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Comisión de la Verdad; ahora se debate quiénes la conformarán

Las organizaciones de víctimas y familiares de desaparecidos hicieron llegar sus observaciones al Senado, pero esperan que las mismas no retrasen la aprobación de la normativa.

/ 19 de diciembre de 2016 / 16:28

Encaminada la constitución de la Comisión de la Verdad, la primera en el país que investigará lo ocurrido en la época de la dictadura, entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982, ahora toca definir quiénes la conformarán para garantizar imparcialidad y capacidad profesional, entre otros requisitos; según el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, esa tarea estará en manos del Presidente del Estado, lo que no preocupa a las organizaciones de víctimas y familiares de desaparecidos; lo que sí demandan es que sean ellas y las agrupaciones de derechos humanos las que sugieran los nombres.

Y es que la futura norma no establece quiénes propondrán a estas personalidades, aunque el proyecto inicial presentado por las organizaciones de mártires de la represión y familiares de desaparecidos les daba esa facultad. Otro tema en cuestión está referido a la “reparación integral” que fue cambiaba por “satisfacción”. También intranquiliza que no se establezca “el estricto cumplimiento” de las recomendaciones, tal como fue sugerido. Y de igual manera se observa que no se haya considerado la totalidad de delitos que propusieron.

Es la primera vez que el país tendrá una instancia de estas características, aunque, ya recuperada la democracia en 1982, el expresidente Hernán Siles conformó una Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos Desaparecidos Forzados.  Dicha instancia estableció que durante los gobiernos dictatoriales se produjeron unas 150 de-sapariciones forzadas entre noviembre de 1964 y octubre de 1982; que hubo 50 desaparecidos en Argentina y en Chile. Encontró los restos de 14 personas desparecidas en la dictadura de Hugo Banzer y se estableció que ese régimen fue parte del Plan Cóndor.

Ahora bien, independientemente de que la futura ley faculte al presidente Evo Morales a designar a los cinco integrantes de la Comisión de la Verdad, quienes trabajarán entre dos años y dos años y medio ad honorem, es decir, sin un salario asignado más que el reconocimiento de pasar a la historia como quienes develaron los horrores de la dictadura, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional y Social (Asofamd) y la Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano, dos de las organizaciones que elaboraron un proyecto de ley base, coinciden en que deben ser éstas las que los sugieran.

Así lo postula la presidenta de Asofamd, Ruth Llanos: “Vamos a hacer lobby, cabildeo para que los nombres elegidos sean realmente como se había planteado, es decir, personalidades destacadas, idóneas, comprometidas con una sociedad respetuosa de los derechos humanos”.

La secretaria ejecutiva de esa agrupación, Edith Montesinos, apeló a la apertura mostrada por el presidente Morales, quien “a veces escucha a las organizaciones sociales; por ahí también acepta las sugerencias que nosotros vamos a hacer”.

Entretanto, el presidente de la Plataforma de Luchadores Sociales, Julio Llanos, dijo que este punto debe estar claro en la norma, por lo que en las observaciones que se hizo llegar al Senado, su agrupación pide que se cambie la redacción del parágrafo II del artículo 3 para que el nombramiento que haga el Mandatario sea “exclusivamente de los nombres postulados, propuestos por las organizaciones de derechos humanos y por las víctimas”, tal como lo plantearon.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, garantizó que las personalidades que el Mandatario “propondrá al país serán personas que van a poner la verdad, la justicia por encima de la impunidad, que generen la confianza en la población de que van a construir de manera responsable, ética y comprometida, con la verdad, su informe final, y eso uno no lo gana a través de un examen técnico, esto uno lo gana con una vida comprometida, con la lucha social, con los derechos humanos, la democracia, etcétera”.

Consultada sobre la posibilidad de que las agrupaciones de derechos humanos, mártires y familiares de desaparecidos sugieran a esas personas, Montaño respondió: “Siempre es posible, en una sociedad democrática como la nuestra, generar opinión en torno a este tipo de temas”.

PERFIL. Llanos dijo que los comisionados deben cumplir los requisitos de idoneidad y compromiso con los derechos humanos porque ello será garantía de su trabajo. Montaño insistió en que el presidente Morales designará a las mejores personas porque “durante toda su vida y toda su historia personal ha sido un defensor de los derechos humanos”. Afirmó que el Jefe del Estado comparte, con las víctimas que defendieron la democracia, la lucha social, por lo que la designación será confiable y no cabe sospecha de parcialidad con los victimarios.

El hecho de que sea el Presidente quien nombre a las cinco personalidades no los hace dependientes de éste, sostuvo Ruth Llanos de Asofamd. Y si bien el artículo 1 del proyecto inicial especificaba que la Comisión es independiente, lo cual fue suprimido en el proyecto aprobado por Diputados, dijo que los miembros de ésta deberán aclarar ese precepto en su reglamento. Empero, no ve riesgos sobre su accionar. “Creemos que va a depender mucho de estas cinco personas, la Comisión y su reglamento, y de la labor que como organizaciones de sociedad civil vamos a realizar para hacer seguimiento a su funcionamiento, a su rendición de cuentas”, expresó.

Y alberga la esperanza de que al no ser una tarea sencilla, es decir, estar sometidos a la presión de escuchar los testimonios, a la prensa y a la sociedad en su conjunto, éstos no aceptarán imposiciones, más bien aseguró que al no recibir remuneración alguna demandarán condiciones para desarrollar su trabajo.

La única dependencia de la Comisión de la Verdad será administrativa, a efectos de rendir cuentas al Ministerio de Justicia sobre el presupuesto que recibirá y así lo prevé la futura normativa en el artículo 4. Y si bien los comisionados no recibirán ninguna retribución económica, sí se dispondrá de recursos para pagar al personal técnico que será contratado para acompañar todo el proceso. El mismo artículo en el parágrafo II precisa que la “Comisión podrá solicitar la contratación de servicios de especialistas en medicina forense, comunicación u otra área específica”.

Por la experiencia en otros países, Ruth Llanos de Asofamd manifestó que será necesario contratar psicólogos, trabajadores sociales, abogados y forenses, entre otros.

La norma garantiza que los comisionados gozarán de inviolabilidad personal y no podrán ser juzgados penalmente por el ejercicio de sus funciones por las acciones asumidas en la investigación.

FINALIDAD. Esta Comisión, según el artículo 2 del proyecto de ley, tendrá, entre otros objetivos, que “investigar y recabar información y documentación que permita establecer indicios de responsabilidad civil y penal de los posibles autores mediatos e inmediatos, intelectuales y materiales, instigadores, cómplices y encubridores en los casos de grave violación de derechos humanos”. Las responsabilidades que vayan a emanar de su labor serán derivadas al Ministerio Público para que se abran los procesos que correspondan.

Entre otros fines sugerirá “el diseño de políticas públicas de prevención y no repetición de violaciones graves a derechos humanos y las medidas de satisfacción a las víctimas”.

