022, el TSE dio 180 días para que los partidos que corresponda concluyan con la renovación dirigencial; cerca de cumplirse el plazo, en octubre, a pedido de algunas organizaciones que no habían podido cumplir, el TSE emitió una “ampliación de plazo”, mediante la Resolución 0356/ 2022 del 11 de octubre de 2022, dando otros “180 días calendario”, los cuales precisamente acaban en la primera quincena de abril, en tres semanas.

PAUTA.

Al respecto, García ya dio la pauta de lo que viene, por lo menos para el MAS: “Hemos impugnado. Es que eso es (la) toma de decisiones dentro de cada uno de los partidos políticos; el tribunal no tiene la tuición de que nos pueda obligar a aquello, cuándo renovamos; el problema interno de cada uno de los partidos, toma la decisión cada uno de los partidos: hemos hecho la representación ante el Tribunal, no hemos tenido respuesta todavía, pero yo pienso que esto va a salir de alguna manera positivo a nuestra petición”, destacó el dirigente.

Ahora, lo nuevo de este segundo intento fallido de constituir una directiva departamental reconocida por la nacional, es que se da en medio de la pugna entre evistas y arcistas, entre “radicales” y “renovadores”.

No por nada, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, afirmó en el programa Piedra, papel y tinta, de La Razón, que “lo cierto es que el compañero Marco Fernández ha ganado las elecciones y la dirección nacional debería reconocer aquello”; Fernández se identifica con los “renovadores” del MAS

Ahora, ¿cuál es el origen del segundo fracaso en Santa Cruz?

Para el sociólogo Fernando Mayorga, el problema tiene que ver con la definición de las candidaturas para las elecciones subnacionales de 2021. “En muchos distritos se produjeron reyertas entre las organizaciones sindicales y la Dirección Nacional del partido exponiendo las debilidades de su mapa de poder organizativo. En ese sentido, ¿en qué medida influyeron las pugnas entre la Dirección Nacional del partido —bajo el mando de Evo Morales— y las organizaciones sindicales para el desempeño electoral del MAS-IPSP? Es evidente que incidieron de manera determinante, puesto que este venció solamente en un tercio de las gobernaciones y perdió en las alcaldías más importantes”, destaca Mayorga en su estudio Resistir y retornar. Avatares del proceso decisional en el MAS-IPSP (2019-2021) (FES-Bolivia, La Paz, noviembre de 2022); una de las investigaciones que más de cerca indaga la, si vale, vida íntima del partido de gobierno.

Si bien el MAS ganó la elección de gobernador en Cochabamba, Oruro y Potosí, no teniendo problemas en la selección de candidatos en los dos primeros, fue en Potosí donde hubo la primera señal —apunta Mayorga— de cuestionamiento del liderazgo de Evo Morales, “poniendo en evidencia la rutinización de su carisma”. (p. 141)

Fue cuando tras un ampliado en Betanzos, Evo tuvo que salir disfrazado del lugar (tras estar oculto varias horas) luego de que hubo el descontento con el candidato a gobernador propuesto por él y se desató la pelea en torno a esta decisión, habiendo otro candidato por parte de otro sector fuerte.

Las pugnas internas en relación con la selección de los candidatos también se dieron en Beni, Pando, Chuquisaca, La Paz y Tarija, “donde el MAS-IPSP fue derrotado”, recuerda Mayorga.

En Beni, lo más significativo fueron los problemas que se dieron respecto a la candidatura a la Alcaldía de Trinidad. “Christian Cámara había sido elegido por consenso como candidato en un ampliado departamental con participación de la Central Obrera Departamental y otras organizaciones sociales”. Sin embargo, —hace notar Mayorga— “la Dirección Nacional del partido optó por postular a otra persona que apenas obtuvo el tercer lugar”. Cámara postuló por el Movimiento Tercer Sistema (MTS).

En Pando, el candidato a gobernador Regis Richter, disidente del MAS que fue a la elección por el MTS, le ganó al MAS en segunda vuelta. “Esa derrota se explica como una reacción de las bases a una decisión de la Dirección Nacional del partido que desconoció las resoluciones de un ampliado del Pacto de Unidad que, precisamente, había elegido a Regis Richter como candidato ‘con la presencia de más de ochenta organizaciones sociales’”, relató a La Razón el 13 de diciembre de 2020, la presidenta departamental del MAS, Aliana Guzmán. Un hecho que exacerbó los ánimos —recuerda Mayorga— es que Evo comunicara la decisión contraria a las determinaciones de las organizaciones sociales, “en un tuit” (p. 142).

