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También para el trabajador se cierne la incertidumbre

Persiste el debate sobre si en el país rige o no la flexibilización laboral, o si prima más la estabilidad laboral. En todo caso, para los trabajadores, con esas condiciones, al parecer se avecinan algunas tempestades.

Info incremento salarial.

/ 2 de mayo de 2016 / 05:21

Ha querido la historia que en el décimo año de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), éste se haya visto obligado a ofrecer solo un 4% de aumento salarial tanto al Salario Mínimo Nacional como al haber básico; y que un sector del empresariado se animara a proponer lo impensable hace apenas unos meses: que al menos por este año no haya ningún incremento salarial.

Excluidos de la negociación del aumento salarial, los empresarios de último pedían “cautela y prudencia” al Gobierno y la COB, que en una negociación más bien rápida, de una mañana, al final acordaron que para este año el salario mínimo nacional suba en 9%, con lo que pasará de Bs 1.656 a Bs 1.805; y que el haber básico  se incremente en 6%.

Aparte del natural e inmediato rechazo de ambos incrementos por parte de las organizaciones matrices de los empresarios, no dejó de llamar la atención que el propio ministro de Economía, Luis Arce, no estaba de acuerdo con el aumento, según dejó entrever el secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma: el ministro, dijo el dirigente, “se cerró en un 4%”, por lo que la única “esperanza” de mejorar el incremento era pactarlo directamente con el presidente Morales…

Se cierne la incertidumbre también aquí. El tema es cómo está llegando la clase trabajadora a este 1 de mayo del décimo año del MAS en el gobierno, y qué futuro, en consecuencia, se prevé para la clase laboral del país. 

Desde la perspectiva del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en voz del economista Carlos Arze Vargas, en general se puede decir que las condiciones de flexibilidad laboral impuestas por el neoliberalismo desde el 21060 no han cambiado gran cosa, continúan y en cierto sentido se han acentuado; y no se ve mejor perspectiva en lo que viene.

“Mucho de esa institucionalidad, de la normativa flexibilizadora, ha continuado; el neoliberalismo no cambió la Ley General del Trabajo (LGT), pero lo que hizo fue aprovecharse de algunos de sus resquicios y de las propias prácticas que se daban en las relaciones laborales”.

Se aprovechó mucho, por ejemplo, apunta Arze, del denominado “término de prueba”, los 90 días de prueba en que prácticamente se suspendían varios derechos del trabajador; “los empresarios no cometieron un acto ilegal, pero sí era ilegítimo”.

“El Gobierno no fiscalizó, no controló ni sancionó las ilegalidades. Entonces, continuaron esas prácticas, no porque el Gobierno haya hecho una ley más flexibilizadora, sino porque no ha hecho nada”, concluye.
Hubo algunas reformas que  se lanzaban cada 1 de mayo, reconoce el economista, pero éstas mejoraban solo algunos aspectos del derecho individual; la indemnización, por ejemplo.

Ahora, si esas condiciones de flexibilidad laboral continuaron, ello también se debió a que en el propio Gobierno se las cultivó: “el Gobierno mismo ha recurrido a formas de flexibilización laboral. Una gran parte de profesionales están bajo contratos de consultoría, ‘consultores en línea’, les llaman. Se encontró hasta obreros bajo la forma de consultoría, por ejemplo en Vías Bolivia”.

En ese mismo orden, destaca Arze, se han reglamentado formas de subcontratación, de tercerización, que son maneras de eludir las obligaciones laborales. “Hay un decreto que dice que se permite la subcontratación para obras contratadas por el Estado”.

El otro gran tema es que en el caso del derecho colectivo “no se ha avanzado nada”. Si bien se habla, por ejemplo, de haber despenalizado la huelga, que los dirigentes no pueden ser perseguidos, en los hechos no se ha mejorado el derecho a la huelga, el trámite que debe seguir, “por eso, todas las huelgas siguen siendo ilegales en este Gobierno”. En cuanto al fuero sindical, para Arze hubo un “cambio mañoso”: en los hechos se restó poder al Ministerio de Trabajo para defender al dirigente que es acosado por su actividad sindical.

Incluso el derecho de organización se ha puesto en cuestión: “Por ejemplo, en Colquiri hay un decreto por el que se acepta una bonificación a los trabajadores, pero se pone la condición de que no pueden hacer huelga, para que la empresa no tenga pérdidas; negándose aquí un principio constitucional (la huelga)”. 

EMPRESARIOS. Consultado sobre la persistencia de las condiciones de flexibilización laboral, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, rechaza dicha situación basándose principalmente en que lo que está vigente más bien es la estabilidad laboral. 

“En el sector industrial manufacturero formal, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución y la normativa complementaria, existe estabilidad laboral con respeto a los beneficios sociales de corto y largo plazo, y (hay un) cumplimiento estricto de las disposiciones en materia laboral. Hoy, en el mercado laboral industrial manufacturero formal existe ‘estabilidad laboral’ antes que ‘flexibilización laboral’”.

Lo que pasa, además, continúa Blazicevic, es que la actual norma laboral no deja de ser rígida: “Los industriales del país percibimos que la legislación laboral vigente es excesivamente proteccionista”.

“Los sucesivos cambios que se han registrado en los últimos 10 años en materia de normativa laboral han incrementado el costo de la mano de obra, endureciendo a la vez las condiciones de gestión de los recursos humanos. Consecuentemente, al menos en el sector industrial, hablar de un incremento en la flexibilización laboral es absolutamente falso”, añade una respuesta institucional de la CNI a este medio.

Sin abundar en el debate sobre la contradicción entre flexibilización y estabilidad, el analista en temas laborales Rodolfo Eróstegui, por el contrario, señala que en estos 10 años más bien lo que hubo fue que la clase obrera también se benefició de la estabilidad y crecimiento de la economía en general.

En el plano económico, hubo un beneficio para la clase obrera sobre todo “consecuencia de lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo, que ha estado bastante presionado con una tasa de desempleo muy baja; y pues la clase obrera se benefició de todo el auge económico” de los últimos 10 años. El mayor mal que más bien señala Eróstegui para la clase obrera definitivamente es la pérdida de su independencia frente al poder estatal.

“El déficit no es tanto en términos económicos, porque le ha ido bien a la clase obrera afiliada a la COB, sino más bien en términos políticos. El movimiento sindical de una u otra manera ha ido perdiendo autonomía frente al Estado. Para nadie es un secreto que la COB está trabajando en estrecha coordinación con el Gobierno en contra del principio que tenía de libertad sindical, de autonomía del movimiento sindical respecto al Estado y de los empleadores”.

ESTABILIDAD. Para el Ministerio de Trabajo, en cambio, acaso el mayor avance en pos de los derechos del trabajador haya sido la preservación de la estabilidad, específicamente en la cuestión del preaviso: se estableció que si bien puede haber un preaviso para despedir al trabajador, éste puede no aceptar dicha conminatoria.

Esta disposición se basa, asegura el ministerio mediante nota de prensa, en la sentencia constitucional 1262/2013, del 1 de agosto de 2013, que es una suerte de “constitucionalización del derecho a la estabilidad laboral”: “El preaviso resulta contrario al elemento sustancial del derecho fundamental a la estabilidad laboral, como es la de evitar la desvinculación laboral por la sola voluntad del empleador sin que medie una causa legal justificada”, argumenta dicha sentencia constitucional.

Si bien el “preaviso” es una “institución” establecida en el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, lo que hace la sentencia constitucional es interpretar dicho artículo con miras a consolidar la garantía constitucional de la estabilidad laboral (artículo 49 de la CPE, sección III Sobre el Derecho al Trabajo y al Empleo).

