El 26 de mayo se cumplirán 47 años de la histórica firma del Acuerdo de Cartagena, que dio origen a lo que hoy conocemos como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la cual inicialmente estuvo integrada por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, y a la que Venezuela se incorporaría poco tiempo después. En este contexto, es importante reflexionar sobre los principales hitos que logró este bloque de integración y las perspectivas que marcarán su futuro en el nuevo contexto internacional.
En sus principios, los objetivos propuestos por el ente andino fueron: a) el desarrollo de programas sectoriales delimitados por una estrategia industrial, con la cual pretendían alcanzar la especialización y diversificación de sus respectivas producciones industriales, así como una distribución equitativa de sus beneficios; b) la formación progresiva de un mercado ampliado vía la liberación comercial; y, c) la creación de una unión aduanera. A este respecto, el Acuerdo de Cartagena estableció mecanismos de desgravación automática y lineal destinados a crear una zona de libre comercio para posteriormente avanzar en el establecimiento de un arancel externo común con plazos finales hasta 1980, y en el caso de Bolivia y Ecuador hasta 1985. Con ello se trataba de fortalecer la participación de las empresas nacionales en los mercados subregionales, además de establecer los derechos y obligaciones de los inversionistas extranjeros.
En el plano institucional, uno de los grandes aportes en la historia del Acuerdo fueron los elementos de supranacionalidad con los que se dotó, que en su momento constituyeron una verdadera innovación para la institucionalidad de América Latina. Ejemplos claros se encuentran en la creación del Parlamento Andino, el Fondo Andino de Reserva, el Tribunal Andino de Justicia, Convenio Andrés Bello en educación, Convenio Hipólito Unanue en el campo de la salud y Convenio Simón Rodríguez en Asuntos Sociales.
Como podemos observar, el esquema institucional denotaba el interés de los países participantes por demostrar que a través de la integración económica podían superarse problemáticas comunes. No obstante, los tradicionales problemas políticos no tardaron en resurgir, teniendo como principal discordancia los programas conjuntos en materia de desarrollo industrial.
En lo referido al ámbito comercial, la situación que vivió el Grupo Andino fue particularmente difícil, dado que en las décadas de los 80 y 90 los países experimentaron severas crisis en su balanza de pagos, lo que se vio reflejado en la disminución de las importaciones. En 1983, las exportaciones subregionales se redujeron a solo 758 millones de dólares, y si bien en 1988 se recuperaron ligeramente, en 1989 volvieron a contraerse sumando apenas 629 millones de dólares. Dicho evento puede resumirse de la mejor forma en las palabras del economista Edgar Vieira: “Se frenó el proceso en su dinámica de crecimiento, al restablecer obstáculos al comercio a través de dispositivos unilaterales de los gobiernos, lo que afectó seriamente la credibilidad de parte del sector productivo y dificultó el entendimiento entre los países, pasando a ser prioritarios nuevamente los dispositivos para arreglar los problemas locales antes que respetar lo avanzado en materia de apertura comercial”.
Posteriormente, durante el periodo de los años 90 el comercio tuvo un crecimiento de alrededor del 75%, lo cual mostraba síntomas de mejora. Sin embargo, los mismos son rebatibles dados los últimos datos que muestran una caída en el comercio intracomunitario de un 21% durante el periodo 2000-2015.
En lo que respecta al arancel común, éste finalmente entró en vigencia el 1 de febrero de 1995, con una cobertura que alcanzaría el 95% del universo arancelario, pero que en la realidad no ha operado cabalmente, ya que una vez más surgieron desacuerdos entre los países integrantes. No cabe duda que esta situación debilita la unión de la CAN, ya que existe la posición intransigente de un par de países de seguir aplicando sus respectivos aranceles nacionales, dando lugar a que continúen las excepciones al régimen de libre comercio que se pretendía alcanzar y a la aplicación de un arancel externo común.
Asimismo, tal como refiere el internacionalista Daniel Agramont, “la política de integración de los países es la continuación de la política económica, y el denominado giro a la izquierda en la región determinó un cambio drástico en la conformación de alianzas y bloques”; la crisis instaurada a partir de las grandes diferencias de políticas de integración entre Bolivia y Ecuador con Perú y Colombia se encuentran socavando los principales preceptos con los cuales fue creado este bloque en 1969, evadiendo las nuevas tendencias de comercio que rigen el contexto internacional en la actualidad, cuando los procesos de integración impulsan la negociación entre bloques, abriendo potenciales oportunidades de acuerdos bilaterales y diversificación de mercados.
Estas evidencias corroboran que los propósitos con los que se plantearon la integración no tienden a convergir, generando con ello procesos inconclusos y con una gran dispersión en el establecimiento de políticas comunes. Sin embargo, es evidente la necesidad que tiene América Latina de fortalecerse a través de la unión de bloques regionales, la obligación de cohesión de fuerzas, de negociación y capacidad de respuesta. No obstante, la coyuntura nos refleja que los gobiernos no han dado muestras claras que permitan concluir que sus políticas regionales se encaminen en la dirección correcta.
En enero, el Dr. Walker San Miguel Rodríguez fue elegido como nuevo Secretario General de la CAN hasta julio de 2018 en sustitución de Pablo Guzmán Laugier. Esperemos que una nueva y renovada visión pueda impedir lo que en palabras del mismo San Miguel se denominó como “la estocada de la cual la CAN no pueda recuperarse”.
(*) Marwin Flores, es magíster en logística y comercio internacional.