DEDAZO.

Fue aquí cuando se empezó a hablar del “dedazo”: “No vamos a permitir más intromisiones ni dedazo”, había declarado entonces el secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de Pando, refiere el sociólogo.

“Los casos de Chuquisaca y La Paz presentan rasgos diferentes pero son análogos. El MAS-IPSP fue derrotado por fuerzas locales articuladas en torno a candidatos con trayectorias disímiles pero sin vínculos con la oposición tradicional. Por una parte, Damián Condori, por Chuquisaca Somos Todos (CST) —un disidente de antaño—; por otra, Santos Quispe, por la agrupación Juntos al Llamado de los Pueblos (Jallalla) que enarbolaba posiciones críticas al MAS-IPSP” (p. 143).

En el caso de las alcaldías, el sociólogo Mayorga recuerda que si bien el MAS ganó en 240 de 336 municipios, “sin embargo, perdió en siete capitales departamentales —excepto en Oruro y Sucre— y en El Alto”.

Aquí, sobresalen dos mujeres disidentes que le ganaron al MAS: Ana Lucia Reis, alcaldesa electa de Cobija, y Eva Copa, que ganó la Alcaldía de El Alto.

Una vez que Reis decidió postular por el MAS, la Dirección Nacional del MAS descartó su candidatura —apunta Mayorga— reproduciendo un significativo testimonio que la alcaldesa cobijeña dio a La Razón Radio, programa por internet de La Razón, el 8 de marzo de 2021: “En diciembre me reuní con el expresidente Evo Morales, justamente hablamos de las candidaturas, donde me dijo que las organizaciones sociales no me apoyaban y que era mejor que me invite para que trabaje en alguna institución [pero yo] le dije que no, que tenía que ser candidata, que era un compromiso con el pueblo y entonces me deseó suerte (La Razón Radio, 08/03/2021)” (p. 146). Reis, con la sigla del MST, ganó con 45% de los votos y una diferencia de 20 puntos sobre el candidato del MAS, hace notar Mayorga.

Pero si hubo una derrota contundente para el MAS en las elecciones subnacionales, esa fue ante la exsenadora masista Eva Copa, que con la sigla de Jallalla venció la elección con 67% del sufragio.

Al margen de la mayor o menor intervención de Evo Morales en la no-candidatura de Copa por el MAS (siempre se dijo que los que la apartaron fueron los dirigentes masistas alteños), su triunfo es significativo de cómo la votación del MAS en El Alto se volcó hacia la candidatura, en vez de seguir la línea partidaria.

“Eva Copa venció con más de dos tercios de la votación, un resultado que muestra, de manera nítida, que el voto en apoyo al MAS-IPSP en las elecciones generales de 2020 se centró en una figura disidente puesto que su principal rival —aquel seleccionado por la Dirección Regional del partido— obtuvo menos del 20% de la votación”, destaca el texto de Mayorga (p. 149)

Con respecto al “dedazo” de Evo, en declaración a Animal Político, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, entiende lo contrario: que Evo más bien respetó las decisiones de las organizaciones sociales locales y que si hay alguna responsabilidad por algo mal hecho es de alguna de esas dirigencias locales: “No he tenido yo el conocimiento (de) que el hermano Evo haya digitado o haya dicho ‘este va a ser y listo’. Más bien dijo que traten de organizar o de elegir lo mejor posible”.

De la degeneración, hay culpables concretos, afirma: “Lamentablemente, en las subnacionales ha habido dirigentes que han sido pagados, coimeados, por algunos candidatos, y el resultado de eso es que ahora no están respetando la disciplina política, y es que no son militantes del MAS. No se ha respetado la decisión política de cada una de las circunscripciones; a pesar de que había compañeros elegidos orgánicamente, algunos dirigentes (regionales o locales) por plata o por capricho, han puesto a otra gente. Resultado de todo eso ahora es el problema de los ‘renovadores’; eliminar la personería jurídica del MAS para renovar con otro partido; eso es en el fondo la palabra ‘renovadores’”.

