La próxima Cumbre Judicial debería ser para continuar el debate constituyente de la justicia, iniciado pero no concluido en la Asamblea Constituyente de 2006-2008, propone el abogado e investigador Rogelio Mayta Mayta, autor, junto a Pamela Delgadillo Ramírez, del libro Laberinto.bo Notas para un diagnóstico de la justicia y algunas propuestas, La Paz, 2015.
Una continuidad del debate constituyente, señala, porque a diferencia de otros temas en que hubo una nutrida discusión social antes de la Asamblea Constituyente, en el ámbito de la justicia se logró muy poco de la reforma esperada. “En el ámbito de la justicia si bien se tenía la idea de que las cosas no andaban bien, no se tenía un verdadero proceso de reflexión”.
Es cierto que se avanzaron reformas que son importantes, como la justicia plural o el reconocimiento de las formas comunitarias de justicia; pero en la idea de la ‘revolución de la justicia’ “se carga mucho la tinta, de la posibilidad del cambio, en la elección de las máximas autoridades del Órgano Judicial; pero esta lógica era limitada, muestra que no se estaba viendo el problema real”. En efecto, se trabaja con la idea de que el sistema judicial no funciona “porque los gerentes, la cabeza, no funcionan”, y que por eso había que cambiarlos junto con la forma de elegirlos; pero esto, dice Mayta, “parte de un presupuesto equivocado, que todo lo demás de la estructura estaba bien”; o que el cambio debía empezar por esas cabezas y de ahí ‘bajar’ al resto del cuerpo judicial.
Ahora, ya en la implementación de la reforma, destaca el jurista, “se recontracargan las tintas en los cambios normativos; o sea, vamos a cambiar la justicia cambiando códigos y leyes”; una visión del cambio “muy latina, de herencia colonial”, esa que nos dejó una “mentalidad formal y leguleyesca”, el hecho de apostarle todas las esperanzas a las leyes.
De aquí que, siguiendo este razonamiento, el abogado afirma que la Cumbre Judicial que se proyecta para abril de este año pueda tener una gran trascendencia si es que se convierte en el foro para completar la tarea de reformar la justicia que apenas se empezó en la Asamblea Constituyente. “A nosotros la cumbre nos genera mucha expectativa, porque parece ser el escenario ideal para retomar la reflexión constituyente; entonces, la cumbre podría ser un momento constitutivo de la justicia nacional; y en ese marco debería ser un momento eminentemente político, no técnico-jurídico”.
Un espacio en el que se marquen las grandes líneas del cambio de la justicia y que involucren a la sociedad; si se limita el debate a una cuestión técnico-jurídica, insiste Mayta, “excluimos a todos y lo hacemos para un grupo de abogados especializados”.
Ahora, el objetivo de la cumbre debería ser establecer las condiciones para un debate que apunte hacia un nuevo “pacto social” en el tema de la justicia; todo esto, naturalmente retomando todo lo que se ha avanzado en la nueva Constitución, como la Justicia Plural, aprovechar, por ejemplo, el enorme potencial del paralelismo entre la justicia ordinaria, occidental y la justicia originaria, su articulación, lo que hasta ahora, en criterio de Mayta, todavía no se ha hecho.
Un debate constituyente de la justicia que sin duda es complejo y que sin dejar de lado lo urgente, debería ser pensado como el inicio de la reforma, una serie de cambios que se proyecten en lo mínimo para 20 años.
Una vez que la estructura del Órgano Judicial en lo relativo al ordenamiento territorial en lo sustantivo no ha cambiado desde la Colonia: Corte Suprema, tribunales departamentales y juzgados, una cuestionante a esto la plantea, por ejemplo, la nueva estructura territorial del Estado, en la cual hoy la base de organización es el municipio; así, se pregunta el jurista, “¿por qué no municipalizamos determinados ámbitos de la justicia?
La Justicia es un servicio público, y hemos visto que la mejor forma de atender la necesidad de la gente de servicios públicos es un contacto más directo, el servicio local”; esto sin dejar de entender sus insuficiencias y la necesidad de la articulación con los otros niveles territoriales, el departamento y el gobierno central.
En lo relativo a la carga procesal y la consiguiente retardación de justicia en que ha caído el actual sistema judicial, el hecho de que un juez deba resolver una cantidad de casos que excede en mucho su capacidad, el abogado apunta hacia lo que se puede llamar el “sistema productivo” artesanal en que aún se desarrolla el quehacer judicial.
“¿Qué nos ha enseñado la historia y la economía?; que cuando tenemos una gran demanda y el sistema productivo ya no se da abasto para eso, tenemos que cambiar el modelo productivo; y en este caso, tenemos que saltar del modelo artesanal a un modelo industrial”, lo que no significa solo multiplicar la cantidad de juzgados, sino también diversificar la oferta, “y eso implica introducir otros actores, municipalizar determinados niveles de la justicia, determinadas resoluciones de conflictos; si no se hace esto, el déficit (la enorme carga procesal para pocos jueces) va a seguir creciendo.
Lo mismo pasa en el caso de la corrupción en el sistema judicial; cuando de común esto se ve como un problema fundamentalmente de ética del juez, fiscal o abogados, llegados a un punto dicho mal se hace estructural, sobrepasa lo moral, y, por ello, requiere otras medidas de solución; cuando la corrupción se hace endémica, que siempre rebrota pese a todas las sanciones que se imponen, plantea Mayta, el problema ya no es de ética, “es un problema estructural que deviene de la organización del modelo productivo; si queremos atacar la corrupción, tenemos que pensar en cambiar el modelo productivo”; no será la panacea que elimine de entrada el problema, pero sí será un fuerte golpe de timón “como para frenar circunstancialmente la corrupción y generar otros mecanismos que permitan un mejor control”.
Y el actual “modelo artesanal” de las “unidades productivas” (los juzgados), afirma Mayta, es el mejor caldo de cultivo para la corrupción, pues es un sistema que se basa en la ecuación “corrupción = monopolio + discrecionalidad – transparencia”.
Por otro lado, en el actual sistema se ve la falta de estándares de rendimiento, pisos mínimos, metas de eficiencia que los juzgados deberían cumplir, tanto en términos cuantitativos (cuántas causas resuelven) como en lo cualitativo (cómo resuelven los casos); “como todo servicio público, se deberían generar estándares, si no se cumple dichos estándares de calidad, el operador es susceptible de ser sancionado; tiene que haber metas, y eso permite construir un sistema de control social adecuado; porque hoy qué control social se puede hacer si no se tiene parámetros de cómo controlar”.
(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón