jueves 5 ago 2021 | Actualizado a 17:09

Jueces; que el peso mayor en ver sus méritos lo tenga la sociedad civil

Se vienen las elecciones judiciales. Dada la experiencia pasada (en 2011), fallida para muchos, un tema de ineludible debate será la forma de selección de los candidatos a los más altos jueces del país. En lo que sigue se explora una de las propuestas de reforma.

Carlos Alarcón El mecanismo de combinar el voto popular con la preselección de la Asamblea Legislativa es un sistema ciertamente inédito. El problema es, afirma Alarcón, el sobredimensionado rol que se da a la Asamblea: en este caso, “el voto popular ha sido mediatizado, se lo ha devaluado, se lo ha subordinado a una intervención política tan determinante de la Asamblea, que los ciudadanos vamos de adorno a esas elecciones; ése es el problema”, dice el abogado constitucionalista.

/ 12 de febrero de 2017 / 04:00

Con respecto a las elecciones judiciales que se avecinan, si hay algo en que oficialistas y opositores coinciden es que la “cuestión de fondo” sigue siendo la meritocracia, que los candidatos en verdad sean elegidos por sus méritos (profesionales, éticos, laborales, etcétera). La diferencia empieza en la forma en que se ha de calificar esos méritos. Esto es tan importante que de la credibilidad que tenga el sistema de selección de candidatos dependerá la mayor o menor participación ciudadana en el acto electoral. En esta línea de reflexión acerca del método de selección de los candidatos es que se inscribe el abogado constitucionalista Carlos Alarcón.

Él propone un tanto sacar de la Asamblea Legislativa la selección de los postulantes (que en esta etapa son ‘concursantes’) y depositar esta primera tarea en 11 tribunales de mérito, cinco estatales y seis de instituciones de la sociedad civil. Tribunales de mérito que serían convocados y conformados por: (los estatales) el Presidente; los nueve gobernadores; los alcaldes de las nueve capitales de departamento más El Alto; los alcaldes de ciudades intermedias; y, por el Defensor del Pueblo. Del lado de la sociedad civil, conformarían sus tribunales: los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas; los colegios de abogados; la Confederación de Empresarios Privados; la Central Obrera Boliviana; instituciones de defensa de los derechos humanos; y las asociaciones de periodistas. Serían estos tribunales (conformados por tres miembros cada uno) los que efectuarían la selección de los concursantes; luego, la Asamblea Legislativa elaboraría la lista de candidatos con base en la nómina elaborada por dichos tribunales de mérito. Con esto, afirma Alarcón, se estaría asegurando la mayor probidad, independencia y calidad profesional de los futuros altos jueces del país.

— El primer problema para su propuesta es el artículo 158 de la Constitución, que le da la atribución de la preselección a la Asamblea y no a otra entidad.

— Eso no es problema, porque yo no estoy quitándole ninguna atribución constitucional a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si lee detenidamente ese artículo de la Constitución, la atribución que tiene la Asamblea es la de preseleccionar ‘postulantes candidatos’; lo que yo estoy haciendo con esta ley (proyecto) es reglamentar un paso previo, que es la evaluación de méritos de concursantes, no de postulantes candidatos. De esa manera no habría ese óbice de inconstitucionalidad, porque no se les está restando ninguna atribución ni potestad a la Asamblea; pero sí la Asamblea con su propia ley se estará obligando a respetar la lista que manden esos tribunales de mérito. Ella va a hacer sus nóminas de postulantes candidatos, pero tomando como base de selección esa lista de concursantes mejor calificados. No se cercena ni restringe ninguna atribución de la Asamblea porque mantiene la potestad de seleccionar a los postulantes candidatos por dos tercios de votos.

— ¿Se necesitará una ley específica interpretativa para esto?

— Claro, una de desarrollo, como todas las leyes de desarrollo que hasta ahora se han sacado de la Constitución. La única variante es que yo propongo que sea por iniciativa legislativa ciudadana, porque obviamente el oficialismo no va a tener ninguna voluntad política para promover esta ley. En lugar de que sea un legislador el que presente mi propuesta, seamos un grupo de ciudadanos. Es una ley de desarrollo o de reglamentación.

— Del lado del Ejecutivo también hay esta idea de que una o varias  comisiones externas a la Asamblea hagan el trabajo de preselección que usted propone.

— No soy optimista con eso, porque usted sabe que esos son sectores corporativos y sociales digitados por el propio Gobierno; siempre le van haciendo el juego al Ejecutivo so pretexto de que le están dando legitimidad, cuando en realidad es el Gobierno el que decide algo y los lleva para que sean notarios validadores. Yo lo que estoy planteando es una cosa más de fondo: que el peso mayor en la calificación de méritos, que obligue a la Asamblea, tenga la mayor y mejor representatividad de toda la sociedad boliviana, y que en esa representatividad el peso mayor lo tenga la sociedad civil sobre el Estado, porque planteo que la mayoría de estos tribunales de mérito, de los once, seis emerjan de la sociedad civil.

— ¿Cuál es la ventaja específica, el plus de su propuesta?

— Estos seis tribunales de mérito de la sociedad civil organizada tendrían un peso decisivo y contundente para que no actúen como figuras decorativas o como notarios validadores, sino como verdaderos calificadores de méritos, para que nos garanticen dos cosas: primero, que se va a elegir a los mejores profesionales del derecho, en todo tipo de trayectoria, profesional, social y laboral; y segundo, nos va a garantizar que los profesionales del derecho, los mejores, se animen a participar en este proceso; porque si no se da esta garantía fuerte y categórica, qué va a suceder; va a suceder que nadie que sea serio, que se respete profesionalmente, va a querer entrar a la trituradora del oficialismo en la Asamblea; y es eso lo que no queremos. El otro efecto importante es que la propia Asamblea se obliga a respetar a estos tribunales de mérito, mediante una ley emanada de ella misma.

— Ahora, ¿no será problema esto de los criterios de calificación de los méritos, la definición del mérito?; finalmente, la Asamblea tiene toda una metodología para calificar. ¿Las instituciones que usted propone no deberían tener un reglamento único?

— Lo he previsto. Establecí que estos once tribunales de mérito van a trabajar en los méritos; la ley va a dar esos conceptos generales de cuáles son los pilares y los cimientos de los méritos, pero ya el reglamento minucioso de eso va a ser un texto elaborado por la Comisión mixta de Constitución; ahí no le quito eso a la Asamblea. Va a ser dicha comisión —propongo— la que establezca, pero por dos tercios (del voto) de los legisladores; con eso la minoría va a tener un peso importante para hacer ese reglamento, no como ahora que se lo hace por simple mayoría y la minoría queda colgada. Estos tribunales de mérito van a tener que hacer su trabajo sobre ese reglamento que es único y uniforme. Estos comisionados (del tribunal de mérito), además, trabajarían de manera honoraria, no cobrarían, no costaría ningún peso al Estado, porque sería una función honorífica, de honor hacia la sociedad boliviana, histórica, además, para hacer un trabajo que nunca se ha hecho; ellos mismos definirían su propia organización y modalidad de trabajo; pero se establece en la ley que con la simple mayoría de ellos ya pueden funcionar y tomar decisiones.