Y he aquí que el estudioso plantea un punto de enorme urgencia hoy día, la inusitada fortaleza que ha adquirido la corriente “renovadora” en el MAS: “En suma, los resultados negativos en las elecciones subnacionales 2021 expusieron, de manera severa, las disyunciones entre los actores estratégicos del MAS-IPSP cuyas divergencias se manifestaron en un debate en torno a la renovación en las filas del partido”. (p. 148)

A partir de las derrotas en las elecciones subnacionales, apunta, “se inició un debate sobre las razones del débil desempeño electoral del partido de gobierno y algunas críticas se enfocaron en el papel de la dirigencia partidista bajo el mando de Evo Morales como presidente y jefe de campaña” (p. 149). Aunque mucha de esta crítica, precisa, no era directamente a Evo, sino a su “entorno”; o sea, si se planteaba renovar en lo principal era cambiar las dirigencias, sin tocar al líder máximo.

GUTIÉRREZ.

El sociólogo destaca una excepción, la del dirigente minero Orlando Gutiérrez, “una destacada figura en el periodo de resistencia al gobierno de Áñez y en la conducción de los bloqueos de caminos en agosto de 2020”.

En una grabación, difundida en redes sociales —rescata Mayorga— se relata un encuentro con Evo Morales, “una reunión en la que todos guardaban silencio, que adquirió ribetes de discusión. En esa oportunidad, Evo Morales interrumpe al dirigente minero y le reclama: ‘Cuando hablamos de nuevos liderazgos, ¿dónde quedo yo?’. La respuesta de Gutiérrez fue tajante: No se trata de que a vos te echemos al olvido, se trata de partir; ya has marcado historia, vas a ser el líder indiscutible, ya has marcado huella, pero el tiempo no pasa en vano, hasta el fierro se desgasta. Si no formas liderazgos vas a tener a Bolivia, igual que en octubre y noviembre, sin liderazgo, sin dirección” (p. 149).

Sobre la propuesta de renovación, apunta el sociólogo, Evo Morales siempre fue tajante: esa demanda “era una excusa para propiciar la división en su partido y, sobre todo, estaba dirigida contra su liderazgo. Ante la pregunta de un periodista: ‘¿Qué significa el MAS sin Evo Morales al frente de la organización?’, su respuesta fue: “Usted está apuntando a dividir al MAS-IPSP con esa pregunta, que no voy a responder (…) Renovación viene de la derecha, enfrentarnos entre viejitos y jovencitos. La verdadera renovación [es] de programas, de ideas” (p. 152).

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

Polarización Identitaria

La polarización impide pensar el país en el mediano y largo plazo.

Por Pablo Deheza

Santa Cruz / 26 de marzo de 2023 / 08:02

CARA Y SELLO

La Primera Encuesta Nacional sobre Polarización en Bolivia es de gran relevancia para el estudio de este fenómeno social global y sus manifestaciones en el país. La política en el mundo se ha transformado significativamente y la política de las identidades va constituyendo una nueva normalidad.

En el marco de la política de las identidades, el concepto mismo de polarización está siendo resignificado. La noción clásica de Giovanni Sartori la sitúa como el distanciamiento ideológico entre las organizaciones políticas en pugna.

Si bien la polarización continúa siendo impulsada por las dirigencias políticas, la apelación a los sistemas de creencias colectivos hace que las movilizaciones identitarias del presente puedan prescindir, al menos formalmente, del despliegue partidario.

Suprimir la diferencia. Francis Fukuyama observa que “en algún momento, en medio de la segunda década del siglo XXI, la política cambió dramáticamente en el mundo” y mudó hacia las demandas en clave identitaria. Varios pensadores reflexionan al respecto desde todos los colores del espectro político.

La académica Jennifer McCoy advierte que las polarizaciones actuales tienen como principal rasgo “su naturaleza inherentemente relacional y política. Suprimen las múltiples y transversales diferencias intergrupales en una sola diferencia que se carga negativamente y se utiliza para definir al Otro”.

La supresión de la diferencia refuerza la apelación a las creencias, que no se discuten: se imponen. Esto imposibilita la acción colectiva en torno a objetivos propositivos de mediano y largo plazo.

