A un mes y 27 días del asesinato del viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, en la localidad orureña de Panduro, el 25 de agosto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirma que este crimen ya fue “prácticamente esclarecido”, por lo que solo falta que se complete la captura de otros tres autores del secuestro y posterior ejecución de dicha autoridad, y que el juicio prosiga hasta llegar a la sentencia. Ese despacho, como parte querellante del proceso, presentó a la Fiscalía una lista de una veintena de comunarios de esa población, quienes deberán declarar como testigos.
— ¿Qué resultados hay en las investigaciones sobre las llamadas que usted recibió del viceministro Illanes y respecto de los cuestionamientos de que no hubo auxilio oportuno de la Policía?
— Este es uno de los hechos más dolorosos que se ha producido en la historia democrática del país, porque no solamente se trata de un servidor público, sino de una persona que se había caracterizado siempre por buscar diálogo, por tener una trayectoria respetable. Han sido pisoteados los valores de convivencia colectiva, han sido vulneradas las instituciones del Estado. El asesinato del viceministro es el crimen más grave, pero está precedido de secuestro, violencia psicológica, física, torturas y vejámenes, de lesiones graves y gravísimas, afectación al derecho a la libertad, a la comunicación, a la locomoción, a la integridad física, a la dignidad, al honor y a la vida, todo eso se ha conjugado.
Pretender enfocar la responsabilidad en el accionar policial, en las llamadas telefónicas resulta poco menos que morboso e inaceptable.
Cuando aparece el primer video, se dice que el viceministro intentó comunicarse y no le contestaron el teléfono, y que por ello ha sucedido lo que ha sucedido. Él intentó comunicarse conmigo entre las 10.15 y 10.30, en tres ocasiones, justo cuando yo estaba en una conferencia de prensa, en la que denuncié el hecho, y apenas terminó establecí contacto con muchas personas, entre ellas con él. Desde el primer intento hasta la comunicación efectiva pasaron unos ocho minutos.
Luego nos culparon por contestar el teléfono, porque decían que el viceministro pidió auxilio y no se le dio. Son especulaciones que carecen de sentido y objetividad.
Sobre el accionar policial, creo que nadie se ha animado a sostener públicamente la tesis de que la Policía debió intervenir, debió usar la fuerza, porque solamente en ese cerro, tal como ha registrado el Ministerio Público, se han encontrado 40 kilos de explosivos, que con el anfo y otras técnicas de preparación de este tipo de material se convertían en un arma letal para segar la vida de por lo menos 60 personas, según el informe técnico de la Unidad de Bomberos.
Es lógico que no habían posibilidades de una intervención por la fuerza, de forma inmediata. En segundo lugar, qué es lo que debió hacer la Policía, ¿replegarse inmediatamente? En este momento yo estoy absolutamente convencido de que se utilizaría ese argumento para decir que la Policía incumplió deberes, que lo abandonó, lo dejó solo, lo dejó sin auxilio.
Lo que hicimos fue aplicar el procedimiento de Naciones Unidas para casos de secuestro, el que dice que en último caso, como medida extrema, si no hay avances en las negociaciones, se debe utilizar la fuerza. Por ello, como último paso, preparamos un megaoperativo y se reunió un contingente de 5.000 efectivos, adicionales a los 1.200 que estaban en Panduro.
Previamente y siguiendo el protocolo nos contactamos con los cooperativistas para iniciar el diálogo. Ellos demandaron la liberación de los detenidos y así se lo hizo en Cochabamba, el juez emitió una resolución que mencionaba que se los dejaba libres por razones humanitarias, lógicamente debe leerse porque hay un viceministro secuestrado, y eso no fue fruto de la casualidad. Respecto a los 10 detenidos en La Paz se les pidió a los cooperativistas que manden a sus abogados para trabajar con ellos una acción de libertad y no lo hicieron, pues la gestión en ese caso era diferente.
Se entabló una negociación y se acordó el repliegue mutuo, es decir, de mineros y policías. Por ello se dispuso el repliegue de la Policía, pero debía ser de forma organizada porque si era improvisado las cosas podían empeorar, y se hubiera precipitado una acción de fuerza.
Se ha señalado también que el repliegue fue tardío, a las cinco de la tarde, y maliciosamente se intenta, en ese nivel especulativo, hacer coincidir el horario en que se desplazan a asesinar al viceministro, con un supuesto repliegue policial. Se ha señalado también que la Policía ha utilizado metralletas, si fuera así hubiéramos contado por decenas los muertos.
Aquí no ha habido ruptura de cadena de mando, todas las acciones de la Policía se las ha coordinado con el Ministro de Gobierno; segundo, la Policía institucionalmente ha cumplido su deber constitucional; tercero, los muertos, de los mineros corresponden a una responsabilidad personal, intuito personae, y no admiten buscar responsabilidades institucionales o colegiadas, porque eso no existe.
— ¿Y quiénes utilizaron las armas contra los mineros si no fueron policías?, pues el Defensor asegura que sí fueron ellos…
— Pero él no lo ha demostrado con los medios probatorios que se encuentran reconocidos en nuestra legislación, que pueden ser documentales, testimoniales o periciales, y hasta ahora el Defensor o quien afirme que la Policía ha utilizado armas de fuego no ha presentado ni una prueba, ni un indicio de prueba; por el contrario, nosotros como institución hemos remitido los planes de operaciones, los partes de los jefes de unidad, estudios periciales, se han presentado las listas de los efectivos que han participado. Y estamos a disposición de prestar cualquier información.
— ¿Quiénes son los responsables individuales, tienen indicios?