Este último objetivo, referido a la satisfacción, preocupa a la Plataforma de Luchadores Sociales. Julio Llanos cuestionó que se haya reemplazado la reparación integral a los mártires, que fue propuesta por ellos.

“La resolución (60147 de Naciones Unidas) dice que se debe hacer conocer la verdad a las víctimas, sancionar a los responsables, dar satisfacción y las garantías de no repetición. Y como está el proyecto solo están tomando una parte de la obligación que tiene el Estado”, señaló.

No obstante, según Ruth Llanos en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas les explicaron que ese término es mucho más amplio. “Eso no hemos tenido tiempo de revisar (…) Acá decía políticas de reparación, pero van a tener que dar una satisfacción y eso tendrá que discutirse en el reglamento, qué tipo de satisfacción se va a dar”, argumentó.

No lo cree así Julio Llanos y considera que la actual redacción demuestra la falta de voluntad política para cumplir las obligaciones del Estado. ¿Y por qué, según este representante, es importante incorporar el concepto de reparación integral? Porque ello permitirá que no solo la persona afectada pueda ser beneficiada, sino también sus familiares.

“Como ejemplo debe tomarse las reparaciones que se hicieron en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, donde han cubierto la deuda que tienen con las víctimas de la violencia política y hoy día gozan de beneficios sociales, de una renta vitalicia, tienen atención médica hasta su tercera generación, atención psicológica, prótesis; aun así la satisfacción no es plena, porque quién va a estar satisfecho de que le hayan quitado a su madre, de que su padre haya de-saparecido”, indicó Julio Llanos.

Igual opinó Victoria López, secretaria general de esa organización, quien afirmó que por más reparación económica que puedan recibir “jamás van a poder subsanar el daño que nos han ocasionado”.

Otro tema en cuestión, según Asofamd, es que las recomendaciones de la Comisión no son de “estricto cumplimiento” como establecía su propuesta; el artículo 13 del proyecto aprobado dice: “Las autoridades y los servidores públicos deberán realizar las acciones necesarias para adoptar las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad”. Y su preocupación no es para menos. La presidenta de esa agrupación, Ruth Llanos, recordó que en otros países se hicieron “buenos informes, dieron muy buenas recomendaciones, pero su cumplimiento fue la parte más difícil”. Espera que este punto se incluya en el reglamento.

LÍMITES. Otra de las observaciones está referida al artículo 1, en cuanto a los delitos que serán esclarecidos. Victoria López de la Plataforma informó que propusieron el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos como “persecución política sindical, prisión, detenciones arbitrarias, lesiones e incapacidades calificadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual, exilio, destierro, residenciamiento político, muerte por violencia política y todo hecho de violencia política”. Empero, el proyecto aprobado por Diputados habla de esclarecer “asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual”.

Precisó que la norma debería considerar todos los hechos que fueron identificados por los mártires y sus familiares, pues su participación en la defensa de la democracia y en la resistencia a la dictadura fue diferente, por lo que el sufrimiento que les ocasionaron también fue distinto.

Esa misma observación la hizo Asofamd. Ruth Llanos expresó que el artículo 1 no debe ser “tan restrictivo” y debe “incluir diversas formas de violaciones graves a los derechos humanos, como la ejecución extrajudicial”. Puso como ejemplo la masacre de la calle Harrington, así como lo ocurrido con los guerrilleros de Teoponte o con las masacres mineras.

Hay otras observaciones, como el hecho de que el proyecto dispone que la desclasificación de archivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, entre otros, se hará de acuerdo con reglamentaciones internas de cada entidad, pero Asofamd considera que debe hacerse de manera irrestricta para que ninguna autoridad se ampare en ese precepto para no entregar la documentación requerida.

Según esas organizaciones, Bolivia es el único país en Sudamérica que no conformó una instancia para investigar los hechos de la dictadura. En ese fin  avanzaron Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Brasil, todos ellos miembros o que colaboraron del Plan Cóndor, una red transnacional que operó en Sudamérica para perseguir a los detractores de los gobiernos militares.

Estas agrupaciones ya remitieron sus observaciones al Senado. Empero, en la Cámara Alta aún no se dio lectura al proyecto remitido por Diputados, por lo que no fue derivado a una comisión, comunicó el senador René Joaquino (MAS). No obstante, explicó que si las observaciones de esas agrupaciones son estructurales y atendibles, pues se incorporarán modificaciones, en cuyo caso el proyecto tendrá que retornar a la Cámara Baja, donde se originó el debate.

Asofamd espera que las observaciones no demoren la aprobación de esa norma, que comenzó a ser trabajada en 2014. “Lo mejor, en nuestros sueños más grandes, hubiera sido que se apruebe tal como estaba la ley que hemos propuesto, pero como la experiencia de otras leyes muestran, la sociedad civil propone y son los legisladores los que discuten y consensúan las distintas posiciones”, consideró Ruth Llanos.

Julio Llanos de la Plataforma asegura que es necesario debatir todos los puntos observados porque “es preferible hacer bien las cosas, aunque nos lleve un tiempo más”.

Y advierte que en caso de que el Senado no considere su solicitud de modificación acudirá a organismos internacionales para que se respeten sus derechos y que la “Comisión de la Verdad realmente dé al pueblo boliviano el derecho de conocer lo que ha ocurrido durante tanto tiempo y por qué se hizo eso”.

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El Mas se cohesiona, ¿cómo favorece a Arce?

El presidente Luis Arce y el MAS tendrían que convertir lo que dejó la marcha en acciones concretas de gestión pública.

El bloque nacional-popular, del que es parte el MAS, ha mostrado el alcance de su convocatoria; el problema es ¿cómo ayuda esto a su propio gobierno?

Por Iván Bustillos Zamorano

/ 5 de diciembre de 2021 / 21:08

El punto sobre la i

En verdad, la concentración en la plaza San Francisco y alrededores el 29 de noviembre, culminando la denominada Marcha por la Patria, debe ser, como dice el comunicador y politólogo Manuel Mercado, una de las más numerosas de los últimos 10 años. Sin embargo, hasta que no se pruebe de alguna forma el millón y medio de personas que se habría reunido, según el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, será un dato todavía incierto; pero, al margen de la cifra, lo que más valora Mercado es la capacidad que tuvo el “bloque nacional-popular” (que no se reduce al Movimiento Al Socialismo, MAS, insiste) de aglutinar a los sectores más diversos. “Es algo que no tiene que pasar desapercibido”, porque si hasta hace poco se hablaba mucho de las fisuras o fracturas en ese bloque, “hoy vemos que esas fracturas o no eran tan profundas o se están cerrando”, señaló Mercado en una entrevista junto a la socióloga Luciana Jáuregui en el programa por streaming de La Razón Piedra, papel y tinta, del martes 30 de noviembre. “Vemos al Pacto de Unidad, junto a la COB, indígenas, al propio Instrumento Político y sectores urbanos” reunidos, ilustró Mercado la diversidad del MAS.

