Se esperaba que la tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS 2016) sobre la problemática de las drogas sería definitiva para cambiar el enfoque de “guerra total contra las drogas”; perspectiva ésta que, como se sabe, ha costado violaciones a los Derechos Humanos y una cuota de sangre (además de otros serios daños) pagada por los eslabones más débiles, como los habitantes de países de América Central, por ejemplo.
Tras una declaración con algún cambio de nomenclatura favorable a un futuro nuevo enfoque y cierta aceptación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la flexibilidad por parte de los Estados dentro de las normas del sistema, que no se pudo modificar, la conclusión de UNGASS es que los Estados afectados por la problemática de las drogas cambiarán sus políticas hacia una flexibilización por encima de las convenciones. Animal Político estuvo en Nueva York durante la reunión que en determinado momento se esperó sea histórica, y si bien lo fue, no lo hizo en el sentido en que la sociedad civil esperaba.
En la inauguración de UNGASS, el 19 de abril, Werner Sipp, presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), defendió la arquitectura legal internacional, que consta de tres pilares: la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971; y, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. En resumen, Sipp señaló que en ninguna parte en estas convenciones se dice que haya que iniciar una guerra, violar los derechos humanos, o encarcelar a los consumidores de estupefacientes…
CONVENCIONES. Hay que conceder que lo dicho por Sipp es cierto, sin embargo, no hay que olvidar que el espíritu de las convenciones alienta la estigmatización de los problemas relacionados a los estupefacientes, estigma que ha derivado en el enfoque de guerra, violaciones a los derechos humanos, encarcelamiento a los consumidores, etcétera; es decir, han promovido que la problemática de las drogas sea tratada como si fuese un tema de seguridad y no de salud (la nueva declaración concede encarar el problema en “equilibrio” entre seguridad y salud).
Según el embajador de Uruguay en las Naciones Unidas, Milton Romani, el problema abordado desde una guerra se debe a una “interpretación sesgada” de las convenciones.
La declaración de UNGASS 2016 concede aceptar la flexibilización: “Reconocemos que existen retos persistentes, nuevos y cambiantes que deberían afrontarse de conformidad con lo dispuesto en los tres tratados de fiscalización internacional de drogas, los cuales ofrecen a los Estados parte suficiente flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus prioridades y necesidades, de conformidad con el principio de la responsabilidad común y compartida (noción que es la gran victoria de la segunda UNGASS en 1998) y con el derecho internacional aplicable”.
Lisa Sánchez —directora de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia y miembro de la delegación oficial de México en los tres años de preparación de UNGASS— juzga no sin ironía el reconocimiento a la flexibilidad de la declaración final: “Lo que pasa en el documento es dejar pasar la noción de flexibilidad dentro de los tratados, para decir: ‘mira, seguimos juntos, pero cada quien va a pasar a hacer lo que quiera por otros lados’. No es mi posición favorita, debimos tomarnos en serio la reforma del sistema y no que levantáramos las manos y que cada quien haga lo que quiera hacer. Es, no obstante, algo que intenta dotar de coherencia al hecho de que a niveles nacionales e infranacionales se están cambiando las cosas”.
En realidad, eso ya comenzó a suceder desde hace unos años y Uruguay es un ejemplo. En las intervenciones de UNGASS se vio que es precisamente lo que se seguirá dando: los Estados flexibilizarán sus enfoques contra las drogas de acuerdo con sus prioridades, dada la rígida estructura de la normativa de las Naciones Unidas, la cual para ser modificada milimétricamente requiere la fuerza de liderazgos gigantes.
ESTADOS. Luego de las palabras de los directores de las agencias competentes del sistema de Naciones Unidas, como la Oficina de las Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen (UNODC), la JIFE, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Presidencia de la Asamblea General, vino la aprobación de la propuesta de declaración (punto 8 del orden del día) y, en un desafío a toda la lógica de causalidad, se pasó recién al debate entre los Estados Parte (punto 7 del orden del día) del documento ya aprobado…
La omisión del documento final de una mención desaprobatoria a la pena de muerte por posesión de sustancias (aplicada en algunos países del Asia, como Indonesia, entre otros) estuvo presente en una mayoría de las intervenciones de los representantes de los Estados. Ésa es una prueba del débil consenso que existió en relación a una declaración que fue rubricada por los mismos Estados que luego reclamaron dicha omisión… Empero, es en las intervenciones de los representantes de diferentes Estados cuando se manifiesta lo que Sánchez mencionaba sobre la flexibilidad que admite la declaración y que resumía como “seguimos juntos, pero hacemos lo que queremos”, es decir, los cambios de enfoque por encima de las convenciones.