El filósofo coreano Byung Chul-Han señala que “la nueva masa es el enjambre digital”. Apunta que “los individuos que se unen en un enjambre digital no desarrollan ningún nosotros”. Más aún, esta formación, “por contraposición a la masa, no es coherente en sí”.

Enjambre cruceño. Estas reflexiones son pertinentes para entender lo ocurrido en Santa Cruz con el paro de 36 días a fines del año pasado. La sociedad cruceña, particularmente en la capital, se polarizó al extremo. Y se impuso una consigna: Censo en 2023, acatada casi de manera religiosa por una porción determinante de la sociedad.

Fukuyama señala acertadamente que la actual política de las identidades es sostenida por “los guardianes, quienes están típicamente enojados y se asemejan a los perros bravos, que son despiadados con los extraños y leales a sus amos”.

Este es otro rasgo de la actual polarización. El enjambre no necesariamente es la parte mayoritaria de una sociedad, pero está fuertemente motivada y dispuesta a recurrir a la violencia. Fue así que, en el caso cruceño, un grupo reducido logró imponer su voluntad frente al resto.

Pese a toda la potencia que esta forma de organización muestra en su despliegue, es de carácter esporádico y sin la proyección que Chul-Han echa de menos en comparación con la masa tradicional.

El aporte de la FES con el Foro de Análisis Político sobre el estudio realizado es de gran relevancia, porque permite entender el fenómeno de la polarización, que va siendo parte de la política boliviana contemporánea.

(*)Pablo Deheza es periodista. Santa Cruz

El problema de la polarización

Polarización: problema que se come otros problemas, monstruo que nos convence de que los monstruos somos nosotros

Por Ana Velasco

La Paz / 26 de marzo de 2023 / 07:48

CARA Y SELLO

Esa cena de Navidad fue horrible. Terminó con un montón de gritos entre mi esposo, mis cuñados y sus papás. Les pedimos mil veces que se tranquilizaran, pero no nos hacían caso. Lo único que los escarmentó fue escuchar a las wawas llorar asustadas de tanto grito. Una prima de mi esposo se fue a llorar sola a un cuarto mientras su hija de 13 años la consolaba. ¡13 años! ¿Te imaginas? Una cosa horrible. Desde entonces hablar de política está totalmente prohibido en la familia”. Esta historia me la contó una amiga después de ver los resultados de la encuesta que habíamos hecho: 19% de las y los bolivianos admite haber tenido que cortar lazos por completo con un familiar, amigo o colega por peleas relacionadas con el conflicto de 2019-2020. “Cortar lazos así del todo… no, no lo hemos hecho. Pero la verdad es que las cosas nunca volvieron a ser iguales. Hay una cosa que se ha roto que no sé cómo irán a repararla”.

Autocensura, miedos. Entre noviembre y diciembre de 2022 tuvo lugar la “Primera Encuesta Nacional de Polarización”, realizada por la Fundación ARU a solicitud del proyecto Unámonos, ejecutado por las oficinas en Bolivia de la Fundación Friedrich Ebert (FES) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS). Su objetivo es contribuir a mitigar los efectos de la polarización política en el país.

De hecho, el caso de mi amiga encaja mejor con otro dato: 51% afirma que prefiere no hablar de política para evitar peleas con amigos o familiares. Mitad del país autocensurado. También tenemos a más de la mitad del país con miedo: 63% afirma que la crisis de 2019 le ha causado miedo o nervios; 41% tiene miedo a lo que les pueda pasar por los altos niveles de racismo y/o intolerancia política; y 48% cree que, dados los últimos acontecimientos políticos, Bolivia corre el riesgo de dividirse.

Polarización, ese monstruo. La periodista mexicano-estadounidense Mónica Guzmán, que dedica su vida profesional a luchar contra la polarización política, la define como “el problema que se come otros problemas, el monstruo que nos convence de que los monstruos somos nosotros”. La encuesta parece dar pistas de que esto es cierto.

Cuando preguntamos sobre identidades, 36% afirmó que se identifica con su región y 59% dijo que lo hace con algún pueblo indígena; pero cuando les pedimos que pongan sus identidades en orden de importancia, 83% dice que la más importante es la identidad nacional. Solo 9% pone a su identidad regional y 8% a su identidad étnica como las más importantes. ¡El monstruo que nos convence de que el monstruo somos nosotros! Tanto nos han dicho que la polarización se debe a que nuestras identidades regionales o étnicas son incompatibles y resulta que solo 17% de la población antepone su región o su etnicidad a su identidad nacional.