Para la socióloga Jáuregui, una de las finalidades no menores de la marcha ha sido establecer unas mínimas condiciones de gobernabilidad para el Gobierno nacional. “Materializar la fuerza electoral del gobierno de Luis Arce (el 55,1%), generar un escenario de gobernabilidad mínima para que pueda desempeñar sus funciones, frente a las amenazas de las oposiciones más radicales”, destacó la investigadora.

Calles. El MAS, coincidieron los analistas, necesitaba “recuperar las calles”, escenario que le habían arrebatado las oposiciones políticas, cívicas y de otros sectores, por lo menos desde 2019.

“Con esta marcha, el MAS recupera las calles, la marcha, la movilización, recupera la capacidad de convocatoria, y masiva”, señaló a este suplemento el politólogo Marcelo Silva.

Y he aquí el mayor reto que tiene el MAS tras la masiva marcha y concentración de la semana pasada, añadió Silva, y es el desafío de convertir esta muestra de unidad y cohesión que mostró en factores positivos para la gestión pública de su gobierno.

Ahora, si bien la Marcha por la Patria mostró capacidad de cohesión entre sectores, como apuntó Mercado en anteriores líneas, el otro problema, añadió Silva, es la cohesión y articulación, buena coordinación entre el trípode gobierno-partido-movimientos sociales, la mecánica básica de funcionamiento del MAS.

Hasta hace algunos meses parecía que estas instancias definitivamente no coordinaban.

Aquí hay un hecho clave que destacó Silva: que antes, cuando Evo Morales era presidente, esta articulación no era tanto problema, pues “Evo Morales capturaba las tres cosas, él era el Presidente, él era el jefe del partido y además era el líder nato de las organizaciones sociales”; ahora no hay ese escenario de coordinación.

Esta es la otra importancia de la marcha: al parecer es la forma de articular al gobierno, al partido y a las organizaciones sociales. Y al parecer también aquí Evo Morales puede cumplir un rol central: ser el articulador, el mediador entre esos tres ámbitos (gobierno, partido y organizaciones). Esto es una necesidad ya no solo del MAS, sino del propio país, insistió el politólogo: de cómo el actual partido en el poder logra hacerse eficiente en la gestión pública sobre la base de una productiva coordinación entre la burocracia, el partido político y los movimientos sociales.

Si el MAS logró este desafío, aseveró Silva, se verá “en el ámbito de la gestión, porque esta estructura de poder político tiene que transmitirse al ámbito de la gestión; veremos si el gobierno de Luis Arce, ahora aparentemente fortalecido, es capaz de transformar ese poder político, esa estructura de unidad en políticas públicas, en determinaciones gubernamentales”.

Ahora, si la marcha ha hecho ver cómo está la cohesión entre sectores sociales, la cohesión y coordinación entre el trípode gobierno-partido-organizaciones, también debería resolver la cohesión deseable entre tendencias políticas, de liderazgos, al interior del MAS, insistieron Mercado y Jáuregui.

RODWY CAZÓN

RODWY CAZÓN

RODWY CAZÓN

RODWY CAZÓN

RODWY CAZÓN

MOVILIZACIONES. El lunes 29 de noviembre, en realidad hubo dos grandes marchas: la más numerosa, que venía de Caracollo (Oruro) y era encabezada por Evo Morales, y la que partió de la Cumbre del camino a los Yungas de La Paz.

Tendencias. La marcha, provocó la socióloga Jáuregui, también se la puede ver como el nuevo mecanismo de articulación, de juego, entre las tres mayores tendencias políticas hoy en el MAS: las alas lideradas por Evo Morales, David Choquehuanca y Luis Arce.

“De algún modo se ha encontrado un nuevo mecanismo de gestión de lo político al interior del MAS, que antes recaía en el liderazgo de Evo Morales, ahora no es menos cierto que sigue siendo importante, pero da la impresión de que se está construyendo una suerte de trípode, en el que el liderazgo de Choquehuanca, de Arce y de Evo se articulan a través de sus bloques sociales. El bloque de Choquehuanca, que tiene una base más campesina de Los Andes; el de Morales, que cuenta con una base cocalera fundamentalmente; y la burocracia, con Luis Arce”, describió Jáuregui la otra compleja articulación a lograr.

Luego, otro problema de la marcha es su señal “hacia afuera”, lo que puede significar para el resto, tanto de los sectores sociales como de los partidos.

Desde una perspectiva más bien crítica, la socióloga cochabambina María Teresa Zegada observó que la Marcha por la Patria, con toda la legitimidad que pueda tener, “lamentablemente se ha visto contaminada” por la mezcla y confusión en que ha caído entre los intereses partidarios (de reorganización, posicionamiento, etc.) y los intereses propiamente estatales, entre el interés partidario y el interés público.

Esta mezcla o superposición de lo estatal con lo partidario antes que un beneficio para el MAS redundará en un perjuicio, apuntó Zegada: la dinámica de organización de su base social, por ejemplo, no es autónoma, netamente partidaria, sino más bien está contaminada por el poder desde el Estado.

Aquí, Mercado llamó la atención sobre una suerte de reposicionamiento del MAS. “La señal externa que envía esta marcha no es ‘somos mayoría’ [eso lo dice el propio 55,1%], sino que dice ‘estamos movilizados’, esto es lo que la marcha le dice al país; cosa que no podía decir, por ejemplo, en 2019, cuando te encontrabas a un bloque nacional-popular desmovilizado, desmoralizado, que no tenía el control y presencia en las calles”.

Para la socióloga Jáuregui, hacia lo externo, la marcha también muestra la posibilidad del MAS de replantear su proyecto político, de “irradiarse” hacia las clases medias.

“La pregunta es de qué forma la marcha impacta entre las clases medias, porque las clases medias es donde se juega el verdadero terreno de la lucha política, y aquí el desafío del MAS está en transitar del momento de la fuerza al momento de lo político, y esto quiere decir que no se trata solamente de ocupar el espacio físico, el centro físico (de la ciudad), sino de ocupar el centro político, y esto necesariamente tiene que pasar por la reactualización de su proyecto político, por el acercamiento a las clases medias; la contundencia de la marcha no tiene que significar una clausura para el MAS, al contrario, tiene que convertirse en un nuevo momento para pensar cómo se puede irradiar el MAS hacia los sectores medios”, verdaderamente provocó Jáuregui.

Para Mercado, es un problema de ubicación ya no solo del MAS sino del sistema político en general. “Todo el sistema político está rezagado respecto a una nueva realidad cultural, social y económica”

Desafío. El MAS, en particular, dijo el comunicador, “no está pudiendo entender cuáles son los nuevos vectores sobre los cuales se está moviendo la sociedad que el mismo MAS ha ayudado a generar [la bonanza de 14 años]: el reto del MAS es leer a esta nueva sociedad”.