— ¿Cómo hacer para que no se caiga en que los nominados al final sean o se sientan ‘representantes’ o de los tribunales o de las instituciones? Digamos la COB o empresarios y sus elegidos.

— Ahí tiene dos cosas que han fallado en la anterior elección. Primero, que será la Asamblea Legislativa la que los va a poner en la papeleta de votación; no es que de los tribunales de mérito van a saltar automáticamente a la papeleta de votación. La Asamblea Legislativa va a ser el segundo filtro y va a incorporar los nombres que van al voto, pero la Asamblea está obligada a poner en la lista al voto uno que sea mayoritariamente calificado de forma favorable por la mayoría de los tribunales de mérito. Digamos que de los once tribunales de mérito, ocho dicen que usted, si fuera abogado, es el mejor y está bien calificado; quiere decir que este profesional tiene una aceptación amplia en todo ámbito de la sociedad y del Estado; en este caso, la Asamblea no puede hacerse de la vista gorda, tiene que incluir a ese profesional mejor calificado en la lista para el voto. Además, para que el Legislativo no priorice a los del Estado y deje de lado a los de la sociedad civil, se dice que tiene que poner en esas listas para el voto por lo menos a nueve mejor calificados por cada uno de los tribunales de mérito. Con todo eso, hay un sano equilibrio entre los once tribunales. Pero los que deciden la lista para el voto no son los tribunales de mérito; decide la Asamblea.

Entonces, estos que sean elegidos por voto popular no se van a considerar ni atados a los tribunales de mérito ni atados a la Asamblea, cosa que no ha habido en la anterior elección; en ésta solo se debían al manejo totalmente defectuoso que hizo la Asamblea. Pero más importante que eso es que quien tiene el sartén por el mango es el ciudadano; porque si el ciudadano ve, por ejemplo, que la COB ha hecho un pésimo trabajo en mandar a ese calificado por mérito y la Asamblea ha hecho otro peor trabajo al ponerlo en la lista, el que puede anular ese proceso electoral con su voto es el ciudadano; lo que no ha ocurrido en la anterior elección, porque si los votos nulos y blancos son mayores a los válidos, yo planteo que se haga un nuevo proceso electoral. Por tanto, el que salga elegido con esa regla, ¿a quién se va a deber? Al voto popular; ahí sí va a ser el voto popular cien por cien de garantía de representatividad de ese juez. Ese juez va a decir: ‘yo he sido investido por el voto popular; si el ciudadano no me hubiera querido, habría votado nulo o blanco; como no ha votado nulo o blanco, yo me debo al ciudadano, no me debo ni al legislador ni al comisionado del tribunal de mérito’.

— ¿No se está dejando de lado al partido político, a los partidos, en su expresión de legisladores?

— No, ni la representación de los legisladores, porque ellos son el segundo filtro decisivo para estar en la papeleta de votación; o sea, no es que los tribunales de mérito mandan las listas y la Asamblea actúa de mensajero; la Asamblea es la que define, como un segundo filtro, quiénes van a ser sujetos a votación, que esa es su atribución que no se puede restringir ni suprimir, y ahí hace valer la representatividad de cada legislador hacia su electorado; pero, se obliga para que no haga el desastre que ha hecho en la anterior elección, se obliga a tres cosas: primero, a que ya no va a hacer dibujo libre por la sola influencia del partido oficialista, que tiene los dos tercios; va a hacer la lista que irá a votación, pero la base no es ilimitada, la base es la que le manden los tribunales de mérito; ese es un primer límite a la discrecionalidad absoluta de la Asamblea. El segundo límite es que los mejor calificados por los tribunales de mérito, y que la mayoría de ellos coincida en un nombre, está obligada (la Asamblea) a poner ese nombre en la boleta, porque quiere decir que para todo el mundo ese tipo es el mejor abogado, no lo puedes obviar; ahora, si el ciudadano no vota por él, ya es problema del ciudadano. Y la tercera limitación es que tienes que tomar en cuenta en tus listas de votación equilibradamente a los once tribunales de mérito, no puedes incluir solo los que te manden los tribunales del Estado y te olvides de la sociedad civil o a la inversa.

— ¿Cómo se traduce esta su propuesta en mejorar la justicia? Finalmente estamos en la fase de votación.

— En la medida en que tienes un juez cuyo puesto no se lo debe a nadie, sino que se lo debe a todos, por decirlo así; o sea, porque muchos han intervenido para que él pueda ser juez, y el más importante al final ha sido el ciudadano con su voto, pero un voto real y que pesa; y además para llegar a ese cargo realmente se ha tenido que pasar por un análisis a profundidad de sus méritos, no solo profesionales, sino de trayectoria, hasta de vida privada, social, personal, etcétera. Con este trabajo profundo, bien ponderado que van a hacer estos tribunales de mérito, realmente va a haber una garantía, óptima yo diría, de que los meritocráticos van a entrar a estos puestos. Entonces, si usted tiene un juez de esa calidad, lo que está en juego en su trabajo es su prestigio y su imagen de vida, una imagen que se la forma uno durante cuarenta años. Entonces, ese profesional del derecho no va a rifar esa imagen por influencias políticas, influencias económicas; se puede dar eso, pero va a ser la excepción, no como ahora, la regla. No se olvide que esos jueces van a designar a quienes vienen por debajo; esa calidad va a hacer que todo vaya subiendo de calidad en el sistema de justicia; que vaya hacia arriba y no hacia abajo. Y, como todo en la vida, después hay que evaluar todo esto, pero yo estoy seguro de que a lo que estamos ahora, no puede haber nada que sea peor.

Datos

Nombre: Carlos Silvestre Alarcón Mondonio

Profesión: Abogado constitucionalista

Cargo:  Ejercicio de la profesión libre

Perfil

Carlos Alarcón fue viceministro de Justicia durante la presidencia de Carlos Mesa (2003-2005); en mayo de 2013 fue designado Jurado de Imprenta por el Concejo Municipal de La Paz. En diciembre de 2015 presentó la “Iniciativa Popular Constituyente”, una propuesta de reforma parcial de la Constitución enfocada al “rediseño estructural del sistema judicial”; en abril de 2016 introdujo a la Asamblea, como iniciativa legislativa ciudadana, el proyecto de la “Ley de garantía de los derechos a la libertad de expresión, opinión e información en las redes sociales”.