URUGUAY. El país oriental fue de los más ovacionados por el público de la sociedad civil. Uruguay es un ejemplo al momento de tomar medidas que van más allá de las convenciones prohibicionistas, al haber legalizado la producción y consumo del cannabis, lo que en su momento fue cuestionado por alguno de los 13 miembros de la JIFE.
En su breve intervención de poco más de dos minutos, el representante de Uruguay, Romani, lamentó que la declaración sea fruto de un consenso que no refleja todas las voces del proceso preparatorio; que el documento no incorpore la moratoria a la pena de muerte, que vulnera el primero de los derechos humanos, la vida; que no se haya incorporado la despenalización de la tenencia de sustancias hoy controladas para uso propio; que no hubo un balance serio de las metas; y la resistencia a adoptar el modelo de reducción de daños “que tantos beneficios ha tenido para contener realidades angustiosas”.
Tras una serie de intervenciones que no vale la pena reproducir, vino Jamaica, que vive un caso similar al de Bolivia, pues defiende el consumo tradicional de una de las tres plantas prohibidas por las convenciones: el cannabis (las otras dos plantas prohibidas son la coca y la adormidera). En su intervención expresó que el documento no satisface sus expectativas porque no se reconoce el uso tradicional del cannabis.
GUATEMALA. Jimmy Morales, presidente de Guatemala (uno de los países que solicitó la realización de UNGASS 2016, golpeado por la violencia de las maras), hizo votos por una política de drogas “más humana” enfocada en la salud en lugar de la punición, una política “que ponga a las personas por encima de las sustancias”. Manifestó que debe darse el hecho de que cada Estado tenga su política que se ajuste a su realidad, lo cual, como se dijo, es lo que viene pasando y continuará sucediendo luego de que UNGASS no modificó la arquitectura de la normativa internacional.
MÉXICO. La verdadera sorpresa, con un discurso que no se esperaba sea tan progresista, la dio Enrique Peña Nieto, presidente de México (país herido por el enfoque actual y que como Guatemala solicitó la realización de UNGASS 2016). Peña Nieto asumió el liderazgo del cambio de la política de drogas, aspecto que hay que reconocer, aunque sea un político cuestionado por otras razones no menores…
Las intervenciones de la mañana del 17 eran más bien monótonas, con las excepciones registradas previamente. Los representantes celebraban el consenso y explicaban qué habían hecho en sus países y, con anterioridad, en la misma orientación de la declaración aprobada. Hubo movimiento en la sala con la llegada de Peña Nieto y su comitiva…
“Como pocos, conocemos las limitaciones y las dolorosas implicaciones del paradigma eminentemente prohibicionista (de la lucha contra las drogas)”, señaló el Mandatario mexicano una vez en la testera.
“Ante las limitaciones del paradigma prohibicionista, se debe atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los Derechos Humanos. (…) Este cambio de fondo, implica modificar el enfoque eminentemente sancionador, para ubicar a las personas, sus derechos y su dignidad, no a las sustancias ni a los procesos judiciales, en el centro de nuestros esfuerzos”, dijo al virar la atención desde la sanción hacia la regulación. Esto provocó una ovación a un mandatario poco acostumbrado a ser aplaudido. El no estar habituado a las aclamaciones, Peña no hizo la respectiva pausa del orador diestro para permitir el halago y siguió hablando, tal vez creyendo que era abucheado; esto se repitió en las varias ovaciones que los espectadores de la sociedad civil le regalaron.
“La adicción a las drogas debe atenderse con mecanismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con instrumentos penales, que criminalizan a los consumidores y dañan el desarrollo de su personalidad”. Sucedió otra aclamación.
“En próximos días, el Gobierno de México expondrá las acciones específicas que se tomarán en esta dirección, en apego a los principios de salud pública y Derechos Humanos que hemos propuesto en esta Sesión Especial”, culminó entre aplausos un presidente cuestionado. Lo cierto es que no pasó un día y Peña Nieto mandó a su Congreso elevar la posesión legal del cannabis a 28 gramos y pidió la aprobación de la norma. Dicho y hecho, puede decirse.
COLOMBIA. Colombia, país que ha vivido de cerca los estragos del enfoque de guerra contra las drogas, es otro de los Estados que solicitó la UNGASS 2016. Si bien Juan Manuel Santos no pudo superar a Peña Nieto, quien le robó las cámaras, dio un discurso progresista —el 22 de abril— acompañándolo de hechos que van haciéndose realidad por encima de las convenciones y bajo la premisa de que una paz definitiva en Colombia fracasaría si no es acompañada de una nueva política de drogas.