En cuanto al futuro de la marcha, en el curso de la misma Marcha por la Patria, entre los marchistas, contó Evo Morales, surgió la idea de marchar lo mismo a Sucre para reclamar y apurar la aplicación de la justicia en los casos de las muertes y represión durante el gobierno de Jeanine Áñez.

Al respecto, tanto Silva como Zegada ven la peor perspectiva si es que el MAS empieza a abusar del recurso marcha. “Está bien eso de haber recuperado la calle, pero puede ser contraproducente hacer una constante de ello (la permanente marcha), una calistenia”, cuestionó el politólogo; peor por la época que se vive, cuando la gente está pensando ya en otras cosas “de fin de año”, aseveró.

De persistir en marchas para cualquier demanda, como es el caso de ir a Sucre a exigir celeridad, afirmó Zegada, es el camino al desgaste, no solo del partido sino de la sociedad misma, después de haber superado la crisis de 2019 y 2020. “El país quiere estabilidad política para poder enfocarse en los verdaderos problemas que está enfrentando la gente. Todo esto no deja de resonar como polarización política, cuando realmente se necesitan otras respuestas desde el poder público”.

Ya en una perspectiva más del MAS y del bloque nacional-popular, Mercado cuestionó: está bien que se haya logrado una masiva marcha, conseguido una mejor cohesión en los distintos niveles descritos, pero ahora ¿qué debe venir?

“Y la pregunta que hoy viene es: ¿y ahora qué? Porque no puedes reunir a más de medio millón de personas, generar una marcha de siete días que recupera la épica del proceso de cambio, de movimientos, organizaciones, sectores, regiones que han llegado desde diferentes lugares del país, para decirles, ‘bueno, gracias por la visita, nos vemos en las siguientes elecciones’. Tiene que condensarse esto en un hecho político que vaya más allá de la simple demostración de fuerza”, sentenció Mercado.

(*)Iván Bustillos Z. es periodista de La Razón

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El complejo federalismo

Bolivia tiene un modelo de organización territorial que, más allá de su nombre, es más justo, liberador.

/ 5 de diciembre de 2021 / 20:47

DIBUJO LIBRE

Agotado su discurso coyuntural, hace unas semanas, el Gobernador de Santa Cruz lanzó, sin ninguna preparación ni reflexión, la antigua idea de discutir el federalismo como “una solución de fondo” ante el “centralismo del MAS”. “El masismo se ha hegemonizado en el Gobierno y juega con toda esa realidad, nos miente, nos divide y nos confronta solo para mantener ese poder en el centralismo”, dijo muy suelto de cuerpo, confundiendo organización del Estado con atribuciones de gobierno. Aquí unas reflexiones y datos históricos sobre cómo el tema del federalismo fue usado de pretexto para fines oscuros, mezquinos y sectarios, antecedentes que de seguro desconoce el atribulado gobernador.

Desde su fundación, sobre la base de las cuatro provincias altoperuanas que formaban la Real Audiencia de Charcas, Bolivia tuvo un tema irresuelto, que le acompañó durante los primeros 180 años de su vida republicana: la organización territorial del Estado; el fuerte debate entre centralistas y federalistas fue una constante durante casi dos siglos y fue usado como excusa para la movilización y la asonada militar en más de una ocasión. Basta recordar los debates entre Lucas Mendoza de la Tapia y Evaristo Valle en la segunda mitad del siglo XIX.

El federalismo fue utilizado por los liberales, encabezados por José Manuel Pando, para derrocar la hegemonía conservadora en la denominada Revolución Federal de 1899, una de las dos guerras civiles que vivió Bolivia. Bajo este argumento, Pando había hecho tres grandes promesas para conmocionar al país y lograr acabar con el conservadurismo del presidente Severo Fernández Alonso, las tres terminarían en graves traiciones. La primera promesa fue convertir al país en un Estado federal; concluido el enfrentamiento, Pando archivó la reforma en la Asamblea que se formó en diciembre de 1989, con el voto dirimidor de su afín Lucio Pérez Velasco. Los liberales se habían opuesto tenazmente a que los denominados Tratados de Transferencia suscritos con Chile en 1895, que eran favorables a Bolivia, entren en vigor; ellos planteaban la recuperación del litoral boliviano por la vía de las armas. Una vez en el poder, paradójicamente, fue el liberal Ismael Montes, sucesor de Pando, quien suscribió el ignominioso Tratado de 1904 con Chile; así se consolidó la segunda traición de los liberales. Pero, sin duda, la traición más grande fue a los indígenas dirigidos por Pablo Zárate Willca, que fueron utilizados para los fines políticos de los liberales. No se les concedió las reivindicaciones prometidas y, a más de ello, “Zárate, el Temible Willca” fue asesinado en su traslado de Oruro a La Paz, dizque en plan de fuga.

El 11 de enero de 1931 se dio en Bolivia un hecho sin precedentes. Por primera vez en nuestra historia, se llevó adelante un “referéndum popular”. En dicho acto democrático se aprobó, junto con otras ocho reformas, la descentralización políticoadministrativa del Estado; sin embargo, esta reforma fue la única postergada por el presidente Daniel Salamanca, supuestamente por la inminencia de la Guerra del Chaco. Nuevamente, Bolivia mantendría un sistema de organización territorial fuertemente centralista.

En la década de 1970, la lucha por las regalías petroleras departamentales, encabezada por el departamento de Santa Cruz, mostró una vez más la necesidad de modificar la organización territorial. Décadas más tarde, la reforma constitucional de 1995 aprobó un tímido y escueto cambio que establecía una falaz descentralización administrativa, de la cual derivó la Ley 1654, que hizo un remedo absurdo de descentralización, que no implicaba facultad legislativa para los departamentos, menos elección democrática de sus autoridades, manejo efectivo de sus recursos y peor competencias y facultades concretas.

Así planteadas las cosas, era obvio que este tema tendría una gran relevancia en el proceso constituyente refundacional que vivió Bolivia en 2006, y lo tuvo para bien de la nación. Empero, más allá del legítimo reclamo planteado, el tema fue abiertamente utilizado una vez más para enfrentar oriente y occidente con fines políticos poco claros de las élites que tradicionalmente habían gobernado la nación y que no aceptaban un cambio proveniente de un gobierno indígena. Así surgió el falso debate entre autonomistas y centralistas, no solo al interior de la Asamblea Constituyente, sino en todo el escenario político, cuando en realidad no había razón para ello. Bolivia iba a cambiar para bien su sistema de organización territorial.

La Constitución boliviana creó un innovador sistema jurídico-político con cuatro niveles de autonomía, siendo la más importante la departamental, que importó en realidad la nueva forma de organización territorial del Estado. Por primera vez, el nivel central cedió poder a los departamentos, no solamente en cuanto a organización política, eligiéndose directamente a autoridades ejecutivas y legislativas a nivel departamental, sino también en cuanto a organización económica, a través de un catálogo de competencias exclusivas, compartidas y concurrentes, que fue la clave para generar una autonomía ordenada y racional para el Estado.