La interpretación del Constitucional va como sigue: “En caso de que la trabajadora o el trabajador no acepte el preaviso, podrá optar por su reincorporación, a cuyo objeto deberá representar el citado preaviso, haciendo conocer a su empleador que no acepta el despido por no haber incurrido en ninguna de las causales establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo o el reglamento interno si corresponde”.

PREAVISO. Para Eróstegui, “no es correcto lo que está ocurriendo”, aunque el Ministerio de Trabajo insiste en aplicar la nueva modalidad del “preaviso”.  “En la LGT está estipulado el preaviso y eso es lo que vale”. Lo que dispone la nueva norma, que el trabajador tenga la potestad de rechazar el preaviso, “es un triunfo, pero al mismo tiempo también es un poco de retroceso, pues la relación laboral es una que se da entre trabajadores y empleadores; y aquello (la nueva norma sobre el preaviso) en muchas empresas está deteriorando la relación interna entre los trabajadores, y eso va también en desmedro de ellos mismos”, destaca Eróstegui.

Pero uno de los índices de mejor situación que destaca Eróstegui es precisamente la evolución del salario mínimo nacional, de Bs 500 en 2006 a 1.805 en 2016. “En este Gobierno, los trabajadores creo que han avanzado muchísimo, hay muchos más beneficios en este momento para la clase obrera que los que se tenía antes”.

Acerca de esta evolución del salario mínimo nacional, el economista Carlos Arze enfatiza en que todo análisis del salario en primer lugar debe considerar su relación con el precio de los alimentos y todos los insumos que necesitan para reproducirse él y su familia, lo que se llama canasta básica familiar.

En este sentido, el tránsito del salario mínimo nacional, haber pasado de 500 a 1.805, solo da cuenta de una historia nominal de la paga, pues el aumento real del sueldo estará dado por el cruce de eso nominal con la inflación, el alza de precios de los bienes que compra ese salario.

Así, señala Arze, “cuando ese incremento se lo deflacta (se lo transforma en términos monetarios reales), pues se concluye en un 1,5% de incremento real; un incremento “congelado”, afirma, toda vez que cada año el aumento del salario solo compensa su rezago respecto al aumento de precios de los productos de la canasta familiar.

En lo relativo al elevado costo laboral de las empresas, lo que dio lugar a que algunos empresarios pidan incremento cero para este año, para Arze, en la actual relación capital-trabajo, el empresario en realidad lo que no quiere es perder su “elevada ganancia”. Cuando se propuso el segundo aguinaldo, cuenta, todos se preguntaban cómo será posible eso; pero “fue el ministro (de Economía) que ahí dio un dato: 4.000 millones de dólares de utilidades empresariales cada año; varía en 100, 200, pero hay un amplia utilidad empresarial”. Además, cuando se habla de las cuentas nacionales y se las divide entre “explotación bruta de capital” y las remuneraciones, se ve que aquélla en estos 10 años aumentó de menos de 50% a 52 o 53%; en cambio, las remuneraciones cayeron, de 25% a 16 o 17%.

De nuevo, la distancia conceptual. Para el laboralista Eróstegui, en cambio, es evidente el actual alto costo laboral. Históricamente, dice, en Bolivia dicho costo estuvo entre 30 y 32%; “en este momento, con el doble aguinaldo y otros beneficios para una empresa nueva, en la que los empleados no tienen antigüedad, el costo laboral está fluctuando en aproximadamente 42%; cuando la empresa tiene sus años y tiene personal de varios años de trabajo, dicho costo puede llegar hasta el 60%”.

INVERSIÓN. Todo esto impide ampliar la inversión, remarca Eróstegui, y acaso en muchas empresas son los propios trabajadores los que piden que no se les aumente el salario, por el riesgo en que dicho alto costo laboral pondría la fuente de trabajo misma; “lo que está ocurriendo en Huanuni; los trabajadores dicen ‘que no nos aumenten sueldo, porque estamos ganando bien y si nos aumentan el sueldo, esta empresa se va al diablo’”.

Al respecto, el vicepresidente de la CNI, Ibo Blazicevic, plantea una forma diferente de leer la evolución del salario: “El aumento salarial acumulado en favor de los trabajadores, desde que el Gobierno empezó a establecer el incremento en los salarios que paga el sector privado (2008) hasta el pasado año, llegó al 98,1%, mientras que la inflación en el mismo periodo fue de 54,9%, lo que resulta en una ganancia del salario real de 27,9%. Si medimos el incremento en moneda extranjera (dólares), el incremento del salario en el país en este periodo fue de 118,3%. Además, este nuevo incremento del 6% duplica la inflación de 2015”.

Los incrementos salariales —continúa Blazicevic— han hecho que los salarios crezcan en 53,1% en los últimos cinco años, y “dado que la inflación ha sido en este periodo de 28,9%, esto significa que el poder adquisitivo de los salarios se ha incrementado en 18,7%, por lo que el sector empresarial formal ha sufrido un incremento significativo en sus costos laborales”.

De aquí su “total desacuerdo” con el último aumento acordado entre el Gobierno y la COB, es una “señal negativa” a la producción “Hecho en Bolivia”, destaca. “El anunciado incremento salarial de 6% e incremento al salario mínimo nacional de 9% en la gestión 2016 significan para el sector industrial manufacturero formal más de 60 millones de dólares al año. El ajuste del bono de antigüedad, el pago de horas extras, dominicales, feriados y otros conceptos, incluso elevan la cifra señalada”, concluye la respuesta institucional de la CNI.

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GIEI: Se debe repensar la relación DDHH-represión

Además de regular el uso de la fuerza por la Policía y las FFAA, se exige que éstas revisen sus principios en DDHH

Represión conjunta, policial y militar, el 15 de noviembre de 2019 en el puente Huayllani, Sacaba

Por Iván Bustillos

/ 12 de septiembre de 2021 / 17:03

El punto sobre la i

Aparte de las recomendaciones y reclamos que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) les hace a la Fiscalía y a los jueces para lograr justicia a las víctimas de la crisis política de 2019, es a las Fuerzas Armadas y a la Policía que dirige su mayor interpelación a revisar, repensar y rediseñar su rol como la fuerza de seguridad del Estado, como la “violencia legítima del Estado”, a la hora de reprimir desbordes sociales, de restituir el orden público, de ser garantía, con el uso de la fuerza, de la vigencia de los derechos humanos.

No es poco esta exigencia. Buena parte del “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”, presentado por el GIEI a mediados de agosto, se refiere precisamente a la forma en que actuaron la Policía y las Fuerzas Armadas en la restitución del orden público durante la crisis de fines de ese año.

No es poco que en su primera conclusión el GIEI diga que “la Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas”; y que en la quinta expresamente diga que si hay dos instituciones necesarias para el funcionamiento de la democracia y que hasta ahora no han sido reformadas acorde con el desarrollo político y social de los últimos tiempos, como auténticos rezagos democráticos, sean “la administración de justicia y las fuerzas de seguridad”. Ambas, “directamente conectadas con la vigencia de los derechos humanos, quedaron rezagadas en el proceso de cambio. Los ciudadanos no confían en ellas, las perciben hostiles, lejanas a sus realidades e intereses y reproductoras de discriminación”, sentencia el GIEI.

EXHORTOS. Cuatro de las 36 recomendaciones que hace el GIEI al país se refieren a las señaladas fuerzas de seguridad, la Policía y las Fuerzas Armadas. Vale la pena recordarlas:

“13. Que cada una de las instituciones públicas preste la más amplia colaboración para esclarecer la verdad y adelantar las investigaciones. En especial, que las Fuerzas Armadas remitan al Ministerio Público y al órgano judicial toda la documentación relevante relacionada con la planificación, ejecución y evaluación de los operativos realizados durante el periodo relativo a este informe”.

