El primer borrador de la Ley 180, luego conocida como Ley de la Intangibilidad, contemplaba tres temas cruciales para la resolución del conflicto en el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure): la realización de la consulta a las comunidades que allí habitan, aceptar el Plan de Desarrollo Indígena del TIPNIS con todos sus componentes, y evitar que la “intangibilidad” se convierta en una camisa de fuerza para el ejercicio de los derechos indígenas, la integración del país con fines geopolíticos y la defensa de los derechos de la Madre Tierra. En el fondo, ese proyecto de ley buscó un delicado equilibrio entre derechos y perspectivas distintas a la tradición desarrollista. Y todo con base en el primer tema: la consulta.

Con la celebración de la Ley 180, todo indicaba que no se había resuelto el conflicto y éste permaneció latente. Por eso, la comisión legislativa, negociadora con la marcha, se negó a aceptar la Ley 180 tal como quedó luego del acuerdo entre algunos dirigentes y marchistas con el Gobierno. En ese momento dijimos que todo retornaría a la consulta.

El tiempo nos dio la razón. Un año después se estableció la consulta. Se aprobó la Ley 222 y se abrió la puerta para encontrar una salida equilibrada al conflicto. Sin embargo, la consulta a las comunidades del Parque Nacional Isiboro-Sécure fue boicoteada, dejando la defensa de los derechos indígenas por quienes retóricamente, al mismo tiempo, enarbolaban defenderlos. El Órgano Ejecutivo estaba en la obligación de aplicar la ley de la consulta en el TIPNIS y así lo hizo. Esa obligación constitucional fue descalificada por algunos que abrazan criterios fundamentalistas en términos ecológicos, pero se realizó contra viento y marea, en acuerdo con la mayoría de las comunidades del TIPNIS en su calidad de parque nacional.

Nuevamente, el tiempo nos dio la razón. La consulta dio sus primeros frutos: se paró la construcción de la carretera hasta que no existan los estudios adecuados que garanticen un equilibrio, se consolidó el Plan de Desarrollo Indígena en el TIPNIS, se acordaron medidas para enfrentar la pobreza, la falta de acceso a servicios de comunicación, educación y salud, la protección contra asentamientos ilegales y la aceptación de un conjunto de proyectos específicos para mejorar las condiciones de vida en el TIPNIS. En la consulta también se determinó dejar sin efecto el carácter intangible de todo el TIPNIS porque esto afectaba los más básicos derechos indígenas. Sobre la construcción de la carretera que vincule a dos hermanos departamentos e integre al país, se determinó que no se aceptaría un diseño que no fuese ecológico.

Equilibrio entre derechos. Imaginemos por un instante qué sucedería si se acepta el fundamentalismo ecologista sobre el derecho indígena expresado en la consulta. Sencillo: los derechos indígenas no valdrían nada frente a quienes ven al país y a los indígenas como guardabosques desde el norte industrial del hemisferio, que tienen la misma visión de aquellos que aplauden desde balcones en la comodidad de su hábitat urbano.

Imaginemos por un instante qué sucedería si se acepta un diseño cualquiera de carretera. Sencillo: los derechos indígenas y los derechos de la Madre Tierra se verían seriamente afectados. Por eso, el diseño tiene que cobijar un equilibrio entre la regeneración de los sistemas de vida y los derechos, entre los derechos y la integración geopolítica, entre ésta última y los sistemas de vida. Algo indudablemente costoso en términos de recursos financieros. Pero así es la democracia, costosa, y así es la defensa de los derechos indígenas, de las alternativas al desarrollismo y de la integración estratégica. Un buen diseño puede requerir gran cantidad de inversión de recursos económicos y habrá que asumir el desafío. El principio básico es el necesario equilibrio entre derechos y la reconceptualización del “bien común”.

¿A quiénes corresponde decidir? A las comunidades indígenas del TIPNIS. Ellas ya decidieron en la consulta. Pero están quienes comienzan a proponer un referendo nacional, reviviendo un debate cerrado con la consulta.

En efecto, durante la cresta del conflicto, no faltó quien diga que ameritaba un referendo entre las poblaciones de Beni y Cochabamba, y no faltaron las voces que hablaban de un referendo nacional. En este caso, cualquier referendo es nuevamente la negación de los derechos indígenas. Ni referendo departamental ni nacional. La consulta indígena es parte de la democracia intercultural y ya tenemos un resultado. Todas y todos en Bolivia tenemos derecho de opinar, pero nadie tiene el derecho de confundir a la ciudadanía.

Lo que corresponde es un gran acuerdo para llevar adelante las conclusiones de la consulta. Este acuerdo, en realidad, es un mecanismo operativo para que diversas instancias estatales apliquen las determinaciones asumidas mediante uno de los mecanismos de democracia intercultural y, a la vez, derecho indígena.

La Asamblea Legislativa Plurinacional deberá evaluar la posibilidad de normas adecuadas, nuevas y/o modificadas; el Órgano Electoral tiene la obligación de observar el cumplimiento de los mecanismos de la democracia intercultural; el Ministerio de Economía debe garantizar los recursos económicos; el Ministerio de Medio Ambiente y Agua deberá colaborar con los criterios técnicos para que se cumplan las normas ambientales; el Ministerio de Obras Públicas deberá presentar un diseño ecológico, en coordinación con las comunidades del TIPNIS.

El Ejecutivo en su conjunto tiene la obligación de proveer una estrategia para evitar avasallamientos ilegales en el TIPNIS y garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Por su parte, las gobernaciones de Beni y Cochabamba, de acuerdo con sus competencias, tendrán que asumir el carácter concurrente de las decisiones de la consulta.

Sensatez frente a los arrebatos ecologistas y desarrollistas. Si hay algo para rechazar con total firmeza, no son los alcances de la consulta a las comunidades del Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro-Sécure, sino los arrebatos de los fundamentalistas ecologistas y de los desarrollistas. Ambos atentan contra lo común que nos une. Miremos las cosas, si es posible, más allá del desarrollismo y de la hipocresía ecologista.

Es probable que se organice una nueva consulta, pero no para desechar las conclusiones de la ya efectuada, sino para elegir el mejor diseño, el que exprese mejor el delicado equilibrio entre derechos indígenas, derechos de la Madre Tierra e integración geopolítica estratégica. Ése es el núcleo de la reflexión sobre el “bien común”. Mientras tanto, sin un diseño concreto y las medidas de salvaguarda adecuadas, el debate sobre el TIPNIS debe cerrarse momentáneamente. A pesar de que en democracia muchas veces se discute sobre fantasmas, porque éstos siempre le acompañan como imagen en el espejo, construyamos con este tema decisiones comunes para enfrentar problemas comunes.