Los gobiernos municipales resultaron fortalecidos con la nueva Constitución por varias razones: su sistema democrático de conformación fue ampliamente mejorado, poniendo como ejemplo solo el hecho de la elección de alcaldes y concejales en listas separadas; adquirieron capacidad legislativa en el ámbito de sus competencias. En los hechos, los municipios, principalmente rurales, adquirieron un gran rol protagónico, no solo por el nuevo marco constitucional, sino porque se convirtieron en el eje de una serie de políticas sociales características de un Estado social.

La autonomía regional se tradujo en un acto de justicia, de equilibrio y de igualdad para sectores como el Chaco tarijeño, que desde hace más de un siglo pretendió con justeza y razón tener un mayor grado de autodeterminación. Sin dejar de pertenecer a la estructura de nueve departamentos, la autonomía regional con capacidades ejecutivas trajo paz y unidad a las regiones, ratificando la existencia solamente de nueve departamentos, como manda el texto constitucional. La autonomía indígena originaria campesina, aún en proceso de desarrollo, fue la base para que los municipios por voluntad propia puedan convertirse en autonomías indígenas, adquiriendo capacidad de autogobierno sobre la base de usos y costumbres como fuente del derecho indígena.

Finalmente, en el marco de esta nueva forma de organización territorial, adquirió gran importancia el referéndum como mecanismo de democracia participativa. Fue introducido para aprobar estatutos autonómicos, cartas orgánicas, la conversión de las autonomías y la decisión final sobre los conflictos limítrofes, entre otros.

Consecuentemente, lo que corresponde ahora no es hablar por hablar, no es tratar de confundir, no es hacer lo que se hizo tantas veces en Bolivia, usar un pretexto para fines espurios.

A la luz de la lógica, la razón y la verdad, hoy, Bolivia tiene un modelo de organización territorial que, más allá de cómo lo denominemos, es más justo, liberador, genera amplias capacidades para los departamentos y, lo más importante, nos hace una Nación más firme y unida. Lo que corresponde es continuar implementando este modelo adquirido por la voluntad del pueblo y, en todo caso, perfeccionarlo. El debate está abierto.

 (*)Héctor Arce Z. es abogado, actual representante de Bolivia en la OEA

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La Marcha

La marcha es el mayor ejercicio político de manifestación y de acción de los grupos sociales/políticos.

/ 5 de diciembre de 2021 / 20:42

DIBUJO LIBRE

Agosto de 1986. Interminables columnas de gente marchaban por el altiplano boliviano, cinco mil mineros acompañados por sus familias se dirigían hacia la ciudad de La Paz. La caída de los precios internacionales de los minerales un año antes encerró a la vieja Comibol en un callejón sin más opciones posibles que el final de actividades en tantísimas unidades no rentables. Una situación de colapso económico, el peso de la deuda externa lograda por el gobierno militar de Banzer y sucesores, la descontrolada hiperinflación y el valor inexistente del peso boliviano, sumado a las dificultades políticas del gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo, condujeron a un escenario donde Víctor Paz Estenssoro, recién convertido en presidente, pronunció aquella sentencia: “Compatriotas, Bolivia se nos muere”. Sobre aquella angustiosa situación de crisis, la debacle del sector minero llevó a que el gobierno decidiera empujar a miles de trabajadores de las minas hacia el desempleo. En un desesperado esfuerzo por mantener sus fuentes de trabajo, los mineros cesantes, contados por millares, se lanzaron a una marcha que les permitía abrazarse a un hálito de esperanza. Durante días, hombres y mujeres transitaron sobre aquella carretera que en aquel entonces era de una vía de ida y otra de vuelta. No había alegría, no era el hecho místico el que guiaba el esfuerzo en cada kilómetro. Un mal presentimiento cruzaba las sensaciones de aquellas mujeres y hombres. Cuando estaban a 57 kilómetros de La Paz, en Calamarca, una acción militar los detuvo, los dispersó y venció la decisión de su marcha. Resignados y con el espíritu quebrado volvieron a sus poblados y desde entonces su vida cambió fatalmente. Fue, bien podríamos decir, uno de los esfuerzos más dramáticos del sector obrero del país.

Las marchas son un hecho colectivo/ social. Son también protagonistas en la historia reciente de la construcción de nuestra democracia como un símbolo y una forma de visibilizar un hecho de máxima tensión. En el tiempo tuvieron diferentes significados y expresaron distintos sentires y preocupaciones, a momentos políticos, otras veces como un clamor de dignidad, pero siempre, siempre fueron Marchas por la Vida y la Patria. Marchan los humildes, los que la historia busca rendirlos, amansarlos, disciplinarlos, subyugarlos, obligarlos y derrotarlos. Marchan para ser, para estar, para decir, para gritar, para resistir. Marchan para defender aquello que históricamente nadie debió arrebatarles.

Una marcha es una manifestación y una manifestación en la calle es una expresión colectiva con fines de incidencia sobre coyunturas y hechos de contexto. En la primera mirada, una visión horizontal, sus participantes se caracterizan por una homogeneidad en el interés compartido; sin embargo, los perfiles, como también las finalidades, son diversos. Los distintos niveles de implicación exigen también que haya un abordaje necesario de ellos. Unos son participantes, místicos de un proyecto político, otros son militantes de la acción política que buscan diferentes acercamientos y recomposiciones del poder. Entre ambos coexiste una mutua necesidad que determina su vigencia y sus posibilidades. Quien participa y se inmiscuye en una forma de manifestación realiza un acto de involucramiento, lo que inicia el proceso de construcción de pertenencias, pues la manifestación es la acción más decidida de ser parte “de”, es el inicio de la acción política y el compromiso. A diferencia de las concentraciones multitudinarias, precisas en tiempo y lugar, las marchas implican el ejercicio de la travesía, en el que el colectivo social en movimiento socializa y construye la aventura de la utopía, del misticismo y de la causa. La marcha es el mayor ejercicio político de manifestación y de acción de los grupos sociales/ políticos. Es el camino que transfigura el movimiento social hasta convertirlo en movimiento político con potencialidad de ejercicio pleno de poder.

La marcha deja una agenda inextinguible a cumplir en el próximo tiempo: justicia ante lo sucedido en noviembre 2019, y deja también un mensaje: Bolivia será democrática y plurinacional o no será. Como se viene intentando desde la Corporación Mediática Empresarial, se quiere acostumbrarnos a pensar que son, quienes allí estuvieron, los miles de marchantes, nuestros abuelos caminando sobre el altiplano, las mujeres de pollera recorriendo el asfalto bajo la lluvia y el frío de la planicie, los jóvenes indestructibles a la fatiga del camino, todos ellos invisibles y en su lacónica mirada, un excedente demográfico que perturba su ideal de sociedad inmaculada y liberal. La agenda de La Marcha señala que Bolivia debe trabajar por la justicia. Una labor que en lo inmediato demanda reconstruir la memoria histórica de los hechos sucedidos aquel mes hace dos años, señalar las responsabilidades de quienes abrieron paso a la muerte, a la tragedia y al dolor de bolivianas y bolivianos. Pero la esencia mayor de esta agenda está en haber dejado una rúbrica a fuego de aquello que, estando irresuelto, impide la convivencia pacífica.