“19. Adecuar normas, procedimientos y estructuras de la Policía y de las Fuerzas Armadas para fortalecerlas como instituciones esenciales del Estado democrático de derecho. Estas instituciones deben estar subordinadas al poder civil, y sometidas a controles internos y externos y a reglas de transparencia y rendición de cuentas”.

“20. Crear un mecanismo independiente, dentro de la estructura del Estado, que monitoree el uso de la fuerza y la actuación de las instituciones de seguridad en el contexto de manifestaciones y protestas sociales, conforme a lo referido en el Capítulo VII de este informe”.

“21. Adoptar protocolos y normas precisas, integrales y transparentes que regulen la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en las protestas sociales. Particularmente, que estos protocolos y normas a) definan como objetivo de la actuación de estas fuerzas asegurar el más amplio, libre y pacífico ejercicio posible de los derechos asociados a la protesta social; y b) establezcan la proporcionalidad estricta en el uso de la fuerza, como principio fundamental de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado”.

En lo que sigue se hace un apretado resumen de las observaciones que hizo el GIEI a determinadas actuaciones de la fuerza pública boliviana en respuesta a la crisis de 2019.

Si bien del 21 de octubre al 10 de noviembre de 2019 solo es la Policía la que enfrenta el control o represión de las distintas movilizaciones sociales, tanto en contra como en defensa del gobierno del presidente Evo Morales, la actuación de la fuerza pública que amerita mayor atención es desde el 11 de noviembre, cuando oficialmente empiezan las operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

DERECHO. Y he aquí el primer llamado de atención a las fuerzas del orden sobre su forma de reaccionar ante una protesta social. Antes que enfrentar una movilización, frenarla y dispersarla, que es lo que se acostumbra, el GIEI más bien recuerda que preservando el derecho a la protesta, el deber de la fuerza pública más bien es “asegurar su desarrollo pacífico”.

El 12, 13 y 14, los militares realizaron acciones conjuntas con la Policía.

“El contraste y análisis de las diferentes fuentes de información recogidas por el GIEI permiten concluir que las fuerzas de seguridad actuaron de forma irrazonable y arbitraria en el operativo conjunto en la avenida Petrolera de Cochabamba, realizado para contener la movilización política de mujeres y hombres del sur de la ciudad. En lugar de acompañar la marcha como expresión del derecho a la protesta y asegurar su desarrollo pacífico, contuvieron su avance. Hubo detenciones arbitrarias y violencia contra manifestantes y personas aprehendidas durante la retención policial”.

Luego, un hecho que reiteradamente preocupa al GIEI (porque lo registra en prácticamente todos los testimonios de quienes fueron detenidos) es la suerte de naturalización de la tortura, el maltrato al aprehendido como una consecuencia lógica de su detención en acto de protesta.

MAMANI. Aquí, es emblemático el relato de la muerte de Juan José Mamani Larico, en Cochabamba. “En la detención de Juan José Mamani Larico, los policías actuaron con violencia, golpeando con sus armas a los detenidos, que no ofrecieron resistencia, y pateándolos. Como los detenidos eran muchos, la Policía los entregó a los militares, quienes los transportaron hacia las unidades policiales en camiones. En el vehículo militar continuaron los malos tratos a las personas aprehendidas, que fueron objeto de patadas, pisadas y agresiones con las armas. Los detenidos fueron obligados a tumbarse unos encima de otros, lo que sofocaba a los que estaban debajo. Mamani Larico estuvo en una situación de sofocamiento por largo tiempo y, cuando gritó que no podía respirar, fue golpeado en el costado y en la frente. El camión que lo transportaba, después de recoger a diversas personas en la avenida Petrolera, recorrió un largo camino hasta Sacaba, antes de llegar a la UTOP de la Muyurina. Cuando los presos fueron bajados del camión, Mamani Larico ya no se movía”. (Informe del GIEI, página 82)

De 27 varones y una mujer detenidos en El Alto la noche del 11 de noviembre y llevados a la Estación Policial Integral (EPI) 3, y con base en testimonios recogidos por el propio GIEI, los Expertos “advierten”contra los siguientes modos de tortura:

– Golpes (puñetazos y patadas) en varias partes del cuerpo;

– Golpes con el uso de bastones (toletes) y culatas de armas de fuego;

– Choques eléctricos con armas tipo “taser”;

– Sofocamiento con gas lacrimógeno;

– Obligación de permanecer de rodillas con las manos en la nuca por horas;

– Cubrimiento de los ojos con vendas o bolsos plásticos;

– Inmovilización con manos y pies amarrados;

– Privación de agua y alimentación;

– Privación del uso del baño.

– Mantenerse apoyado en un solo pie y con las manos detrás de la cabeza; si se pierde el equilibrio, la persona es golpeada;

– Mantenerse de rodillas;

– Desnudarse;

– Golpes corporales (patadas);

– Hacer ejercicio físico ( flexiones) hasta el agotamiento;

– Amenazas de muerte, incluso con el uso de cuchillos.

“Algunas de las personas detenidas fueron llevadas a un cuarto de baño de la oficina de la EPI y refieren que la Policía los gasificó. En algunos casos vomitaron y en otros casi desfallecieron. Todas las personas entrevistadas confirman que, cuando intentaban hablar, eran agredidos y agredidas y no les era permitido clarificar ninguna información. Además de la tortura física, las personas detenidas fueron agredidas verbalmente, como ‘masistas de mierda’, ‘maleantes’ y ‘asesinos’. Se les decía que pidieran ayuda a ‘su papá Evo’ y eran amenazados y amenazadas de muerte”, complementa el Informe (páginas 126, 127 y 128).

Un llamado de atención especial que hace el GIEI es sobre la configuración conceptual que hacen los uniformados del conflicto y que está contenida en los planes de operaciones de las fuerzas de seguridad.

En el “Plan de Operaciones ‘Seguridad’ 4/19” se justifica la intervención de las Fuerzas Armadas por la situación de Bolivia, “reflejada en los resultados de las elecciones nacionales”, que generaron un paro indefinido, “convocado por los comités cívicos y la población en general, causando un bloqueo a nivel nacional”.

El documento militar agrega — continúa el GIEI— que la presión social y “los diferentes escenarios” originaron un motín policial “que puso en peligro la seguridad interna del Estado”. Finalmente, refiere que ante la “escalada de los conflictos”, las Fuerzas Armadas “ordenan la ejecución del plan ‘Sebastián Pagador’ con la finalidad de resguardar la paz social y garantizar los servicios públicos esenciales”.

HIPÓTESIS. Y he aquí que “La ‘hipótesis’ que planteaba el plan operativo para Cochabamba, elaborado por el comandante del Comando Estratégico Operacional, era que organizaciones sociales y grupos de manifestantes en el país, que no alcanzaron a lograr objetivos políticos o sectoriales, iniciarían ‘sus medidas de presión con mayor grado de violencia llegando a conformar grupos armados’”. (Informe, página 88)

La Policía, por su parte, actuó bajo el Plan de Operaciones 30/2019, “Operaciones Conjuntas Policial-Militar para el restablecimiento del orden público”, del 12 de noviembre de 2019, firmado por el entonces general Vladimir Yuri Calderón Mariscal, comandante general de la Policía.