Esto no significa, por ningún motivo, que en Bolivia no exista racismo o regionalismo. Sería absurdo afirmar tal cosa. Significa algo mucho más preocupante: nuestras diferencias y enorme riqueza cultural están siendo utilizadas como un arma para apuntarnos a nosotros mismos. Y aquí es donde “el problema que se come otros problemas” cobra más sentido. La polarización toma los problemas estructurales del país, el racismo prevalente y el centralismo crónico, y los convierte en problema de hinchadas políticas. Usa estos problemas para hacerse más fuerte, no para resolverlos.

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Parece que nuestra polarización se caracteriza, entonces, por una minoría ruidosa y una mayoría autosilenciada. Digo “minoría ruidosa” porque solamente 20% admitió que le gusta entrar a redes sociales para pelearse con quienes no piensan como ellos y 24% admite haber insultado o haber sido insultado en redes por temas políticos.

Elogio de la diversidad. La polarización se parece al proceso de convertir un diverso y colorido bosque, lleno de vida de todo tipo y cantidad de especies diferentes, en un monocultivo donde solo puede existir una especie de árboles, lo que reseca el suelo y nos convierte en alimento de grandes incendios forestales. De la misma forma, la polarización toma un ecosistema social diverso, con numerosas ideas, identidades y cosmovisiones, y lo convierte en un espacio donde solo pueden existir dos formas de vida: “nosotros” y “los otros”. Entonces viene el fuego —una crisis económica, una elección muy reñida o una pandemia— y se incendia todo.

Los bosques que aún mantienen su biodiversidad también sufren incendios, pero su capacidad de recuperarse es mucho más alta gracias a su diversidad, que le ofrece múltiples estrategias para recuperar la vida; en cambio, cuando un incendio arrasa con un monocultivo, deja un suelo desértico e improductivo, donde alguna vez había reinado la vida. Es por eso que, como gran conclusión de este estudio, defendemos un hecho fundamental: nuestra fortaleza es nuestra diversidad. Que no nos la quiten bajo la premisa de que hay un “nosotros” que debe defenderse de “los otros”.

(*)Ana Velasco es coordinadora del proyecto Unámonos

Trabajadores migrantes y la frontera con Chile

La militarización de la frontera norte de Chile afecta básicamente a migrantes bolivianos.

Un grupo de migrantes en la frontera con Chile.

Por Alfonso hinojosa

Imagen: Archivo Rodwy Cazón

La Paz / 26 de marzo de 2023 / 07:30

DIBUJO LIBRE

A fines de febrero, cuando todavía el Carnaval era celebrado en el país, la ministra del Interior de Chile anunció desde Colchane la militarización de la frontera norte con Bolivia y Perú, con el objetivo de frenar la inmigración irregular, para lo cual se dieron atribuciones especiales a los militares, como controlar la identidad, el registro de equipajes o detener a personas para ser trasladadas a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) o a Carabineros. El despliegue del ejército, junto a la dotación de tecnología e infraestructura, no son las únicas medidas adoptadas para este fin; se está montando, además, un “sistema de información fronterizo” a través de módulos de observación de última tecnología (cámaras térmicas de visión nocturna, sistema de comunicación satelital, etc.) para controlar la circulación fronteriza en pasos no autorizados, así como sistemas de análisis biométricos en frontera para empadronar y registrar a migrantes. El laboratorio para todas estas medidas, que serán replicadas luego en otras geografías fronterizas, es la localidad de Colchane, frontera con Bolivia. Hace diez días, el 15 de marzo, el presidente Boric visitó Colchane y volvió a emitir un duro discurso contra la “inmigración y la criminalidad”, además de señalar a Bolivia como entorpecedora de la expulsión de migrantes irregulares.