Justicia quiere decir terminar con el odio y con la mentira. El odio expresado por las viejas oligarquías a la diversidad de una sociedad abigarrada en miles de formas y colores de piel. Justicia no puede entenderse como abrir unas prisiones y cerrar otras. La justicia consiste en superar el estado de odio y de mentiras que lo sustentan. El odio es, en esencia, una mentira con rostro cambiado. Albert Camus hablaba de una filiación casi biológica entre odio y mentira, cual una máscara que se usa para actuar. La mentira transita hoy por las redes sociales y los medios que abandonaron la imparcialidad para ser maquinarias deformadoras de la noticia, una portavocía permanente del desprecio. A mayores expresiones de odio, mayores volúmenes de mentiras. Todos dicen ser justos y defensores de un humanismo acabado, ser también miembros del club de la democracia civilizada sin conocer qué expresa ello. Justicia no es una tregua necesaria y a momentos histórica, es la decisión urgente de terminar con las relaciones sociopolíticas racializadas, es un cambio estructural en las miradas societales, reconocer nuestras contradicciones de sociedad e intentar conciliarlas. Justicia es dejar de hablar y empezar a actuar, casi como un tiempo en el que las palabras se agotan y las acciones lloran por reemplazarlas.

La marcha fue reptando por toda la carretera desde Caracollo hasta La Paz, en todo su largo recorrer fue dejando un mensaje político evidente y una fuerte estela cargada de simbología, decía a cada paso que la patria es plurinacional, es diversa en su formación social, entonces también decía que las bolivianas y los bolivianos debemos ser compasivos con ella. La compasión tiene su mejor atributo en la imaginación, en el hecho de suponerse en el lugar del otro, sufriendo y padeciendo el desprecio cuando color de piel y origen condenan anticipadamente y excluyen. La comprensión ineludible y obligatoria de la plurinacionalidad, de parte de aquellos que la resisten política y socialmente, conduce a superar un pensamiento reducido a simples enunciados ante la realidad incómoda. Nadie puede pretender un modelo social y político en el que indios, campesinos, pueblos originarios, pero también asalariados, obreros e informales, deban mantenerse en una resignada condición de subalternidad.

(*)Jorge Richter R. es politólogo, actual vocero presidencial

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Lora, artífice del sóviet del 71

Reseña del libro ‘Guillermo Lora, el último bolchevique’, de Ricardo Zelaya. Un tema recurrente: la Asamblea Popular.

/ 5 de diciembre de 2021 / 20:36

SALA DE PRENSA

El libro Guillermo Lora, el último bolchevique, del periodista Ricardo Zelaya, narró, en 20 entrevistas y dos ensayos, la existencia de un hombre que entregó toda su vida por la revolución anticapitalista. Lora fue odiado y amado por muchos. Quizá por ello esta obra desató, una vez más, pasiones entre periodistas de medios escritos y digitales, quienes dieron un tratamiento ligero al tema.

Algunos aprovecharon el texto para justificar sus posiciones antigubernamentales. Otros lo usaron para etiquetar a periodistas que presuntamente militaron y simpatizaron con el Partido Obrero Revolucionario (POR). Incluso un comentarista, al final, tuvo que disculparse y “rectificar” públicamente sus opiniones a priori. Todo eso demostró la fragilidad con la que se encaró la obra inspirada en el también ideólogo de la “revolución permanente” en Bolivia.

Datos. Más allá de esas estériles apreciaciones, la publicación de Zelaya incluyó significativos sucesos que pueden y deben ser ampliados con información de hemeroteca y documentos de archivos.

Entre sus 444 páginas, por ejemplo, reveló el sospechoso accionar del exlíder de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Lechín en varios procesos revolucionarios y sus posibles vínculos con agencias de inteligencia, hechos descritos igualmente por el periodista Andrés Soliz Rada.

Además, presentó datos sobre la redacción de la Tesis de Pulacayo (1946); las masacres de Catavi (1942) y Sora Sora (1964); la ausencia de Guillermo Lora en la revolución de 1952 y la creación de la COB; la red de células poristas en la mina Siglo XX; las detenciones, torturas y confinamientos de luchadores de izquierda; los asesinatos, comandados por el capitán Zacarías Plaza, de César Lora (1965) e Isaac Camacho (1967); la huelga de hambre que derrocó al dictador Hugo Banzer (1978); las jornadas de marzo de 1985, y otros hechos históricos.

Asamblea.Un tema de indagación recurrente, en 15 de las 20 entrevistas del libro, fue la sangrienta derrota de la Asamblea Popular, en 1971. Varias de las fuentes primarias coincidieron en que la organización del también denominado “sóviet boliviano” comenzó tras la victoria de la huelga general decretada por la COB, que permitió el ascenso al poder de Juan José Torres, el 7 de octubre de 1970.

El POR, en esa coyuntura, era un grupo “pequeñísimo” pero con gran influencia ideológica. “No había mucha militancia, pero sí dirigentes mineros (…)”.

En la Asamblea, el universitario Víctor Sosa era buen orador, pero “no tenía mucho chance por ser de clase media”. Jorge Lazarte era un buen cuadro, pero “muy oportunista”. Quien más participó e “influyó” en la Asamblea fue Filemón Escobar. “Guillermo (Lora) casi no habló”.

Mineros. “En esa época escuchábamos a Filemón con respeto; para nosotros el obrero de Siglo XX era una enciclopedia, porque no te imaginas cómo eran esos mineros (…) no como los de ahora: tenían una lucidez, una forma de hablar y discutir, mejor a la de un catedrático. Cualquiera de esos obreros era maravilloso. Bastaba que dijeran que eran de Siglo XX y todos retrocedían. Sabían que estaban frente al jefe, que iba a decidir las cosas. Y ahí estaba Filemón y él aprovechó muy bien esa situación”, recordó una de las entrevistadas.

Las principales células poristas estaban concentradas en la Universidad Mayor de San Andrés y Siglo XX.

Durante la Asamblea Popular, las reuniones del POR se realizaban en una casa de la avenida Montes, propiedad de Beatriz Pérez. Ella, quien fue pareja de Lora durante casi tres décadas, contó: “Guillermo ahí hablaba. No había militancia organizada (…) se reunía gente que a la larga no le reportó mucho al partido. Además, no había tiempo, se vinieron muy rápido los acontecimientos”.