“En este plan también se establecía que la primera y segunda líneas de las operaciones estarían conformadas por la Policía, específicamente por grupos tácticos antimotín. La tercera con equipos de combate antidisturbios, y la cuarta línea con patrulla de combate con armamento y munición no letal, de responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Se indica como fecha de inicio de las operaciones conjuntas el 11 de noviembre”. (Informe, página 89)

El GIEI, sin embargo, detalla en su Informe que pudo “verificar que, desde el día 11 de noviembre, participaron helicópteros en los operativos, lo que fue posible corroborar con las bitácoras de vuelo. Los informes militares señalan que se realizaron misiones de reconocimiento de bloqueos los días 11, 15, 23 y 24 de noviembre de 2019 en Cochabamba. El GIEI advierte que a partir del 11 de noviembre comienzan las operaciones conjuntas, con detenciones masivas en las ciudades y municipios aledaños. Según la Defensoría del Pueblo, en siete días de operaciones fueron detenidas 848 personas”.

Y, algo central para comprender los hechos: “El GIEI advierte que en los operativos militares se utilizó armamento que no corresponde a operaciones de mantenimiento de orden público, como fusiles FAL y pistolas de 9 mm, a pesar de que el Plan de Operaciones contemplaba el uso de armamento no letal”.

El GIEI recuerda que un documento central para la operatividad de las Fuerzas Armadas fue el comunicado que emitió el 10 de noviembre: “Cumpliendo el mandato constitucional y las leyes en actual vigencia donde señalan que las únicas instituciones autorizadas a portar armas son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el mando militar ha ordenado la ejecución de operaciones militares aéreas y terrestres para neutralizar a grupos armados que se encuentren actuando fuera de la ley”.

En lo relativo al Plan de Operaciones 04/19 de intervención en el puente Huayllani (Sacaba) el 15 de noviembre, el GIEI destaca que “los mandos identificaron como una especial amenaza ‘el ingreso de 5.000 a 6.000 cocaleros del trópico de Cochabamba, cuyo objetivo era cercar la ciudad’, por lo que se dispuso el control de todas las vías de acceso a la ciudad”.

EVALUACIÓN. En la “evaluación analítica” de lo que pasó en la masacre de Sacaba, el GIEI remarca:

– “Las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos en el operativo realizado en Sacaba el 15 de noviembre de 2019”.

– “Inicialmente, la prohibición absoluta de que la marcha entrara en la ciudad de Cochabamba fue indebida. El Estado no debía impedir una manifestación pacífica y tenía el deber de garantizar la seguridad y de prevenir enfrentamientos entre grupos antagónicos”.

– “Tenía la obligación de adoptar medidas para evitar el paso de personas que pudieran estar armadas, pero sin prohibir el ejercicio del derecho de reunión y de expresión de los manifestantes”.

– “El uso de un avión caza militar era injustificable en el contexto, pues no es el medio adecuado para operaciones de observación ni de prevención de la violencia”.

– Dicho sobrevuelo atentaba contra cualquier negociación con los marchistas. Este hecho, dice el GIEI, “refuerza la perspectiva de que hubo un plan deliberado, por parte de las altas esferas de las Fuerzas Armadas, de provocar un enfrentamiento o por lo menos consentir que ocurriera”.

– “La gasificación fue innecesaria y desproporcionada. En el momento en que la Policía empezó a lanzar gases no había una situación de convulsión que necesitase ser controlada o dispersada. Por ello, el operativo policial no fue una respuesta a una agresión contra las fuerzas de seguridad o contra terceras personas, sino una activa demostración de fuerza para deshacer la concentración de manifestantes”.

– “Con el avance de las tropas policiales y militares hasta 200 m más adelante en la carretera hacia Sacaba, las fuerzas de seguridad adoptaron una estrategia de enfrentamiento y no de defensa del acceso a Cochabamba”.

– “Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. En términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias”.

En los hechos de Senkata, relievan los Expertos, la función de las fuerzas de seguridad sobre todo se concentró en la defensa de la planta de YPFB; este es el carácter del plan Sebastián Pagador, que tenía “por finalidad resguardar los servicios públicos esenciales para garantizar su funcionamiento”. (Comunicado emitido por las FFAA el 11 de noviembre de 2019)

Tras la salida hacia La Paz del convoy con combustible, y la protesta por ello por parte de los bloqueadores, la violencia se dasató con el derribo del muro perimetral de la planta y la reacción “desproporcionada” por parte de los uniformados.

“El análisis de los medios de prueba revela que el grupo de manifestantes que embistió contra el muro y la puerta de la planta YPFB de Senkata no superó a un centenar de personas”, destaca el Informe.

“El GIEI constató que, a partir del derribamiento del muro, las fuerzas de seguridad desarrollaron una operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, el cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal, a lo largo de seis horas, no solamente en la avenida 6 de Marzo y en el área directamente aledaña a la planta de YPFB, sino también en los alrededores”.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón.

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Medios, bajo la lupa del GIEI

En 2019, cierto periodismo fue un peligro para la libertad de prensa y para el derecho social a la información.

/ 12 de septiembre de 2021 / 16:53

DIBUJO LIBRE

Desde el enfoque de los derechos humanos, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) no solamente pone en el tapete los atropellos del Estado o la virulencia con ribetes racistas de la sociedad, sino, en un análisis pormenorizado de los hechos que pusieron en vilo a la democracia boliviana, también revela con datos contundentes la tarea oficiosa, parcializada, encubridora e inclusive manipuladora de los medios de comunicación del establishment. La polarización socio/política que signa a Bolivia desde hace un tiempo arrasó inexorablemente a los medios de comunicación que, por las circunstancias políticas, pero sobre todo por las coyunturas críticas, provocó su inclinación ipso facto a cualquiera de los polos enfrentados. Entonces, no es novedad que en el conflicto poselectoral de noviembre de 2019 este rasgo se haya acentuado, localizando a la tarea periodística en la cornisa del abismo.

En lo que sigue se dará cuenta de ese papel mediático pernicioso.

El primer caso que llama la atención está asociado a la muerte de Limbert Guzmán Vásquez, el 8 de noviembre de 2019. Este muchacho se decía que formaba parte de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) que en esa jornada libró una “batalla” con militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las Bartolinas que habían avanzado para desbloquear el puente Huayculi sobre la carretera que une a Cochabamba con el occidente del país. La prensa cochabambina hasta el hartazgo, sin previa verificación de las circunstancias y, mucho menos, sin un cruzamiento de fuentes correspondiente, se quedó con la versión de la RJC que “manifestantes afines al MAS lo golpearon y provocaron su muerte” de este muchacho. Así, la víctima se erigió en un héroe para los activistas ciudadanos que pedían la renuncia presidencial de Morales. Además, contó con la indignación de los dirigentes políticos opositores del MAS, endilgando responsabilidades al entonces mandatario Morales y condenando la ‘barbarie’ de sus simpatizantes. No obstante, la pesquisa profesional del GIEI, cruzando varias fuentes, realizó, entre otras cosas, observaciones al protocolo de la autopsia de ese fallecido, determinando contundentemente que se “estima que la muerte de Limbert Guzmán no se produjo por agresiones o golpes en su contra, sino que fue resultado de un accidente por el uso de una bazuca artesanal, que explotó mientras la manipulaba sobre su hombro o cuando se cruzó en la línea de fuego de sus compañeros que manipulaban una bazuca cerca de él”.