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Fiscalía: El TREP no pudo contaminar el resultado final

En su resolución de sobreseimiento, los fiscales que llevan el caso insisten en la independencia del TREP y el cómputo final.

/ 1 de agosto de 2021 / 16:02

El punto sobre la i

No es exagerado decir que el martes 27 fue, será, un día parteaguas en la historia política del país; guste a unos, encabrite a otros, la historia de la crisis de octubre-noviembre de 2019 dio un giro de 180 grados, como suele decirse. La mañana de ese día, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, hacía conocer que la pericia internacional sobre la seguridad informática y la administración de redes en las elecciones de 2019 que había encargado la Fiscalía había concluido en que, en rigor, el sistema informático no había sido manipulado, al extremo de cambiar el resultado; “se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre de 2019”; lo que hubo, dijo, fueron “negligencias por parte de la empresa Neotec, encargada del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares)”.

La primera reacción de la oposición fue descalificar dicha pericia. El expresidente y excandidato Carlos Mesa dijo del trabajo que es una “investigación extemporánea, de gabinete, externa y con alcance y metodología establecida por el gobierno masista y una consultora”. También se empezó a comparar dicha pericia con el informe del Análisis de Integridad Electoral elaborado por un equipo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en diciembre de 2019, considerando a la pericia como de menos valor que el documento del organismo internacional.

Hay que recordar que dicha pericia fue anunciada en octubre de 2020; el 6 de ese mes, Lanchipa había dicho que para cerrar la investigación fiscal se decidió contratar a una empresa europea para que haga una pericia sobre “todo el manejo informático” en las elecciones de 2019; que si bien la base de la acusación seguía siendo el informe final de auditoría de la OEA, éste solo establece indicios, denuncias de posibles manipulaciones dolosas; cuando la Fiscalía para instaurar un juicio, o sea, contar con la prueba suficiente para acusar a los posibles responsables, necesita “tener una posición técnica para contrastar y verificar si es evidente lo que manifiesta ese informe (de la OEA)”.

CÓDIGO. Sea cual fuere el “valor” argumental, ético, histórico, etcétera, de ambos documentos, un hecho incontrastable, sin embargo, es que la pericia es parte del trabajo de un investigador fiscal, de ministerio público; que por algo es una “pericia” y no un “informe”. Según el Código de Procedimiento Penal (artículo 204) “se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica”. Se trata de un elemento de prueba, entonces; esa es su fuerza legal. Por esto, al concluir su presentación el martes 27, el fiscal Lanchipa informó que la Comisión de Fiscales encargada del caso, tomando todos los indicios que pudo recolectar “y, principalmente, el contenido de la pericia en Seguridad Informática y Administración de Redes” emitió su “requerimiento conclusivo de sobreseimiento, al determinar que el hecho investigado no constituye delito, conforme dispone el art. 323.3 del Código de Procedimiento Penal, determinación puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional”.

Pero ciertamente sería una injusticia afirmar que toda la resolución de sobreseimiento, presentada el mismo martes 27 de julio, tiene como única base a la mencionada pericia, la que fue efectuada entre mayo y junio de 2021.

El documento, a letra menuda, de 82 páginas, en la parte más sustancial, cuando señala la “fundamentación del derecho y valoración de los elementos de prueba”, los fiscales llegan a la conclusión de que el “TREP no reemplaza ni complementa el cómputo oficial de resultados, simplemente se constituye en una herramienta de transparencia del proceso electoral, y al ser el TREP un proceso independiente del cómputo oficial, se puede deducir que cualquier incidente no supone un riesgo alto para la integridad de los resultados finales”.

La resolución de sobreseimiento precisa que los imputados en el “caso fraude electoral” son 12 personas, empezando por seis vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de entonces. Los “ilícitos” denunciados son de tres tipos: delitos electorales ( falsificación de documento, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados y beneficio en función de cargo); delitos de corrupción (resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes); y, delitos ordinarios ( falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos).

DENUNCIANTES. Entre los “denunciantes”, la resolución fiscal, antes que personas, señala a instituciones: la Procuraduría General del Estado, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio de Gobierno, el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información (Agetic).

En efecto, a todo lo largo de la sustentación de la acusación, están los informes Preliminar y Final de la OEA, los cuales fueron elaborados entre noviembre y diciembre de 2019.

En la parte de los “elementos de convicción colectados” (una tercera parte del documento) se dan cuenta de 124 “elementos de prueba”, consistentes en declaraciones de testigos, actas de colección de indicios, notas de trámites, entre otros.

En el elemento de prueba 24, se hace una larga relación de la forma en que se estableció que iban a trabajar la empresa responsable de administrar el TREP (Neotec) y la auditora (Ethical Hacking). Un detalle significativo es la relación que se hace de la cirunstancia en que se interrumpió el TREP. En el informe sobre el tema emitido por Ethical Hacking se destaca que ante la advertencia de la auditora de un desmesurado tráfico de datos proveniente de un servidor desconocido, fue la Sala Plena del TSE que “por la sensibilidad y susceptibilidad del momento, decidieron dejar de transmitir los resultados del TREP, hasta que se verifique y audite que no se habían alterado datos o sufrido un ataque cibernético de alguna índole”.

En la prueba 123 se recoge la versión de la empresa auditora Ethical Hacking, que tras describir y deplorar un actuar herético por parte del responsable de Neotec, Marcel Guzmán de Rojas, recuerda que en el día de la elección hubo varias acciones de Guzmán de Rojas que podrían considerarse graves, toda vez que implicaban un acceso a la base de datos, a cambios que se hacían allí sin la debida comunicación a la empresa auditora, sin consultar ni seguir el protocolo; y que solo luego de las alertas y reclamos, Guzmán de Rojas explicaba lo sucedido. 

VOCALES. Y he aquí un dato que compromete a los vocales del TSE de entonces, o por lo menos a una mayoría. La explicación que dio Guzmán de Rojas para crear un servidor perimetral no incluido en el sistema (uno de los dos “servidores ocultos” que remarca el informe de la OEA), revela Ethical, consiste en que: “cerca de las 12.22 del mediodía, Marcel Guzmán de Rojas vuelve a realizar cambios en los servidores del TREP, sin ninguna supervisión de la DNTIC o la empresa auditora, como se había acordado. Procedemos a explicar lo identificado y el porqué de la alerta: Marcel Guzmán de Rojas indica que fue un error no avisarnos, pero que lo hizo para cumplir con la solicitud que los vocales y la presidenta le habían pedido, que deseaban ver primero ellos los resultados previamente a la publicación de los mismos”, que por eso redirigió el tráfico a un servidor externo, “con el fin de que se vea en privado antes de hacerlo público”. Por esto, Ethical reitera que no puede “dar fe de toda la información que se ingresó en ese momento y el proceso electoral pierde toda credibilidad al violarse el protocolo de seguridad”.