Ideólogo. Todos los entrevistados, sin excepción, coincidieron en que Lora —quien entró a la Asamblea como delegado de los artistas y pintores, junto a Alandia Pantoja— “ingresaba a las reuniones pequeñas y ahí manejaba todo”. Era el “artífice”, “teórico”, “redactor” de documentos y “organizador” de la Asamblea. Él estaba tras bambalinas.

Entre los mineros, además de Escobar, asistieron al cónclave obrero Cirilo Jiménez, Dionisio Coca, Arsenio Álvarez y otros.

Según testimonios, el momento de constitución del sóviet boliviano fue “extraordinario”: “El pensamiento del POR y el de la gente eran una sola cosa”. “Era un escenario radical”. “Estábamos en el hervor de esa sociedad que está queriendo nacer y que está queriendo morir. Ahí estás dispuesto a dar tu vida”. Pero vino el golpe y “desmoralizó y desubicó a todos”.

Armas. En ese marco, cuando se precipitó el golpe de Estado banzerista, el 21 de agosto de 1971, varios militantes poristas fueron a atacar a los marines, a una casa en Sopocachi, porque allí había armas. Pero un grupo de paramilitares los esperó y los ejecutó.

Lora fue con otros militantes a asaltar “La Victoria” —una tienda en la calle Socabaya, donde vendían conservas finas—, pues ahí tenían armas de caza. “Guillermo estuvo en la refriega y peleó con una escopeta que se llevó de ahí”.

El texto, además, incluyó contraparte. Filemón Escobar, acusado de “foquista” (seguidor del foco guerrillero), contó su versión de la fallida entrega de armas de Cuba a Bolivia.

Viborita. En la entrevista, Escobar advirtió a Zelaya: “Así vas a escribir, mierda, lo que estás grabando” y relató: “Yo fui a Cuba, cuando (gobernaba) Torres, y eso sabía Guillermo. Negociamos la entrada de armas”. “(…) Él me dio indicaciones de cómo entrar a las pistas de las minas (…) en aviones carniceros. A Fidel (Castro) le entregué eso y aceptó mandarnos armas. ‘Operación viborita voladora’ se llamó eso”.

Todo ese plan secreto fue frustrado por el cuartelazo de Banzer, el 21 de agosto de 1971.

Zelaya, en “Aporte de Guillermo Lora y el trotskismo a la comprensión de la formación social boliviana”, concluyó que “la Asamblea —inaugurada el 1 de mayo del 71 y truncada menos de cuatro meses después por un golpe militar preventivo enmarcado en la Operación Cóndor de matriz continental— no fue tan solo una circunstancia histórica excepcional, sino el desenlace y validación práctica de un amplísimo trabajo político y programático previo desarrollado durante más de un cuarto de siglo por Lora y el POR”.

(*)Miguel Pinto P. es periodista

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Piden que la OEA se haga cargo de su secretario Luis Almagro

Desde la diplomacia y la academia exigen un mayor papel de la Asamblea General y del Consejo Permanente.

Tras la elección del 20 de octubre de 2019, encontrar material electoral usado para muchos era ‘prueba del fraude’

Por Iván Bustillos

/ 28 de noviembre de 2021 / 17:37

El punto sobre la i

El “caso boliviano” en la Organización de Estados Americanos (OEA), la controversia que hay sobre el rol que tuvo el organismo en la crisis electoral y política de octubre de 2019 en el país, debe llevar a revisar ya no solo el papel del secretario general Luis Almagro, sino también de las propias Misiones de Observación Electoral (MOE), propuso Silvina Romano, politóloga, miembro del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

“Es importante que dentro de la OEA presionemos para que se haga un proceso de investigación de lo sucedido, ir por vías legales a ver cómo se puede generar un proceso de investigación no solamente de Almagro, sino de las misiones de observación electoral, para tener un precedente, cómo sabemos que esto no va a volver a suceder”, afirmó la investigadora en entrevista desde Argentina, el jueves 25, en el programa por streaming de La Razón, Piedra, papel y tinta.

Una de las secciones más emblemáticas de la OEA son las Misiones de Observación Electoral. Según informa el propio organismo, desde 1962 se desplegó más de 240 MOE en 27 países del continente. A la tarea básica de observación de determinado proceso electoral, de último señala su sitio web, “las misiones han ampliado el alcance de su trabajo” a “aspectos clave del ciclo electoral como la equidad de género en la contienda, los sistemas de financiamiento político, el acceso a medios de comunicación y la participación de pueblos indígenas y afrodescendientes”. Durante la gestión de Almagro, desde 2015, se realizaron 71 misiones.

MÉXICO. Desde lo ocurrido en octubre de 2019 en Bolivia, es marcado el descontento de países como México y Argentina con la transparencia que ha mostrado el organismo sobre su actuación en el país hace dos años.

Específicamente sobre las MOE, el Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Cancillería) de México, Maximiliano Reyes Zúñiga, en un artículo en el periódico mexicano Excelsior (mayo de 2021) señalaba: “Hoy día, el secretario general sobrepasa su mandato, subordina la institución a intereses ideológicos y usa el peso institucional de la OEA como vehículo para posicionamientos parciales.

Este hecho afecta el funcionamiento de la organización y se refleja especialmente en las Misiones de Observación Electoral (MOE), las cuales se han desvirtuado para convertirse en instrumentos políticos y de injerencia en asuntos internos de los Estados miembros”.

Reyes Zúñiga cita el caso de Bolivia en 2019, “en donde la misión se convirtió en un actor político y electoral de facto, con incidencia directa en el lamentable curso histórico por todos conocido”. Si bien aboga por una reforma, por “recobrar la imparcialidad que les daba su carácter técnico”, ve difícil esta tarea “mientras persista una Secretaría General que obedezca a intereses propios”; aunque no deja de recordar un principio de la OEA: “Son los Estados miembros y no la Secretaría General los que deben decidir el rumbo de la organización y rescatar la valía de las Misiones de Observación Electoral, antes de que sea demasiado tarde”.

Tal como anunciara el representante boliviano ante el organismo, Héctor Arce, la posición de Bolivia es que se investigue el rol de la OEA en Bolivia en 2019 tanto en el seno mismo del organismo, con los mecanismos que se cuenta, como que se explore la posibilidad de acudir a una indagación “desde afuera”.

Para el Celag, el tema en primer lugar es desde dentro; impulsar a que la OEA se investigue y evalúe a sí misma; empezando por el caso boliviano.

“Desde Celag venimos trabajando e investigando las vías legales, dentro de la misma Carta de la OEA [el documento constitutivo del organismo], dentro de la normativa de cómo funciona la secretaría general, y que se puedan generar mecanismos de investigación de estas actuaciones”, destaca la politóloga del Celag.

CONSEJO. Ahora, tal como apunta el subsecretario mexicano Reyes Zúñiga, acaso el más llamado a emprender la revisión del rol de la OEA sea el Consejo Permanente (la reunión de los representantes o embajadores de los 35 países miembros), remarca Romano.