Un caso similar aconteció con el asesinato del joven Juan José Mamani, el mismo 11 de noviembre de 2019. La versión atribuida a una líder de RJC se esparció como reguero de pólvora entre los medios de comunicación cochabambinos, uno de ellos tituló: “Fallece joven de la Resistencia Cochala al ser golpeado en la zona Sur”. Esta versión daba cuenta que el velorio se realizó en la plazuela Cala Cala. Este espacio público se convirtió en una especie de ícono de la RJC. Inclusive, el grupo obligó a los familiares a realizar el velorio en aquella plazuela. Como sucedió con el otro caso descrito, la muerte de este joven arrancó la irritación de los sectores opositores del MAS que, además, tenían a los medios de comunicación del establishment como su caja de resonancia. No obstante, igual que en el caso anterior, existió fallas forenses en la investigación del Ministerio Público y toda “la evidencia recabada por el GIEI indica que Mamani Larico jamás integró dicha organización y que su muerte está relacionada con el uso abusivo de la fuerza represiva por parte de la Policía y del Ejército. Su muerte fue causada por la imposición de tormentos mientras era trasladado en vehículo de las Fuerzas Armadas”.

Otros momentos de la tergiversación periodística en el curso de la crisis política de 2019 ocurrieron en el desarrollo de lo que el GIEI ha determinado como masacres, tanto en Sacaba como en Senkata, al inicio del gobierno transitorio de Jeanine Áñez. No obstante, la versión gubernamental de aquel momento sobre la violencia desatada en noviembre de 2019, cuando se perpetró matanzas a campesinos y gente pobre, fue calificada y replicada por los medios de comunicación del establishment como “enfrentamiento” o “choque”.

En el caso de Sacaba, urdieron la versión de que había gente armada por parte de los campesinos movilizados; sin embargo, el Informe del GIEI descartó esto, inclusive dando cuenta que no hubo ninguna víctima fatal de parte de la Policía o de las Fuerzas Armadas o que los campesinos se “mataron entre ellos”, como sostenía el Ministro de Gobierno de aquel entonces. La investigación del GIEI concluye que los muertos o los heridos fueron por la fuerza represiva excesiva utilizada por las fuerzas del orden, inclusive con “ejecuciones extraoficiales”. En el caso de la masacre en Senkata se maquinó la excusa de que los manifestantes querían volar la planta de licuados de gas, lo que se propaló en el ámbito mediático; sin embargo, el Informe de “GIEI no ha identificado evidencias concretas que indiquen que se hubiera producido un ataque directo contra la planta y que ésta haya estado expuesta a un riesgo de explosión”. Al respecto, el periodista Juan Luis Gutiérrez en una entrevista con Barricada TV denunció que se “pretendió legitimar el golpe de Estado a través de los medios de comunicación, ocultando las masivas movilizaciones y el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía en la represión al pueblo boliviano. La prensa no está cubriendo las movilizaciones, siguen la matriz discursiva del Ministerio de Comunicación del gobierno de facto”.

El Informe del GIEI da cuenta no solamente de las torturas sufridas por los detenidos. Hay el caso del periodista argentino Sebastián Moro, que falleció el 16 de noviembre de 2019, según el GIEI “en circunstancias aún no aclaradas”, que no interesó a los medios, sino que muchos detenidos sin pruebas fueron detenidos y posteriormente exhibidos públicamente como si fueran delincuentes. Los medios, sin ningún criterio de respeto de los derechos humanos, difundieron esas imágenes. Como dice el Informe del GIEI, es una afrenta al “derecho a la honra, a la dignidad y vida privada”, como ocurrió en el caso de Lorgia Fuentes que, a través de una denuncia del periodista español de dudosa credibilidad, Alejandro Entrambasaguas, que en un programa de televisión, el 4 de febrero de 2020, dijo que la señora Fuentes era “supuestamente amante de Romero”. Posteriormente, según el GIEI, Fuentes fue “fuertemente hostigada (…), junto a su esposo Alexey Chernyshev y el exministro Carlos Romero, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado”. Finalmente, un exasilado en la Embajada de México en un testimonio al GIEI confesó que fue constantemente una “víctima de una persecución mediática”.

En suma, todos estos casos desnudan el papel inescrupuloso de los medios de comunicación del establishment que se puede atribuir a su poca profesionalidad y de ética periodística, o quizás a algo más terrible: su parcialización grotesca con uno de los polos del conflicto social de noviembre de 2019, haciendo que su dizque tarea periodística sea un peligro para la libertad de prensa y para el derecho social a la información, y, sobre todo, para los derechos humanos de los bolivianos.

 (*)Yuri F. Tórrez es sociólogo

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Regímenes de miedo y poder

La degradación humana es una de las condiciones de los actuales regímenes mentales coloniales.

/ 12 de septiembre de 2021 / 16:49

DIBUJO LIBRE

El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en agosto, devela una vez más una profunda realidad colonial y racista del Estado en Bolivia y de los grupos de poder que han gobernado (y siguen haciéndolo) un territorio que les es ajeno por más de 500 años. Es interesante, mediante un conjunto de datos, testimonios y registros de medios de comunicación del GIEI, extraer un tipo de regímenes mentales del poder. Un detalle que es importante notar, puesto que esos regímenes mentales en los hechos son el sustrato constitutivo del Estado, de los imaginarios sociales de “élite” y de ciertas empresas de comunicación. En el Informe se deja traslucir cómo un tejido de subjetividades se convierte en actos de habla, con tonos propios de los grupos de poder. Esto es que han recurrido a los miedos profundos y centenarios frente a los Otros, los indios. Aquí está una de las razones de la violencia estatal y civil en 2019, particularmente en contra de los aymaraquechuas en las ciudades y áreas rurales.

Hay que decir que dicho Informe no es un relato de las víctimas sino de un organismo internacional que se apoya en evidencias fácticas y documentales, mediante el recorrido por los distintos lugares del país; el acopio de testimonios de cómo fueron tratados o vistos desde esos regímenes mentales quienes sufrieron violencia estatal y civil. Esa célebre frase de “matar indios es hacer patria” se hizo así nuevamente realidad. El indio siempre ha sido un problema para los “letrados”, por eso han dedicado libros íntegros para constreñir en unos casos y discernir en otros los fueros internos de esos Otros. Hoy esa política continúa con cierta antropología o sociología y otras ciencias con métodos positivistas y darwinistas. Aunque esos estudios a la vez hacen que descubramos el fuero interno de esas mentalidades que paradójicamente dicen ubicarse en la era poscolonial. Por eso la muerte, la masacre, la violencia sexual, abusos contra los detenidos, ultraje de las mujeres con toques impúdicos, lenguaje larvado de odio y racismo, la negación de ayuda médica por parecerse indios, es la estructura misma de la sociedad criolla y del Estado. En 2019 se sabe de cómo operaron estos principios. Aquí algunos datos del GIEI sobre ello:

“El GIEI advierte que los detenidos fueron sometidos a los siguientes modos de tortura: golpes (puñetazos y patadas) en varias partes del cuerpo; golpes con el uso de bastones (toletes) y culatas de armas de fuego; choques eléctricos con armas tipo “taser”; sofocamiento con gas lacrimógeno; obligación de permanecer de rodillas con las manos en la nuca por horas; cubrimiento de los ojos con vendas o bolsos plásticos; inmovilización con manos y pies amarrados; privación de agua y alimentación; privación del uso del baño”.

Médicos que denuncian a la Policía: “A las 20.00 horas del jueves, la Policía, tres oficiales, me detuvieron argumentando que me había escapado del hospital Corea (El Alto). Me sacaron fotos y me tomaron una grabación a partir de la toma del testimonio. El policía me acusó de ‘masista’, de ‘saqueador’”.

El terror. “El 21 de noviembre salimos con los ataúdes a pedir justicia, llegamos a La Paz, el ataúd de mi hermano era el blanco, la prensa y las autoridades dijeron que el ataúd iba vacío, pero ahí iba mi hermano y no respetaron ni su cuerpo ya que ahí volvieron a gasificarnos a todos. A mí me tuvieron que llevar al hospital porque me desmayé por la gasificación de la que fuimos víctimas”.