Las medidas antes señaladas, siendo extremas, no son novedosas. Desde 2018, el país vecino ha desarrollado una serie de planes y acciones de orden militar, policial y administrativo en Colchane para impedir el ingreso de ciudadanos extranjeros, sobre todo venezolanos, colombianos y haitianos, en lo que denominan “crisis migratoria”. A estas alturas, para nadie es desconocido que Chile, desde hace más de dos décadas, es el destino migratorio regional por excelencia. Las cifras indican que la presencia de ciudadanos provenientes de Sudamérica aumentó en 80% en los últimos años. Sin duda, buena parte de esos migrantes ingresaron a Chile vía Bolivia, primero entrando al país por Desaguadero desde Perú, para luego de atravesar La Paz y Oruro, dirigirse a Chile por la frontera de Pisiga. De ahí que ahora somos también un “país de tránsito”.

De manera paralela a esta vorágine migratoria regional a Chile, la presencia boliviana en ese destino también ha crecido significativamente. Como muchas dinámicas migratorias en Bolivia, ésta se desarrolló y desarrolla en silencio, al margen del Estado, incluso al margen de la sociedad y su vida pública e institucional. Desde inicios del presente siglo existía ya una colectividad boliviana importante en el norte chileno, no solo en el tradicional puerto comercial de Arica, sino, de igual forma, en Iquique, Calama y Antofagasta, donde mayormente se empleaban en servicios, cuidados, comercio (sobre todo mujeres), construcción, minería, agricultura y otros. Hoy en día, esa presencia en el norte chileno está plenamente consolidada y en franca expansión. De acuerdo al censo chileno de 2019, los bolivianos residentes en ese país son 119.401. Es claro que en esta cifra no figuran aquellos cuyo ingreso a Chile fue irregular, es decir, por pasos no autorizados.

Una característica muy importante de esta población boliviana en Chile son sus dinámicas de movilidad, ya que ellas responden a una lógica de circulación o circularidad en el espacio; es decir, los migrantes bolivianos se mueven en temporadas de dos a cuatro meses aproximadamente, yendo y viniendo con mucha fluidez y rapidez y de manera repetitiva. Vinculada a esta dinámica en el norte chileno, en la última década la migración laboral boliviana ha ido avanzando de manera acelerada hacia el centro y sur, empleándose sobre todo en la cosecha agrícola de diversas frutas cuya demanda de trabajadores es significativa a lo largo del año. Este rubro laboral es el que hoy día jala la mayor cantidad de trabajadores bolivianos y donde se reproducen, también, las modalidades de circulación temporarias y cortas, además de concentrar la mayoría de los tránsitos por pasos no habilitados, es decir, de entradas irregulares. La importancia de la migración boliviana a Chile se corrobora cuando analizamos las remesas económicas llegadas al país. Según datos proporcionados por el Banco Central de Bolivia, en 2022 hubo un récord en la recepción de remesas, ya que superaron los 1.437 millones de dólares y, por primera vez, Chile ocupó el puesto número dos, luego de España y por delante de Estados Unidos.

Estas intensas movilidades poblacionales hacia Chile, tanto de bolivianos como de ciudadanos de otros países de la región y más allá (Haití), se han dado vía las fronteras de Pisiga (Bolivia) y Colchane (Chile). Las transformaciones que esta frontera ha experimentado en los últimos años, producto del denominado “corredor andino” de migraciones (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), son profundas, más aún si consideramos todo lo vivido y experimentado durante y después de la pandemia con el cierre de fronteras, cuyos impactos fueron asumidos por los migrantes y por las regiones fronterizas.

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En el marco de lo señalado, llama significativamente la atención que en menos de un mes la Ministra del Interior y el presidente Boric visiten la frontera de Colchane acompañando el despliegue militar. En los discursos de ambas autoridades se hizo hincapié en frenar la inmigración de ciudadanos venezolanos que entran a Chile, llegando incluso el presidente Boric a vincular muy arriesgadamente la irregularidad con la criminalidad, y deslizar que “le haría la vida imposible” a las personas migrantes en condición de irregularidad. Sin embargo, desde hace más de medio año, la circulación de ciudadanos venezolanos por Bolivia hacia Chile ha disminuido drásticamente y en la actualidad, de diez personas que pasan por Pisiga con destino a Colchane, siete u ocho son bolivianas. Desde hace tiempo, la región asiste a un reflujo o migración de retorno de venezolanos desde Chile, que ahora vuelven sobre sus pasos a lo largo del subcontinente, dato que no es desconocido para las autoridades chilenas e incluso es motivo de cuestionamiento de la prensa, por el destiempo de algunas medidas. Esto nos lleva a sostener que la actual militarización de la frontera norte afecta básicamente a migrantes bolivianos.