En la resolución de sobreseimiento también ocupa un importante y extenso tramo la declaración testifical de Marcel Guzmán de Rojas. Aparte de explicar que el servidor “oculto” Bo1 fue parte de la etapa preparatoria del sistema, pues contendría datos de anteriores elecciones, se le cargó la geografía electoral, las mesas electorales, “se lo usó para preparar los datos, preparar recintos, departamentos, municipios, preparar las mesas, preparar las boletas”.

Guzmán de Rojas defendiendo el sistema llama la atención sobre dos servidores, el Bo11 y el Bo21 que se usaron para recibir los datos que enviaban los funcionarios encargados de fotografiar las actas y mandarlas al centro de datos: “sin excepción todas las imágenes del TREP ingresaron a través de los servidores Bo11 y Bo21 (…) esos servidores siempre estuvieron controlados, en otras palabras, el origen de los datos nunca estuvo descontrolado, y si uno compara las imágenes con las actas, ve que están bien registrado” (sic).

Guzmán de Rojas también afirma que debido a una “razón que desconoce”, el día de la elección el sistema se puso lento poco antes de dar el primer resultado del TREP, que por ello, a fin de tenerlo listo a poco más de 80% para la conferencia de prensa que habían citado los vocales del TSE, tuvo que aplicar un plan de contingencia, redireccionar el flujo de datos y acelerar el proceso; solo así se consiguió dar dichos resultados al 83%; si no aplicaba dicho plan, el resultado habría sido al 60%; “esto se informó a la OEA, a los auditores, a todo el mundo”, señala el propietario de Neotec.

Guzmán de Rojas no deja de insistir en que los dos sistemas son separados, independientes, especialmente por la forma en que son alimentados y la manera en que discurren sus respectivos procesos.

Mientras el TREP es “abastecido” a través de fotos de las actas que en el día de la elección enviaron desde los recintos electorales los funcionarios contratados para este fin, al cómputo oficial se lo alimenta con actas en físico en cada uno de los tribunales departamentales.

En el informe final de la OEA se señala que el TSE “ocultó a la ciudadanía, de manera deliberada, un 5,58% de actas que ya se encontraban en el sistema TREP pero que no fueron publicadas”. Guzmán de Rojas responde a esto: “Eso es falso; (es) una anomalía, el problema es, y eso lo sabía la OEA y lo sabe el auditor y lo sabe, por supuesto, el Tribunal Electoral, las actas que publican y cuentan para sumar el resultado electoral en el TREP solamente cuando han pasado la verificación (…) ese 5% [5,58%] de las actas a que se refiere la OEA son actas donde las imágenes son tan malas que no se puede verificar (…) y como no se puede verificar, no se publica. (…) a mí me parece muy mal, ellos están desinformando diciendo que se ocultó”.

SISTEMA. Así, la Comisión de Fiscales, a tiempo de señalar que el TREP es un sistema informático de propiedad del OEP, que es usado desde 2016, y que no es vinculante, dice que solo se lo usa para transparentar el resultado de la elección. Para el cómputo oficial, más bien se estableció el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC) que se encarga de validar las actas conforme se tiene del sistema de cómputo. Y los fiscales hacen una detallada lista de cómo proceden los cómputos oficiales departamentales, en el exterior y en la instancia nacional.

En cuanto a las “actas falsificadas”, presentadas como indicio de un proceder fraudulento por la OEA, los fiscales informan que procedieron a requerir el servicio de una comisión de peritos en documentología forense, pidiéndoles, entre otras cosas, si en las actas electorales de Argentina corresponden las firmas, lo mismo con las huellas dactilares.

Dicha comisión, detalla la resolución fiscal, luego de acceder a las tarjetas prontuario de algunas personas señaladas en las listas índice, el material con que cuentan para la comparación no es idóneo, los mismos son insuficientes para realizar la pericia correspondiente. “En tal sentido, los suscritos peritos al no contar con los elementos suficientes de comparación requeridos nos vemos imposibilitados de realizar el dictamente requerido por su autoridad”.

Y, cuando una de las mayores razones de la OEA para presumir fraude es la tecnología, el manejo informático, los fiscales destacan que por esto se acudió a requerir la pericia informática en el exterior del país. Y, la tercera parte final de la resolución consiste en la exposición de la pericia informática efectuada por la Universidad de Salamanca (España).

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón  

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COP26, La última esperanza

En noviembre, en Glasgow (Reino Unido) tendrá lugar la 26 Conferencia sobre el cambio climático.

/ 1 de agosto de 2021 / 15:58

DIBUJO LIBRE

En noviembre, el Reino Unido dará la bienvenida a los países del mundo en Glasgow para la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26. Este es el momento de poner al mundo en camino para hacer frente a la enorme amenaza del cambio climático y construir un futuro más limpio y brillante.

Por eso estoy muy complacido de poder visitar Bolivia esta semana. Esta es una oportunidad importante para conocer de primera mano sobre cómo está impactando el cambio climático al país y de encontrarme con las autoridades de gobierno para dialogar sobre cómo podemos trabajar juntos en enfrentar esos desafíos.

La gran riqueza de Bolivia se encuentra en su naturaleza, su biodiversidad y su gente. La protección de nuestro planeta y ayudar a nuestros pueblos a prosperar están en el centro de la acción climática. Fue muy grato para mí recibir en Londres al ministro de Medio Ambiente de Bolivia, Juan Santos, y su delegación para la constructiva reunión en la cual ministros de más de 50 países dieron un paso adelante hacia una COP26 exitosa, y lograron un acercamiento en temas clave como mantener la meta de los 1,5 grados, la adaptación financiera y la conclusión del reglamento de París.

Aprecio el papel de Bolivia en el liderazgo de pensamiento sobre la protección de los derechos de la Madre Tierra y en poner la voz de los pueblos indígenas al centro del diálogo climático. Sabemos que los pueblos indígenas son los guardianes de gran parte de la biodiversidad en el mundo, y lideran las soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar el cambio climático. Por eso estoy encantado de que en mi visita tendré la oportunidad de conocer a dirigentes comunitarios y conversar sobre cómo su voz puede ser escuchada en Glasgow. También doy la bienvenida a la intención de Bolivia de participar en la coalición para reducir emisiones mediante la aceleración del financiamiento para protección de los bosques tropicales en el mundo (LEAF por sus siglas en inglés).