GIEI “…advierte que los detenidos fueron identificados como terroristas responsables por los ataques en El Alto, sin respeto alguno por el principio de presunción de inocencia. El GIEI, asimismo, nota que el comandante general de la Policía Boliviana en esa fecha, Yuri Calderón, participó personalmente del acto”.

Tortura: “Se registra la práctica, en ese momento, de los siguientes métodos de tortura: mantenerse apoyado en un solo pie y con las manos detrás de la cabeza; si se pierde el equilibrio, la persona es golpeada; mantenerse de rodillas; desnudarse; golpes corporales (patadas); hacer ejercicio físico ( flexiones) hasta el agotamiento; amenazas de muerte, incluso con el uso de cuchillos”.

El gobierno transitorio expuso esa mentalidad: “Áñez designó un gabinete sin personas de origen indígena, apareció frecuentemente en público con la Biblia y una cruz, advirtió a los votantes que no permitirán el regreso de los ‘salvajes’ al poder y persiguió a quienes apoyaban al gobierno de Morales”.

En Sacaba, Cochabamba, los datos son extremadamente similares a los de El Alto. Esto evidencia efectivamente la existencia de esos regímenes mentales, siendo, entonces, la referencia de la historia del Estado que viene desde los tiempos de Túpac Katari-Bartolina Sisa (1780-81) o Pablo Zárate Willka (1899-1903). Desde esos tiempos los grupos de poder colonial han recurrido a los imaginarios de odio, con el fin de destruir y negar a los Otros su humanidad. La degradación humana es una de las condiciones de esos regímenes mentales. Ahora, en 2019, esto se dejó notar claramente y se presenta casi naturalmente en ciertos medios de comunicación, en los escritos de sus intelectuales y de sus líderes políticos. La degradación física y psicológica en ese sentido es un abierto mecanismo de control de los cuerpos y de las intimidades de las personas mediante el encarcelamiento sin argumento legal o con amenaza de desnudarlos o con amagues en violación sexual, etcétera.

Estas son evidencias de lo neocolonial del Estado y de las “élites” porque se niega la vida mediante masacre y humillación; así, esto se convierte en una pedagogía íntima de aquél. En este sentido, las masacres de Senkata y Sacaba (y de octubre de 2003 en El Alto) son parte de ese largo legado del Estado y los grupos de poder. Para mantener ese legado se llegó al extremo de acusar sin sustento a esos Otros; por ejemplo, en 2019 los alteños supuestamente querían explosionar la planta de Senkata. GIEI no encontró evidencia. Sin embargo, fue ampliamente publicitado por varios medios de comunicación.

“El GIEI observa que el muro no tenía estructura de hormigón, y que las perforaciones apuntadas en las fotos no revelan, en un examen visual, señales de fuego, humo o explosión. Así, no se puede comprobar prima facie la teoría del uso de material explosivo para derribar el muro, sin realizar un análisis químico específico para determinar la presencia de residuos de explosivos. El GIEI no identificó elementos probatorios para considerar que el muro fue objeto de detonaciones”.

Estas son las dimensiones históricas de esas mentalidades tan parecidas a las de 1899 o 1903 y por lo mismo se convierte en elemento estructurante del poder de los poderosos, aunque contradiga los discursos de modernidad y de civilidad de tales grupos.

¿Por qué el MAS no ha desestructurado ese aparato mental y físico del Estado? ¿Cómo es comprensible y explicable que quienes se llamen liberales y demócratas puedan haber callado frente al asesinato de seres humanos? ¿Cómo entender que cierta intelectualidad de izquierda haya mantenido silencio frente al ultraje de los alteños o los de Sacaba? O ¿cómo entender a quienes han vivido de la historia y de la lucha aymara hayan callado o respaldado sutilmente actos de violencia sexual contra las mujeres indias en 2019? Posiblemente, por algunas de esas razones pensadores como HCF Mansilla ocupen aún los grandes lugares en las letras bolivianas.

 (*)Pablo Mamani R. es sociólogo

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Mesa, lo indígena y lo mestizo

La ofensa al monumento a Colón no niega a la Bolivia mestiza, sino a la colonial, a la que Mesa parece defender.

/ 12 de septiembre de 2021 / 16:46

DIBUJO LIBRE

Estas breves líneas tienen el propósito de responder a la columna “Sobre el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa y el monumento a Cristóbal Colón” escrita por Carlos Mesa. Inicialmente, al leer dicha columna se puede compartir buena parte de su crítica al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuando menciona que éste solo usa como discurso político la inclusión de los pueblos indígenas, lo que se observó después de 2009, cuando rompió con parte de las organizaciones indígenas de tierras bajas una vez aprobada la nueva Constitución, poniendo, además, trabas a la consulta previa, libre e informada, al respeto de la Madre Tierra y a la consolidación de las autonomías indígenas, etc.

Sin embargo, llama la atención en la columna de Mesa las siguientes frases, cuando critica el símbolo de la cultura Tiwanaku colocada en el hemiciclo de la Cámara de Diputados y el daño al monumento a Colón: “Una vez más el aparato de poder del (MAS), responde al país que lo que se está imponiendo es un discurso único solo de ida y de afirmación andina e indígena”; “no nos impongan lo mismo que se reclamaba en el pasado, el dominio de una región sobre otras y de una parte de la sociedad sobre las otras”, “Bolivia es una nación con presencia indígena y afrodescendiente (40% según el censo de 2012), mestiza y blanca (60%)”. “¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando la verdad paralela que no es otra cosa que una mentira y un menú histórico a la carta impuesto por Morales y sus obsecuentes seguidores? Esa ficción no solo niega el pasado y lo trocea a su gusto, sino que pretende que no existe la Bolivia mestiza (énfasis añadido)”.

Es entendible la crítica de Mesa a Evo Morales; sin embargo, cuando dice que el mundo indígena se está imponiendo al resto de la sociedad, eso no es cierto. Hoy por hoy, a pesar del reconocimiento formal de los derechos políticos de los pueblos indígenas en el Estado Plurinacional, sus demandas siguen pendientes y subyugadas por la burocracia estatal. Una cosa distinta es que una clase política, en este caso el gobierno del MAS, use los símbolos de los pueblos indígenas, y otra cosa es que los indígenas estén imponiéndose al resto de la sociedad boliviana.

Además, cuando redondea y unifica lo mestizo y lo blanco frente a lo indígena, al mencionar que según el Censo de 2012 60% de la población es mestiza y blanca y que 40% es indígena, busca crear una dicotomía falsa entre lo indígena (representado por el símbolo de la cultura Tiwanaku) frente a lo mestizo y lo blanco, que estaría representado por el monumento a Colón. Sin tomar en cuenta que los bolivianos pueden identificarse como indígenas y declararse mestizos y, sin tomar en cuenta el hecho de que es perfectamente posible que alguien se sienta mestizo, por su evolución cultural, sin dejar de identificarse o pertenecer a algunas de las naciones y pueblos indígenas.

Mesa olvida que el Censo de 2012 arrojó un porcentaje de población indígena de 41,5%, pero él lo redondea a 40%. No toma en cuenta que, en la última proyección del INE, realizada en 2017, la población indígena se amplió a 48%. Tampoco señala el porcentaje del Censo de 2001, cuando 62,2% de los bolivianos se autoidentificaron como parte de un pueblo indígena.