Lo que se atisba en el horizonte de corto y mediano plazo, no es la disminución o desaparición de estas dinámicas migratorias que se originan en la demanda de mano de obra en determinados rubros laborales, sino su mayor clandestinización y vulneración, obligándolas a buscar rutas de mayor riesgo (muchas de ellas activas para el narcotráfico y el contrabando). Frente a ello, el silencio y bajo perfil de nuestras autoridades expresa el statu quo que desde hace mucho tiempo caracteriza al accionar público nacional sobre el hecho migratorio en el país.

(*) Investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS-UMSA) donde actualmente desarrolla la investigación “Circuitos migratorios laborales de bolivianos en Chile: Movilidad, fronteras y políticas”. Coordinador del Observatorio de Migración Transnacional (OMT) de Bolivia.

(*)Alfonso hinojosa es sociólogo (*)

Polarización y Bolivianidad

Lo peor es cuando la polarización destruye lo común entre los adversarios

Por Quya Reyna

La Paz / 26 de marzo de 2023 / 06:42

CARA Y SELLO

La polarización no es un fenómeno totalmente negativo, pues podría ayudar a fortalecer los procesos de tránsito de un ciclo político a otro, dependiendo del grado en el que se encuentra. Las crisis sociales, políticas o económicas, son los escenarios favorables a la polarización, porque agudizan y normalizan conductas de confrontación que se han ido camuflando en un proceso de acumulación de problemas estructurales no resueltos.

Por eso la crisis política de 2019 no es la causa del actual contexto polarizado, sino el resultado de conflictos vinculados con aspectos histórico-sociales que se han ido arrastrando hasta ese ciclo, como el racismo y la desconfianza en instituciones del Estado.

El tercio polarizado. La encuesta sobre polarización de la FES y la KAS, en el ámbito del proyecto Unámonos, muestra que hay un grupo polarizado en Bolivia, alrededor de 30%, el cual se distribuye entre oficialistas y opositores. Éstos tienen una percepción mutua muy desfavorable; incluso podrían votar por candidatos que no les gusta, solo con tal de ver perder a su “adversario”.

Lo importante de estos datos no necesariamente es la cantidad de gente polarizada, sino cuánta capacidad tienen de poder arrinconar hacia su bando a la población que no se identifica con ellos. Y aquí quiero pasar de la causa al momento del “cultivo” de la polarización. Como dije, este fenómeno es natural en la sociedad, pero puede ser peligroso si interfieren grupos interesados en agudizar la confrontación.

El proceso puede reforzar los discursos de polarización con frases simples como “fue golpe” o “fue fraude”, para que la gente se apropie de ellas. Es importante entender también que los “polarizadores” agravan los conflictos sociales para trasladarlos a escenarios donde el consenso no sea una alternativa y se priorice la confrontación contra el otro bando. Por ello, la suspensión del Censo de Población generó antagonismos más que acuerdos. Se apela a lo emocional desde un lenguaje de enfrentamiento. En Bolivia ello puede ser reforzado por el regionalismo o el nacionalismo.

Del cultivo a la crispación. Esta capacidad de arrinconar a la población no depende solo de la habilidad de convencer y persuadir a partir del discurso, medios de información y redes sociales, sino también de la capacidad de movilización, que incluye pagarle a bloqueadores o manifestantes y también crear grupos de choque.

Del “cultivo” podemos pasar a la “crispación”, que es la cúspide de la polarización, en la cual los ciudadanos adoptan la identidad que construyeron los “polarizadores” y se vuelven propagandistas de su bando, para anular el debate y la reflexión, ya que no encuentran una identidad común con su adversario.

Afortunadamente, la encuesta arroja un dato interesante: a pesar de las diferencias identitarias étnicas y regionales, se prioriza la identidad boliviana como la más importante (83%). Esto me motiva a pensar que el país no está todavía en la cúspide más alta de la confrontación y son los dos bandos políticos los que crean ese imaginario, pero la etapa electoral definirá mejor el panorama.

(*) Quya Reyna es comunicadora. El Alto

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