Con vista a la presidencia británica de la COP26 en Glasgow, sabemos lo que tenemos que hacer porque ya hemos acordado cuál es nuestro objetivo. En 2015, el mundo firmó el Acuerdo de París, un acuerdo internacional para hacer frente a la crisis climática. Este Acuerdo nos compromete a limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los dos grados, con el objetivo de 1,5 grados, porque la ciencia nos dice que eso evitaría los peores efectos del cambio climático.

Cada fracción de grado marca la diferencia. Un aumento promedio de la temperatura mundial en dos grados, en comparación con 1,5, afectaría a cientos de millones de personas más, y el doble de especies vegetales y el triple de especies de insectos perderían grandes extensiones de su hábitat.

Sin embargo, desde que se fijó el objetivo de 1,5 grados, el mundo no ha hecho lo suficiente y nuestro planeta se está calentando. En mi calidad de Presidente Designado de la COP26, he visto de primera mano estos impactos: deshielo de glaciares, degradación de los cultivos, pobladores obligados a abandonar sus hogares. Si seguimos como hasta ahora, estos efectos empeorarán, y rápidamente.

Debemos actuar ahora para poner en marcha un esfuerzo coherente y concertado de reducción de emisiones a lo largo de los próximos 10 años. También utilizar la recuperación del COVID-19 para re-imaginar nuestras economías, construyendo un futuro mejor, con empleos verdes y aire más limpio, aumentando la prosperidad sin dañar el planeta.

Esto es lo que hace que la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima en Glasgow —la COP26— sea tan importante. Debe ser el momento en el que cada país y cada parte de la sociedad asuma su responsabilidad para proteger nuestro precioso planeta y mantener vivo el objetivo de 1,5 grados. Tenemos un plan claro para conseguirlo.

Como Presidente Designado de la COP26, junto al Primer Ministro, otros ministros y toda la red diplomática del Reino Unido, estoy presionando para que se actúe en torno a cuatro objetivos clave.

En primer lugar, debemos encaminar al mundo hacia la reducción de emisiones, hasta alcanzar el cero neto a mediados de este siglo. Esto es imperativo para mantener la meta de 1,5 grados a nuestro alcance. Para ello necesitamos que los países presenten metas claras de reducción de emisiones, consistentes con el objetivo de cero neto para mitad de siglo. Esas metas deben estar basadas en la ciencia, para que el cero neto no sea solo una vaga aspiración, sino un plan concreto.

También debemos actuar sobre los sectores más contaminantes. Si nos tomamos en serio lo de los 1,5 grados, Glasgow debe ser la Conferencia en la cual la energía del carbón pase a la historia, se ponga alto a la deforestación y se señale el fin de los vehículos contaminantes. Estamos trabajando con los gobiernos y a través de organizaciones internacionales para terminar con el financiamiento internacional del carbón, una de mis prioridades personales. Estamos instando a los países a abandonar la energía del carbón, y trabajamos con los países en desarrollo para apoyar su transición hacia la energía limpia.

Nuestro segundo objetivo es proteger a las personas y a la naturaleza de los peores efectos del cambio climático. La crisis climática ya está entre nosotros y debemos actuar respecto a la necesidad real de tener defensas contra inundaciones, sistemas de alerta y otros esfuerzos vitales para minimizar, evitar y abordar las pérdidas y los daños causados por el cambio climático.

Nuestro tercer objetivo es el financiamiento, sin el cual la tarea que tenemos por delante es casi imposible. Los países desarrollados deben aportar los 100.000 millones de dólares anuales que prometieron para apoyar a los países en desarrollo. El Reino Unido predica con el ejemplo, habiendo comprometido 11.600 millones de libras entre 2021 y 2025. Y necesitamos que todos los países desarrollados avancen en esto. Es una cuestión de confianza.

Debemos hacer que el financiamiento sea más accesible, y aumentar las sumas disponibles para proteger a la gente y a la naturaleza. En marzo reuní a ministros de 50 gobiernos e instituciones internacionales para tratar estos temas, y estamos enfocados en cumplir los compromisos logrados ahí.

En cuarto lugar, debemos trabajar juntos para cumplir tales objetivos. Esto incluye lograr un consenso entre gobiernos para que las negociaciones de Glasgow sean un éxito. También hay que conseguir que las empresas y la sociedad civil respalden los objetivos de la COP26, y reforzar la colaboración internacional en sectores críticos.

Hago un llamado a todos los países para que redoblen sus esfuerzos en relación con estos objetivos, porque la COP26 es nuestra última esperanza de mantener 1,5 grados y nuestra mejor oportunidad para construir un mejor futuro, con empleos verdes y aire más limpio.

Este es nuestro momento. No hay segundas oportunidades. Aprovechémoslo juntos.

(*)Alok Sharma es Presidente Designado de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, COP26.

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Revisar una ley camisa de fuerza

Los partidos tienen hasta fin de año para adecuar sus estatutos a la nueva ley. ¿Es el camino correcto?.

/ 1 de agosto de 2021 / 15:53

DIBUJO LIBRE

La Ley de Organizaciones Políticas aprobada en 2018 establece, en su disposición transitoria tercera, el plazo del 31 diciembre de 2021 para que todas las organizaciones políticas adecúen sus estatutos a la nueva norma. De hecho, el Órgano Electoral hace poco emitió un instructivo urgente en el que plantea una larga lista de requisitos obligatorios para que las organizaciones políticas adecúen sus estatutos, en aspectos como: principios de la democracia intercultural y paritaria; régimen interno de despatriarcalización; una instancia que resuelva sus problemas internos; y, actualizar el registro de su militancia.

Este plazo, que parecía remoto, está a la vuelta de la esquina. Al respecto, algunas interrogantes que surgen son: ¿Será que las organizaciones políticas cumplan con la exigida institucionalización? ¿Será que esto pueda resultar imposible y algunos partidos y agrupaciones terminen siendo expulsados del sistema? ¿Recibirán sanciones? ¿Seguiremos insistiendo en una dinámica forzada que desde hace más de 20 años no ha favorecido a su renovación y reinvención?

Las preguntas formuladas nos vienen a la mente porque la evidencia muestra que, al menos hasta ahora, las organizaciones políticas han jugado un rol absolutamente reducido a la competencia electoral y, si son favorecidos con el voto, al ejercicio circunstancial de funciones públicas.