Es preciso aclarar, en este punto, que la identidad étnica no es una categoría estática, es una construcción social permanente y dinámica que está sujeta a los cambios del contexto social y político y que no hay culturas puras y que el mestizaje cultural está presente en mayor o menor grado en la mayoría de los pueblos indígenas. En tal sentido, la identidad indígena o el ser indígena, no es una diferencia biológica ni una diferencia cultural —en el sentido estricto—, sino ante todo una forma de subjetividad.

Probablemente lo que diferencia una identidad de la otra es el núcleo organizador del mestizaje y los proyectos de sociedad que plantean sus interlocutores. En este caso, la ofensa realizada al monumento de Cristóbal Colón no niega la Bolivia mestiza, sino más bien la Bolivia colonial y su proyecto de sociedad en decadencia que, al perecer, defiende Carlos Mesa, la que en el fondo se asume como “blanca” y no necesariamente como mestiza.

 (*)Juan Pablo Marca es politólogo y sociólogo, investigador del CEJIS

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El GIEI recomienda enmendar y concluir los casos

En todas las violaciones a los derechos humanos en la crisis de 2019, persiste la impunidad.

Por Iván Bustillos

/ 5 de septiembre de 2021 / 19:09

El punto sobre la i

Además de precisar y establecer una base de conocimiento cierto de los hechos de violencia y las violaciones de los derechos humanos en el último cuatrimestre de 2019, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tenía el mandato y la facultad de coadyuvar al esclarecimiento de los hechos proponiendo o recomendando determinados planes de investigación penal. A estos planes dedica el capítulo 6 de su informe. En esta parte aterriza en las recomendaciones concretas al Ministerio Público sobre cómo debió proceder en la investigación, los yerros que tuvo y lo que debería hacer para lograr una indagación de los hechos que se ajuste a los “estándares internacionales” mínimamente aceptables.

De entrada, sin embargo, el Grupo de Expertos lamenta que pese al tiempo transcurrido (al menos un año y ocho meses) de los hechos, “los avances en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables continúan siendo limitados”. Es más, de “especial preocupación para el GIEI”, interpelan los Expertos, “es que la mayoría de violaciones de los derechos humanos documentadas en este informe permanecen impunes”.

Como en todo lado, es imprescindible reconocer, dice, que la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 ha retrasado mucho las investigaciones (casi todo 2020). A pesar de ello, el GIEI “considera fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz”.

En varios casos, el GIEI demanda “reabrir” los procesos, manifestando su sorpresa por el cierre de las investigaciones, dado que había relativos avances; en otros, el “replantear las hipótesis” de trabajo y en los más proseguir lo hecho.

GRAVES. Para la recomendación de planes, dice el informe del GIEI, naturalmente que no se toman todos los casos, sino solo los que el organismo considera más graves desde el punto de vista de “las violaciones de los derechos a: la vida; la integridad personal ( física, psicológica y sexual); la libertad y seguridad personal; la honra, dignidad y privacidad; y las garantías del debido proceso”.

Para hacer estas recomendaciones más bien operativas, el GIEI se concentra en once casos, lugares o hechos que, según su criterio, necesitan de una mayor cantidad de sugerencias. Los hechos ocurridos en:

El Puente de la Amistad y Barrio Cofadena en Montero, Santa Cruz, el 30 de octubre de 2019. Las dos primeras muertes.

– Yapacaní (Santa Cruz), por los muertos y heridos el 13 de noviembre de 2019.

– Montero II, el 13 de noviembre. La muerte de Roberth Ariel Calizaya Soto.

– Betanzos, Potosí. Operativo policial militar conjunto; el 12 de noviembre, muerte de Marcelino Jarata Estrada.

– Cochabamba. El GIEI llama la atención sobre la muerte de Limbert Guzmán Vásquez, el 6 de noviembre, en el puente Huayculi, en Quillacollo. Aquí empieza a ser descrita la actuación irregular del grupo Resistencia Juvenil Cochala (RJC). La muerte de Miguel Ledezma González, el 11 de noviembre en el puente Huayllani en Sacaba. Muerte de Juan José Mamani Larico, quien falleció el 12 de noviembre de 2019, luego de ser detenido. Lesiones graves a Pablo Walker Villarroel Villavicencio, el 29 de octubre, ocasionadas presuntamente por partidarios del MAS. La agresión de que fueron objeto, el 6 de noviembre, en la céntrica plaza 14 de Septiembre, las integrantes de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa por parte de la RJC; el mismo día, también mujeres Bartolinas fueron agredidas por la RJC en el puente Huayculi, en Quillacollo. La agresión a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce Guzmán.

– La Paz. El deceso del presidente de la plataforma de sobrevivientes de las dictaduras, Julio Llanos. Las muertes en la zona Sur, el 11 de noviembre, de Percy Romer Conde Noguera, Beltrán Paulino Condori y Juan Martín Pérez Taco. La información a que accedió el propio GIEI, en la que se registra la muerte de Silverio Condori, quien desapareció el 11 de noviembre de 2019, mientras participaba de una manifestación en apoyo al MAS. Su cuerpo fue encontrado en un barranco tres días después. El caso de las bombas Molotov. Las quemas de los buses PumaKatari, de las casas de Waldo Albarracín, Casimira Lema y Nelson Condori.

– El Alto. La muerte del sargento Juan José Alcón tras el ataque del Comando Regional de la Policía en esa ciudad. Luego de sufrir un infarto y su posterior fallecimiento el 18 de noviembre de 2019, se amplió la investigación para incluir los delitos de lesión seguida de muerte y coacción. Los tres grupos de personas detenidas el 11 de noviembre por particulares en distintos lugares de El Alto y que luego fueron conducidas a la EPI3 (el primero de 28 personas, el segundo de una mujer y dos hombres y el tercero la detención de tres personas en Senkata).

– Caravana del Sur. Hechos de violencia contra los integrantes de la Caravana del Sur en Vila Vila y en Caracollo el 9 de noviembre de 2019.

– Caravana Minera. Hechos de violencia en contra de la Caravana minera en la zona de Playa Verde, entre las localidades de Challapata y Huancané, el 10 de noviembre de 2019.

– Sacaba. Sin duda, éste y el caso de Senkata, son los más adelantados, señala el GIEI. Añade el hecho de maltrato en las detenciones. “Como se señaló, el GIEI ha confirmado que muchos de los detenidos fueron maltratados, y al menos nueve fueron torturados en la FELCC. El GIEI reitera la importancia de que las circunstancias de estas detenciones y las denuncias de tortura y malos tratos sean exhaustivamente investigadas”.

– Senkata. Aparte de apuntar que “continúan pendientes algunas diligencias investigativas relevantes para esclarecer los hechos, incluyendo la identificación de las armas y munición utilizadas por las unidades movilizadas en el operativo conjunto”, el GIEI recomienda “ampliar las líneas de investigación y examinar las circunstancias que rodearon las lesiones sufridas por quienes participaron en la llamada Marcha de los Féretros, y determinar si el uso de la fuerza por las unidades que intervinieron en esos hechos se realizó de conformidad con las reglas de actuación que las rigen”.

COMÚN. De los once casos que el GIEI destaca, hay ciertas recomendaciones comunes en que no deja de enfatizar.

Para proseguir las investigaciones, más aún en casos que habían sido cerrados o aquellos en que se tuvo mayor identificación de los posibles responsables de los hechos violentos, el GIEI recomienda la protección estatal a los testigos.

“A través de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, brindar la debida protección y asistencia a las víctimas y testigos de los delitos, así como a quienes colaboren con la investigación, otorgando medidas de protección a quienes lo requieren y garantizando condiciones de seguridad, privacidad y confidencialidad a toda persona que desee prestar declaración”, es un pedido frecuente aún hoy día, a casi un año y diez meses de los hechos.