“Debemos reconocer, con la mano en el corazón, que, así como no tenemos un mundo libre de alcohol ni libre de tabaco ni libre de violencia, no tendremos un mundo libre de drogas”. UNGASS 1998 se propuso un mundo libre de drogas para 2008; obviamente se fracasó y se fracasará en una meta de esa índole, por eso es importante el reconocimiento de Santos.
También habló de la regulación del consumo en sustitución de la penalización: “Las cárceles son para delincuentes, no para adictos, que, dicho sea de paso, en la cárcel se vuelven delincuentes. Sigue pendiente reconocer que las medidas represivas han recaído de manera desequilibrada sobre los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico”.
BOLIVIA. Al igual que Santos de Colombia, el presidente de Bolivia, Evo Morales, no intervino sino hasta el día del cierre de la Asamblea General. La diferencia está en que Colombia fue líder activo durante todo el proceso preparatorio de tres años en Viena, y Bolivia no jugó ningún rol, lo que llama la atención, ya que el país vive la problemática y podría haber liderado el nuevo enfoque con su experiencia, al ser un país productor y de tránsito de cocaína.
El discurso de Morales tuvo un punto importante y en consonancia con todo el debate del proceso preparatorio en Viena y el de tres días en Nueva York: Bolivia, sostuvo el Mandatario, “considera la necesidad de un debate amplio y diverso (sobre el enfoque del problema de las drogas) basado en las realidades de cada país en el marco de la soberanía”.
El resto del discurso de Morales no se enfocó a lo que se vino discutiendo durante tres años, y parecía dejar de lado lo que se había hablado días antes en esta Asamblea General, ya que el Presidente se centró en el trasfondo geopolítico de la guerra contra las drogas, cuando el debate en esta UNGASS específicamente giró alrededor de la protección del derecho humano a la vida y a poner a las personas por encima de las sustancias, en un deseable nuevo enfoque, tal como se vino reflejando en esta nota.
Las recomendaciones de Morales fueron por el lado de que “la mal llamada guerra violentó la soberanía de los pueblos, siendo un mecanismo de intervención”. Tal vez un discurso exclusivamente político que aborde las preocupaciones del Mandatario en relación a Estados Unidos y su intervencionismo habría sido más auspicioso; sin embargo, se notó que leyó un discurso preparado por su equipo cuando enumeró una serie de estadísticas…
Recomendó: “disolver la DEA, cerrar bases norteamericanas, acabar con el intervencionismo, acabar con el secreto bancario”, todas cosas importantes, pero que hacían disonancia con todo lo debatido. Su protesta por la criminalización de la hoja de coca fue oportuna, no obstante.
No existió ningún rol de Bolivia en la fase preparatoria de UNGASS, no interesaron los problemas de los vecinos latinoamericanos que pagan con sangre y violencia el enfoque de la guerra contra las drogas. Mas, una alianza solidaria siempre es posible: a esas naciones les interesa disminuir los terribles daños del enfoque prohibicionista (de los que Bolivia no debería sentirse libre) y al país, lograr el reconocimiento del consumo tradicional no solo en Bolivia.
“La realidad es que Bolivia (…) no volvió a figurar de manera representativa, y cuando se le pide expresamente la opinión, es un país que sabe defender muy bien los usos tradicionales de la hoja de coca, pero que fuera de eso parece no entender que el panorama es mucho más amplio (…), pues afecta a América Latina de una manera muy desigual, de una manera muy aguda y muy violenta. En ese sentido, Bolivia tendría que tener una posición mucho más de avanzada y de solidaridad con países que han pagado tanto”, menciona Sánchez, directora de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia, que fue parte de los tres años preparatorios de UNGASS.
En todo caso, el balance de la Sesión Extraordinaria es claro: los Estados flexibilizarán sus políticas independientemente de las convenciones: Chile lo está haciendo con el uso medicinal del Cannabis, Colombia debate en su Congreso un proyecto de ley sobre la regulación de la marihuana medicinal, México lo hizo al día siguiente de hablar su presidente en UNGASS, Uruguay se anticipó unos años legalizando el cannabis, 23 de los 50 estados de Estados Unidos lo hicieron con el cannabis; Bolivia parecía que iba por ese camino al denunciar en 2008 la Convención de 1961, pero su retorno a la misma ciertamente representó volver a enmarcarse en la corriente tradicional de la guerra contra las drogas.