La reciente crisis política de 2019- 2020 ha puesto al descubierto una vez más las grandes debilidades del sistema de partidos boliviano, esta vez en dos dimensiones específicas: en el caso de los opositores al MAS, a través del cuestionamiento ciudadano a los partidos como interlocutorés válidos para la política, y la opción por la acción directa en las calles. En el caso del MAS, por la interpelación desde sus propias bases a la forma de conducción política de dicha organización. Por otra parte, con excepción del MAS, los resultados electorales de 2020 y 2021 también son una muestra de la volatilidad de las organizaciones políticas, que actúan sostenidas sobre acuerdos pragmáticos para acceder al poder y, al mismo tiempo, la respuesta electoral fue igualmente cambiante.

Creemos que la alternativa para recuperar la confianza e interés en estas entidades imprescindibles para el funcionamiento de la democracia, es adecuar este instrumento normativo a una realidad que exige otras formas de operar de la política. Para comenzar, en lugar de insistir en el sometimiento a preceptos normativos del “deber ser” de una organización, la ley tiene que convertirse en un instrumento útil, abierto a posibilidades organizativas flexibles y más representativas de la diversidad y heterogenidad social. En otras palabras, una ley acartonada que pretende homogenizar a las organizaciones políticas y subyugarlas mediante reglas y sanciones ejercidas por el OEP no parece resultar útil para repensar la política y darle nuevas oportunidades a la representación de cara a lo que se nos viene en 2025 y 2026 en nuestro calendario de procesos electorales.

El siglo XXI ha traído cambios en la sociabilidad e interacción ciudadana que se sobreponen a las históricas fracturas sociales estructurales no resueltas. Una realidad que ha precipitado la confrontación y la polarización requiere con urgencia ser representada en el ámbito dialogal de la política y acercar las instituciones a la sociedad. En la historia reciente se han incorporado varias reformas en ese sentido, por ejemplo, la creación de diputados uninominales, la ruptura del monopolio partidario, y la inclusión de un sistema representativo “demodiverso” en la nueva CPE, pensados como respuesta a las debilidades largamente experimentadas por los viejos partidos políticos. La nueva ley (LOP), más allá de algunas innovaciones y medidas que respondieron sobre todo a urgencias políticas, continúa atrapada en la misma lógica de la anterior, limitando el horizonte trazado en la CPE.

Quizá es más urgente, entonces, que desde el OEP se plantee de manera inmediata una agenda de Reforma de la Ley de Organizaciones Políticas como punto de partida para eliminar la excesiva regulación que se evidencia; y, como segundo paso, empezar a repensar los mecanismos de representación política estrictamente formales anidados en las distintas organizaciones políticas, para combinarlos con el multiverso de formas de representación informal basadas en el componente organizacional que tenemos los bolivianos, en el sentido amplio de la palabra.

Esta apertura de la agenda a reformas normativas abriría la posibilidad de trabajar en la recuperación de la confianza institucional en el Órgano Electoral Plurinacional, luego de su crítica actuación durante el proceso electoral de 2019; por esto mismo, está claro que las tareas cruciales deben llevarse adelante en tiempos en los que no hay procesos electorales cerca, por tanto, de inmediato. Por eso es preciso que el OEP asuma la iniciativa, que será beneficiosa para todos, de dejar a un lado el papel del estricto vigilante de la norma, y pase a ser la entidad que plantee mejorar la Ley de Organizaciones Políticas, que fue vista en su momento como un mecanismo funcional a determinados intereses, una suerte de cáculo político. Como ejemplo de aquello basta con recordar el extraño momento de elecciones primarias llevadas a cabo a inicios de 2019.

Lógicamente, la ruta de la eliminación de la excesiva regulación normativa sobre las organizaciones políticas debe tener sus mínimos; éstos pueden encontrarse con absoluta claridad en la Constitución Política del Estado y basta con partir de su cumplimiento; a partir de ahí no se trata de incrementar la cantidad de requisitos y complicar los procedimientos, sino de ir construyendo de a poco un edificio flexible que se adapte a la realidad democrática boliviana en los marcos de la institucionalidad, en el que los bolivianos sintamos que hay una ventana de oportunidad e incentivo para participar, militar y formar parte activa de cualquier organización política.

 (*) María Teresa Zegada es socióloga Marcelo Arequipa es politólogo

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Censo 2022, autonomías a medias tintas

El entusiasmo por más recursos para las regiones a raíz de un nuevo censo solo revela su ‘rentismo’.

/ 1 de agosto de 2021 / 15:47

DIBUJO LIBRE

El reciente anuncio del Gobierno de realizar el Censo de Población y Vivienda el 16 de noviembre de 2022, ha despertado mucha expectativa en la opinión pública y muy en particular en políticos, líderes cívicos y autoridades regionales por sus implicancias políticas y financieras. Varios alcaldes se frotan las manos, pues comienzan a hacer cálculos, con la esperanza de que la nueva reconfiguración poblacional les permita acceder a más ingresos que les ayude a sanear sus debilitadas cuentas fiscales. La Ley de Participación Popular establece que una fracción de los impuestos nacionales se distribuya a las regiones en función del número de sus habitantes, reconocidos como impuestos coparticipables.

Empero, el pleno ejercicio de las funciones autonómicas no debería quedar reducido conceptualmente ni financieramente a la mera transferencia de recursos desde el nivel central. A 11 años de la promulgación de la Ley de Autonomías y Descentralización de julio de 2010, la finalidad de la Ley que buscaba la distribución de las funciones políticoadministrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible, se ha cumplido solo parcialmente.

Aún pesa sobre las entidades subnacionales la falta de experiencia técnico-administrativa para desempeñar completamente su mandato competencial, fortalecer sus capacidades institucionales y generar sus propios ingresos. Además, se advierte que existen fuertes asimetrías en la distribución del gasto no necesariamente asociado a reglas de priorización y sin una noción del costeo competencial, proceso que quedó inconcluso en la ley.

En Bolivia, los impuestos municipales apenas presentan el 1% del PIB, en un promedio de dos décadas. Los impuestos prediales solo recolectan una pequeña fracción de su potencial recaudatorio debido a que no se realizan actualizaciones catastrales ya sea por falta de capacidad técnica o por voluntad política de los burgomaestres. Como consecuencia, los ingresos propios de los municipios más grandes (con población mayor a 50.000 habitantes) solo representan 16% del gasto total que realizan. La situación es mucho peor en municipios pequeños (menores a 50.000 habitantes) los cuales recaudan entre 2% y 6% de sus gastos (cifras a 2019).

Para solventar el ejercicio de sus competencias, los municipios requieren de transferencias desde el nivel central. Por importante que fuera, la baja correspondencia fiscal entre los ingresos propios y los gastos totales no formó parte del debate del proceso autonómico.