Asimismo, en todos los casos se recomienda que las autoridades fiscales garanticen a los familiares de las víctimas su efectiva participación, “para que puedan hacerse parte del proceso, acompañar las investigaciones, realizar sugerencias sobre diligencias por ser practicadas, obtener toda la información pertinente, ser debidamente representados y poder hacer valer sus derechos”.

También es común la exigencia a los investigadores las pericias balísticas, algo que si en algunos casos se hizo medianamente, en otros, definitivamente está ausente. Para los técnicos del GIEI es crucial “determinar el calibre de las balas y el tipo del arma de la cual se originaron”, “la distancia de los disparos, la trayectoria balística, el tipo de arma-munición que causó las lesiones (alta o baja velocidad), la posición de las víctimas y victimarios al momento de los hechos”, entre otros aspectos.

Cuando hubo intervención policial y militar, separada o conjunta para el control del orden público, el GIEI no deja de recordar que como parte del Estado, las comandancias de las fuerzas del orden están obligadas a colaborar en esclarecer las violaciones de derechos humanos en que hubieran incurrido uniformados.

Comprobada la acción de fuerzas del orden, el GIEI invoca a los fiscales a pedir información directamente de las comandancias. En el caso de los hechos en Yapacaní, por ejemplo, apunta: “Solicitar al Comando de Policía Departamental de Santa Cruz y al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, la nómina de los efectivos policiales y militares que participaron en el operativo conjunto en Yapacaní, el listado de armas empleadas, copias del libro de registro de salida y entrega de armamento y equipo utilizado, y copias de informes enviados por dichas unidades a sus respectivos superiores jerárquicos con posterioridad al operativo”. Una recomendación que siempre acompaña a la solicitud de información del operativo armado es que los fiscales convoquen a los uniformados cuya presencia se haya verificado en el lugar de los hechos, para entrevistarlos. “Solicitar y realizar entrevistas con los mandos policiales y militares que se encontraban a cargo del operativo conjunto y con los efectivos que participaron en el mismo”, es un pedido común.

VERSIÓN. Y es que también se trata de conocer la versión de los hechos por parte de los uniformados, que, en efecto, acaso se vio necesario el uso del arma. Como apunta para el caso de Yapacaní, por ejemplo, el GIEI recuerda la existencia del “Plan 613/2019, Mantenimiento y restablecimiento del orden público-Municipio de Yapacaní”, elaborado por el Comando de Policía Departamental de Santa Cruz.

“Según el Plan 613/2019, —destaca el GIEI— el uso de fuerza letal estaba supeditado a ‘una agresión inminente del oponente con arma de fuego en contra de los servidores públicos y de terceros cuando el riesgo para la seguridad sea inminente’”.

En las acciones militar-policiales también se trata de conocer la responsabilidad de los mandos que actuaron, destaca el GIEI. En el caso de Betanzos (Potosí), un municipio rural, por ejemplo, el GIEI apunta: “En relación con el operativo policial-militar, algunos aspectos fácticos que deben ser examinados incluyen: quién tenía el control operacional del operativo conjunto, cómo estaban establecidas las líneas de comando y control, cuáles eran las líneas de comunicación e información existentes y cuáles medidas de coordinación habían sido establecidas entre las distintas unidades involucradas”.

Y es que no se trata de una persecución judicial de los mandos militares o policiales, da a entender el informe del GIEI, sino de determinar precisas responsabilidades, y si el uso de la fuerza fue o no desproporcionado. En este sentido, con respecto a lo hecho en Betanzos, el GIEI señala: “En términos de atribución de responsabilidad, se destaca la importancia de que se tengan en cuenta los roles y aportes de cada persona que resulte imputada en relación con estos hechos, se examinen los elementos que componen las distintas formas de responsabilidad, y se acrediten dichos elementos con base en pruebas objetivas y debidamente valoradas”.

VALORACIÓN. Por eso, el GIEI reitera que “en la construcción de la teoría del caso y de posibles imputaciones”, el fiscal debe hacer una “evaluación minuciosa de toda la prueba recabada”, ver si el uso de la fuerza por militares o policías “se ajustó a las reglas de actuación que rigen su participación en operativos de mantenimiento del orden público”. Y, de comprobarse el uso de “fuerza letal”, “examinar si éste fue excesivo o desproporcionado. Considerar distintos niveles de autoría y participación, incluyendo la autoría material, mediata, instigación y complicidad. Considerar, además, aspectos relativos al comando y control del operativo conjunto”.

Y es una cuestión que hasta el cierre del informe del GIEI, el 23 de julio de 2021, todavía se hallaba pendiente, pues en el caso de la muerte de Juan José Mamani Larico aún le pide a la Fiscalía que solicite “al Comando de Policía Departamental de Cochabamba y al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas” que dé a conocer la nómina de efectivos policiales y militares que participaron en el operativo del 12 de junio en la zona Sur de Cochabamba, el registro de salida y entrega de armas, etc.

Especialmente en los casos en que hubo varias muertes en una misma ciudad o región, el GIEI encuentra que la investigación de cada caso se la hizo de manera fragmentada, individualizada, cuando el contexto más bien es social. En lo que pasó en el conurbano de Cochabamba, Quillacollo y Sacaba, por ejemplo (aparte de la masacre de Sacaba), el informe cuestiona: “En su revisión de estos expedientes, el GIEI ha observado una fragmentación de las investigaciones, las cuales han estado enfocadas a incidentes específicos y víctimas individuales. Esta fragmentación ha resultado en una dispersión de la prueba en los distintos procesos avanzados, lo cual ha dificultado el esclarecimiento de los hechos”.

FISCALÍA. Y es en Cochabamba donde el GIEI deplora abiertamente la actuación de la Fiscalía y la Policía en relación a lo que hizo la llamada Resistencia Juvenil Cochala.

A raíz de la muerte de Limbert Guzmán Vásquez en el puente Huayculli, en Quillacollo, relata el GIEI, fue la RJC la que detuvo a tres supuestos responsables, se sabe que fueron objeto de tortura y luego se los entregó a la Policía, a la EPI Norte. Acto seguido, “la Fiscalía les imputó la muerte de Limbert Guzmán, así como las lesiones sufridas por otras cuatro personas en el puente Huayculi”; el 5 de mayo de 2020 terminó imputándolos por “homicidio en riña o a consecuencia de agresiones”.

Y he aquí otra crítica que reiteradamente hace el GIEI a los fiscales, como en otros casos, en el de Guzmán, para los tres imputados, “la acusación describe su responsabilidad como conjunta, dada su presencia en los enfrentamientos y la imposibilidad de identificar a los autores materiales de los ilícitos por la multiplicidad de agresores”.

Sin entrar en la cuestión de fondo, si serán o no culpables, el GIEI cuestiona la calidad del argumento fiscal: “el GIEI observa que la acusación no examina las conductas que se le atribuyen a cada sujeto, y no se establece de manera clara el nexo entre estas conductas y los delitos”.

En cuanto a la abierta contemplación que se tuvo con la RJC, el GIEI casi se queja: “Como se describió en el Capítulo 3, Mario Galarza, Juan Escalera y Crescencio Valencia Rodríguez fueron torturados por integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala al momento de ser aprehendidos. Sus lesiones fueron documentadas en un informe pericial y uno de ellos permaneció internado en el Hospital Viedma. A pesar de ello, la Fiscalía no ordenó la investigación de las circunstancias en que habrían sido lesionados”. Por eso luego recomienda ampliar las investigaciones a estas lesiones por parte de particulares.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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