— No, porque la investigación funcionalmente está a cargo del Ministerio Público y cuando yo digo que son individuales, estoy dejando establecido que la Policía institucionalmente no tiene ninguna responsabilidad, ni se puede tampoco atacar a sus comandantes.
— ¿Individualmente, los policías pudieron haber portado armas?
— Tampoco existen indicios que puedan verificar esa hipótesis. En el caso del primer minero muerto en Cochabamba, el informe pericial, técnico dice que la bala ha tenido una trayectoria prácticamente horizontal. En la zona, los cooperativistas estaban en el cerro y los policías en el camino, y no solo había distancia, sino una notable diferencia de altitud. Es un elemento que debe ser considerado por los fiscales.
En el segundo caso, el disparo es a quemarropa, por la espalda, según el informe policial y el dibujo forense, entonces eso también es extraño porque no había contacto físico entre policías y bloqueadores, en Caihuasi, cruce Arque. Y bueno, estamos a disposición de presentar cualquier otra información que estuviera a nuestro alcance.
En el caso de La Paz, de Panduro, se dice que habían al menos 20 heridos de bala, además de la muerte del cooperativista (Rubén) Aparaya, pero no hay reportes de atención médica, ni declaraciones testificales. Por el contrario, las sospechas hacia Ángel Aparaya sobre la muerte del viceministro Illanes sí tienen declaraciones testimoniales coincidentes, que respaldan la hipótesis de que es uno de los principales responsables.
— ¿Cómo están sustentando la acusación, cuántos testimonios, videos y evidencia hay?
— Se ha recolectado documentación en los allanamientos, especialmente en oficinas de Fencomin. Las pruebas documentales son también los registros de prensa.
En fecha 23 de agosto, en horas de la tarde, los principales dirigentes de Fencomin denunciaron ante los medios de comunicación que había heridos de bala con un arma [para un proyectil de] nueve milímetros y que se encontraban en situación de gravedad por lo menos tres cooperativistas, pero no mostraron a ninguno. Lo que sí (pasó es que) internaron a un minero en el Hospital Obrero de Oruro, que por mala manipulación de dinamita se hizo volar la mano izquierda y parte del estómago, pero lo registraron como accidente en interior mina. Este minero muere a los cinco días; hasta ese momento no había ninguna víctima.
Nos llama la atención que los cooperativistas que operaron en Panduro informaron a la prensa de un arma de fuego que sustrajeron al edecán del viceministro Illanes, al teniente (Iván) Linares, y no informaron acerca de la pistola de nueve milímetros que sustrajeron al chofer, un sargento, y que el señor (Josué) Caricari escondió debajo de su chamarra. Son elementos que hay que investigar.
— Como parte querellante, ¿cuántos testigos presentaron?
— Nosotros hemos ofrecido por lo menos una veintena de pobladores locales, que tienen su propia versión de los hechos. Está a consideración del Ministerio Público; se los convocará. Hemos presentado documentación a nuestro alcance, videos que han sido obtenidos de los periodistas que han estado en la zona, fotografías, informes periciales, croquis, maquetas a escala, los planes de operación, elementos recolectados en la investigación; hemos presentado declaraciones registradas en la prensa. Que la Fiscalía saque cuentas de las declaraciones de más de 60 personas.
— ¿Cuántas personas más están implicadas? Se dijo 17
— A parte del señor Aparaya están el señor (Miguel) Ferrel, Caricari (y un tercero llamado Federico Escóbar). Se tienen dificultades para acceder al lugar donde están escondidos, se encuentran en algún lugar del país y se deben ejecutar las órdenes de aprehensión.
— ¿Qué está suelto todavía y debe ser esclarecido?
— Desde mi punto de vista, la muerte del viceministro Illanes está prácticamente esclarecida, habrá que completar algunos procedimientos, que se lleve adelante el juicio y llegar a una sentencia, nada más, pero está prácticamente esclarecida. Lo que obviamente está pendiente y todavía borroso es el tema de los cooperativistas mineros. En el primer caso estamos hablando del asesinato de una persona que había sido secuestrada, reducida y rodeada por una muchedumbre, en los otros, son enfrentamientos.
— ¿Cómo están coadyuvando en el caso de los mineros muertos?
— Nosotros nos hemos apersonado en el proceso y estamos participando e impulsándolo ¿Y cómo estamos aportando? Con todos los elementos informativos que anteriormente detallé.
— ¿Qué garantías hay para que los testigos puedan presentarse, declarar y acusar a los asesinos?
— Lógico que las personas que han estado presentes en el lugar, para salvar su responsabilidad, empiezan a dar elementos de información, entonces no es necesario torturar a nadie, no lo hacemos, no constituye un procedimiento legal, ni que se lo practique; no necesitan pedir garantías, las garantías están señaladas en la Constitución, las garantías son las del debido proceso y si nada tienen que ocultar tienen que presentarse y declarar.
— ¿Cuándo irá a declarar y en calidad de qué fue citado?
— Vamos a cumplir la agenda que tenemos pendiente y nos pondremos de acuerdo con la Fiscalía para que se programe la siguiente semana (por esta semana). Fui citado como testigo.
Datos
Nombre: Carlos Gustavo Romero Bonifaz
Nació: 23-08-1966
Profesión: Abogado
Cargo: Ministro de Gobierno
Perfil
Es investigador en temas constitucionales, problemáticas agraria e indígena de tierras bajas, analista social, escritor. Fue asambleísta constituyente. Entre 1995 y 2000 fue responsable del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) de Trinidad (Beni).