Si bien los menores ingresos locales condicionan la acción autonómica, la solución no debería pasar por acentuar su dependencia de ingresos con el nivel central. La expectativa de algunas regiones de recibir más recursos de coparticipación tributaria solo reforzará su dependencia financiera con el gobierno central, no su autonomía, lo cual es un gran contrasentido a los fines reivindicativos de la demanda autonómica. A nivel agregado, la redistribución de los ingresos fiscales no resuelve las necesidades de recursos territoriales, porque lo que para algunos municipios significa una mejora de sus ingresos, para otros implicará una disminución. ¿Cómo encararán las funciones autonómicas las alcaldías que deban resignar recursos por su menor población?, ¿deberán exigir mayores recursos al Estado y así ampliar su dependencia? Claramente, el fortalecimiento de los ingresos subnacionales tampoco puede basarse a expensas de los ingresos del nivel central.

Los gobiernos autónomos deben realizar esfuerzos hacia adelante para fortalecer sus ingresos propios estables y reducir su dependencia fiscal a las transferencias centrales y a las rentas de ingresos extractivos.

Lo realmente primordial para las regiones con relación al nuevo empadronamiento es su importancia para identificar necesidades insatisfechas en el acceso a agua potable, alcantarillado, vivienda, salud, educación, entre otras que son tareas subnacionales. La información del censo debería ser el punto de partida para el rediseño de las políticas públicas regionales que mejoren la eficiencia asignativa y ayuden a dimensionar el costo competencial.

También, se requiere mayor claridad competencial entre niveles de gobierno para superar la falta de coordinación que, por ejemplo, se observó en la lucha contra la pandemia y resolver los conflictos de límites para que no se repitan hechos penosos como los sucedidos en Uyuni. El fortalecimiento institucional a nivel regional es crítico para lograr un proceso efectivo de descentralización.

Se debe abandonar el sentido político que se le ha dado al pacto fiscal, limitado a la simple repartición de recursos. El auténtico debate nacional debiera girar sobre cómo las entidades territoriales pueden reducir su dependencia fiscal a las transferencias centrales, para ganar una real autonomía financiera y cómo se puede aprovechar la nueva información del Censo 2022 para mejorar la gestión de políticas públicas territoriales.

(*)Omar Velasco P. es economista

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El censo no es solo para repartir escaños y dinero

La información que se recoge sirve para la planificación del desarrollo nacional, local, territorial y sectorial.

Es una herramienta para ver cuántos somos y cómo estamos.

Por Iván Bustillos

/ 25 de julio de 2021 / 19:22

El punto sobre la i

El país está haciendo su tarea en cuanto a la regularidad de los censos. “En el siglo XXI estaríamos cumpliendo las recomendaciones internacionales de que cada 10 años hay que realizar un operativo, un recuento, inventario, de los recursos humanos del país y del hábitat de estas personas”, celebra el sociólogo especializado en estudios de población y docente universitario René Pereira Morató. En efecto, en el nuevo siglo se empezó con el censo de 2001, luego vino el de 2012 (que tuvo muchos cuestionamientos), y ahora se proyecta el del 16 de noviembre de 2022 (con una media de 10 años de distancia).

Hasta 2012 el país tuvo un total de 11 censos, informaba Pereira Morató en la revista Temas Sociales Nro. 35 (de julio de 2014) de la carrera de Sociología de la UMSA: cinco desde la creación de la república hasta 1900 (en 1831, 1835, 1845, 1854 y 1882), y seis desde 1900 a la fecha (en 1900, 1950, 1976, 1992, 2001 y 2012).

“Bolivia no tiene una tradición censal”, asegura el sociólogo, lo que entre otras cosas “demuestra que el Estado boliviano le otorga muy poca importancia al dato poblacional para la planificación del desarrollo nacional, local, territorial y seccional”. El censo, en lo básico “hace un recuento, un inventario sincrónico, en un momento del tiempo, de cuántos somos y cómo estamos los bolivianos”. Una fotografía global por la que se conoce, entre otras cosas, las desigualdades en cuanto a vivienda y acceso a servicios, la base de la representación política (la distribución de escaños parlamentarios); la distribución de los recursos a través de la coparticipación tributaria; la movilidad interna, de departamento a departamento o de campo a ciudad o viceversa; la migración internacional (una pregunta incorporada en 2012 y que se debería volver a hacer en 2022, demanda Pereira Morató, para “saber si el flujo de bolivianos a la diáspora se ha intensificado o se ha mitigado”). “El censo sirve para la planificación del desarrollo, y no solamente para distribuir plata”, sentencia.

INNOVAR. Pero el censo también debería servir para innovar el conocimiento. Si bien ya se mide la migración interna en el país, para el registro de 2022, por ejemplo, dice el sociólogo poblacional, se debería incluir el tema de la “multilocalidad” (el hecho de trasladarse de la gente de un lugar a otro, por trabajo principalmente, pero sin cambiar de residencia); el caso de los alteños que “bajan” solo a trabajar a La Paz, o viceversa; “esto hay que dimensionarlo, para saber las presiones que esta población multilocal está ejerciendo en algunos muncipios”, destaca el especialista.

La boleta censal de 2022 debería, además, incorporar los nuevos temas, como el propio impacto del COVID- 19, la situación de la atención de la salud, el cambio climático, insiste.

Pero si hay algo de que el docente universitario está convencido, como lo estuvo en 2012 la unión de instituciones la “Ruta del Censo”, es que el operativo de registro de ese año fue, se lo dijo en su momento, “un censo fallido”. No solo, dice, porque se trató de un “censo autoritario, con una boleta censal vertical y poco o nada transparente”, sino también porque no se llevó adelante una tarea “precensal” fundamental: la actualización cartográfica, esto es, “el inventario de todos los predios, casas, viviendas, comunidades, edificios”. Se usó, dijo, la cartografía del censo de 2001 con algunos añadidos; todo lo cual, sin embargo, resultó insuficiente.

Al respecto, al anunciar la fecha del censo, el miércoles 21, la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, dijo que el censo se desarrollará en tres etapas, antes, durante y después de la jornada de empadronamiento, “y tendrá en la actualización cartográfica una de las tareas más importantes”.

Ahora, si un efecto de mediano y largo plazo tiene el censo, esto es que sus resultados serán la base de futuras acciones de gestión pública. “Es un cúmulo de información, muy importante para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas”, destaca el politólogo Marcelo Silva.

Un mecanismo de recojo de información que, por lo demás, debe actualizarse permanentemente. Por ejemplo, afirma Silva, a propósito de la pandemia del coronavirus y su efecto en la vida diaria de la gente, en la boleta censal se tendría que ver la forma de incorporar la pregunta sobre el acceso real de los bolivianos a internet.