“Hay mecanismos. Tendría que verse la posibilidad, por ejemplo, que a través del Consejo Permanente se abra una investigación o a través de la Asamblea [General, la reunión de los Jefes de Estado] y el Consejo Permanente, que se busque la manera de modificar ciertas normas, lo que permita una auditoría del trabajo de las misiones de observación electoral, porque eso es lo que está en duda”, asevera la estudiosa del Celag.

El embajador Arce (en la misma entrevista con Romano en Piedra, papel y tinta) a tiempo de ratificar que “no se tiene que abandonar la OEA”, apunta directamente hacia el secretario general Almagro: sin ningún ánimo personal, dice Arce, “Almagro es la peor persona que puede representar a un organismo de esta naturaleza”.

Arce cuenta cómo él, durante la presidencia de Evo Morales, tuvo que trabajar de cerca con el secretario general, excanciller chileno, José Miguel Insulsa. Ahí la OEA sirvió mucho al país: ayudó a encarar la tensión de los referendos autonómicos en la llamada Media luna, acompañó el proceso constituyente de 2006-2008.

Era una OEA diferente, una secretaría general “que no subordinaba a los Estados, que más bien se subordinaba a los Estados. Con el señor Almagro, lamentablemente lo que ocurre es todo lo contrario; ha dividido a la OEA entre quienes están con el señor Almagro y quienes no están con él; la secretaría general es un órgano que debería estar al servicio de los países, pero se ha convertido en un país más, por llamarlo así, que además es el más conflictivo de todos”.

Así, concluye Arce, “una primera señal para reconstruir la OEA es obviamente ver el tema de Luis Almagro”.

El problema es, reconoce el embajador, que aún hay muchos países que todavía apoyan a Almagro; “estamos ante poderes muy fuertes, poderes fácticos, muy poderosos”, aseveró.

Al respecto, Silvina Romano llama la atención sobre que en algún momento los países se verán impelidos a dicidir: o salvar la institucionalidad de la OEA, lo que implicaría que Almagro deje la secretaría general, o dejar que empeoren las cosas; por esto mismo, dice “la misma OEA tiene que hacerse cargo, exigir que dentro de la OEA se hagan cargo de una personalidad disruptiva que facilitó que se descabezara un gobierno”.

En esta suerte de evaluación de la OEA, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que también estuvo en el Piedra, papel y tinta del jueves, apunta más bien a la responsabilidad de Almagro y la OEA en lo que pasó “el año siguiente”, 2020 en Bolivia, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

“La OEA y el señor Almagro tienen que asumir la responsabilidad por lo que sucedió el año siguiente, porque prácticamente gracias a esa denuncia de un supuesto fraude se legitimó la presencia de un gobierno militar, que era un gobierno militar, así hubiera una cabeza civil, y que durante un año ejerció una represión absolutamente desconocida en Bolivia desde hace muchos años”, destacó el exmandatario colombiano.

ESTADOS UNIDOS. El expresidente Samper no dejó de quejarse también del rol desestabilizador que Almagro jugó en las relaciones entre Colombia y Venezuela, en detrimento de este último país. “Y podría mencionar otros casos (más) en los cuales la intervención de Almagro ha sido claramente en función de los intereses de la política exterior de Estados Unidos en América Latina”.

Para Samper, el sistema interamericano “hace aguas, porque Estados Unidos lo utiliza como un instrumento para su política exterior, no para una política de integración, como quisiéramos todos”, deplora. Un ejemplo de ello, dice, fue la toma que hizo la administración de Donald Trump de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una presidencia que durante 60 años la ocupaba un latinoamericano; todo con el objetivo, dicho por el “amigo de Trump”, de “sacar a China de América Latina”.

Más todavía, Samper afirmó que pese a que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) están “personas muy prestigiosas”, “allí no pasan sino los casos que le interesan a Estados Unidos”.

En una mirada más bien estructural, el expresidente Samper encuentra en Almagro y la actual OEA la expresión de una crisis de relación entre Latinoamérica y Estados Unidos.

“De alguna manera, la OEA y su representante Almagro, en este momento, son la más clara demostración de que hay una crisis muy profunda en las relaciones entre América Latina y Estados Unidos”. Por esta razón, continúa Samper, los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México) y Alberto Fernández (Argentina), enfatiza, “han propuesto que hagamos una especie de OEA sin Estados Unidos, lo que sería la Celac; es decir, que encontremos un mecanismo en el cual nos podamos entender los 34 países, sin pedirle permiso a Estados Unidos, sobre cuáles deben ser las prioridades de nuestra integración”.

La pandemia del coronavirus mostró como nunca al importancia de la integración, sentenció Samper. Pasa que como Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) se venía desarrollando un Instituto especializado en epidemias (en Río de Janeiro, Brasil), el cual había logrado un “banco de precios de medicamentos que nos permitía negociar conjuntamente, como sudamericanos los precios de las vacunas infantiles”. Así, de haberse mantenido este avance, los países sudamericanos, como región, habrían podido comprar las vacunas contra el coronavirus “a un precio menor, por lo menor en 40 o 50% a lo que estamos comprando separados. Mientras tanto, nuestra relación interamericana con Estados Unidos a través de la OEA no nos sirvió absolutamente para nada” en dichas compras, deplora Samper.

La OEA, según su sitio web, tiene al menos tres instancias de gestión: la Asamblea General, el “órgano supremo”, que se reúne una vez por año, pudiendo tener sesiones extraordinarias por temas urgentes; por lo común asisten a ésta los Jefes de Estado; el Consejo Permanente, conformado por los embajadores de los países miembros, conoce y ejecuta las decisiones de la Asamblea General; y, la Secretaría General, que es el “órgano central y permanente de la OEA”; cumple los encargos que le encomienden la Asamblea General y el Consejo Permanente.

LA MISMA OEA TIENE QUE HACERSE CARGO

Silvina Romano, politóloga del Celag

“La misma Organización de Estados Americanos (OEA) tiene que hacerse cargo de Luis Almagro; exigir que dentro de la OEA se hagan cargo de una personalidad disruptiva que facilitó que se descabezara un gobierno”.

CONTRA EL COVID LA OEA NO NOS SIRVIÓ

Ernesto Samper, expresidente de Colombia

“Con Unasur habríamos podido comprar vacunas contra el COVID-19 a un precio de 40 o 50% menos a lo que estamos comprando separados.

Nuestra relación interamericana con EEUU a través de la OEA no nos sirvió para nada”.

LA SECRETARÍA SE HA VUELTO UN PAÍS MÁS

Héctor Arce, representante de Bolivia ante la OEA

La Secretaría General de la OEA es un órgano que debería estar al servicio de los países, pero bajo Luis Almagro esa secretaría se ha convertido en un país más, por llamarlo así, que además es el más conflictivo de todos.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón.

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