Por otra parte, el censo, en últimas, lo dice el politólogo, de lejos no se reduce a la distribución de recursos y escaños: “Es un error, definitivamente, concentrar la mirada en el hecho de la información estadística y poblacional, que va a permitir recursos y una nueva redistribución de escaños o de representación política”.

ESCAÑOS. Por lo demás, en lo relativo a los escaños parlamentarios (que teóricamente aumentarán por el incremento de población en ciertas regiones), Silva insiste en que toda discusión debe arrancar conociendo los resultados, ver si las proyecciones que se han hecho desde el censo de 2012 se cumplen. No está bien limpiarse la boca antes de comer, destacó a este suplemento: decir que ya se tiene tantos y cuantos diputados más porque se cree que la población “aumentó mucho”.

Pero el lío de los escaños aún tiene una fatalidad insalvable, remarca el politólogo: que cualquier incremento de diputaciones para un departamento, necesariamente es a costa de la reducción en otro; de ahí lo agrio del tema, “porque nuestra Constitución tiene un error: da un número definido de diputados, lo cierra en 130; lo ideal hubiese sido que la Constitución maneje márgenes; por ejemplo, que la Cámara de Diputados está compuesta por entre 130 y 200 diputados”.

En cuanto a nuevas realidades que se hayan configurado en los últimos 10 años, para Silva lo primero a considerar en el mecanismo censo es que éste sobre todo debe ser para recoger “información técnica”, una “foto completa de que así tal cual está la sociedad boliviana”; ésta precisamente es su riqueza, la objetividad del dato que recoge. En este sentido si se quisiera conocer, por ejemplo a la población boliviana LGTB, esta pregunta podría entrar en la boleta específicamente para indagar las características objetivas de la misma; por eso, no solo para este caso, sino para muchos otros, “el tratar de meterle algún otro matiz religioso, filosófico, de suma discusión, político en exceso, es tratar de sacarle un photoshop (distorsionarla) a esa fotografía real que tenemos”.

Una prevención que también hace el politólogo es que el censo tampoco es una panacea universal, que todo lo vaya a curar: “El censo no va a cambiar por sí mismo ni la representación, ni la asignación de recursos, ni la composición, ni las preferencias de la población; el censo solamente va a revelar información”.

Y, finalmente, está un tema que volverá a plantear un encendido debate, como ocurrió en los dos anteriores censos, de 2001 y de 2012: la autoidentificación étnica, la pertenencia a algún pueblo indígena.

Lo problemático del hecho es que hoy mismo involucra a los dos anteriores censos: si en 2001, 62% de la población censada dijo pertenecer a un pueblo indígena, en el censo de 2012 esta cifra bajó nada menos que a 41%. Como si en el censo de noviembre de 2022 se fuera a resolver la incógnita de hacia qué cifra finalmente se acerca esta tercera respuesta.

Un tanto reacio a creer que el tema de la autoidentificación étnica tenga la misma importancia que en los censos 2001 y 2012, el sociólogo poblacional Pereira Morató prevé una presencia más bien modesta de la cuestión en la boleta censal de 2022. “Esta pregunta de la etnicidad sirvió para demostrar que somos un país indígena y que tenemos un presente indígena; ahora es otra situación, no creo que el tema étnico resulte de tanta importancia, pero puede ser que me equivoque”.

Para el politólogo Silva, el tema de la identificación de la gente con los pueblos indígenas es muy importante porque está en el “espíritu de la Constitución”. Finalmente somos un Estado “plurinacional”, y no cabe el hecho de que el país no sepa la proporción demográfica de las “naciones” que conforman su “plurinacionalidad”.

INDÍGENAS. Y el tema no solo es, añade, demográfico o del solo interés estadístico, sino que también se debe considerar la fortaleza o debilidad de lo indígena en diferentes ámbitos: “De un proceso de crecimiento o consolidación, por ejemplo, de la democracia comunitaria, de las autonomías indígenas, de los idiomas (nativos) aún vigentes”.

Debido a lo problemática que resultó la implementación de la pregunta de pertenencia étnica en los dos anteriores censos, y a que no siempre se razonó la identidad indígena desde la pluralidad (que se pensó lo originario solo como lo aymara y quechua), para Miguel Vargas Delgado, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), lo que toca hoy día es que “la pregunta (en la boleta censal) va a tener que ser discutida de manera participativa, con todos los actores de los pueblos indígenas, tanto de tierras bajas como de tierras altas”.

En lo relativo a la persistencia de la confrontación mestizo-boliviano versus indígena-plurinacional (lo que se vio en los anteriores censos), Vargas Delgado a tiempo de reconocer que éste será un debate aún de un largo tiempo, el punto está en que se busque atenuar la polarización: “Éste va a ser un debate que no va a concluir; sin embargo, lo mestizo no tiene que implicar la negación de la presencia y la existencia de una diversidad de naciones y de pueblos (indígenas) que han pervivido y perviven en nuestro país por siglos. Tiene nomás que darse las condiciones para no perder de vista que evidentemente somos un país mestizo pero fundamentalmente somos un país plurinacional, multiétnico”.

Ciertamente al margen de la cuestión de pertenencia o identificación étnica, la mayor utilidad del censo de 2022 para los indígenas, especialmente de los de tierras bajas, está en la identificación y el dimensionamiento del estado de vulnerabilidad económica y social en que se encuentran estos pueblos; de su “vulnerabilidad específica y concreta, cuando se trata de acceso a recursos económicos, salud, educación”, remarca Vargas Delgado. Con la pandemia de coronavirus COVID-19, la situación de los pueblos indígenas empeoró.

En cuanto a la autoidentificación como indígena o no, sin embargo, Vargas Delgado cuestiona que esto se lo entienda como blanco y negro y de una vez y para siempre. “Tenemos que entender que la autoidentificación, la identidad étnica, y cualquier otra identidad no es algo estático; es una construcción permanente, social, no se va a quedar anclada; en esa perspectiva, siempre habrá una movilidad en términos de la autoidentificación étnica”, destaca.

Si bien el censo del 16 de noviembre de 2022 será esencialmente un procedimiento técnico, no deja de tener importancia la participación ciudadana y de entidades para aportar a la mejora del registro masivo. “Este censo podría ser científico, académico, si es un censo participativo, si hay una corresponsabilidad ciudadana; si solamente vamos a dejar (solos) a los técnicos del INE y a las fuerzas políticas que digitan algunos temas y algunos intereses, realmente vamos a reproducir las fallas anteriores. La sociedad civil debe, tiene que participar en todas las fases del censo”, remarca el sociólogo Pereira Morató.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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